Natasha Narmona, de 44 años, es la primera mujer trans que ingresó a trabajar en el Ministerio de Economía de la Nación a través de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans. Después de recibir tratos discriminatorios, ser reasignada a otro puesto, quedar sin tareas y percibir un salario precario, fue despedida en noviembre del año pasado. En ese momento se encontraba de licencia médica y bajo tutela sindical.

Pese a no haber registros actualizados, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aseguran que los despidos a personas travestis, trans y no binarias en el Estado continúan. En el primer año de gobierno de Javier Milei hubo 150 desvinculaciones de personas que habían ingresado a través de la Ley de Cupo.

“Estoy en una lucha legal urgente”, dice a esta agencia Natasha. Presentó una medida cautelar para su reintegro, mientras vive sin ingresos, sin indemnización y sin seguro de desempleo. Está a cargo de su madre, una persona mayor, y se mantiene con lo mínimo, gracias al Fondo de Lucha y la ayuda de sus amigas.

“La despiden con tutela sindical, estaba de licencia médica y además había ingresado por el cupo laboral trans. Ser despedida en ese contexto se torna discriminatorio tanto por su actividad gremial como por su género. Además de que se encontraba de licencia médica”, explicó a Presentes su abogada Eliana Bagnera, integrante del equipo jurídico de ATE Capital.

Discriminación y hostigamiento

Natasha ingresó a trabajar al Ministerio de Economía de la Nación en octubre de 2021 bajo el marco de la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins” (N° 27.636).

Durante su primer año trabajó en la Secretaría de Política Tributaria y participó del Observatorio de Tributación con Perspectiva de Género. En ese momento en el que fue reconocida mediante la asignación de 160 Unidades Retributivas (UR). En 2022 fue trasladada a la Dirección Económica de Igualdad y Género, disuelta durante la actual gestión del gobierno de Javier Milei. Ante esta situación, a Natasha la trasladaron a otra dependencia. Allí estuvo veinte meses sin tareas asignadas, pese a enviar reiteradas notas a sus superiores para notificar su situación y exigir tareas. 

En los años que lleva en la administración pública recibió distintos tipos de discriminaciones, que se profundizaron durante la actual gestión libertaria. Sin previo aviso le denegaron la posibilidad de ir a un baño específico que le habían asignado en su lugar de trabajo y le indicaron que fuera a uno unisex que quedaba en otro edificio.

“Hay un antes y después con el actual gobierno. Me ha pasado de todo. Me han llamado sucia, me han dicho que yo no era travesti, que aproveché el cupo para cambiar de trabajo y no hacer nada. Me criticaron por estar sindicalizada, dijeron que era problemática, vaga, estúpida. Me preguntaban si no había tomado la medicación, refiriéndose a mi medicación por depresión”, describe.

Las condiciones de hostigamiento y exclusión, cuenta Natasha, la llevaron a atravesar dos internaciones. “Actualmente me encuentro bajo tratamiento por depresión, vinculada a mi disforia de género, a la precariedad económica que atravieso, y a experiencias de violencia  y hostigamiento laboral que viví”, dice. 

Las consecuencias

En noviembre del año pasado, Natasha se encontraba con una licencia médica de largo tratamiento, cuando el 12 de ese mes recibió una notificación vía GDE (Gestión Documental Electrónica) de Recursos Humanos que indicaba la rescisión de su contrato.

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La médica psiquiatra Martina Cid, quien trató a Natasha, envió un informe clínico y solicitud de resguardo dirigido al Departamento de Recursos Humanos. En él solicitó que el Departamento “revise la situación laboral de la paciente y considere su reincorporación bajo condiciones de resguardo y adecuación razonable, dado que la estabilidad laboral constituye en su caso un factor terapéutico central para su recuperación”.

“La paciente presenta un cuadro afectivo severo, con sintomatología depresiva y ansiosa de larga data, actualmente agravada por un contexto de estrés laboral crónico, hostigamiento y situaciones de discriminación previamente documentadas. A ello se suman factores de vulnerabilidad social y económica que han profundizado su malestar emocional”, detalló en la solicitud. También expresó que el despido, notificado mientras cursaba la licencia médica, actuó como «un desencadenante crítico».

No se cumple ninguna normativa

Al momento que la despidieron Natasha se encontraba bajo tutela sindical. “En el 2023 es electa delegada de UPCN. Desde el 2023 al 2025 tuvo mandato sindical y una tutela sindical que la protege para que no pueda ser despedida ni modificadas sus funciones hasta el 2026. Si la parte empleadora quisiera despedirla, modificar sus condiciones laborales o suspenderla tiene que iniciar un juicio. Un juez es el que decide si se puede levantar la tutela o no para que se pueda efectuar el despido. Eso no ocurrió”, detalla la abogada Bagnera.

A su vez, “estaba de licencia médica y además había ingresado por el cupo laboral trans. El cupo tiene que estar cumplimentado el 1%, algo que no sucede en muchos organismos, entre ellos el Ministerio de Economía. Es obligatorio por norma que cada organismo lo cumpla”.

Por la situación de Natasha presentaron una medida cautelar en el Fuero Laboral, pero el Juzgado Nacional de 1RA. Instancia del Trabajo N° 15, con la firma de la jueza subrogante Claudia A. Fonatiña González, se declaró incompetente. El equipo que la representa apeló esta decisión. 

El ataque contra las personas trans

Actualmente logra apenas mantenerse económicamente a partir de un Fondo de Lucha Colectivo que recibe donaciones al alias despdidxseconomia.

La situación de Natasha no es la única. Según el último registro disponible “Desimplementación y despidos del cupo laboral travesti trans ni binarie” (enero de 2025), al menos 150 trabajadores TTNB del sector público nacional fueron despedides en el primer año de gestión del gobierno de Javier Milei. De elles, 50 fueron reincorporades: 33 por vía gremial, siete a través de medidas cautelares, tres por vía administrativa y de otros siete no se tienen datos.

Sin embargo, los despidos de personas travestis y trans en el Estado continúan. “Ahora a menos escala, pero siguen”, confirmó a Presentes Clarisa Gambera, secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional. 

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La estrategia que está llevando a nivel nacional la Asociación de Trabajadores del Estado es avanzar por vía judicial para dar marcha atrás a los despidos discriminatorios. 

“Presentamos veinte medidas cautelares para personas de distintas provincias y el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). Tuvimos reincorporaciones con fallos importantes que reconocen la discriminación y la importancia de restituir el trabajo como puerta de entrada a otros derechos y que si cae el trabajo, también cae la salud, el acceso a la vivienda, la educación”, precisó Gambera. 

“Tenemos cientos de despidos —agrega—, pero logramos que se entienda la importancia del retroceso respecto de una conquista histórica. No estamos ante cualquier despido. La situación de vulnerabilidad es extrema y expresa muchas capas de violencias acumuladas a lo largo de la vida. Es un universo acotado, pero muy relevante si pensamos en que la ley venía a reparar. La discriminación y la violencia hacia este colectivo es tremenda. Negar el cupo pone en peligro la Ley de Identidad de Género y otras normativas”.

Otros casos

A lo largo de los últimos dos años, el Poder Judicial ordenó en distintos casos la reincorporación de personas travestis y trans a sus puestos de trabajo. En julio de 2024, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 ordenaron -en fallos diferentes- la reincorporación de dos trabajadores trans despedidos en ANSES y la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. En otro fallo, esta vez dictado por la Cámara Federal el 15 de mayo de 2025, se ordenó la reincorporación inmediata de cinco trabajadores trans desvinculades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

“No soy la única que está pasando por esta situación, somos muchas más. Las personas trans no tenemos representatividad y la poca representatividad que tenemos, que es el cupo laboral, nos la están sacando. Tenemos que cubrir un espacio político, para que haya representación de una persona trans. Y para que este derecho no sea pasado por arriba”, concluyó Natasha.

Quienes quieran colaborar con Natasha pueden hacerlo al Fondo de Lucha Colectivo que recibe donaciones al alias despdidxseconomia.