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“Los travesticidios sociales son crímenes de odio”
En los primeros seis meses de 2020 hubo 42 travestis y trans fallecidas. Por qué es urgente la inclusión laboral, que por estos días empezó a tratar el Congreso.
Por Ana Fornaro y María Eugenia Ludueña
Foto: Ariel Gutraich/Archivo Presentes
Por quinto año consecutivo en Argentina, el día del Orgullo se conmemoró con la convocatoria a la Marcha Plurinacional contra los Travesticidios y Transfemicidios. En medio de la crisis por el coronavirus y las cuarentenas, el activismo travesti- trans (una de las poblaciones más afectadas por la pandemia en América Latina) no pudo salir a las calles para reclamar por estas muertes. Desde distintos espacios, el grito Basta de travesticidios y transfemicidios aún resuena fuerte en las redes buscando romper la indiferencia social desde conversatorios y acciones virtuales. “No estamos en la agenda emocional del país y de eso se trata esta convocatoria. Les decimos a los sectores de los movimientos de mujeres y feministas que aún nos sienten “otredad” en esta lucha, que tanto ustedes como nosotrxs somos “nostredad”, como dice Marlene Wayar. La potencia es colectiva así como la responsabilidades a asumir para evitar los crímenes a diferentes poblaciones por cuestiones de géneros, clases o etnias”, dice la activista Violeta Alegre.
“Cuando hablamos de travesticidios incluimos también las muertes evitables”, plantearon desde la convocatoria a las actividades virtuales en la cuenta de Instagram de la 5ta Marcha. Aunque no hay cifras oficiales, distintas organizaciones vienen registrando estas muertes. La Rosa Naranja, una de las organizaciones que lleva un seguimiento, documenta que sólo en los primeros seis meses de 2020 hubo 42 travestis y trans fallecidas. Dos fueron asesinatos: Roberta Carabajal (45 años), asesinada en febrero en La Plata; y Karly Palomino (33), asesinada en marzo en Ciudadela. Compartían, además de una identidad de género y una muerte violenta, otros datos: ambas eran migrantes y sobrevivían de la prostitución, como muchas personas del colectivo travesti-trans afectadas por la violencia estructural.
La mayoría de las muertes documentadas son travesticidios sociales, es decir, consecuencias de una falta de acceso a derechos básicos, como salud, trabajo y educación. “Para nosotras los travesticidios sociales también son crímenes de odio. Hay saña. Es un ataque violento desde el primer momento en que no accedés a ningún derecho. Las compañeras mueren en los hospitales, no tienen trabajo y el Estado no se hacer cargo. No queremos caridad, queremos trabajo. El 99% nunca accedió al circuito laboral”, dice Marcela Romero, presidenta de la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (A.T.T.T.A).
El acceso a reparaciones históricas y trabajo para la población travesti y trans está directamente ligado a su supervivencia, en una región donde su esperanza de vida no supera los 35 años. A pesar de la ley de identidad de género y algunas iniciativas a nivel municipal y provincial para implementar un cupo laboral estatal, las travestis y trans siguen muriendo bajo la línea de pobreza.
“Somos una comunidad que en este contexto de pandemia vive una emergencia social”, dice Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans Argentina. “El 91 por ciento de nuestra población no tiene trabajo registrado. Entre el 85 y 90 por ciento de las femenidades travestis y trans sobreviven de la prostitución. Si tuviéramos un trabajo podríamos hacer la cuarentena en nuestras casas. Sin trabajo no podemos proyectar una vida en igualdad de condiciones”.
Inclusión y cupo laboral travesti-trans
El Cupo Laboral Travesti Trans tiene como antecedente la sanción en la Provincia de Buenos Aires de la ley impulsada por la defensora de Derechos Humanos y activista travesti Amancay Diana Sacayán, que determinó que el sector público provincial debe ocupar, en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero.
Este año en el Congreso existen once proyectos vinculados a aumentar la inserción laboral travesti trans a nivel nacional. Esta semana el tema empezó a tratarse en la Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputades, que preside Mónica Macha (Frente de Todes), impulsora de uno de los primeros proyectos de cupo laboral para travestis y trans: la ley “Diana Sacayán”. En 2018 Macha ya había presentado el proyecto, trabajado en conjunto con las organizaciones, pero perdió estado parlamentario.
El martes 23 hubo una reunión virtual de esa Comisión donde hablaron referentes y organizaciones. “El colectivo travesti trans es uno de los más vulnerabilizados. Sufre una sumatoria de discriminaciones y exclusiones que constituyen la causa de la baja expectativa de vida. Entendemos que cuando existe la posibilidad de un trabajo formal, de cambiar la trayectoria para que no quede vinculada a la prostitución, los trayectos de vida de las personas son diferentes. Acceder a un trabajo formal significa revertir esto”, dice Macha.
De la reunión participaron 14 activistas travestis y trans, exponiendo urgencias y contextos. La virtualidad posibilitó ampliar la participación con referentes de todo el país. Desde Tierra del Fuego, la activista travesti Victoria Castro (100% Diversidad y Derechos) dice: “Seguimos sin acceso a salud, trabajo y educación, y sin todo eso nos morimos. Desde que somos criaturas tenemos los cuerpos explotados de siliconas, estamos paradas en las esquinas y a nadie le importa”.
“El trabajo es una cuestión de vida o muerte” explica Vásquez Haro, que también participa de la Convocatoria federal travesti trans en Argentina con presencia en 18 provincias. Desde ahí se trabajó en otro proyecto con la diputada nacional Gabriela Estevez (Frente de Todes), el de inclusión laboral formal travesti trans Lohana Berkins. “Hace seis años se presentan proyectos y pierden estado parlamentario. Apostamos al paradigma de inclusión más que de cupo, no alcanza con entrar al Estado. Las empresas no van a imitar esto por arte de magia, se necesita del Estado para garantizar nuestra inserción laboral más allá del ámbito público. Instituir becas de capacitación para quienes no reúnan los requisitos de idoneidad. Queremos trabajar en cualquier espacio y rubro, no en los designados por el heterocispatriarcado”.
La activista travesti Alma Fernández señala: “Decimos cupo laboral trans porque entendemos que la sociedad y los Estados deben empezar a reparar el abandono y vulnerabilidad de nuestro colectivo. Vivimos hasta los 35 años y solo el 1 por ciento llega a los 60. Necesitamos vencer ese destino de ser arrojadas a la prostitución a los 13 años. Llamamos travesticidio a todo crimen de odio agravado por nuestras identidades. Llamamos travesticidios a todo abandono histórico de parte de los estados, de los gobiernos y de la sociedad hacia nuestro colectivo”.
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