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Una campesina mapuche defiende su lof y es asediada por el poder empresarial y judicial de Río Negro
El Estado avanza en la expulsión definitiva de María Antual y los integrantes de la comunidad Carrilafquen de su territorio.
RÍO NEGRO, Argentina. María Antual, mujer mapuche, trabajadora de la tierra y madre de cinco hijes es una de las cien personas que desde mayo de 2021 realizan un proceso de reafirmación territorial ante el avance de los especuladores inmobiliarios en la Patagonia argentina.
Desde que el juez de Garantías Juan Pablo Laurence dispusiera el desalojo en noviembre, María quedó aislada en su propia tierra. No puede salir y está custodiada por dos retenes policiales que no dejan entrar alimento. “Estoy viviendo peor que un animal en una caballeriza”, contó María Antual a Presentes. Ahora debe resolver el Superior Tribunal Judicial de Río Negro.
Junto con María, cinco familias denuncian que desde hace años llegan “paracaidistas” (así los llaman) con supuestos títulos de propiedad, derechos heredados o permisos estatales para afincarse en su comunidad.
La comunidad Carrilafquen, que en mapuzungun (idioma mapuche) significa “laguna verde”, está ubicada entre mesetas y cañadones de la estepa patagónica, sobre la ruta Nacional N° 23 a sólo 15 km de la localidad de Ingeniero Jacobacci en la línea sur rionegrina.
¿Por qué una reafirmación territorial? “Porque nunca nos fuimos del territorio y en el predio pastorean nuestros animales hace más de 15 años. Es el único lugar donde hay agua y acceso al camino vecinal” explica María a Presentes.
María nació y se crió en el campo junto a sus 6 hermanos. A los nueve años sus padres la llevaron al pueblo de Ingeniero Jacobacci para que pudiera ir a la Escuela. Vivió sola en una casita que tenían en el pueblo. Sólo cursó hasta tercer grado porque sus padres volvieron a buscarla para que regresara al campo. Luego trabajó como albañila y empleada en fábricas en Jacobacci para sostener a su familia ante el avance de los alambrados privados.
“En el año 77 empezaron estos señores a alambrar y a dejar encerrado a mi padre en unas pocas hectáreas de tierra (…) y ahí se nos fueron muriendo los animales por la falta de pasto y por el poco espacio que les quedó por los alambrados. Él comenzó entonces a vender leña para poder mantenernos. Ahí fue cuando Abi Saad Alfredo le hace una denuncia a mi padre por sacar leña y le cobra 50 chivitos o tenía que estar un mes preso”, relató María Antual en un micro radial del Consejo Asesor Indígena (CAI, una de las organizaciones políticas de base del pueblo mapuche) por Radio Nacional.
Su historia es un ejemplo más del entramado judicial y político que viene avasallando a las comunidades mapuche y mapuche tehuelche en la Patagonia.
La lof Carrilafquen
La lof (forma de organización comunitaria mapuche) Carrilafquen se conformó hace 20 años, en 2002, cuando varias familias recuperaron una parte del territorio que desde fines de los 70 fue alambrando la familia Abi Saab, conocidos empresarios radicados en la zona. En ese entonces y luego de un lento proceso judicial, acompañados por el CAI, la justicia le dio la razón a la comunidad.
María informó ante las autoridades de la Justicia que reafirmaba su posesión en un sector del territorio que ocupan con sus animales y los de las familias que conforman la lof Carrilafquen hace más de 15 años. Para ello se amparó en las leyes que reconocen sus derechos. En el proceso no cometió ningún acto de violencia, ni ocultó su identidad.
La judicialización del derecho ancestral
«No he usurpado el territorio en el que nací. Pero por ser mujer campesina, por ser mapuche, tengo que vivir justificando y demostrando mi presencia en el territorio. Estoy en el territorio de nuestra comunidad y de acá no nos vamos» escribió María Antual en la página de Facebook del CAI.
El 21 de mayo de 2021 Laurin Romulo Héctor, encargado del campo en disputa conocido como “Estancia La Angostura”, realizó la denuncia por usurpación. A partir de allí, Edgardo Adem, sobrino de la familia Abi Saab, llevó la causa contra la comunidad (Legajo N° MPF-BA-2758-2021 “Antual Natividad y otros s/ usurpación”).
El juez de Garantías es Juan Pablo Laurence y el juez de Juicio es Marcelo Álvarez Melinger. Laurence dispuso el desalojo el 4 de noviembre. Esta medida fue confirmada en una audiencia el 17 de noviembre por el juez Marcelo Alvarez Melinger, quien rechazó la impugnación presentada por la defensa a pesar de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que se reconocen en las leyes argentinas vigentes, como la ley 26160 y tratados internacionales (Convenio 169 OIT).
El abogado de Adem es Ernesto Saavedra, conocido representante de las distintas causas contra las comunidades mapuche en Río Negro. Actualmente tambien defiende a los acusados del homicidio del joven mapuche Elías Garay en Cuesta del Ternero Rio Negro el pasado 21 de noviembre.
«El 23 de mayo fue la primera audiencia donde me dictan una cautelar por la que no puedo tener a mis hijas menores de edad conmigo y tampoco puedo mejorar las condiciones en las que estoy viviendo. Pasé el invierno bajo una carpa usando partes de un galpón viejo que uso para refugiarme del frío, cocinar y eso. Este territorio nos pertenece, lo ocuparon nuestros abuelos, lo ocuparon nuestros padres. Después esta gente nos fue encerrando de a poquito y nos dejaron en un espacio en el que no podíamos vivir todos. Yo lo que estoy pidiendo ahora es que me dejen trabajar. Que me dejen desarrollar mi economía y poder darles una mejor vida a mis hijos”:
«No les dejan entrar ni abrigos ni alimentos»
A María la representa el defensor público Marcos Cicciarello. “No les dejan entrar ni abrigo ni alimentos con el argumento de que no consoliden la usurpación, pero en realidad es un desalojo de hecho. Estamos esperando la resolución del Superior Tribunal Judicial de la provincia de Río negro, máximo tribunal provincial, sobre un recurso de queja por impugnación extraordinaria denegada. La pelota ahora la tienen ellos”, dijo Cicciarello a Presentes.
Su defensa cuenta con el acompañamiento del CAI y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). María José Venancio, del equipo de derechos económicos sociales y culturales del Cels, dijo a Presentes:
«El CELS viene acompañando a varias comunidades del Pueblo Mapuche (Lof Che Buenuleo, Quijada, Millalonco Ranquehue, Tambo Baez, Quemquemtrew, Carrilafquen, entre otras) y en todas se dan patrones similares como la falta de reconocimiento y garantía de los derechos territoriales de las comunidades y por otro lado, la criminalización y represión por parte del poder judicial».
Y agregó: «Las comunidades indígenas de la Patagonia vienen sufriendo una escalada de violencia física y simbólica. La provincia de Río Negro en particular se coloca por fuera de la ley al no cumplir con la exigencia de llevar adelante el Relevamiento Técnico Territorial que ordena la ley nacional 26.160: del total de 106 comunidades identificadas solo 55 cuentan con el relevamiento. Por un lado, el Ejecutivo provincial no cumple con la ley; por otro, cuando existen reivindicaciones territoriales de las comunidades, el poder judicial provincial responde criminalizando. En la mayoría de los casos se trata de megaemprendimientos ya sea inmobiliarios o productivos extractivistas que avanzan sobre los territorios comunitarios indígenas. Respaldados por un sector político, económico y judicial que constantemente hace públicos sus posicionamientos en contra de los derechos del pueblo mapuche».
Los intereses detrás de los despojos
Susana Lara, periodista de la Patagonia especializada en la investigación de los procesos y protagonistas del despojo a las comunidades mapuche y mapuche tehuelche, resalta las relaciones entre el poder económico, político y judicial que se despliegan para perpetuar estas prácticas.
“La lof Antual-Albornoz se reasentó junto a la laguna Carrilafquen Grande, al noroeste de Ingeniero Jacobacci (Río Negro). Las tierras recuperadas quedaron bajo las cenizas durante la erupción del volcán Puyehue en 2011. La recuperación de los animales y huerta costó años. María Antual, jovencita, fue parte del movimiento de recuperación del espacio apropiado por una familia terrateniente local. Creció, formó su familia, se fortaleció como parte del pueblo mapuche y tuvo que trabajar en el pueblo en fábricas hasta que las restricciones laborales por la pandemia de Covid-19 hicieron imposible sostener esa forma de vida. Con su propia familia, en mayo de este año se reasentó en un espacio abandonado por años para poder criar animales”.
Susana Lara dice a Presentes: «La zona de las lagunas Carrilafquen (Grande y Chica) es un espacio que puede llamarse marginal para los intereses del gran capital concentrado. Acumula sí una experiencia de despojo por parte de comerciantes migrantes sirio-libaneses y españoles que se asentaron a principios del siglo XX en Río Negro. La familia Abi Saad, desde Ingeniero Jacobacci, por varias generaciones usurpó a numerosa gente mapuche de sus tierras en total acuerdo y participación de los jueces de paz y comisarías locales. Varios expedientes de varias comunidades prueban persecuciones de años, como es el caso de la familia Antual que conformó el lof Antual-Albornoz a partir de lo que pudieron conservar de la ocupación de los mayores. El particular que hoy litiga contra María Antual es un comerciante de Zapala que recibió en herencia irregular parte de la tierra que jamás ocupó en forma efectiva. Sí parece determinante el interés del abogado querellante en utilizarlo para la estrategia del grupo Consenso Bariloche y el plan del PPP (Propiedad Privada Patagonia)».
Lof en venta
Mientras tanto, el territorio continúa en venta en los sitios web: “Es un hermoso lugar para lograr una vida diferente y buenos ingresos. Departamento de 25 de mayo, Ing. Jacobacci, Rio Negro. La superficie de 13.883 hectáreas, Ubicado a 18km de Ing. Jacobacci y a 11km del aeropuerto y de Ruta 23. Son tres lotes con sus respectivas escrituras (1.641 hectáreas,2225 hectáreas,9987 hectáreas).
«Lo que uno ve es una gran resistencia en los ámbitos estatales y judiciales a la aplicación de la legislación del derecho indígena. Resistencia a sabiendas por racismo, por conservadurismo, o por ignorancia también. En muchos ámbitos del estado no conocen la legislación. Inclusive los jueces (como hemos visto en el caso de la lof Quemquemtrew también recientemente) se resisten a abordar el conflicto desde el derecho indígena y lo tratan como una usurpación simple y un hecho penal entre privados. Así lo que sucede es que se llena de causas penales, no se aborda la problemática desde donde debería abordarla el Estado, que es la legislación indígena y se termina criminalizando a la gente con los hechos y consecuencias lamentables y trágicos que ya conocemos. Es una gran falencia de los Estados provinciales y una resistencia negativa a aplicar la legislación, también por este racismo a veces subyacente y otras veces no, que existe en nuestra sociedad y en los y las funcionarias y funcionarios», dijo a Presentes Nelson Ávalos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) del noroeste de Chubut, que acompaña hace más de dos décadas las recuperaciones territoriales en Chubut, Río Negro y la región.
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