Ley de Glaciares: ¿Por qué la reforma amenaza el derecho al agua?

“Los glaciares son las reservas de agua del mundo”, dice Marta Maffei, ex diputada, impulsora y redactora de la Ley de Glaciares que el Congreso busca reformar. ¿Cuáles son los riesgos de esos cambios que buscan bajar el umbral de la protección a glaciares y ambientes periglaciales?

“La Ley de Glaciares no se toca”. Con esa consigna, el movimiento socioambiental de la Argentina viene difundiendo una campaña para advertir las consecuencias del intento del gobierno de Javier Milei de reformular artículos cruciales de una ley sancionada hace 15 años por el Congreso: la Ley de Glaciares (Ley 26.639).  El proyecto enviado desde el Ejecutivo al Senado enciende alarmas porque busca disminuir la protección vigente sobre glaciares y ambientes periglaciales, en un contexto en que las reservas de agua dulce están en peligro y los últimos reportes coinciden en hablar de una “crisis hídrica” mundial sin precedentes. 

Las organizaciones advierten que la reforma es inconstitucional desde el punto de vista jurídico. Porque permitirá -entre otros cambios- que cada provincia decida cuáles son los glaciares y zonas periglaciales a proteger y en cuáles permitirá, por ejemplo, emprendimientos de minería. A raíz de esto, 85 abogadxs e investigadores enviaron una carta al Congreso explicando por qué el intento de cambiar la ley, apoyado por varios gobernadores y legisladores provinciales, es una amenaza y un retroceso. 

Marta Maffei, ex legisladora, fue una de las principales impulsoras y redactó, junto con un centenar de organizaciones, la Ley de Glaciares que el Congreso busca reformar. La ex docente y dirigente de Ctera, también participa de la organización socioambiental Pacha y de la Campaña Plurinacional en defensa del Agua para la Vida, que promueve la redacción de una ley para la protección del agua con iniciativa popular. Desde su casa en Cipolletti, Río Negro, conversamos con ella para comprender mejor las implicancias del cambio. 

Marta Maffei fue una de las impulsoras y redactora, junto a las organizaciones socioambientales, de la Ley de Glaciares sancionada en 2010.

“Los glaciares son las reservas de agua del mundo”

-En un momento en que el sentido común libra una de sus batallas más complejas: ¿por qué defender los glaciares? 

-Los seres humanos y los seres vivos dependemos del agua. Sólo el 2,5 por ciento del agua de la tierra es dulce o no salobre. Es un bien escaso en una comunidad creciente, no solo por la población humana, sino por la cantidad de actividades y sistemas productivos, mucho más allá de la agricultura, basados en agua o cada vez más dependientes de ella. La inmensa mayoría del agua dulce o no salobre del planeta está contenida en los glaciares. Allí se mantienen resabios de glaciaciones ocurridas hace miles de años. Los glaciares son polos, campos de hielo o grandes masas heladas que no vemos pero son la reserva de agua del mundo. Pero el acceso al agua es también una herramienta de control social. Un ejemplo: los palestinos recortados por Mekorot -la empresa estatal de agua de Israel- en su accesibilidad al agua por el gobierno de ese país. El agua es clave en la posibilidad de seguir viviendo. 

“Están jugando con la vida de los pueblos”

-¿Cuál es la situación de los glaciares a nivel global y en la Argentina en particular?

-En Argentina esas reservas de agua alimentan 39 cuencas hídricas, ríos que nacen en la cordillera e irrigan el oeste del país. En las localidades de San Juan y Mendoza  se puede vivir y producir gracias a esas cuencas. Gracias a ellas tenemos manzanares, cultivos, vida. Hoy hay personas decidiendo que se pueden modificar los criterios sociales de supervivencia. Están jugando con la vida de los pueblos. Durante mucho tiempo hemos generado una gobernanza para el agua, manteniendo criterios precautorios a fin de evitar contaminaciones y proteger a la sociedad. Aun así, miles de personas, particularmente en el conurbano, no acceden al agua o habitan zonas de napas contaminadas. Esto aumenta un 200 por ciento las enfermedades infantiles respecto de las tasas promedio del resto del país. Cuando hablamos de agua hablamos de vida, y si hablamos de vida hablamos de salud, del derecho de las comunidades a seguir viviendo. 

La “bancarrota” hídrica

En enero de 2026 un informe del Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud (UNU-INWEH) advirtió que el mundo ha entrado en la quiebra hidrica global. En palabras de ese reporte: “un punto de no retorno para ciertos sistemas donde la demanda humana ha agotado irreversiblemente los ahorros acuíferos y secado los pozos del futuro, poniendo en riesgo el conjunto del sistema hídrico del planeta”.

«Muchas regiones han vivido muy por encima de sus posibilidades hidrológicas. Es como tener una cuenta bancaria a la que se le extrae dinero cada día sin que entre un solo depósito. El saldo ya es negativo», explicó Kaveh Madani, uno de los autores del informe. Y dejó claro el vínculo entre agua, economía y derechos elementales: «El agua que falta aquí, se nota en la comida de allá. Esta quiebra no es un problema local, es un riesgo sistémico que fluye por las venas del comercio mundial», advierte Madani.

– ¿Qué hacemos con todas las alarmas que encienden las evidencias? 

-Nunca el deterioro del agua fue tan grave como en los últimos 50 años. Si los humanos queremos sobrevivir a esta multicrisis, debemos negociar el contrato para evitar el colapso. Tenemos mucha información científica y evidencia. No estamos tratando de alarmar, lo que queremos decir es que tenemos posibilidades. Pero hay una cantidad de cuestiones alrededor de la política que impiden que los pueblos estemos protegidos. En el mundo 2000 millones de personas aún no acceden a pisos indispensables de agua. 

-¿Cuáles serían las principales amenazas de esta reforma a la Ley de Glaciares?

-El artículo 41 de la Constitución establece criterios de piso para proteger los derechos de las personas a un ambiente digno, y dice que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan esos presupuestos mínimos de protección.En el artículo 6, la Ley de Glaciares vigente protege zonas del Inventario Nacional de Glaciares, realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). Uno de los cambios es que las provincias puedan decidir y dar la orden para eliminar ese reservorio de agua del inventario y destruirlo. Esto es algo nunca he visto en la legislación, que un país tenga un inventario de cuáles son sus bienes y una provincia puede quitar de la estadística algo que le moleste. Es inadmisible que los gobiernos provinciales pongan en riesgo la vida, el presente y el futuro de los pueblos. Ninguna provincia puede pasar por encima de esos principios. Ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2019: los presupuestos mínimos en materia ambiental se hacen a nivel nacional. 

En 2019, la Corte ratificó la constitucionalidad de la Ley de Glaciares y rechazó la demanda de la minera Barrick Gold, a la que adhirió la Provincia de San Juan. La empresa había pedido que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 26.639 que estableció el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglaciar.  Aún así, las actividades -ilegales- en zonas protegidas en varias provincias continuaron. 

-Aunque tenemos hace 15 años una Ley de Glaciares, un mapeo realizado por investigadores de la Universidad de Zurich ha identificado en Argentina al menos 53 emprendimientos mineros en infracción, emplazados en campos de hielo donde hay maquinaria y piletas de lixiviación, entre otras cosas. Acá lo que quieren es una ley que dé cobertura a estas situaciones, no visibilizar que han estado en infracción todos estos años y quedar a salvo de las sanciones. Porque, inevitablemente, va a haber sanciones. 

-¿Cómo impacta el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) en este escenario?

-El RIGI les dice a las empresas que pueden venir a instalarse, a extraer y a explotar la naturaleza sin rendir cuentas. La falta de controles y el cambio climático complejizan aún más la situación. A esto se suma la gran presión de los gobiernos provinciales para hacer negocios con sus propios senadores. Entre los diputados creo que hay un poco más de preocupación y han mantenido reuniones con expertos para informarse. Tenemos pueblos como Mendoza y Chubut que vienen peleando hace años por su derecho al agua. En la cordillera vivimos 7 millones de personas. No pueden decidir despojarnos del agua. Cuando despojas al pueblo del agua, lo despojas de todo. Si nos sacan el agua, no hay vida, y donde hay un derecho humano se instala un negocio. Llevamos años de marchas de organizaciones y comunidades indígenas reclamando su derecho a vivir.

Fotos: Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida y Agustín Alejandro González.

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