Por Georgina González

Fotos: Gentileza de It Get’s Better México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México decidirá si el Congreso de Yucatán está en desacato por no garantizar el matrimonio igualitario y si debería aprobarlo. La resolución que emita es resultado del amparo presentado por el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (Colectivo PTFY) contra el poder legislativo luego que en dos ocasiones, de manera secreta, votará en contra de este derecho en 2019. 

El miércoles 17 de marzo las y los ministros de la Primera Sala de la SCJN iban a discutir el amparo, sin embargo, decidieron enviarlo al Pleno del máximo tribunal para que sean las 11 ministras y ministros quienes decidan al respecto.  

Votos ilegales

Alex Orué, integrante del Colectivo PTFY comentó en entrevista con Presentes que hay mucha confusión en relación al amparo y la decisión de la Suprema Corte y aclaró que “lo que se discute es cómo actuaron (las y los legisladores). Hubo votos ilegales, no democráticos y en secreto y la votación no fue apegada a la Constitución. El matrimonio igualitario no está a discusión”. 

Esto último lo sostiene porque desde 2015 la SCJN declaró bajo la jurisprudencia 43/2015 que las leyes de cualquier estado del país que considere el matrimonio como “la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional” por ir contra el principio de igualdad y no discriminación.

Y aunque todavía no hay fecha para que el Pleno discuta el amparo y otorgue una deliberación, les activistas se mantienen positivos ante la decisión de mandar al Pleno del Tribunal por la trascendencia y peso que puede significar pues la resolución puede definir los alacances que tenga en la protección de derechos y el actuar de los Congresos frente a los principios de igualdad y no discriminación.

“Confiamos que las ministras y los ministros del Pleno resuelvan y emitan la sentencia en el pleno a la brevedad posible para que la actual Legislatura LXII de Yucatán repare el agravio antes del fin de sus funciones de la última sesión ordinaria” señaló El Colectivo PTFY en un comunicado. 

Más de diez años de lucha

En Yucatán los activismos LGBT+ llevan más de una década defendiendo el derecho al matrimonio igualitario. Posicionar el tema ha sido gracias a los esfuerzos de diversas organizaciones, colectivos y personas que han alzado la voz como Indignación, el albergue Oasis, el Centro de Estudios Superiores en Sexualidad (Cessex), el Colectivo para la Protección de Todas las Familias de Yucatán (Colectivo PTFY), y más.

En diez años se han presentado al menos tres iniciativas que buscan garantizar el matrimonio igualitario y todas han sido rechazadas; los activismos se han fortalecido pero también los grupos antiderechos. 

En julio de 2009 cuando el Congreso de Yucatán aprobó por mayoría reformas artículos del Código Civil y Familiar para establecer que el matrimonio es “una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer (…) con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada”.

Este candado legal fue resultado de una propuesta ciudadana que encabezó la Red Pro Yucatán, un brazo aliado del Frente Nacional por la Familia. Fue presentada ante el Congreso por las bancadas del PRI y PAN —dos partidos conservadores— y apoyada también por la arquidiócesis del estado. 

De acuerdo a Orué, la Comisión Estatal de Derechos Humanos también ha sido parte de la oposición al reconocimiento del matrimonio igualitario. “Los ombudsman se han negado a presentar una acción de inconstitucionalidad pese a que está en sus facultades”, comenta. 

Mayoría de la población, a favor

En 2017 el 63.2% de las personas mayores de edad en Yucatán que respondieron a la Encuesta Nacional sobre Discriminación dijeron estar de acuerdo con la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo.

En 2018 el Colectivo PTFY presentó ante el Congreso una iniciativa que formó parte de un paquete de reformas enviadas al Congreso por el entonces gobernador Rolando Zapata Bello, quien terminó sus funciones es año.

Para abril de 2019 el Congreso sometió a consulta ciudadana el matrimonio igualitario. Mientras activistas reclamaban “los derechos humanos no se consultan” el plebiscito se desarrolló y el resultado fue más de 14 mil mensajes de personas exigiendo a las y los legisladores “avanzar” la iniciativa.

De este recorrido resalta 2019 como el año en que el Colectivo para la Protección de Todas las Familias de Yucatán decide tomar la batuta en defensa de este derecho que hoy es atraído por el máximo tribunal de justicia del país. 

Amparos atraídos por la Suprema Corte

En abril y julio de 2019 el Congreso votó en secreto las iniciativas que buscaban reformar la Constitución local y el Código Familiar para garantizar el matrimonio igualitario. Por estas razones las y los abogados del Colectivo PTFY decidieron tomar acción presentaron amparos amparos contra el poder legislativo de Yucatán y los cuales fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia. 

Alex Orué explica que un amparo va en el sentido de la votación secreta porque “es ilegal, viola la libertad de expresión de la ciudadanía porque nos limita la información que debería ser pública y viola nuestros derechos políticos porque sin esa información no podemos tomar decisiones informadas en las próximas elecciones”. 

Y otro es el amparo que reclama la decisión del Congreso como inconstitucional y violatorio de derechos humanos al contradecir a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia fue atraído por la Primera Sala del máximo tribunal. 

El 24 de febrero de 2021 las y los ministros pospusieron la votación del proyecto de sentencia y este 17 de marzo de 2021 turnaron la discusión del amparo al Pleno de la SCJN.

En un ejercicio de retrospectiva Orué sostiene que la lucha por el matrimonio igualitario “será sin duda la primera victoria de muchas”. Y advierte, “que nos esté tomando más de diez años no significa que lo demás tarde tanto, pero esto es lo que nos está costando. Llegamos hasta la Suprema Corte por la desidia, desinterés y posturas antiderechos de nuestros gobernantes y representantes. Y no es el único pendiente del Estado en tema de derechos humanos”. 

Un precedente

Desde 2015 el matrimonio igualitario está protegido constitucionalmente por la SCJN. Pese a ello, aún hay 11 Congresos con leyes que no garantizan este derecho y en consecuencia hay parejas que para casarse interponen juicios de amparo que son costosos y tardados. 

La revisión y sentencia de la Suprema Corte de Justicia al amparo interpuesto por el Colectivo PTFY es un hito y una sentencia favorable puede ser relevante no solo para Yucatán, también para el resto del país. 

“Si seis ministras y ministros votan a favor, de los 11 que componen el Pleno, el caso se ganaría, se ordenaría al congreso de Yucatán a modificar su legislación interna, y por otro lado se crearía un precedente, que sería de mucho peso para casos futuros. Pero si el caso es aprobado por ocho votos o más, la sentencia genera jurisprudencia de manera inmediata. Esto significa que en casos futuros ya no habría pierde. Los juzgados en casos similares tendrían que conceder el amparo”, explicó Kalycho Escoffie, asesor jurídico del Colectivo PTFY, al diario La Jornada. 

¿Qué sigue?

Esperar la resolución del Pleno de la Suprema Corte al amparo promovido en contra de la omisión legislativa del Congreso de Yucatán, al no garantizar el matrimonio igualitario. Y a los amparos en relación a la votación secreta. 

Si bien ahora mismo el tema del matrimonio igualitario atrae una mayor atención mediática, Alex Orué detalla que la agenda en la defensa de los derechos humanos de las personas LGBT+ en Yucatán es amplia.

“Mientras parte del equipo está con el matrimonio igualitario, otros vemos por las juventudes en situación de calle, los crímenes de odio, las pseudo terapias de conversión, los discursos de odio, el reconocimiento de la identidad de género de personas trans y no binarias. Queremos romper el mito de que ‘en Yucatán no pasa nada’ porque sí pasa. Pero al Estado no le interesa ver, analizar, atender casos de discriminación, que no es exclusivo de las personas LGBT. Al gobierno del estado de Yucatán no le interesa eso, ni entenderlo ni verlo y para ellos si no lo ven no existe”.