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“Al prohibir el lenguaje inclusivo en el Estado, el gobierno argentino incumple la Ley de Identidad de género”
La activista trans y ex funcionaria Alba Rueda brinda datos jurídicos y de tratados internacionales para argumentar por qué la decisión del gobierno viola los derechos humanos.
El anuncio del gobierno argentino de prohibir el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública se une a lo que pasó la semana pasada con el anuncio del cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Pero también con una resolución que sacó el ministro de Defensa que prohíbe el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género dentro de los usos del lenguaje. Dice que ratifica solamente la posición de la RAE como la única autoridad competente en el uso de la lengua. Por supuesto, la RAE no representa los usos de la lengua de todos los países hispanohablantes. Representa la posición de ellos, o sea que la cita de autoridad también es cuestionable.
Entre otras cuestiones, esta posición del ministro de Defensa tiene mucho tufo a una posición colonial sobre los usos del lenguaje. Por un lado eso. Por el otro lado: ¿qué significa el anuncio de hoy? Es la prohibición de que los instrumentos del Estado tengan en cuenta el lenguaje inclusivo o el lenguaje con perspectiva de género. Pero también es una negación de una ciudadanía que está ya reconocida en Argentina y que la reconoce el propio Estado con la Ley de Identidad de Género. Es el reconocimiento de las identidades no binarias es algo contenido en la Ley de Identidad de Género. Pero también hace a la posición de fallos que la justicia ha reconocido después del 2016.
Un camino directo a la discriminación
Entonces, por un lado ya existe un reconocimiento de las identidades no binarias por parte de la justicia. Además por parte del Ejecutivo Nacional, existe un decreto que sigue vigente que es el 476 del 2021 que reconoce a las identidades no binarias. Este decreto también se refiere al uso de la X para las personas no quieren declarar su género al Estado o que tienen un género fluido. Entonces, uno de los problemas gravosos al negar el uso del lenguaje inclusivo es que el Ejecutivo ratifica una posición binaria y además selecciona a qué tipo de ciudadanas y ciudadanos se está refiriendo y a quienes deja afuera no solamente del uso del lenguaje sino del acceso a los servicios. Porque si no los nombrás lo que hacés es restringir el uso de bienes y servicios y productos que genera el Estado para ese grupo poblacional.
Esto se trata de una posición no solo negacionista de la diversidad de género y de las expresiones de nuestros géneros sino que además es una negación del uso de la ciudadanía seleccionando exclusivamente a ciudadanos que se inscriban de manera binaria. Esto es claramente un incumplimiento a la Ley de Identidad de Género a un decreto que se encuentra vigente que es el 476 del 2021 sino también a muchos de los tratados internacionales que reconocen justamente la identidad de género y sus expresiones como parte de los derechos humanos más fundamentales.
Prohibición del ejercicio de ciudadanía para la tribuna
En este sentido, no solamente ya los principios Yogyakarta se han referido a la importancia del reconocimiento de la expresión de género sino también otros instrumentos internacionales que reconocen a la identidad.
Lo gravoso de la posición argentina es que además de ser un retroceso en materia de derechos humanos es una prohibición del ejercicio de ciudadanía. Vos cuando sacás de la nominación a determinados ciudadanos lo que estás haciendo es restringir y esta es la posición hoy del gobierno nacional que tiene un claro enfrentamiento con la posición de género y diversidad.
Creo que esta posición de violación de los derechos humanos está alentada desde el eco de las redes sociales que celebra una parte de la población. Pero los derechos humanos no se pueden seleccionar por likes y esto es una clara violación a los derechos humanos.
Tomar medidas desde la Justicia
Hace falta que levanten la voz los ámbitos judiciales y que se inicien acciones legales ante el incumplimiento de los decretos vigentes y de la normativa vigente. Además también me parece que las organizaciones de derechos humanos todas en su conjunto tienen que expresar el repudio ante una posición como esta. No es solo un uso del lenguaje sino también es la generación o el reconocimiento de ciudadanías.
El anuncio del cierre del INADI no hace otra cosa que agravar esta situación. Entre otras cuestiones, porque el organismo de contralor del propio Estado tiene que ser un instituto autónomo, un espacio autónomo como el INADI, cosa que no cumple el Ministerio de Justicia, adonde supuestamente se trasladaron esas funciones.
Esta es una demostración más de que cuando se cierra un instituto autónomo no hay forma de defender los derechos de las personas de manera autónoma, sin complicidades. Porque el empleado de Milei, que es el ministro de Justicia, es quien debería investigar a su jefe o denunciar a su jefe. Y eso no va a suceder. Entonces, ahí se rompe la transparencia y la autonomía en materia de derechos humanos.
Queda clarísimo que el proyecto de Milei no es un proyecto libertario sino un proyecto conservador, represor, que anula las ciudadanías de las personas. Una auténtica libertad no viola los derechos humanos, y esto es un dato fundamental.
Acá también se demuestra que la batalla cultural de la habla Milei no es otra cosa que un ataque a los derechos de las personas.
Alba Rueda es activista trans y ex funcionaria. Fue subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres y Diversidad, además de Representante Especial LGBTI+ en Cancillería durante el gobierno de Alberto Fernández.
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