26 de marzo de 2026

Agustina Ramos

María Eugenia LudueñaArchivo Agencia Presentes

Edición: María Eugenia Ludueña

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Más de 100 mil personas se inscribieron para participar de las audiencias públicas y expresar su opinión sobre el proyecto impulsado por el gobierno que busca reformar la Ley de Glaciares en Argentina. Sin embargo, menos del 1 por ciento fue autorizado a participar. En respuesta, a lo largo del todo el país tienen lugar asambleas abiertas, concentraciones y movilizaciones bajo las consignas “El agua vale más que todo” y “La Ley de Glaciares no se toca”.

El proyecto de ley que busca reformar la normativa vigente obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores el 26 de febrero pasado. Las organizaciones advierten que la reforma es inconstitucional desde el punto de vista jurídico. Porque habilita -entre otros cambios- que cada provincia decida cuáles son los glaciares y zonas periglaciares a proteger, y en cuáles permitirá, por ejemplo, emprendimientos de minería.

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Sin derecho a participar

El proyecto ahora depende de Diputados. Agrupaciones ambientales solicitaron a esta la convocatoria a una audiencia pública para la apertura de un proceso participativo, abierto, inclusivo y federal para discutir el proyecto de ley. Se basaron en el Acuerdo de Escazú —ratificado por Argentina mediante la Ley 27.566 y con jerarquía superior a las leyes—. En su artículo 7 obliga a garantizar la participación pública en procesos de toma de decisiones, revisiones o actualizaciones en asuntos ambientales que puedan tener un impacto significativo.

Las audiencias se desarrollan entre el miércoles 25 y jueves 26 de marzo en la Cámara de Diputados. Pero los activismos advierten que no se está cumpliendo con su carácter participativo. De las más de 100 mil personas inscriptas, solo 360 fueron autorizadas a intervenir. Y todo indica que ni siquiera esa porción va a poder participar. 

«Las comunidades siempre se quedan afuera»

La primera jornada contó con la participación de 95 de les 196 habilitades para hablar. Luego de 12 horas de audiencia, las autoridades decidieron finalizarla cuando aún restaban disertantes por hablar. Entre les expositores, un 88% (84 personas) rechazó la reforma. El jueves la audiencia se desarrolla de manera virtual. 

En las inmediaciones del Congreso de la Nación, rodeado de efectivos de las Fuerzas de Seguridad y vallas, una multitud participó de la asamblea autoconvocada a metros de allí, en la esquina de Riobamba y Bartolomé Mitre, en la Ciudad de Buenos Aires.  

“La audiencia pública no se está desarrollando en su debida forma. Creemos que es súper necesario que se escuchen todas las voces. El pueblo está diciendo que no reformen la Ley de Glaciares: queremos cuidar la tierra y el patrimonio enorme y hermoso que tenemos”, compartió a Presentes Sol, brigadista autoconvocada de la Comarca Andina, quien viajó desde Río Negro para participar de la audiencia. 

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Patricia, maestra jubilada llegó desde de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, con un cartel que decía “¡Las democracias no censuran!”. “Estoy muy conmovida porque veo que este gobierno avanza y avanza, y me duele mucho que le demos el aval para que esto siga sucediendo. Vine porque me parece que este es un límite que no podemos permitir que se pase. Pensar en el hijo, en el futuro nieto me da un tremendo dolor y una tremenda responsabilidad, como para no defender esto”, dijo, en diálogo con Presentes. 

Al interior del recinto habló Marta Maffei, ex legisladora y una de las principales impulsoras y redactora, junto con un centenar de organizaciones, de la Ley de Glaciares que el Congreso busca reformar. “Estuvimos un año trabajando la ley, consultando con académicos, instituciones, entes especializados y también con las comunidades, que siempre se quedan afuera. Las asambleas y los pueblos originarios fueron consultados para la redacción de la ley», graficó durante su exposición.

“Estoy hoy acá para que nuestra voz sea escuchada”, dijo a esta agencia Paulinha Curruhuinca, referente del MTE Rural e integrante de la comunidad mapuche Curruhuinca. “El agua no se toca. Repudiamos que quieran reformar esta ley. Para nosotros, como pueblo originario, como pequeños crianceros, agricultores y productores, el agua es vida”.

Las voces a favor de la reforma hicieron hincapié en el rol de la minería. El ministro de Producción de la provincia de San Juan, Gustavo Fernández, sostuvo durante la audiencia que «la geografía nos define y la minería nos resulta una actividad ineludible para nuestras posibilidades». Y destacó “la posibilidad de inversiones que realiza la minería en infraestructura vial, energética y en general para el desarrollo de las demás actividades productivas».

“Estamos profundamente preocupados porque se quiere dejar de lado el abordaje científico y quieren un abordaje en torno a los intereses de las grandes corporaciones mineras extranjeras que van a venir a expoliar nuestros bienes naturales comunes y a llevarse nuestra agua, el principal recurso que existe para producir y vivir”, destacó a Presentes la diputada nacional por la provincia de Córdoba (Unión por la Patria), Gabriela Estévez. 

Un grupo de diputades presentó ayer una impugnación formal contra la audiencia pública al considerar que no cumple con requisitos básicos de participación ciudadana. Además, legisladores de Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley para realizar una consulta popular vinculante para que toda la población del país se pronuncie al respecto. Mientras tanto, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, rechazó dos medidas cautelares de organizaciones ambientales que pedían la expansión de la participación para que sea representativa.

Desde hace varias semanas la campaña La ley de glaciares no se toca viene movilizando a la opinión pública para repudiar el proyecto de ley y convocando a diversas movilizaciones. “Defendemos el agua y los glaciares, de ellos dependen más de 7 millones de personas de las zonas áridas y semiáridas del país. Los senadores quieren entregar el agua a las mineras. Quienes están detrás de esta modificación, de esta reforma de la ley de glaciares, son las multinacionales. Desde las asambleas territoriales de San Juan, de Mendoza, de Catamarca que luchan contra las megaminería dicen y decimos: «Fuera las mineras del país. El poder político es cómplice de la entrega del agua y de la entrega de los territorios.”, nos decía Clarisa Néstor desde Rebelión o Extinción Argentina, en una de las últimas convocatorias frente al Congreso. 

Martin Antelaf, docente de Caba y padre de dos hijas, se sumó a uno de esas movilizaciones con un cartel: Para las juventudes agua, no cárceles, en referencia a la ley que bajó la edad de imputabilidad. “Estas reformas son golpe a esta generación y a futuras generaciones, para que pocos se enriquezcan y las futuras juventudes tengan que pagar bidones de agua”, nos dijo. 

También docente, Federico Winokur -organizador del campamento anticapitalista y militante de La Izquierda- expresaba:   “La ley de glaciares no se toca. Este es un gobierno muy mentiroso que viene a decir que trae desarrollo cuando trae saqueo. Viene a decir que no se cumplía la ley cuando en realidad estaban tipificadas todas las zonas de no explotación. Y ahora quiere llevarnos a un modelo de país donde se llevan todos nuestros recursos las empresas estadounidenses. Estamos con los pueblos de la cordillera, de Mendoza y de un montón de lugares que están diciendo que el agua vale más que el oro porque van a ser los primeros en sufrir la contaminación, aunque eventualmente la vamos a sufrir todos”.