23 de agosto de 2018

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Por Airam Fernández

Foto: Josean Rivera 

La votación del proyecto de ley de Identidad de Género (LIG) en el Senado chileno fue postergada para la primera semana de septiembre. La decisión se conoció ayer cerca de las 19:00 hrs, tras una sesión inesperada en Valparaíso, que convocó a activistxs y organizaciones de la diversidad.

Se suponía que el tema sería abordado como segundo punto de discusión. Pero el tiempo no alcanzó, pues los parlamentarios dedicaron la mayor parte a la discusión sobre el aumento del salario, en una sesión que inició pasadas las 16hrs.

Después de cinco años de tramitación y postergaciones entre Diputados y Senadores, toca esperar dos semanas más para que finalmente se vote el proyecto. Sin embargo, la decisión causa cierto alivio dentro del activismo, pues de concretarse ayer en horario extendido, el resultado probablemente no hubiese sido favorable, explica Constanza Valdés, abogada, activista trans y especialista en temas de diversidad y género. La ausencia de varios senadores que votarían a favor, como Isabel Allende (Partido Socialista) fue una de las razones para potenciar este escenario, señala Valdés.

Contando porotos

Matías Valenzuela, asesor jurídico de Organizando Trans Diversidades (OTD), recuerda que de los 25 votos que se necesitan en el Senado, hasta el momento hay 15 positivos que son seguros, ocho indecisos y dos de los que no tienen información clara. Por eso, los próximos días son cruciales.

En la sesión de este miércoles solo pudieron intervenir los senadores Adriana Muñoz, Juan Ignacio Latorre, Andrés Allamand y Jacqueline Van Rysselberghe. Esta última criticó nuevamente el proyecto y dijo que en las próximas sesiones se pronunciará “en contra de todo”, pues se votará por separado y en dos tandas, tanto en Senadores como en Diputados.

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“La postergación nos da más tiempo para poder preparar un poco más la presencia de nosotres en el espacio, sobre todo en el tema de les niñes, que aún no tienen ninguna seguridad de estar dentro de la ley por toda la resistencia que hay al respecto, sobre todo de sectores fundamentalistas”, señala Franco Fuica, encargado de legislación y políticas públicas de OTD. Esto porque después de meses de discusión, la Comisión Mixta del Congreso finalmente aprobó el 19 de junio la incorporación de niños y niñas menores de 14 años, tras varios rechazos.

“Creemos que el escenario de las infancias es muy grave por la ausencia de reconocimiento de derechos, el bullying, la exclusión permanente y el temor constante al que se exponen”, añade Fuica.

Para Valdés, lo que se vivió ayer fue “súper complejo” por varias razones: en una convocatoria que les tomó por sorpresa y a pesar de que hubo presencia de activismo, también hubo choque con los grupos conservadores y religiosos de siempre, que asistieron al Senado con el fin de sabotear la sesión.

“Esta vez fue un encuentro más intenso. De cara al futuro, es súper preocupante el avance que han tenido esos sectores, mientras lo que buscan es básicamente negar la existencia de las personas trans”, dice la abogada.

Lo que viene

Valdés también considera que los próximos días son ganancia para asegurar los votos que faltan. A pesar de que lamenta que el texto actual no permite acceder a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas únicamente con el consentimiento informado y sin patologizar, y que además plantea la disolución del matrimonio en caso de que una de las dos personas decida hacer el cambio de identidad, junto a exigir la presencia de dos testigos para el cambio en mayores de 18 años, asegura que la próxima sesión podría ser histórica: “La ley será el piso mínimo para los derechos de la comunidad trans”.

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Aunque todavía no hay fecha exacta definida, la primera semana de septiembre se reanudará la discusión y se votará el proyecto por separado. En primer lugar, los parlamentarios decidirán sobre personas casadas, mayores de 18 años y adolescentes (mayores de 14 y menores de 18). Después votarán por menores de 14, junto a la autorización judicial para adolescentes que quieran hacer el cambio ante Tribunales, pero en solitario, explica Valdés.

Una vez que el Senado despache el proyecto, debe volver a la Cámara de Diputados para una nueva votación. Y cuando eso suceda, el texto debe ser enviado al Presidente de la República, quien tiene plazo de 30 días para aprobar o rechazar la iniciativa. Si hace observaciones en ese periodo, la ley debe volver al Senado para discutirse y debe aprobarse nuevamente en ambas cámaras. En caso de que no existan objeciones presidenciales, la ley se da por aprobada y puede ser promulgada, para luego ser publicada en el Diario Oficial y entrar en vigencia en el plazo convenido.