un referendum y derogar la ley trans en Uruguay, reglamentada en abril.  La campaña antiderechos está impulsada por el ex precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional Carlos Iafigliola. El dirigente había anunciado que después de las elecciones internas iniciaría una campaña, con giras por todo el país, para promover la instancia de votación. Ese día, quienes quieran adherirse al recurso de referéndum (es decir, quienes busquen derogar la ley o quienes quieran que el futuro de la norma se dirima mediante una consulta popular) deberán trasladarse a los circuitos que habilitarán las juntas electorales departamentales en todo el país para votar a favor de la eliminación de la norma. Para que se habilite el referéndum, deberá obtenerse el respaldo de al menos 25% del padrón electoral, que es algo más de 650.000 personas.

  La ley trans fue aprobada en octubre de 2018 para:

-Sumar el concepto de identidad de género como categoría en sistemas nacionales de estadística. Es decir que reconoce la identidad y singularidad del colectivo al incluirlo en censos, encuestas e informes. -El cambio de nombre y sexo asignado al nacer deja de ser trámite judicial y se convierte en un trámite administrativo, ante la Dirección General del Registro de Estado Civil. -Garantizar el acceso de las personas trans al sistema educativo. Acompañando con apoyos en todas las áreas e implementando cupos (el 2 por ciento debe ser para personas trans) y becas (8 por ciento de fondos de posgrado del ministerio de Educación para personas trans). -Otorgar el 1 por ciento de cupo laboral para personas trans en convocatorias de empleo público. Los puestos de trabajo deberán ocuparse por sorteo de estos cupos con quienes cumplan los requisitos. -Destinar el 1 por ciento de las vacantes de programas de capacitación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional para personas trans. -Diseñar políticas culturales de inclusión, sumando perspectiva de identidad de géneros en becas, fondos, incentivos, a nivel público pero también privado. -Incluir a personas trans en políticas de acceso a la vivienda. -Garantizar el derecho a servicios de salud sin discriminación o patologización por identidad de género. No se puede aplicar a personas trans derecho de admisión. Las personas mayores de 18 años tendrán acceso a servicios de salud para acompañar la transición con adecuaciones a su identidad de género, como operaciones y hormonizaciones, con el consentimiento de la persona, sin tener que pasar por trámites judiciales. Las personas menores de 18 años piden acceder a las prestaciones y homornización, y para cirugías deberán tener aprobación de progenitorxs. – Las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que hayan sido víctimas de violencia institucional o  privadas de libertad por su identidad de género, tendrán derecho a una reparación en casos de daño psicológico, moral o físico. Y también si existieron prácticas discriminatorias del Estado que limitaron derechos.

Una campaña de desgaste

Diana Sellanes, integrante de la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans y de Unión Trans, dijo a la diaria que el grupo no solicitó la cadena nacional, pero no descartó hacerlo. “No la pedimos, lo que no quiere decir que no lo vayamos a hacer, pero estamos pensando en otras estrategias”, dijo. Para la activista, al tratarse de una instancia no obligatoria, la idea es que la gente no vaya a votar, por lo que puso en duda la pertinencia de que le den trascendencia a la consulta. Destacó que se trata de una norma especial que implica “proteger la diversidad sexual”. “Entendemos que el proceso es democrático porque juntaron las firmas y tienen derecho a la cadena”, sostuvo Sellanes, aunque aclaró que la denuncia penal fue por la manera en la que se recolectaron las adhesiones. Aseguró que en la campaña contra la ley ahora piensan incluir publicidad engañosa difundida por medio de las redes.

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“Esta campaña está siendo muy desgastante para el movimiento social. Creemos que hay que tomar otras estrategias, porque parecía que no llegaban a las firmas, y lo hicieron. Este prerreferéndum va a demostrar qué tan bien se organizan las iglesias y la gente más conservadora”, sostuvo Sellanes. En marzo de este año, los responsables de la campaña Todos Somos Iguales, entre los que se encuentran Iafigliola y el diputado del PN Álvaro Dastugue, alcanzaron 69.360 firmas, superando las 55.000 (2% del padrón electoral) que necesitaban para iniciar el proceso de prerreferéndum. “Se llegó a las firmas en base a mentiras. Se dijeron cosas que no son, cosas que la ley no dice”, afirmó Sellanes.]]>