2 de junio de 2017

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Lo hizo en su último discurso ante el Congreso chileno. Organizaciones de la diversidad sexual e identidades de género, sumadas a colectivos de personas viviendo con VIH/SIDA, expresaron malestar frente al discurso de la mandataria. Anunciaron una marcha para el 24 de junio.

La cuenta pública de la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria, la última de su mandato, duró dos horas, tiempo en que la mandataria socialista revisó su gestión y entre los anuncios más importantes destacó el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios y el envío de un proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario.

Organizaciones de la diversidad sexual e identidades de género, sumado a colectivos de personas viviendo con VIH/SIDA, expresaron malestar e impaciencia frente al discurso de Michelle Bachelet.

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”Yo creo que Bachelet no se pronunció a favor de la Ley de Identidad de Género porque se trata de un proyecto complejo e impopular”, dijo a Presentes Niki Raveau, activista trans de Fundación Transitar, colectivo que lucha por los derechos de las niñas, niños y adolescentes trans en Chile. Niki hace referencia al cuestionado silencio de la primera mandataria que concentró múltiples reacciones anunciando el envío al Congreso Nacional de un proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario.

La mayoría de los parlamentarios presentes en el acto aplaudieron el anuncio, mientras el Cardenal Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, mostraba su malestar con llamativa mirada captada por las cámaras de la TV. “No es lo mismo que algo sea legal y que sea éticamente bueno para el país”, declaró Ezzati al cierre de esta nota.

El compromiso de Bachelet con el Movilh

Desde temprano del 1 de junio, organizaciones de las diversidades sexuales e identidades de género chilenas, comenzaron a hacer visibles sus históricas demandas a través de las redes sociales, expresando su abierto descontento al finalizar el discurso de Bachelet.

El Movimiento de Liberación e Integración Homosexual Movilh le recordó a primera hora a Michelle Bachelet un inédito acuerdo internacional suscrito con la organización y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado de Chile a avanzar en una agenda de derechos civiles y sociales de la comunidad LGBTI chilena.

En enero de 2017 la Mandataria firmó un acuerdo con el Movilh en el mismísimo Palacio de La Moneda, prometiendo en aquella oportunidad que presentaría un proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario antes del 30 de junio de 2017.

“El amor es más fuerte”

Michelle Bachelet, evidentemente emocionada, junto con destacar la ampliación de libertades personales durante su segundo mandato presidencial, anunció que “durante el segundo semestre ingresaremos a este Honorable Congreso un proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario, porque no puede ser que los prejuicios añejos sean más fuertes que el amor”, recalcó, provocando aplausos en el público y legisladores, pero cierto malestar e inquietud entre las organizaciones de la diversidad sexual presentes en el acto.

«Nosotros vemos que esto es mucho más por un titular y un aplauso que por una real voluntad política de parte del Gobierno en mover una reforma al matrimonio y un término real a la discriminación en el acceso a él», indicó a la prensa Emilio Maldonado, Director Ejecutivo de Fundación Iguales, agregando que Michelle Bachelet había «perdido la oportunidad de pasar a la historia».

Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Movilh manifestaron su desazón por el incumplimiento de plazos y compromisos políticos públicos, anunciando una marcha por el la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género a realizarse el próximo sábado 24 de junio a las 14:00 horas en Plaza Italia de Santiago.

El objetivo de la acción de protesta será “expresar el rechazo a quienes se oponen por razones homofóbicas y transfóbicas a la Ley de Matrimonio Igualitario y a la Ley de Identidad de Género”, expresó la organización mediante un comunicado de prensa.

Por su parte, organizaciones trans resintieron la omisión en temas fundamentales, particularmente el proyecto de Ley de Identidad de Género que se tramita desde hace 4 años en el Congreso Nacional y que excluyó de su tramitación e inclusión a los niños y niñas trans.

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Constanza Valdés, mujer trans y asesora jurídica de la asociación OTD Chile, dijo: “Teníamos la mínima esperanza de que lo iba a mencionar, sobre todo considerando que esta semana será votado en particular en la sala y era muy importante que ella llamara a que se votara a favor. O por último mencionarlo entre lo que ellos consideran sus avances, como la circular trans. Nos parece lamentable –recalcó la activista- que solo sea mencionado el Acuerdo de Unión Civil y el Matrimonio Igualitario”.

“La discusión del proyecto no se llevó a las bases”

Niki Raveau cree que el silencio Bachelet se debe a una estrategia porque las acciones que realizó su gobierno han estado encaminadas a hacer fracasar el polémico proyecto de ley de Identidad de Género.

“Lo han negociado mal desde un principio, instalando en la mesa a personas que estaban en contra y a favor, dilatando así la discusión por más de cuatro años. Las organizaciones de la diversidad sexual tienen que hacer su propia autocrítica porque la discusión del proyecto no se llevó a las bases y no se logró mayor incidencia comunitaria”, apunta.

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Valdés de OTD cree que Bachelet no mencionó el proyecto de Identidad de Género “porque sabe que es un tema difícil, pero también por una falta de compromiso político. Una cosa es que diga que está favor y que lo apoya, pero a la hora de visibilizar la situación de las personas trans, no hace nada”, señaló molesta a la prensa.

Por su parte, Francisco Gutiérrez, presidente del Movimiento por la Diversidad Sexual MUMS, afirma que es complejo calificar la cuenta pública de la presidenta Bachelet cuando “existen organizaciones LGBTI que han puesto como tema prioritario el matrimonio igualitario dentro de la agenda política en desmedro de otras importantes demandas”. “Nosotros hubiésemos esperado que se priorice –agrega Gutiérrez- una reforma profunda a la Ley Antidiscriminación porque eso hubiese sido un gran gesto para la comunidad LGBTI que sufre de permanente discriminación, persecución y homofobia”.

#ChileSinCampañaSida

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en educación sexual, derechos sexuales y prevención del VIH/SIDA, criticaron abiertamente la ausencia de un pronunciamiento público de la mandataria en torno a la pandemia en tiempos donde las cifras de personas afectadas crecen sostenidamente, particularmente entre los jóvenes de 20 a 29 años.

En un comunicado, organizaciones reunidas en la denominada Plataforma Social del VIH/SIDA y los Derechos Humanos señalaron que “pese a su reconocida importancia pública y las alarmantes estadísticas que señalan un aumento sostenido de notificaciones del VIH en la población más joven, sumado a la ausencia de planes de educación sexual en los colegios, la sociedad civil organizada continúa esperando una Campaña de Comunicación Social de Prevención del VIH/SIDA de parte del Estado de Chile”.

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En el escrito, las organizaciones de la diversidad sexual y de personas viviendo con VIH/SIDA, apuntaron a la obligación legal de implementar la iniciativa educativa e informativa, denunciando que “la última Campaña de Prevención del VIH/SIDA del Ministerio de Salud fue emitida en 2015 y que en el año 2016 no hubo campaña de prevención del VIH/SIDA, mientras en 2017 estamos a la espera”.

Marco Ruiz, histórico activista de la diversidad sexual e integrante del Observatorio de Políticas Públicas del VIH/SIDA y los Derechos Humanos de Fundación Savia, apunta: “El Estado de Chile está en deuda con el VIH/SIDA porque después de 30 años, si bien hubo un tiempo de compromiso, este último tiempo vemos que el VIH/SIDA no es una prioridad preventiva ni política del gobierno. Yo creo que cuando se institucionalizan las demandas, acceso a tratamiento antirretroviral, por ejemplo, desparece la presión social. Debemos levantar una nueva bandera de lucha desde nuestras comunidades impulsando un monitoreo activo de la política pública para el beneficio de las nuevas generaciones que no tienen elementos para enfrentar la pandemia”.