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Masacre de El Zapallar: la matanza indígena que busca justicia después de 90 años
La masacre indígena fue en 1933 y buscan que en agosto se llegue a un juicio por la verdad. El antecedente de Napalpí.
BUENOS AIRES, Argentina. Guiados por el cacique Luis Durán partieron desde la reducción Napalpí y caminaron durante días más de 100 kilómetros. A las alrededor de 300 personas del pueblo moqoit y algunas qom las movilizaba la sequía, la falta de trabajo y el hambre. Delante de todos ellos iban niños y mujeres, luego los ancianos y, al final, los hombres, como muestra de paz. Cuando llegaron a la localidad de El Zapallar el 7 de septiembre de 1933, la respuesta del Estado argentino fue inmediata. Recibieron una lluvia de disparos de armas de fuego por parte de la policía del territorio nacional de Chaco y algunos civiles. Como pudieron, algunos lograron huir, pero la masacre dejó al menos 50 indígenas asesinados.
Más de 90 años después, una investigación judicial busca reconstruir lo que sucedió para llevar adelante un Juicio por la Verdad que juzgue estos crímenes. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia investiga la causa como un crimen de lesa humanidad. Y espera presentar el pedido de elevación a juicio ante la jueza Zunilda Nirenperger del Juzgado Federal N°1 de Resistencia en agosto de este año.
La investigación inició en 2014 y toma como antecedente al Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí. Los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini, el fiscal ad hoc Diego Vigay y los auxiliares fiscales Horacio Rodríguez y Walter Romero incorporaron los testimonios de algunos sobrevivientes, como los de Pedro Balquinta, Ramona Pérez y Justino Lalecori.
Por más testimonios
En agosto de 2024, en función del estado de la investigación, la fiscalía solicitó la colaboración de la comunidad del pueblo Moqoit para encontrar a descendientes de sobrevivientes de la masacre.
“Seguimos la experiencia de investigación de la masacre de Napalpí y lo que significa el relato oral para las culturas indígenas. Esa convocatoria la replicaron muchos medios de comunicación y estaba traducida a la lengua moqoit. Pero no habíamos tenido resultados hasta principios de este año cuando referentes moqoit, fundamentalmente Juan Carlos Martínez, toman la posta y plantean involucrar a la comunidad. Hicimos reuniones en febrero y marzo en cuatro localidades donde está la comunidad y logramos ubicar, así, a 11 descendientes de sobrevivientes”, compartió a Presentes el fiscal ad hoc Vigay.
Todos ellos son nietos de los sobrevivientes de la masacre. El 6 de abril pasado dieron testimonio en la Biblioteca Cervantes de San Bernardo, Chaco, frente a los fiscales. Lograron compartir lo que sus parientes les habían llegado a contar. “Son piezas de un rompecabezas que se va armando y de alguna manera dan veracidad a todo lo que ya teníamos reconstruido hasta ahora”, sostuvo Vigay.
“Teníamos miedo por los relatos que nos contaban”
Juan Carlos Martínez es docente bilingüe del Barrio Moqoit San Bernardo. Cuando era un niño su abuela, Ramona Pérez, le contaba lo que había vivido. “Nos contaba todo lo que pasó, por qué hay que cuidarse o tener miedo de los… Ella les decía ‘los milicos’. Y teníamos miedo siempre nosotros por los relatos que nos contaban”, compartió Martínez con Presentes. No fue hasta que empezó a estudiar que decidió involucrarse con esa historia familiar. Así que volvió, con una lapicera y cuaderno en mano, y la entrevistó para una materia que estaba cursando. Su profesora, Mercedes Silva, era historiadora e inmortalizó ese testimonio en el libro Memorias del Gran Chaco.
Ramona tenía 7 u 8 años cuando fue la masacre. “Ella contaba que había un hambre generalizada y un cacique que recorría las comunidades invitando a ir a un lugar donde había fiesta y comida. Decía que ahí conseguían poderes los caciques, como que el arma de fuego no tuviera efecto. Algunos caciques más mayores no aceptaron esa propuesta, tenían miedo, pero muchos fueron convencidos a El Zapallar. Vendieron sus tierras, sus animales”, contó Martínez a esta agencia.
Lo que quedó de una masacre
En septiembre de 1933 salieron desde la reducción Napalpí unas 300 personas para buscar trabajo, en el contexto de una profunda sequía. Caminaron un trayecto de 100 kilómetros, hasta llegar a la localidad de El Zapallar, actualmente General San Martín, donde se establecieron en un campamento. El 7 de septiembre intentaron ingresar a la localidad divididos en grupos de 20 personas. Pero fueron reprimidas por orden del comisario Francisco Prestera. El argumento oficial fue que se trataba de un malón, pese a que los grupos estaban encabezados por mujeres, niños y ancianos. La investigación fiscal estimó que alrededor de 40 efectivos y algunos civiles dispararon sobre la multitud, con un saldo de unas 50 muertes de indígenas.
“Mi abuela era la menor de tres hermanos. Cuando pasó la masacre, mi bisabuela la subió a un caballo y cruzaron un río nadando. Ellos recién estaban llegando con su grupo a una convocatoria donde había varios grupos acampando”, compartió durante su declaración. Y continuó: “Murieron muchos Moqoit y asesinaron a dos hermanos del cacique Durán. Fueron víctimas de la balacera niños, mujeres y ancianos. A algunas familias se le perdieron los hijos y no saben qué pasó”. Además contó que en el río murieron muchas personas ahogadas y otros tantos ancianos fallecieron por el hambre.
En el libro Memorias del Gran Chaco, Mercedes Silva recupera así la voz de Ramona Pérez: “Muchos hombres y mujeres los llevaron presos unos días. Todos los que fueron alcanzados los castigaban y los llevaron, mientras aquellos que se escapaban sentían las balas sobre ellos. Toda mujer y niño tuvieron que pasar entre cardo y espina dejando todos sus utensilios y su caballo para huir de aquel horror. (…) cansados, con hambre y lamentos y sin tierra volvieron al lugar sin esperanza”. Y al llegar al lugar desde el que partieron, la sobreviviente contó que encontraron la tierra “ocupada por un grupo de varios gringos, los lotes tenían dueños y estaban prohibidos”.
El antecedente
Durante el juicio por la Masacre de Napalpí, se logró probar que no se trató de un hecho aislado, sino de un proceso de genocidio. A esta masacre de 1924 le siguieron la Masacre de El Zapallar en 1933, y la de Rincón Bomba, en 1947. Previamente tuvieron lugar la mal llamada “Campaña del desierto”, las masacres de San Antonio Obligado (1887) y San Javier (1904), ambas en Santa Fe.
La sentencia dictada por la jueza Zunilda Niremperger consideró que la Masacre de Napalpí, en la que murieron entre 400 y 500 moqoit y qom, fue un crimen de lesa humanidad cometido en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas. Reconoció, así, la responsabilidad del Estado nacional en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento en la comisión del delito de homicidio agravado con ensañamiento y reducción a la servidumbre.
En esta oportunidad, la fiscalía también investiga la Masacre de El Zapallar como un crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio. “Claramente no era un malón. Estaban marchando en son de paz, pidiendo alimentos y trabajo. Tenían, de hecho, sus herramientas de trabajo cuando los llevan a declarar en la comisaría. Se habían organizado para que entren primero las mujeres, después los ancianos y finalmente los hombres. La respuesta desde el Estado nacional fue disparar a mansalva sobre las personas”, se explayó el fiscal Vigay.
Aportes para la memoria
La investigación a cargo de la fiscalía reunió el expediente judicial de esa época, notas periodísticas, certificados de defunción y un extenso trabajo de investigación, a cargo del historiador Rubén Guillón. También se anexaron capítulos pertinentes de libros de historia, como De la algarroba al algodón, de Edgardo Cordeu y Alejandra Sifredi; Historia de los aborígenes, de Orlando Sánchez; Del olvido a la esperanza, de Eduardo Barreto; El Zapallar tenemos historia, de Rubén Guillón; Guaycurú tierra rebelde. Tres sublevaciones indígenas, de Jorge Luis Ubertalli; Movimientos milenaristas de los aborígenes chaqueños entre 1905 y 1933, de Leopoldo Bartolomé; Reducciones estatales indígenas ¿Espacios concentracionarios o avance civilizatorio?, de Marcelo Musante; y Memorias del Gran Chaco, de Mercedes Silva.
El Archivo Histórico Monseñor Alumini también aportó documentación para la causa judicial, como informes y notas periodísticas sobre la Masacre del diario La voz del Chaco y del periódico Nueva estampa chaqueña.
“Yo creo que se va a hacer justicia. Hay mucha gente, abogados que conocen nuestra historia, a diferencia de antes que no se trabajaba en favor nuestro. Hay que reconocer que pasó esto y que Estado argentino lo hizo. Esperamos una sentencia donde haya una reparación histórica en lo moral, lo cultural, lo espiritual y en la identidad de nuestro pueblo. Y espero que el Estado tome conciencia de que hay un pueblo que es preexistente, reconocido por la Constitución nacional.
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