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Feroz represión en Jujuy: un herido grave y más de 50 personas detenidas
El gobernador Gerardo Morales mandó reprimir a manifestantes en la Legislatura provincial. Hay personas heridas y militantes detenides.
En el Día de la Bandera argentina, la Policía de la provincia de Jujuy reprimió ferozmente a manifestantes en San Salvador cuando avanzaban hacia la Legislatura provincial. Allí, el gobernador Gerardo Morales y otras autoridades juraron una nueva Constitución. Esta reforma se hizo sin consulta popular e implica una regresión en derechos.
La reforma se sumó a un clima de protesta general por los salarios docentes y de salud y la crisis económica. Se generó una movilización social transversal que empezó a mediados de mayo y a la que se sumaron los pueblos indígenas tras la reforma constitucional. Morales había restringido el derecho a la protesta.
La represión comenzó ni bien el gobernador se retiró de la Legislatura. Policías de la provincia de Jujuy dispararon balas de goma, lanzaron gases lacrimógenos y hasta arremetieron a piedrazos contra las personas que se manifestaban. La violencia desatada fue tal que un hombre resultó gravemente herido por una granada de gas que explotó en su cabeza. Hay 50 personas detenidas, un herido grave y Mijael Lian Lamas, de 17 años, perdió un ojo.
La mburuvicha Vicky Hilario, de la comunidad Cherenta Cabi, de la Nación Guaraní, escapó de la represión y contó a Presentes que están tratando de reorganizarse para realizar ahora mismo una “asamblea de pueblos” y decidir cómo continuar. Vicky todavía recuperaba el aliento cuando habló con este medio. «Nos hemos replegado por todos lados, tratando de huir de las balas y los gases. Hay docentes detenidos, hay hermanos detenidos”, relató.
Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitieron un comunicado donde llaman al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios.
Militantes de ddhh y referentes indígenas detenides
Algunas personas detenidas fueron llevadas a distintas dependencias policiales, mientras que otras fueron encerradas en las mismas dependencias de la Legislatura. Allí llegó un camión del Servicio Penitenciario Provincial alrededor de las 13, para llevarles. Por testigues presenciales se sabe que entre las personas detenidas se encuentran integrantes de la organización de derechos humanos HIJOS Jujuy. Les detenides son Eva Arroyo, Carolina Luna, Néstor Mendoza y Ana Uro.
Eva Arroyo y Ana Uro son testigos con protección en causas por delitos de lesa humanidad. Desde el comunicado de HIJOS Jujuy reclaman la inmediata libertad de les cuatro y repudian la represión.
También detuvieron a varies referentes de las comunidades indígenas que vienen teniendo un rol destacado en la resistencia a la nueva Constitución provincial, que, entre otras regresiones, criminaliza la protesta social.
“Nos quitan nuestros derechos”
Los pueblos originarios que habitan el territorio hoy llamado Jujuy se oponen a la reforma constitucional porque no hubo consulta previa, libre e informada, como manda la normativa argentina.
Entre los puntos reformados, el proyecto del gobierno provincial modificó el artículo 36 de la Constitución, “derecho a la propiedad privada”. El texto que se incorporó a la nueva Constitución está dirigido a los pueblos originarios, que en su gran mayoría no cuentan con títulos de propiedad, aunque tienen la ocupación ancestral de su territorio. En muchos casos soportan la presión de particulares que nunca ocuparon la tierra, pero cuentan con títulos de propiedad.
La reforma prevé la incorporación de “mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular”. Asimismo, se considerará “grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida”, y se determinarán “las condiciones para el desalojo y para que el o los titulares del derecho de propiedad afectado estén en condiciones de ejercer los derechos que les asisten de manera inmediata, aun cuando los autores de la ocupación no consentida se atribuyan la representación o los derechos del pueblo”.
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