CIUDAD DE MÉXICO, México. “No estamos reclamando un carro, no estamos reclamando un terreno, un aumento de salario. Estamos reclamando un ser humano, estamos reclamando nuestros hijos porque los necesitamos, porque los queremos”, dice Guadalupe Pérez. Busca a su hija, Dibanhi Aguilar Pérez, desaparecida el 25 de junio de 2021 en Torreón, Coahuila.

Con carpetas de investigación de cinco hojas, revictimizadas por autoridades y acechadas por la violencia, más de cincuenta madres buscadoras de distintos estados de México acamparon durante 29 días en la capital del país. Exigen que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga las carpetas de investigación de sus seres queridos desaparecidos. 

Las madres buscadoras levantaron el plantón luego de que el jueves 8 de octubre la FGR les prometiera estudiar su demanda de atraer las investigaciones. Las buscadoras acordaron regresar el 9 de noviembre para recibir la respuesta de las autoridades.

Esta situación se da tras el reciente pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado mexicano, que ha advertido de manera reiterada que ante la inacción del Estado, las tareas de búsqueda no pueden recaer en las familias y exige garantizar medidas de protección a las mujeres y madres que buscan.

México vive desde hace dos décadas una crisis de derechos humanos que registra más de 135 mil personas desaparecidas. Y una crisis forense con más de 72 mil cuerpos sin identificar. Derivado de una estrategia de seguridad fallida para combatir el narcotráfico.

¿Por qué acamparon las madres buscadoras y qué exigen?

El jueves 8 de octubre, tras 29 días consecutivos de acampar en las aceras que rodean la Fiscalía General, más de cincuenta madres levantaron carpas, colchonetas y una cocina improvisada. Sucedió luego del compromiso asumido por la FGR de analizar las carpetas de investigación de sus hijes y familiares. Un derecho que las familias tienen y está establecido en el artículo 5 de la Ley de la Fiscalía General de la República. 

Las madres buscadoras llegaron desde Michoacán, Coahuila, Jalisco, Estado de México, Veracruz, Guanajuato y la propia capital por una razón: la omisión, impunidad, revictimización, corrupción y colapso que impera en las fiscalías de sus estados que no investigan las desapariciones de sus hijes y familiares. Porque también hay mujeres que buscan a sus esposos, a sus hermanes, a sus sobrines, a sus nietes.

Esperaron desde el 9 de septiembre y durante casi un mes la respuesta de las autoridades fue no escucharlas, negarles la atención. Incluso algunas de ellas denuncian burlas de parte de funcionarios públicos. También presenciaron un acto que califican de “amedrentamiento” cuando, durante una tarde, hubo disparos frente a su campamento.

La respuesta de la FGR no se dio por buena voluntad. Para llegar a este punto las madres iniciaron un juicio de amparo el 21 de septiembre que derivó de la orden de un juez que ordenó obligatoriamente a la Fiscalía General a recibir de inmediato las denuncias de las madres buscadoras. 

Por investigaciones reales

También el 7 de octubre demandaron a la titular de la Fiscalía General, Ernestina Godoy y los fiscales de los 32 estados del país, por la presunta omisión de garantizar que el Banco Nacional de Datos Forenses opere de manera adecuada y coordinada.

Las madres buscadoras recalcan que su demanda va más allá del llenado de formatos. Exigen investigaciones reales y no más simulaciones burocráticas. 

Como explicó a Presentes, Guadalupe Pérez, mamá de Dibanhi: “exigimos una respuesta ya, no más machotes cambiándoles nomás la fecha, no más pantomimas. Yo quiero líneas de investigación objetivas y verídicas, no más al azar”. 

Las madres aceptaron levantar su plantón tras la promesa de la FGR y regresarán el 9 de noviembre para conocer la resolución sobre la atracción de la investigación de sus casos a nivel federal.

“Nos quitaron lo más preciado”

Enriqueta llegó desde Michoacán para exigir la localización de su hijo, Javier Hurueta García, desaparecido el 21 de marzo de 2025. Enriqueta señala directamente la colusión de la policía municipal en la desaparición de su hijo. 

“Policías municipales entregaron a mi hijo a la delincuencia organizada. Hay videos, hay testigos, hay todo y la fiscalía (de Michoacán) no hizo nada», dice. 

De acuerdo al artículo 24 fracción quinta de la Ley General de Desaparición Forzada, las familias tienen derecho a solicitar que la Fiscalía General intervenga en las investigaciones si está involucrada alguna persona funcionaria pública, incluso si hay indicios de la participación del crímen organizado. 

Ante la inacción y las amenazas en su territorio, Enriqueta tuvo que desplazarse de manera forzada. Al buscar apoyo institucional, encontró respuestas evasivas en la comisión local de derechos humanos y maltratos por parte de su asesor victimal.

“Dicen que México es un lugar lleno de pueblos mágicos. Sí, son mágicos porque desaparecen a las personas, salen a pasear, a comer, a trabajar, a donde sea y no regresan, no vuelven (…) Desde el primer día se acaba todo, la tranquilidad, la paz que uno tenía, la armonía, el miedo se acaba, se acaba porque pues te quitan lo más preciado. Yo en este caso mi hijo”. 

Una carpeta de investigación de cinco hojas 

Desde Jalisco, el estado con mayor registro de personas desaparecidas en México, viajó Eréndira, madre de Jorge Adrían Zúñiga Morúa, desaparecido el 11 de agosto de 2025 en Tlajomulco, Jalisco. 

“Yo puse mi denuncia (y desde entonces) mi carpeta de investigación cuenta con cinco hojas (que tiene) la información de mi hijo completa, la mía y datos de mi testigo. No ha habido avances, no hay videos del C5. No ha habido absolutamente nada. Por eso estoy yo aquí, porque mi carpeta es de cinco hojas y porque quiero, y yo pienso, que ellos (la FGR) se van a poner a trabajar”, dijo Eréndira a Presentes.

Eréndira ha buscado a Jorge en fosas clandestinas, morgues y jornadas de búsquedas en vida. Para buscar renunció a su trabajo y a su sustento económico, acumulando deudas y recibiendo llamadas de extorsión tras la filtración de sus datos personales. Un asunto que no es menor y que denuncian otras madres buscadoras que entrevistamos. 

“Yo no vengo a que busquen culpables. Solamente pido que me ayuden a encontrar a mi hijo en las condiciones que sean, vivo o muerto. Pero ya necesito un poquito de tranquilidad porque yo sin mi hijo no soy nada”.

“Quiero seguir aprendiendo para defender los derechos de mi hija a ser buscada”

Guadalupe Pérez Ayala extraña el clima cálido de Torreón. Desde allá, el norte de México, vino a la Fiscalía General porque busca a su hija Dibanhi Aguilar Pérez, desaparecida en esa ciudad el 25 de junio de 2021 a los 22 años.

A pesar de contar con una Acción Urgente emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y una sentencia de amparo dictada por el Poder Judicial de la Federación en Torreón que ordena la búsqueda ininterrumpida de su hija, la Fiscalía de Coahuila ha limitado la búsqueda a rastreos en lotes baldíos sin hipótesis claras.

Al inicio de la búsqueda de su hija, Guadalupe enfrentó señaIamientos por parte de funcionarios de la fiscalía local. “En un principio me dijeron, ‘venga dentro de un mes’, me decían, ‘¿dónde estaba usted?, ¿por qué no estaba ahí?, ¿por qué no cuidó a su hija?’. Me estaban revictimizando. Yo no lo sabía. Me estaban maltratando psicológicamente porque me hicieron sentir culpable”, recuerda. 

Los malos tratos de las autoridades obligaron a Guadalupe a aprender de manera autónoma asuntos en materia legal, pericial, forense y de derechos humanos. 

“He aprendido y leído la Ley General de Víctimas en Desaparición Forzada de toda la República, del estado de Coahuila. He aprendido sobre los derechos humanos, me metí hasta lo de la genética, he aprendido la perspectiva de género y yo quiero seguir aprendiendo para defender los derechos de mi hija, a ser buscada, a ser encontrada y ser regresada con su familia”. 

Los costos de buscar en México

“Todas somos hipertensas. Yo estoy a punto de ser diabética, tengo asma y son muchas las enfermedades por las cuales muchas se rindieron y se fueron por sus tratamientos. Muchas tienen cáncer”, cuenta Eréndira. 

Sostener la protesta en la calle durante casi un mes acumuló estrés en los cuerpos de madres que llevan años somatizando el dolor y el trauma de tener a su hije o familiar desaparecide. En el aspecto económico, las madres rechazan cualquier señalamiento sobre financiamiento político, como llegó mencionar la presidenta Claudia Shienbaum y por la cual la Secretaría de Gobernación inició una investigación a madres buscadoras de Jalisco. 

Los insumos para fotocopias de las fichas de búsqueda, impresión de lonas y traslados provienen en algunos casos del trabajo de los esposos de las buscadoras, del trabajo de otros familiares y de la venta de artesanías que hacen las mujeres buscadoras. Para sostener el plantón la solidaridad ciudadana con donaciones de agua, comida, medicinas y ropa fue clave.

Buscar a pesar de todo

Pero también a la precariedad económica se suma la estigmatización social. Enriqueta Hurueta cuenta sobre el tipo de expresiones de rechazo que ha llegado a recibir.

“Hay mucha ciudadanía que dice que estamos locas, que estamos vendidas. Lo único que les digo es que ojalá y nunca estén en nuestros zapatos, porque entonces, van a acudir con esas viejas locas, con esas madres que no tienen qué hacer. Porque así nos dicen, que no tenemos qué hacer. Por eso estamos aquí de revoltosas, de chismosas y les vamos a ayudar a buscar a sus familiares”. 

Mientras realizamos estas entrevistas una ciudadana pasó y gritó a las madres buscadoras que “estorbaban”. Guadalupe Pérez recordó otra agresión verbal: “ayer pasó una señora y dijo, ‘¿qué buscan… tesoros?’ Sí, son nuestros tesoros. Aunque ella lo haya dicho en forma de burla, son nuestros tesoros”. 

ONU: “mujeres buscadoras enfrentan violencia extrema e impunidad casi total”

El 30 de septiembre, la ONU emitió un llamado más al Estado mexicano. Advirtieron que las mujeres que buscan a sus familiares en México enfrentan un contexto de “violencia extrema” y de “impunidad casi total”.

Enfatizaron que las labores de investigación y búsqueda son tareas “que corresponde primordialmente al Estado, que debe asumir cabalmente y no puede recargarlas en los hombros de las familias y que atacarlas perpetúa el ciclo de dolor e impunidad”. 

En los últimos 15 años, al menos 27 buscadoras han sido asesinadas y 3 están desaparecidas. Casi la mitad son y eran madres, según datos del registro de agresiones a personas buscadoras de Artículo 19.

La Asamblea General de la ONU aprobó la designación del 19 de diciembre como el “Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas”, pero lxs expertxs insisten en que los reconocimientos internacionales “resultan insuficientes si las autoridades locales no garantizan protección física e investigaciones efectivas”.

El próximo 9 de noviembre, las mujeres y madres buscadoras volverán a las puertas de la FGR para recibir la noticia de si las autoridades federales asumen sus obligaciones y garantizan el derecho humano que tienen todas las personas desaparecidas: ser buscadas.