25 de marzo de 2019

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El precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Carlos Iafigliola, presentó este lunes a la Corte Electoral casi 70 mil firmas para interponer un recurso de referéndum y derogar la ley Trans, aprobada el año pasado en Uruguay. 

«Necesitábamos (recaudar) un 2% del padrón electoral, que son un poco más de 54 mil firmas, y estamos llegando a casi 70 mil por lo que significa que la gente entendió el mensaje», dijo a radio Montecarlo.

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Iafigliola dijo que busca derogar la ley Trans porque permite «la hormonización de niños y adolescentes, introduce la ideología de género y otorga privilegios a las personas trans por encima del resto de los ciudadanos».

Ahora la Corte Electoral debe avalar estas firmas: dispone de 50 días para hacerlo. De concretarse, se habilitaría un pre referéndum y la campaña del precandidato tendrá que alcanzar las firmas del 25% del padrón electoral para conseguir que se haga un referéndum.

Uruguay tiene ley de identidad de género desde 2009 pero ésta se limitaba exclusivamente al cambio de nombre en el documento de identidad. Hasta ahora no había una ley que contemplara el derecho a la salud, a la vivienda y al trabajo de las personas trans. Por eso se aprobó  la  ley integral trans, que incluye estos derechos así como una reparación histórica para las sobrevivientes.

La ley contempla:

-Sumar el concepto de identidad de género como categoría en sistemas nacionales de estadística. Es decir que reconoce la identidad y singularidad del colectivo al incluirlo en censos, encuestas e informes.

-El cambio de nombre y sexo asignado al nacer deja de ser trámite judicial y se convierte en un trámite administrativo, ante la Dirección General del Registro de Estado Civil.

-Garantizar el acceso de las personas trans al sistema educativo. Acompañando con apoyos en todas las áreas e implementando cupos (el 2 por ciento debe ser para personas trans) y becas (8 por ciento de fondos de posgrado del ministerio de Educación para personas trans).

-Otorgar el 1 por ciento de cupo laboral para personas trans en convocatorias de empleo público. Los puestos de trabajo deberán ocuparse por sorteo de estos cupos con quienes cumplan los requisitos.

-Destinar el 1 por ciento de las vacantes de programas de capacitación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional para personas trans.

[LEE TAMBIÉN: Uruguay tiene el primer censo estatal de personas trans]

-Diseñar políticas culturales de inclusión, sumando perspectiva de identidad de géneros en becas, fondos, incentivos, a nivel público pero también privado.

-Incluir a personas trans en políticas de acceso a la vivienda.

-Garantizar el derecho a servicios de salud sin discriminación o patologización por identidad de género. No se puede aplicar a personas trans derecho de admisión. Las personas mayores de 18 años tendrán acceso a servicios de salud para acompañar la transición con adecuaciones a su identidad de género, como operaciones y hormonizaciones, con el consentimiento de la persona, sin tener que pasar por trámites judiciales. Las personas menores de 18 años piden acceder a las prestaciones y homornización, y para cirugías deberán tener aprobación de progenitorxs.

– Las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que hayan sido víctimas de violencia institucional o  privadas de libertad por su identidad de género, tendrán derecho a una reparación en casos de daño psicológico, moral o físico. Y también si existieron prácticas discriminatorias del Estado que limitaron derechos.