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Copa Mundial de fútbol 2026: Denuncian desalojos y gentrificación en ciudades de México
Activistas de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara denuncian una "limpieza social" para la realización del Mundial de Fútbol 2026.
Mientras la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 avanza, las tres ciudades sede en México: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, se transforman bajo una lógica que activistas e investigadores definen como una «limpieza social» sistemática. Detrás de la narrativa oficial de derrame económica y modernización, se despliega una estrategia de «maquillaje urbano» que busca desplazar a personas en situación de calle, trabajadoras sexuales, comerciantes informales y disidencias.
En un país y dos ciudades particularmente marcadas por la crisis de desapariciones y la violencia de géneros, las mujeres trans en Guadalajara y Monterrey son parte de los liderazgos de una resistencia que no solo exige derechos de identidad, sino el derecho fundamental a habitar la ciudad sin ser «sanitizadas» por el paso de los tres millones de turistas internacionales que se estiman lleguen a este par de ciudades.
Dinámicas de exclusión y desalojos forzados
Luis Alberto Salinas Arreortua, investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que México enfrenta “un proyecto de urbe totalmente neoliberal». En este modelo, explica, “el Estado procura condiciones para la participación privada y la reproducción de capital, lo que genera transformaciones puntuales en zonas cercanas a los estadios para atraer inversión y turismo”.
«La lógica es una ciudad totalmente mercantilista. Se busca crear las condiciones para que haya mayor inversión independientemente de las afectaciones que pueda provocar», sostiene Salinas. Esto se traduce en gentrificación, un proceso donde la llegada de población con mayor capital económico desplaza a los habitantes originarios de bajos ingresos.
Un ejemplo es el uso de plataformas digitales de hospedaje. Ante la llegada del Mundial, están «inflando» los precios y retirando viviendas del mercado de alquiler para favorecer el turismo de corta estancia.
Esta mercantilización del espacio público no es solo económica; es estética y punitiva. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) advierte que estos eventos suelen traer dinámicas de exclusión y prácticas de desalojos forzados.
“Otros países han dado cuenta de que, ante la falta de mecanismos de participación activa y sostenida de las instituciones con enfoque de derechos humanos, los megaeventos deportivos pueden traer consigo dinámicas de exclusión y sectoriales. Así como narrativas que atentan contra los derechos de las personas, tales como: represión de protestas sociales frente a la colisión de derechos; falta de protección específica y diferenciada de los derechos de las personas trabajadoras sexuales, siendo expuestas a violencia, extorsión y desplazamientos; prácticas de desalojos forzados, desplazamientos territoriales y restricciones en el uso del espacio público, afectando a personas en situación de calle, de movilidad y a quienes ejercen el comercio”, señala la Comisión.
Monterrey: obras pensadas para “blanquear la ciudad”
En Monterrey, la preparación para el Mundial ha tomado la forma de obras de infraestructura. Lejos de mejorar la vida de los regiomontanos, parecen diseñadas para la fotografía oficial, apunta Ana Eugenia Rodríguez, activista de Casa Trans Monterrey.
En esta ciudad se trabajan 34 proyectos de obras públicas de diversas dimensiones. Incluyen la renovación del transporte con 4 mil nuevos camiones, la expansión de las líneas 4 y 6 del metro, y la construcción del «Parque del Agua».
En medio de estas obras, también se da un tarifazo al transporte público y la ciudadanía ha expresado el descontento. Hay un aumento mes a mes de 10 centavos en el costo del transporte público, tanto en las rutas de camiones como en el metro, uno de los más caros del país, con un costo que va a alcanzar los 15 pesos.
Ana Eugenia Rodríguez denuncia la falta de planeación y la exclusión de la ciudadanía en estas decisiones.
“Estas obras afectan a todas las personas. Imagínate para las disidencias lo que es transitar por un mundo hostil, donde hay mucha discriminación y violencia, enfrentarse ahora a estos estragos causados por la mala planeación. En lugar de que estos recursos se gestionaran para que la ciudadanía tuviera mejores realidades en cuanto a movilidad, vida libre de toda forma de violencia, no. Nos ahogan con obras que no van a terminar y que son únicamente pensadas para embellecer o blanquear la ciudad. Para un evento como el mundial que además será disfrutado por unos cuantos”, explica Rodriguez.
Mientras el gobierno refuerza 2,500 kilómetros de calles en el centro para recibir a los visitantes, la comunidad trans mantiene el «Plantón Trans». Es una protesta que ya supera los 75 días frente al Congreso local para exigir la tipificación del transfeminicidio.
La activista es clara: la llegada de la FIFA no invisibilizará su lucha, sino que servirá de plataforma para denunciar la desigualdad sistemática. “El Mundial va a dejar de manifiesto que hay luchas en América Latina, en México en este caso. Que somos ignoradas por la clase política que busca complacer a muy pocas personas, y que no todas las personas lo vamos a disfrutar de la misma manera. Este mes que dura el mundial algunas personas van a venir a las ciudades a festejar y algunas personas vamos a estar desde el dolor, desde la rabia y desde la exigencia buscando mejor mejores realidades”, agrega Ana Eugenia.
Guadalajara: una estrategia clasista y segregacionista
En Guadalajara la narrativa del progreso mundialista choca con una realidad brutal. La crisis de desapariciones, fosas clandestinas y procesos de “embellecimiento” de la ciudad ha traído como consecuencia restricciones y desplazamiento contra poblaciones callejeras. Desde músicos, limpia parabrisas hasta personas que viven en situación de calle.
El plan de gobierno para recibir el Mundial implica “mejorar la movilidad y la imagen urbana”, destacando la ampliación de la carretera a Chapala, nuevas estaciones de transporte eléctrico y la remodelación del Centro Histórico. Incluyendo el Paseo Alcalde y la Glorieta de la Minerva.
Esta situación se da, al igual que en Monterrey, con un aumento en el precio del transporte público (de 9 pesos a 14 pesos) y protestas por el tarifazo que tiene entre sus consignas “no queremos FIFA, que baje la tarifa”.
Danna González, activista trans del Bloque Crítico y Disidente, define las obras públicas en Guadalajara y Zapopan como “una política de exclusión deliberada, sin consulta ciudadana”.
“La modernización viene encabezada por una sanitización social. Gente más precarizada, personas en condición de calle, personas de la diversidad sexual, personas que se dedican al trabajo sexual en ciertas zonas están siendo acosadas, hostigadas y retiradas de ahí”.
Danna subraya que estas acciones responden a protocolos estatales para ofrecer una cara superficial al turismo, ignorando la raíz de problemas como la precariedad y las desigualdades.
“La estrategia del gobierno es generar una visión muy clasista, muy segregacionista, muy blanqueada de lo que es el estado de Jalisco y lo que es la ciudad de Guadalajara y Zapopan”, agrega González.
Colectivos trans tejen alianzas con otros movimientos sociales
Para las activistas la articulación con otros movimientos sociales no es solo una opción política. Ana Eugenia Rodríguez explica que su activismo trasciende la identidad de género o la tipificación del transfeminicidio. Se conecta con las problemáticas de quienes habitan Nuevo León.
“El movimiento trans del plantón estamos participando activamente con otros colectivos: del transporte público, comercio informal, defensa de los barrios en resistencia de varias colonias que se niegan a ser despojadas o que están alerta ante un posible desalojo, la defensa del agua. Esta articulación de luchas se concentra en un movimiento que nosotras mismas hemos nombrado “abrazada regia”. Nos juntamos y hablamos de causas sociales como la defensa del parque Libertad, la defensa al alza del precio del transporte, la defensa del Río Santa Catarina, etc”, comentó Ana Eugenia.
“La justicia social nos permea a todas las personas que habitamos una ciudad como Monterrey, que es manejada por muy pocos y que es gobernada por por una misma clase política. Y que sigue los intereses de muy pocas personas”, agrega.
Por su parte, Danna señala que en Jalisco los activismos responden unos junto a otros.
“En Guadalajara estamos viviendo una reconfiguración de los activismos y los movimientos sociales ante esta necesidad emergente de crear alianzas y estructuras con acciones sólidas y que realmente representen cambios y un llamado social a frenar atropellos”, explica.
Para ambas otro método de combate es descentralizar las luchas, reconociendo que la organización en estados como Jalisco y Nuevo León es tan fuerte y reivindicativa como la de la Ciudad de México. Esto permite que las comunidades locales no dependan de lo que ocurre en el centro del país y fortalezcan sus propios procesos comunitarios.
Frente a un modelo urbano que privilegia la imagen, la rentabilidad y el turismo internacional, los colectivos trans han optado por articular luchas y descentralizar agendas. Para Ana Eugenia y Danna no se trata únicamente de identidad o reconocimiento legal, sino del derecho a habitar la ciudad sin ser desplazadas, hostigadas o borradas del espacio público.
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