América Latina cuenta con uno de los marcos legales más progresistas del mundo en la respuesta al VIH. Sin embargo, la implementación efectiva de estos derechos se enfrenta a barreras estructurales. El estigma, el centralismo de los servicios de salud y el avance de políticas de ultraderecha amenazan directamente los logros alcanzados por la sociedad civil durante décadas. 

En Presentes hablamos con activistas y políticos de seis países de la región para conocer la situación de las políticas públicas, los desafíos y oportunidades frente a la respuesta al VIH.

Argentina: un modelo de vanguardia con obstáculos 

Argentina se posiciona como un referente global gracias a la Ley 27.675 (Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis), un marco normativo que aborda el VIH desde una perspectiva de salud e integra la justicia social. 

“Es una de las mejores leyes del mundo por su capacidad de poner a la persona en el centro. No solo porque reconoce derechos, sino porque adopta un enfoque integral: prevención, diagnóstico, tratamiento, no discriminación y, brega por condiciones de vida dignas”, explica Matías Muñoz, director ejecutivo de la Asociación Ciclo Positivo.

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Lo que distingue a la legislación argentina es también el resultado de más de una década de activismo. De un trabajo sostenido de organizaciones, personas que viven con VIH y equipos técnicos que empujaron para que el Estado se hiciera cargo.

“Un componente muy importante de esta ley es el de seguridad social. Porque reconoce que vivir con VIH no es solo un tema sanitario, sino también laboral, previsional y económico. Prevé jubilaciones y pensiones para personas con VIH en situación de vulnerablidad. Ese enfoque amplía la mirada y pone a la persona en el centro, no a la enfermedad”, agrega Muñoz 

Esta ley se apoya en otras leyes clave, como la de Protección de Datos Personales, que respalda el derecho a la confidencialidad, la Ley contra Actos Discriminatorios y la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). Sin embargo, este éxito legislativo no está exento de desafíos. 

Matías Muñoz advierte que el principal problema estructural no es la falta de leyes, sino el acceso a la justicia. Señala que hacer cumplir un derecho suele implicar procesos «largos, caros y desgastantes». Allí el trabajo comunitario y de las organizaciones es clave.

“Acompañamos a las personas para que puedan acceder al sistema de salud, para que sostengan los tratamientos, para que puedan atravesar trámites, situaciones de discriminación o momentos de mucha vulnerabilidad sin quedar solas. Cumplimos un rol clave en la formación, la prevención y la generación de información confiable. Especialmente en poblaciones a las que el sistema de salud muchas veces llega tarde o directamente no llega”, explica Matías Muñoz. 

A esto se suma una brecha tecnológica y el centralismo. Por ejemplo, Muñoz explica que en Argentina aún no hay disponibles de forma masiva los autotests de VIH ni los tratamientos inyectables de larga duración, tecnologías que países vecinos como Brasil ya han incorporado. 

En un contexto de avance de la ultraderecha, el desafío persiste en transformar esa «letra muerta» en una realidad efectiva para todas las personas que viven con VIH, garantizando que la calidad de vida no dependa incluso del lugar donde la persona resida dentro del mismo territorio argentino.

“La calidad de vida no puede depender del lugar donde una persona vive. Para eso, necesitamos más tomadores y tomadoras de decisiones comprometidos con la vida y con sostener políticas públicas basadas en derechos”, dice Muñoz.

México: Entre la inclusión presupuestal y la criminalización

En México el gobierno anuncia un «nuevo modelo de atención» y la universalización de los expedientes electrónicos. Mientras, los activismos advierten que los avances logrados en el papel a menudo no se traducen en la realidad porque el mayor obstáculo sigue siendo el prejuicio social. 

El diputado Jaime López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad, afirma: «El principal problema sigue siendo el estigma». Esta barrera dificulta que las personas accedan a servicios de salud de manera oportuna.

Misael Muñoz, activista de Inspira Cambio, define a la legislación mexicana que protege los derechos humanos de las personas que viven con VIH como “una legislación Géminis, porque está llena de contradicciones: por un lado, la Constitución protege contra la discriminación, pero por otro, aún existen figuras de ‘peligro de contagio’ en 28 de los 33 códigos penales del país”.

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A pesar de esto, México presenta oportunidades históricas. López Vela destaca que «por primera vez en este 2026 las poblaciones de la diversidad sexual estamos en el presupuesto federal de manera expresa con 13 acciones en cinco ejes transversales. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum busca que todas las personas tengan un expediente electrónico para que se pueda asistir a cualquier institución sin que se pierda la trazabilidad. Con esto las personas, en este caso que viven con VIH no pierdan su tratamiento entre la burocracia de una institución de salud a otra”. 

Sin embargo, Misael Muñoz observa otros desafíos que tienen que ver con la salud mental, la discriminación y las narrativas. “La emergencia del uso de sustancias en contextos sexuales, como el cristal, está siendo ignorada por el sistema de salud tradicional. El uso de cristal está sobrepasando todas las líneas pero no hay servicios especializados; y el acceso a servicios de psiquiatría en México es escasísimo”.

El ámbito político presenta otro desafío. Muñoz denuncia que el tema es «utilizado como moneda de cambio en los discursos políticos donde ciertos sectores usan la desinformación solo para justificar un golpeteo político». A ellos se suma, atender la centralización. “Cuando volteamos a los estados y a lo que pasa en las zonas rurales, las realidades son muy distintas. Y los accesos son muy desiguales».

Para superar esto, Muñoz concluye que es vital que el Estado reconozca que la respuesta al VIH ha sido sostenida por los activismos y el trabajo comunitario. “Si el Estado no nutre a sociedad civil, si no crea apoyos o financiamientos para sociedad civil, esta respuesta no va a avanzar», concluye Muñoz. 

Colombia: derechos que no llegan al territorio

En Colombia, la respuesta al VIH se define por una profunda contradicción: un marco legal que garantiza derechos de avanzada frente a un sistema de salud fragmentado y centralizado que deja a miles de personas en la incertidumbre. 

En este país existe la prohibición de solicitar pruebas de VIH para ingresar a un empleo, leyes antidiscriminación y la figura de la «estabilidad laboral reforzada». Además, el sistema garantiza que, incluso si una persona pierde su trabajo, el Estado debe continuar suministrando el tratamiento sin interrupciones. Sin embargo, la implementación de estas leyes es profundamente desigual y depende de la ubicación geográfica de la persona.

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«No tenemos política pública de VIH», comenta Miguel Ángel Lopez, comunicador social y activista colombiano, cofundador de la iniciativa y comunidad Más Que Tres Letras. «La labor de los activismos hoy se centra en la pedagogía del VIH a través de redes sociales y talleres como una herramienta de salud pública».

La razón detrás de este vacío es el agotamiento de una sociedad civil que debe elegir entre hacer incidencia política o salvar vidas en el día a día, en un entorno donde el Estado tampoco financia a las organizaciones que históricamente han hecho frente al VIH.

Esta falta de financiamiento estatal ha llevado a muchas organizaciones al borde del colapso. Las obligó a depender de la cooperación internacional o de «inventar» formas de hacer rendir el dinero para evitar despidos masivos o cierres definitivos, comenta Miguel Ángel.

El desafío más crítico del presente es la interrupción del tratamiento. El sistema de salud colombiano, una mezcla de lo público y lo privado, depende de las Entidades Promotoras de Salud (EPS, organizaciones clave del sistema de salud que gestionan recursos y aseguran el acceso a servicios médicos para los colombianos. Ya sean del régimen contributivo (con pago) o subsidiado (gratuito).

Actualmente, miles de personas enfrentan una crisis con la Nueva EPS, que desde noviembre del año pasado presenta fallas graves en la entrega de medicamentos.

Pese a estos desafíos, Miguel identifica oportunidades en el trabajo entre pares y la atención específica a poblaciones vulneradas. La interseccionalidad (migrantes, mujeres, comunidades negras empobrecidas) permite “brindar soluciones más humanas”, dice.

“La gran tarea pendiente para el Estado colombiano es invertir en pedagogía para erradicar el estigma. En algunos pueblos del país, todavía a las personas las echan del pueblo por tener VIH, una realidad que no se soluciona solo con leyes, sino con un cambio de perspectiva social financiado desde el gobierno”, agrega. 

El Salvador: el alarmante retroceso y el “clima de miedo”

De los seis países de los que hablamos en esta nota, El Salvador vive el escenario más hostil. Las políticas actuales han provocado el desmantelamiento de espacios seguros y el cierre de clínicas específicas para la comunidad LGBT+, trabajadorxs sexuales, y de prevención e información que había sobre VIH.

Mario Campos es activista y experto en salud pública de El Salvador. Describe este panorama como una «realidad triste», donde los avances de años se han visto eliminados por las políticas del gobierno actual de Nayib Bukele.

Los activismos viven un clima de censura sin precedentes. Campos señala: «activistas de derechos humanos no tenemos la libertad de presentarnos como tal, hablar con la comunidad por el miedo que se está generando». Esta censura y persecución, dice, perjudica el derecho a la salud de las personas que viven con VIH.

Incluso el acceso al PrEP (Profilaxis PreExposición) está severamente limitado y solo se encuentra al alcance de las personas trabajadoras sexuales. Mario cuenta que esto “obliga a etiquetarse bajo tabúes sociales para acceder a la prevención. Hablar sobre el diagnóstico se ha vuelto, en la práctica, un tema peligroso. Es ahora un tema lastimosamente penalizado», concluye Campos, instando a una política pública basada en información real y no en el miedo.

Costa Rica: leyes sin “músculo” y la barrera burocrática

Costa Rica posee un marco regulatorio en respuesta al VIH a partir de la Ley 9797, que protege derechos fundamentales como la confidencialidad y la no discriminación. Sin embargo, Cristian Camaaño Chacon, activista y defensor de derechos humanos de Costa Rica comenta que “del papel al hecho hay mucho trecho. Realmente la ley hasta el año pasado es que tuvo forma, se firmó el reglamento por el Ministerio de Salud; una ley sin reglamento no tiene músculo para ejecutarse».

Esta falta de operatividad se agrava por un entorno político que el activista califica como hostil. Bajo la administración actual, a la que describe como «sumamente homofóbica, misógina y populista», el VIH ha dejado de ser una prioridad. 

Esto ha derivado en barreras económicas críticas, como el difícil acceso al 0.1% de las ganancias de la Junta de Protección Social destinado por ley a las organizaciones. «Hay mucha burocracia, hay muchas dificultades para poder acceder a estos recursos y simplemente los dejan ahí como superávit en las instituciones», explica Cristian. 

Cristian señala que las personas que viven con VIH enfrentan además una «violencia diagnóstica» donde personas reciben información patologizante y sufren desabastecimiento de medicamentos sobre todo en las zonas costeras. Muchas personas con diagnósticos nuevos son echadas de sus hogares.

Pese a esto, los activismos han logrado hitos significativos. Uno de ellos es la aprobación del Día Nacional de la Prueba del VIH cada 27 de junio, una ley que busca promover la concientización y la prevención como parte de la salud pública. Además, la incidencia ahora se respalda en estudios liderados por la propia comunidad sobre violencia y estigma.

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“En Centroamérica existimos, resistimos. El VIH no discrimina ningún tipo de frontera; no solamente existe el primero de diciembre de cada año. Tenemos que trabajar para que no se vea como una sentencia de muerte, sino que con el tratamiento uno puede vivir una calidad de vida real”, concluye Cristian.

Chile: ley obsoleta y activismo desgastado

Chile se encuentra en una posición ambivalente respecto a sus políticas públicas de VIH. Si bien existen garantías de salud consolidadas, el panorama sociopolítico actual con la llegada a la presidencia del ultraderechista José Antonio Kast, podrían estar en riesgo.

Guille Sagredo, activista involucrado en temas de salud sexual y derechos de la diversidad sexual comenta que los avances logrados podrían estar en peligro. “En Chile no hay un derecho a la salud universal, pero sí existen algunas enfermedades que están aseguradas. El VIH es una de esas, incluye la terapia, incluye el test, incluye después los exámenes, el tratamiento. Estas garantías están reguladas por la Superintendencia de Salud, lo que permite que los reclamos por falta de medicación o diagnóstico tardío estén mucho más protocolizados», explica Sagredo.

La Ley de VIH se creó en 2001. En los últimos tres años, organizaciones sociales han intentado articular una reforma a la ley de VIH pero no ha sucedido. 

Uno de los problemas de la ley es que opera por la vía civil. Si una persona demanda a otra o a una empresa por revelar su diagnóstico o por discriminación laboral, el proceso puede ser largo y las multas suelen ser a “beneficio fiscal y no para el demandante”, señala Sagredo.

A pesar de que el Estado ofrece recursos como preservativos y testeos, Sagredo observa que existe una brecha significativa en su utilización. “El problema central radica en que la mayoría de las personas no se hace el test o no usa condón porque no está dentro de la percepción del riesgo. Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Sexualidad refuerzan esta idea. Indican que solo una quinta parte de la población considera relevante el testeo, pero sin pasar a la acción concreta”, dice Sagredo.

Además de la ley de VIH, el sistema chileno utiliza otras herramientas legales para garantizar los derechos de las personas que viven con VIH. Entre ellas están las GES (Garantías Explícitas de Salud) que regulan la entrega de medicación, la realización de tests y el acceso al diagnóstico. También la ley Antidiscriminación (Ley Zamudio) y la ley de Protección de Datos Personales.

“Desde los activismos, la verdad es que las dos constituyentes nos dejaron bastante desarticulados, desgastados como sociedad civil en general. No solamente en VIH o en temas LGBT. La juventud tampoco está muy interesada en levantar estos temas. Lo que sí es que en los últimos 3 años, 2 años, se ha ido rearticulando las plataformas sociales ligadas al VIH. Eso ha sido súper interesante gracias a la articulación con diputados también por una reforma a la ley de VIH que hoy se ve imposible con el nuevo gobierno», agrega Guille Sagredo.

Oportunidades en la región 

La innovación legislativa en Argentina con la Ley 27.675 demuestra que es posible integrar el VIH en la seguridad social. En México, la digitalización con el expediente electrónico y el presupuesto expreso para la diversidad abren puertas a una atención más eficiente. En Costa Rica y Colombia, la pedagogía y el trabajo entre pares surgen como herramientas para brindar «soluciones más específicas» a poblaciones diversas y descentralizadas 

El factor común en toda la región es que la respuesta al VIH ha sido sostenida históricamente por la sociedad civil. Como concluyen las fuentes, sin un compromiso estatal genuino que nutra financieramente a estas organizaciones y elimine el estigma desde la educación, las leyes más avanzadas del mundo seguirán siendo «promesas incompletas».

Este proyecto cuenta con el apoyo de la IAS (International AIDS Society) a través de los Community Project Grants, en el marco de los preparativos rumbo a la Conferencia AIDS 2026.