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Terricidio y extranjerización: qué cambia el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada
Qué cambia en la Ley de Tierras y de Manejo del Fuego con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que busca aprobar el gobierno de Milei. Por qué se convoca a una gran marcha frente al Congreso el 6 de agosto.
5 de agosto de 2026
Archivo Agencia PresentesAriel Gutraich
Edición: María Eugenia Ludueña
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ACTUALIZACIóN (5/8 a las 3.55pm hora Arg) Tras una reunión mantenida hoy entre senadores de La Libertad Avanza y partidos aliados y dialoguistas, se resolvió postergar el tratamiento del capítulo referido a la Ley de Tierras Rurales. También se decidió que este jueves el Senado tratará el resto de las cuestiones, como los capítulos sobre desalojos, manejo del fuego y expropiaciones.
CIUDAD DE BUENOS AIRES, Argentina. ¿Qué es lo que modifica el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el gobierno de Javier Milei? ¿Por qué organizaciones se convoca a frenarla movilizando en las calles y frente al Congreso de la Nación de Argentina el 6 de agosto, cuando la trate el Senado? Por un lado, porque cambia y deroga diversas normas vinculadas al acceso a la tierra y la vivienda. Entre las leyes alcanzadas por el proyecto se encuentran la Ley de Tierras Rurales (26.737), la Ley de Manejo del Fuego (26.815), la Ley de Expropiaciones (21.499) y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Pero su impacto va mucho más allá: afecta gravemente el derecho al agua, permite una mayor extranjerización de la tierra, dificulta la posibilidad de expropiar bienes de utilidad pública y hace que sea más fácil efectuar desalojos. Y en un contexto geopolítico donde el agua, la tierra y otros bienes comunes son cada vez más codiciados, por el avance de tecnologías como la inteligencia artificial.
“Lo que hoy se debate no es solo una ley”, dice Paula Alvarado, abogada del pueblo Kolla. “Está en juego quién decide sobre nuestros territorios, el agua, los bosques, los glaciares, la biodiversidad y los bienes comunes que sostienen la vida”.
Ley de Tierras
(A partir de lo resuelto en la tarde del 5/8 -ver actualización de la nota- esta modificación de la Ley de Tierras queda en suspenso, el resto sí serán tratadas por el Senado)
Qué dice la Ley
La Ley 26.737 establece hoy que las personas extranjeras no pueden poseer más del 15% del total de las tierras rurales del país, de cada provincia ni municipio. Prohíbe la adquisición de predios que contengan cursos o espejos de agua. Y fija que una sola nacionalidad extranjera no puede superar el 30% de ese 15% permitido. Tampoco permite a un titular extranjero poseer más de 1.000 hectáreas en zonas núcleo (zonas de alta productividad agropecuaria).
Qué cambia si se aprueba el Proyecto del gobierno
Originalmente, el proyecto que impulsa el gobierno eliminaba el límite del 15% para la compra de tierras por parte de personas extranjeras y habilitaba la adquisición de terrenos que contengan lagos y ríos. También flexibilizaba las restricciones en las Zonas de Seguridad de Fronteras.
Sin embargo, durante el tratamiento en las comisiones del Senado se introdujeron modificaciones. El dictamen otorgó a las provincias la facultad de autorizar, regular o rechazar la venta de tierras a personas extranjeras dentro de sus jurisdicciones.
La senadora y presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, informó este martes en conferencia de prensa que no se eliminará el límite por provincia, pero se extenderá del 15 al 25 por ciento.
Distintas organizaciones de la sociedad civil advirtieron que el proyecto no define un límite departamental. “Es una trampa”, aseguró la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar. “El departamental es el que importa: ahí se concentran el agua, el litio, los glaciares y la tierra productiva. Sin ese límite, alcanza con controlar unos pocos departamentos para extranjerizar nuestros recursos estratégicos sin pasar el tope del 25% provincial”.
El proyecto también abre la puerta a que Estados extranjeros y organismos o empresas públicas puedan adquirir tierras argentinas: Estados dentro de un Estado. Si bien el texto oficial mantiene la prohibición, incorpora una excepción. Así, el Poder Ejecutivo puede autorizar operaciones de este tipo si considera que no representan un riesgo para la seguridad, la defensa o la soberanía nacional.
“Queremos territorios vivos para nosotros y el futuro”
El Observatorio de Tierras, integrado por investigadoras/es del CONICET y la UBA estimó que hoy casi el 5% del territorio argentino pertenece a firmas o Estados extranjeros. Esto implica más de 13 millones de hectáreas, una superficie similar a Inglaterra.
En esta línea, hay departamentos que superan el límite del 15% establecido por la Ley de Tierras Rurales: 36 distritos ya lo exceden. En Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta) la extranjerización supera el 50%. Estados Unidos lidera la tenencia con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España.
Sol Basurto, brigadista autoconvocada y vecina de la Comarca Andina, considera que el proyecto de ley forma parte de «un plan sistémico extractivista». Fue una de las y les vecines que cuando los incendios avanzaron sobre las tierras donde viven, se alistaron para dar respuesta. A partir de su vivencia, detalló el panorama a Presentes: “En la Patagonia ya escasea el agua, venimos de años de sequías y mega incendios forestales, convivimos con terratenientes extranjeros que privatizan Lagos y senderos, que siembran mega plantaciones de Pino y dejan que se descontrolen”.
“Esta modificación de la ley –agregó–, así como en la Ley de Glaciares, Ley de Tierras Rurales, Ley de Bosques Nativos, Manejo del Fuego, etcétera, son todas modificaciones para seguir recortándonos derechos, queriendo robarnos las alegrías que nos quedan, los paisajes inmensos que tenemos, los recursos vitales”.
“La extranjerización y la violabilidad de los territorios existió siempre. Este Estado nació de un genocidio indígena. Y ahora va por todos”, compartió a Presentes Irma Caupán, integrante del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir.
En este sentido, advirtió sobre “la perversión de estos Estados colonizadores que avanzan cada vez con total impunidad, instalando un Terricidio sobre nuestros territorios vivos, intentando decidir sobre nuestros glaciares, agua, biodiversidad, la vida”.
“Ellos no pueden decidir –agregó–. Queremos territorios vivos para nosotros y el futuro, mantener la reciprocidad con la naturaleza. No podemos permitir que sigan asesinando la vida toda. Necesitamos unirnos, empezar a decidir y recuperar la fuerza que como pueblos tenemos”.
“Defender los territorios es defender el Buen Vivir”
Paula Alvarado Mamani, abogada del pueblo Kolla, compartió en sus redes un aporte jurídico al manifiesto contra el proyecto de ley. “Para los pueblos indígenas, el territorio no es una mercancía. Es memoria, identidad, espiritualidad, cultura y vida. Así lo reconocen nuestra Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y el corpus iuris internacional de los derechos de los pueblos indígenas”, sostuvo.
“Defender los territorios no es oponerse al desarrollo –concluyó–. Es defender la soberanía, la biodiversidad, el Sumaj Kawsay (Buen Vivir) y el derecho de las futuras generaciones a heredar un territorio vivo”.
Manejo del fuego
Qué dice la Ley
El artículo 22 bis de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego prohíbe durante 60 años modificar el uso o destino de superficies de bosques nativos, áreas protegidas y humedales afectadas por incendios, sean estos intencionales o accidentales.
Qué cambiaría si se aprueba el Proyecto del gobierno
El proyecto original propone derogar el artículo 22 bis y otros. Durante el debate en el Senado se rechazaron las modificaciones vinculadas a los bosques nativos. Se mantiene, entonces, la prohibición de cambiar el uso de bosques nativos durante 60 años. Sin embargo, se aceptaron cambios para tierras rurales. Es decir, se elimina el plazo de 30 años en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas de interfaz urbano-rural, que impedía modificar el uso o vender terrenos afectados por incendios.
Qué cambia en las expropiaciones
El proyecto plantea restringir las expropiaciones en casos de utilidad pública. En este sentido amplía los requisitos administrativos que deberían cumplir los gobiernos antes de iniciar una expropiación en áreas urbanas, suburbanas o rurales. E incrementa el costo de las indemnizaciones ya que incorpora el lucro cesante, fija su valor antes de la intervención estatal y lo actualiza por inflación más una tasa de interés comercial.
Qué pasa con los desalojos
La iniciativa busca acelerar los procesos de desalojo, al habilitar ejecuciones anticipadas antes de una sentencia judicial. Lo hace a través de la modificación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
En los casos de alquileres habitacionales por falta de pago, el proyecto establece la posibilidad de iniciar un proceso de desalojo a partir de una denuncia, sin una audiencia con derecho de apelación que permita ejercer un acto de defensa a las familias afectadas. Inicialmente, establecía un plazo de tres días para intimar al inquilino antes de iniciar la demanda, que en comisiones fue extendido a diez días.
Cómo impactan la IA y los centros de datos
El argumento del gobierno nacional para hacer estos cambios es que “traerá más inversiones”. Sin embargo, hay consenso entre las organizaciones de que significa una entrega de soberanía y de bienes comunes estratégicos. Esto, en el marco de un contexto geopolítico en el que el agua es un bien muy preciado para la alimentación de centros de datos vinculados a la inteligencia artificial.
Cerca de la región de Añelo, al norte de la Patagonia argentina, se contempla la instalación de mega centros de datos. En octubre del 2025, la empresa argentina Sur Energy y la estadounidense OpenAI firmaron una carta de intención que prevé la posibilidad de instalar un centro de datos de próxima generación. El gobierno de la provincia de Neuquén, además, presentó un proyecto de “microregión” para atraer inversiones de este tipo y armar así un corredor de centros de datos.
Este proyecto de ley se da en el marco de un alineamiento con los intereses de Estados Unidos. Argentina se incorporó a la iniciativa internacional “Pax Silica” encabezada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Su objetivo es asegurar las cadenas de suministro de minerales estratégicos y tierras raras necesarias para el desarrollo de tecnologías clave en la era de la inteligencia artificial. El canciller Pablo Quirno, expresó que con esta adhesión “la Argentina se consolida como proveedor confiable de minerales críticos y recursos estratégicos necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial en materia tecnológica”.
Se proyecta que para 2030, los centros de datos globales que alimentan la inteligencia artificial consumirán 945 teravatios-hora de electricidad. Esto significa casi el triple del uso anual de electricidad de Pakistán, Bangladesh y Nigeria juntos, países que albergan a más de 650 millones de personas en conjunto. Así lo definió el informe “Costo ambiental del uso de energía de la IA: huellas de carbono, agua y tierra”, del Instituto Universitario de las Naciones Unidas para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud (UNU-INWEH).
Se estima que la huella hídrica asociada a estos centros de datos será igual a las necesidades básicas anuales de agua doméstica de las 1.300 millones de personas que viven África subsahariana. Mientras, su huella terrestre (la extensión de tierras que utilizará) superará los 14.500 kilómetros cuadrados, aproximadamente el doble del área metropolitana de la capital de Indonesia, donde viven más de 32 millones de personas.
5 de agosto de 2026
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