22 de diciembre de 2023

Juliana Quintana

Jessie InsfránArchivo Agencia Presentes

Edición: María Eugenia Ludueña

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ASUNCIÓN, Paraguay. Este 2023 fue año de elecciones presidenciales en Paraguay, y como tal estuvo marcado por campañas de desinformación y narrativas antiderechos, y la proliferación de discursos de odio contra personas LGBTIQ+, en especial en el espacio digital. En las redes sociales hubo candidatos y actores maliciosos que contaron con ventajas, como las cuentas falsas y campos de trolls. Ofendieron, discriminaron y violentaron a candidatas mujeres y diversidades con discursos circulares en torno a la defensa de la vida y la familia. 

Un estudio del libro Ruido, publicado por el medio paraguayo El Surtidor, analizó en su conjunto e discurso de odio emitido a través redes sociales durante el periodo electoral. Encontró que las víctimas de estos ataques fueron en un 25,9% personas de la diversidad sexual y de género. Grupos autodenominados provida estuvieron entre los principales agresores. Además de provocar un impacto en la salud mental y/o física de les afectades, inhibió su participación en el debate público y alimentó la percepción de que las elecciones estaban viciadas.

Políticas antigénero y antiderechos

Tras consolidar su hegemonía en el Congreso y las gobernaciones, el cartismo no tardó en presentar iniciativas legislativas antiderechos y antigénero. El 10 de mayo, la Junta Municipal de Asunción se declaró provida y profamilia. 

El 23 de junio, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) aprobó sigilosamente por resolución el uso de los materiales sobre educación sexual 12 Ciencias para la educación de la sexualidad y la afectividad en la escuela, que contienen estereotipos de género, discurso de odio y sesgo religioso.

El 3 de julio, el diputado Dionisio Amarilla rechazó la numeración 108 de la puerta de su oficina, perpetuando así el estigma y criminalización de la homosexualidad, como en la dictadura. El 11 de julio, el concejal de Asunción Javier Pintos, del Partido Colorado, planteó a la Junta Municipal crear la “Semana del orgullo heterosexual”. 

El 1 de agosto, la senadora Lizarella Valiente, junto con otros senadores de su bancada, buscaron impulsar el proyecto de ley que “prohíbe la promoción, el fomento o la enseñanza de la ideología de género en las instituciones educativas”. Según explicó, su objetivo fue penalizar el “adoctrinamiento homosexual”. Aunque no prosperó, no se detuvo ahí.

Ese mismo mes, Diputados dio media sanción al proyecto que deroga el convenio con la Unión Europea para financiar la educación. Les 70 legisladores que votaron a favor argumentaron que la “ideología de género» y las “agendas internacionales” ponían en peligro a la sociedad, a las infancias y a los valores de Paraguay. Esto dejaba al MEC sin fondos para alimentación, textos educativos e inversión en infraestructura. 

Pero todas las promesas “provida y profamilia” que hizo Honor Colorado durante la campaña quedaron en la nada y finalmente se mantuvo el acuerdo financiero con la UE. “Este episodio ilustra que el discurso autodenominado ‘provida y profamilia’ es una posición propagandística del partido gobernante”, señalan les autores del capítulo 108 Ciencias del informe anual de la Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy). 

Transodio en el Poder judicial 

Este año, el Poder Judicial rechazó en septiembre el pedido de cambio de nombre de la activista Mariana Sepúlveda. En el documento, los magistrados alegaron que “se produce una confusión sobre el sexo”, demostrando así un claro desconocimiento de los estándares en materia del derecho a la identidad y la no discriminación. 

La postura transodiante contraviene al artículo 25 de la Constitución sobre el derecho a la libre expresión de la personalidad. Eso dijeron les investigadores Rosa Posa y Carolina Robledo, de Aireana; Erwing Szokol, de la Red Contra Toda Forma de Discriminación; Walter Morínigo, de Presencia Joven y Kuña Roga; Florencia Falabella, del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios e Yren Rotela, de Casa Diversa Casa Trans.

Censura al acecho

En octubre, la senadora progresista Esperanza Martínez había declarado de interés el XXIV Congreso Latinoamericano “Nuevos desafíos clínicos en salud mental de niños y adolescentes” de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psiquiatría de la Infancia, Adolescencia, Familia y Profesiones Afines (FLAPIA). La senadora cartista, Lizarella Valiente, buscó derogar esta iniciativa y censurar el Curso “Atención de la Infancia y Adolescencia Transgénero: Nuevos desafíos” por considerarlo de contenido “inconstitucional”. 

Desde la organización feminista, Psicofem sostuvieron: “El autoritarismo y la censura acechan todos los espacios. Ahora quieren meterse en el campo científico intentando controlar contenidos a ser debatidos por personas especialistas y expertas en sus áreas. En tiempos oscuros, la información veraz, clara y accesible es una herramienta indispensable para la garantía de los derechos y la democracia”. 

2023: violencia y discriminación en cifras

En el período de elaboración del informe para la Codehupy, el servicio Rohendu atendió 200 casos sobre situaciones relacionadas a la violencia, acoso y persecución basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género. El principal motivo de consulta fue cómo afrontar la discriminación. De eso trató el 36% de las atenciones, seguidas por consultas LGBTIQ+ (27%) y discriminación y violencia familiar (12,5%).

También Casa Diversa registró violencia y discriminación, específicamente, a personas trans. Entre enero y octubre de 2023 recogieron 53 casos en las ciudades de Asunción, San Lorenzo, Capiatá, Fernando de la Mora, Pedro Juan Caballero y el departamento de San Pedro. Las principales denuncias se relacionan con la discriminación por identidad de género (37,7%) y la violencia policial en zona de trabajo sexual (28,3%). 

El Centro de Consejería y Vigilancia de Derechos Humanos en Contexto de VIH recibió 100 casos de enero a septiembre de 2023. De ellos, cinco estuvieron relacionados con la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

El Ministerio de la Defensa Pública atendió a 60 personas LGBTIQ+ en 2022. Es la única institución del Estado que registra datos sobre la atención a esta población. Como reporta el informe de Codehupy, la Defensa Pública ejerce la representación de cinco mujeres trans ante el Poder Judicial, requiriendo el cambio de nombres. 

Les autores hacen un llamado a la reflexión sobre las amenazas a la convivencia democrática en este contexto de persecución a las diversidades e instan a una educación en igualdad y respeto. “El Gobierno paraguayo no ha establecido procedimientos efcaces para la recopilación de datos relacionados con la discriminación y la violencia dirigida hacia las personas TLGBIQ+ en el país. Más preocupante aún, en lugar de promover la igualdad y la diversidad, ha difundido un discurso criminal como una amenaza”.