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Unidad y resiliencia: a un año del fin de la ayuda humanitaria desde Estados Unidos
Las consecuencias de la suspensión de cooperación de los Estados Unidos fueron profundas pero ampliaron las redes y las alianzas locales. "La ayuda humanitaria no es un acto de caridad".
Sobrevivimos al primer año, desde la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender de manera abrupta una parte sustancial de su cooperación internacional en ayuda humanitaria. Eso marcó un punto de inflexión para miles de apuestas sociales y sus alcances alrededor del mundo. Más allá de los debates presupuestales y de política exterior, las consecuencias más profundas se han manifestado en la vida cotidiana de millones de personas que dependían de estos programas para cubrir necesidades básicas relacionadas con su seguridad, salud y acceso a la alimentación.
Durante décadas, Estados Unidos fue uno de los principales cooperantes en ayuda humanitaria a nivel global. Sus aportaciones anuales alcanzaron decenas de miles de millones de dólares destinados a programas de salud, protección, seguridad alimentaria y atención a personas desplazadas, refugiadas y afectadas por crisis humanitarias.
La reducción drástica de estos recursos, suspendidos o recortados, provocó el cierre total o parcial de miles de iniciativas implementadas por organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Particularmente aquellas de base comunitaria que carecían de reservas financieras para absorber el impacto.
Un impacto estructural
El efecto fue inmediato. Programas de atención médica primaria dejaron de operar; comedores comunitarios redujeron raciones o cerraron; refugios limitaron su capacidad o suspendieron servicios esenciales; y equipos especializados en protección legal y acompañamiento psicosocial fueron desmantelados. En muchos contextos, estas intervenciones representaban el único punto de acceso a servicios básicos para poblaciones históricamente excluidas y expuestas a múltiples formas de violencia.
Las consecuencias han sido especialmente graves para las personas LGBTIQ+, quienes en numerosos países enfrentan criminalización, discriminación estructural, violencia social y ausencia de redes familiares de apoyo. Para nuestra comunidad, los proyectos financiados mediante cooperación internacional no solo ofrecían asistencia material, sino que constituían espacios seguros. Era posible acceder a refugio, atención médica, seguridad alimentaria, acompañamiento psicosocial y protección frente a la violencia y los crímenes de odio. Y dejaba presente la oportunidad y esperanza de construir mejores futuros en dignidad.
Organizaciones especializadas en la atención a personas LGBTIQ+ en contextos de movilidad humana, desplazamiento forzado o violencia extrema se vieron particularmente afectadas por la suspensión de estos fondos. Un caso representativo es el de nuestra organización “Casa Frida, Refugio LGBTIQ”, organización que durante cinco años operó programas de protección integral para personas LGBT desplazadas, solicitantes de asilo y refugiadas. La reducción de la cooperación internacional estadounidense implicó la pérdida de al menos el 60 % de nuestro presupuesto operativo para el periodo 2025–2026. Obligó así a una disminución significativa de capacidades, limitación de servicios y reconfiguración de respuestas de emergencia.
Reafirmamos nuestro compromiso con nuestras comunidades en frontera sur; dando seguimiento puntual ante autoridades competentes. Estos hechos vulneran la dignidad humana y contradicen lo mandatado por el Gobierno Federal por una Política Migratoria Humanista. @CNDH @CEDHChiapas pic.twitter.com/EDwLypkhOP
— Refugio LGBTIQ 🏳️🌈🏳️⚧️🇲🇽 (@CasaFridaLGBT) January 22, 2026
Son vidas no cifras
Para las personas beneficiarias, estos recortes no se traducen en cifras abstractas. Son decisiones cotidianas que afectan directamente su seguridad y bienestar: menos espacios disponibles para resguardarse de la violencia, interrupción de tratamientos médicos, reducción en la calidad y frecuencia de la alimentación, cancelación de acompañamientos legales clave para procesos de asilo o regularización migratoria, y mayor exposición a riesgos como la explotación, la trata o la violencia basada en prejuicios y razaliciación.
En el caso de personas desplazadas por conflictos armados, persecución política o violencia generalizada, la contracción de la ayuda ha profundizado la precariedad y aumentado la presión sobre comunidades locales igualmente vulnerables. Para personas refugiadas y solicitantes de asilo, la suspensión de programas de apoyo ha afectado procesos fundamentales de integración, deteriorando su salud física, psicosocial y reduciendo sus posibilidades de reconstruir un proyecto de vida digno.
A un año de distancia, los efectos de estas decisiones no han sido revertidos. En numerosos contextos, la reducción de la cooperación se ha normalizado, mientras organizaciones locales operan al límite de su capacidad, asumiendo riesgos financieros e institucionales para sostener una atención mínima. La narrativa de “reorientación” o “ajuste” de la cooperación internacional ha tendido a invisibilizar el costo humano de estas decisiones, que se expresa en mayores niveles de inseguridad, hambre evitable y falta de acceso a servicios esenciales.
Nuevas estrategias para subsistir
Frente a este escenario, muchas organizaciones humanitarias y de la sociedad civil han iniciado procesos acelerados de readaptación para sostener la atención a poblaciones vulnerables. Estas respuestas han incluido la diversificación de fuentes de financiamiento, mediante alianzas con fundaciones privadas, cooperación bilateral alternativa, sector empresarial y mecanismos de contribuciones individuales. Renació así la necesidad de una cultura filantrópica y la reconfiguración de modelos de intervención para priorizar proyectos de alto impacto con menores costos operativos; la eficientización de recursos, a través de la reducción de gastos administrativos y el fortalecimiento de la planeación financiera.
La incorporación de tecnologías para la gestión de casos, la atención remota, la capacitación en línea y la comunicación institucional ha permitido mantener la continuidad de algunos servicios y ampliar alcances en contextos de alta restricción presupuestal.
Paralelamente, la innovación de proyectos se ha orientado hacia modelos más sostenibles, incluyendo iniciativas de empleabilidad, generación de medios de vida y economía solidaria, con el objetivo de reducir la dependencia exclusiva de la ayuda humanitaria de corto plazo.
El rol de los gobiernos
La crisis también ha abierto una oportunidad para repensar esquemas de sostenibilidad más corresponsables. En particular, se ha identificado la necesidad de fortalecer la participación de los gobiernos locales, a través de convenios de colaboración, esquemas de cofinanciamiento y acompañamiento técnico que permitan garantizar la continuidad de servicios básicos y una mayor articulación interinstitucional. Si bien los márgenes presupuestales locales son limitados, su involucramiento resulta clave para transitar hacia respuestas con mayor arraigo territorial.
De manera complementaria, la dinamización de alianzas con la iniciativa privada local y actores empresariales ha emergido como una estrategia relevante. La intersección entre misiones sociales y empresariales, especialmente en ámbitos como empleabilidad, capacitación, salud y desarrollo económico integral ofrece oportunidades para generar impactos sostenibles, diversificar ingresos y fortalecer redes de apoyo comunitario. Siempre que estas alianzas se crean sobre principios de derechos humanos, responsabilidad social y transparencia.
Otro elemento central ha sido la unidad organizacional y la cooperación entre organizaciones. Esto se expresó en esfuerzos de coordinación, uso compartido de recursos, intercambio de capacidades y construcción de agendas comunes de manera acelerada. Esta articulación permitió optimizar recursos escasos y fortalecer la incidencia colectiva en un contexto de alta complejidad.
Estas estrategias reflejan una resiliencia organizacional significativa y una esperanza de continuidad basada en la adaptación y el compromiso con nuestras comunidades. Sin embargo, la resiliencia no puede ni debe interpretarse como una solución estructural a la retirada de la cooperación internacional. La experiencia de este último año evidencia que la sostenibilidad de la acción humanitaria requiere modelos de financiamiento más diversificados, previsibles y corresponsables. También políticas de cooperación que reconozcan el valor estratégico de las organizaciones locales y comunitarias.
«Resistir no es aguantar en soledad«
Este aniversario no es únicamente una fecha simbólica. Es una oportunidad para evaluar de manera crítica el impacto real de las decisiones en materia de cooperación internacional y para recordar que la ayuda humanitaria no es un acto de caridad. Es un componente esencial de la protección de derechos humanos y de la estabilidad y desarrollo social. Cuando el financiamiento se retira sin mecanismos de transición ni corresponsabilidad, las consecuencias recaen de manera desproporcionada sobre quienes ya enfrentan mayores niveles de exclusión y riesgos. Nombrar estos efectos, un año después, es una forma de mantener en el centro a las personas cuyas vidas fueron directamente afectadas. Y de insistir en la necesidad de respuestas colectivas que no dejen a nadie atrás.
Un año después, sigo convencido de que lo más grave de esta crisis no es solo la pérdida de recursos, sino el riesgo de condicionarse a la precariedad y al silencio. Cuando la ayuda se retira, lo que queda expuesto no son estructuras abstractas, sino personas que ya vivían al límite de la exclusión. Enfrentarnos a la erosión del sentido humano más profundo de la solidaridad y empatía, no debe volcarnos al temor compartido de perder nuestro mayor sentido.
En medio de este escenario, creo profundamente en la unidad y en la resistencia comunitaria. En la decisión cotidiana de no soltarnos, de cuidarnos entre organizaciones, territorios y personas, incluso cuando los recursos escasean. Resistir no es aguantar en soledad; es sostener la dignidad colectiva.
Proteger el orgullo de nuestras comunidades hoy significa algo muy concreto: no permitir que la crisis nos despoje de la convicción de que todas las vidas importan, y de que ninguna persona es prescindible. Esa certeza, incluso en los momentos más difíciles, sigue siendo nuestro punto de partida.
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