Perú 2024: El año en que el ministerio de Salud patologizó a personas trans y hubo pocas buenas noticias para LGBT
El Decreto Supremo que patologiza a personas trans continúa vigente en un año que será recordado por sus retrocesos y unas pocas victorias, ganadas a pura persistencia LGBT.
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LIMA, Perú. Este fue un año de retrocesos en derechos para la población LGBTIQ+ en Perú. Fuimos noticia (y vergüenza) mundial por el decreto supremo que publicó el Ministerio de Salud tildando a estas personas de enfermas mentales, en especial a las trans. Aunque el régimen de Dina Boluarte fue ampliamente criticado por retrotraernos al pasado, hasta hoy no hay ninguna intención de anularla.
En tanto, gran parte de la diversidad sentimos que viajamos en el tiempo, hacia atrás con el proyecto de ley de unión civil entre parejas del mismo sexo aprobado en la Comisión de Justicia y DDHH del Congreso. Un proyecto que ya se presentó en el Parlamento en los años 2013 y 2016. Un proyecto que ya no se debate en casi ningún país de América Latina. Unproyecto desfasado. Pero que debe aprobarse en el Pleno del Congreso para garantizar, al menos, algunos derechos básicos. Y, aun así, muchas de nuestras autoridades destilan homofobia, convocan marchas y crean contrapropuestas para que esta norma no obtenga luz verde, porque piensan que tampoco la merecemos y que sería una amenaza para la existencia de las “verdaderas familias”.
2024 ha sido un año de impunidad para las víctimas y sus familiares a los que incontables veces Dina Boluarte, sus ministros, congresistas y altos mandos policiales y militares han culpabilizado de las muertes de 2022 y 2023, llamándoles terroristas y criminalizado sus manifestaciones. En 2024 además se reveló que más de 500 niñas de la Amazonía fueron abusadas sexualmente por sus profesores desde el 2010, sin que la mayoría sean castigados. Y un ministro de Educación dijo que estos abusos “son prácticas culturales”. El 2024 también será recordado por el año en que los restos del dictador Alberto Fujimori fueron despedidos con honores de Estado.
Una de las buenas noticias del año para la comunidad LGBTIQ+ y sus aliadxs: Fer, una valiente mujer lesbiana, ganó el juicio contra su agresor. El violador sexual ha sido condenado a 13 años de cárcel. La sentencia es inapelable.
Con su historia iniciamos este balance que Presentes realiza desde 2017, con el recuento de derechos y violencias hacia la diversidad sexual en Perú.
Poder Judicial condenó al agresor sexual de una mujer lesbiana
Fer fue víctima de violación sexual como castigo por su orientación sexual. Ocho años después, su agresor fue condenado. “Por primera vez se sancionó penalmente la violencia sexual contra una mujer lesbiana. Esta sanción da un mensaje simbólico de que la violencia por prejuicio contra las mujeres lesbianas no va a quedar impunes y serán castigadas en Perú”, afirma a Presentes la ONG Promsex, encargada de la defensa legal de Fer.
El año 2017 Fer estaba en una discoteca con sus amigas y con Julio Martín Vigo Cipriano. Empezaron a tomar unas cervezas. Cuando se quedaron solos, a pesar del evidente estado de ebriedad de Fer, y sabiendo además que era lesbiana, el tipo intentó besarla, pero fue rechazado. Más tarde llevó a Fer al departamento de ella y la violó.
Junto a Promsex ella interpuso una denuncia. En el proceso, Fer se enteró que este sujeto había intentado agredir sexualmente a otras mujeres lesbianas en estado de ebriedad. Luego de muchos años de sentencias, absoluciones y apelaciones, en agosto del 2024, el Poder Judicial condenó al criminal a 13 años de cárcel. La sentencia es inapelable.
“Este mensaje (de no impunidad en el caso de Fer) es importantísimo. En nuestro país la violencia de género es estructural y sistemática contra las mujeres. Esta violencia se incrementa más cuando las mujeres tienen mayores condiciones de vulnerabilidades como nivel educativo, condición económica u orientación sexual no convencional como es el caso de las mujeres lesbianas”, explica Promsex a Presentes.
Los medios de comunicación deben respetar las identidades trans
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En enero del 2024 la comunidad festejó la histórica sanción al canal de televisión ATV y al programa Magaly TV, por la discriminación transfóbica hacia Etza Wong y su personaje “La Uchulú”. Durante su participación en uno de los episodios del reality “La Casa de Magaly”, el nombre legal de Etza Wong fue difundido en señal abierta por el maquillador Carlos Cacho. El presentador de televisión Andrés Hurtado – hoy en prisión preventiva por presunto tráfico de influencias y lavado de activos- también la humilló por su identidad de género.
“Marcando un precedente para proteger la dignidad de las personas trans en los medios de comunicación a nivel nacional. Las mujeres trans estamos hartas de ser objetos de burla”, afirmó la organización de mujeres trans Féminas Perú en sus redes sociales.
La multa impuesta por la Sociedad Nacional de Radio y Televisión fue de 25,750 soles. La sanción incluyó la orden de realizar capacitaciones en temas de género y derechos trans para la famosa conductora del programa, Magaly Medina, y su equipo, con el objetivo de prevenir futuros actos de discriminación.
Por primera vez una persona intersex exigió justicia ante el Tribunal Constitucional
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Eidan, con el apoyo de la ONG Promsex, demandó este año ante el Tribunal Constitucional (TC) el cambio de sexo y nombres en sus documentos de identidad. También pidió que el Seguro Social de Salud (EsSalud) deje de poner en riesgo su vida y la de otras personas intersexuales.
Nacido hace 43 años en la casa de sus padres en la sierra peruana, Eidan fue identificado por la partera como una niña, y registrado así. Su nombre lo eligió él tiempo después, porque se autopercibía hombre. Años más tarde supo que había nacido con testículos no descendidos, otras características físicas intersexuales y cromosomas XY, que son considerados los cromosomas sexuales masculinos. Era una persona intersex.
Hace más de seis años Eidan acudió a Promsex porque su vida estaba en peligro. En su calidad de asegurado de EsSalud tuvo barreras para acceder a atención médica porque figura en el sistema con género femenino. Según explicó Promsex, no se registró su diagnóstico del examen cariotipo (una prueba para examinar cromosomas en una muestra de células) por no corresponder al sexo registrado. En consecuencia, no pudo acceder a los exámenes complementarios necesarios y atenciones especializadas, pese a que presentaba dolores fuertes y riesgo de cáncer testicular.
Uno de los objetivos principales de este litigio es que el TC declare “estado de cosas inconstitucional” el limitar las atenciones a las personas en base al sexo establecido en los documentos nacionales de identidad y no a las necesidades en su salud. También se está pidiendo “un estado de cosas inconstitucional” a la ausencia de un procedimiento administrativo que permita realizar el cambio de nombres y sexo de las personas intersex y trans en el Perú. Esto les evitaría pasar por un proceso judicial que dura años y requiere pagar a un abogadx. El TC tendrá una decisión determinante que garantizará o no los derechos básicos de muchas personas intersex en Perú.
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Tribunal Constitucional discrimina a familias homoparentales
Desde 2016, Darling Delfín y Jenny Trujillo vienen batallando contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para que se les reconozca oficialmente a ambas como madres de Dakarai, un niño de 10 años. El Reniec se ha mostrado persistente en negar su derecho a esta familia, apelando una sentencia judicial que le exigía realizar este reconocimiento.
En octubre del 2022 la familia Delfín Trujillo presentó un recurso de agravio ante el TC. Recién luego de dos años, el 18 de noviembre de 2024, el máximo intérprete de la Constitución convocó a una audiencia pública para escuchar la demanda de las madres lesbianas. Durante la esperada audiencia, el colectivo Tengo dos mamás informó que algunos magistrados formularon preguntas y frases cargadas de estereotipos y prejuicios. “¿El interés superior del niño a título de qué se protege mejor teniendo dos madres?”, dijo Gustavo Gutiérrez Ticse. Mientras que Francisco Morales alegó que de reconocerlas, se podría después pedir registrar “dos, tres, cuatros madres”.
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“El TC despierta de su letargo, desidia y estancamiento para convocar a una audiencia en donde tres de siete (magistrados) tienen comentarios y preguntas basados en discriminación y discursos de odio”, afirmó a Presentes la abogada de la ONG Demus, María Ysabel Cedano, responsable del equipo de litigio estratégico del caso.
Cedano informó también que en varias oportunidades la familia Delfín Trujillo le comunicó al TC la necesidad de que programe cuanto antes la audiencia en la medida que el interés superior de Dakarai está comprometido. “Desde que tiene uso de conciencia, el niño ha tenido que lidiar con la incertidumbre que significa vivir en una familia que no es reconocida por el Estado peruano, con la ansiedad de un proceso judicial que se prolonga indefinidamente, y la inestabilidad que significa haber tenido que migrar forzadamente por los peligros que enfrenta su familia en el Perú”, comentó la abogada.
Por este retardo de la justicia peruana, se ha interpuesto una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Está en etapa de admisibilidad, a pronunciarse muy pronto. “Esperamos que la CIDH admita la petición y emita un informe de fondo con recomendaciones al Estado peruano que le permita a Dakarai tener su DNI con sus dos mamás antes de cumplir 11 años”, dijo Cedano.
Gobierno no quiere eliminar decreto supremo que patologiza a personas trans
El Ministerio de Salud (Minsa) publicó el 10 de mayo el Decreto Supremo N°009-2024 aprobando la actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS). Lo hizo basándose en la CIE-10, una clasificación internacional de enfermedades creada en 1992 que contiene categorías de diagnóstico desactualizadas y patologizantes para las personas LGBTIQ+, sobre todo, para la población trans. La clasificación que se utiliza en la actualidad es la CIE-11, publicada en el 2018. Lo insólito es que el gobierno adujo que la intención era ampliar la cobertura en salud mental para las personas trans.
Ante ello, cientos de profesionales de la salud mental y representantes de organizaciones LGBTIQ+ y derechos humanos exigieron derogar el decreto supremo y que se actualice e implemente la CIE-11. Ante la presión de la comunidad y aliadxes nacionales e internacionales el Minsa se vio obligado a emitir la Resolución Ministerial n° 447-2024/MINSA, actualizando el CIE-10 para dejar de catalogar a las identidades trans como enfermedades mentales. Sin embargo, hasta la fecha, no les da la gana de anular el decreto supremo.
Gianna Camacho, mujer trans defensora de derechos humanos TLGBI y periodista, enfatiz;o a Presentes que no basta con emitir una resolución ministerial, porque un decreto supremo tiene una jerarquía mucho más alta. “Desde que ese decreto salió, algunas personas salieron a decir: ´ya ven, sí estaban enfermos´. Mientras esto no se derogue se está contribuyendo a que tengan las mismas posturas sobre nuestras existencias”. Camacho ha estado participando desde hace cinco meses en las reuniones con funcionarios del Minsa sobre este tema y opina que “nos están paseando a nivel institucional”. “Si hasta hoy no se ha logrado tener un decreto supremo que derogue el anterior es por la evidente discriminación de este gobierno a la comunidad. Retomaremos las acciones en la calle”, afirma.
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Para Dani Silva, abogado y director ejecutivo de la ONG Diversidades Trans Masculinas (DTM), que siga vigente este decreto “muestra cuál es la agenda pública de este régimen conservador y de derechas”. La medida, explicó, legitima los discursos de odio de la sociedad y aumenta la discriminación, principalmente, en el sector salud dedicado al bienestar mental. “Claramente refuerza la percepción de que las identidades trans son una enfermedad, que somos como bichos raros, como monstruos”, dijo a Presentes.
En respuesta a este decreto patologizante, la ONG Outright International ha presentado un escrito de amicus curiae ante la Corte Superior de Justicia de Lima apoyando a Fara Zamudio Santos, mujer trans defensora de derechos humanos, en su búsqueda por anular dicho decreto. “Outright busca que el sistema de justicia peruano tome en cuenta las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que tiene el Estado peruano. La norma cuestionada no cumple con los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos pues constituye un trato discriminatorio hacia las personas trans y vulnera su derecho a la libertad personal, a la privacidad y a la salud”, dijo a Presentes Alberto de Belaunde, Codirector del Programa Queer Legal Futures de Outright International.
Tortura a niños en la Amazonía
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Un video se hizo viral en Perú en 2024 por las fuertes escenas que mostraban a dos niños siendo torturados por tener un “comportamiento femenino” en la comunidad nativa anexo Chigkan, anexo de la comunidad Kigkis, provincia Condorcanqui, departamento Amazonas. Euner Kajekui, activista awajún de la comunidad LGBTIQ+, fue quien denunció a través de las imágenes los actos de violencia que buscan “corregir” una supuesta homosexualidad en las infancias. En el video se observa cómo los niños lloran y gritan tras hacerlos rodar sobre ortiga. Kajekui advirtió que estos castigos son impulsados por discursos de odio de algunas iglesias evangélicas en la zona y que se están normalizando en las comunidades indígenas.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) afirmó en sus redes sociales que “estamos tomando medidas para identificar el lugar de los hechos y a los posibles afectados, con el fin de intervenir y contribuir a su protección”.
Si el MIMP, y otras autoridades del Ejecutivo y Congreso, leyeran el estudio de salud mental de la ONG Más Igualdad, comprenderían la gravedad de la medida. Ese informe señala que hay asociación entre haber pasado por “terapias de conversión” y un índice más elevado de ideación y pensamientos suicidas y consumo problemático de sustancias. Mientras no se incluya en la Ley de Salud Mental la prohibición y sanción de las “terapias de conversión”, será más difícil que las personas que impulsan y cometen estos delitos sientan temor de las consecuencias de sus actos.
Desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento del VIH
El 1 de agosto el Ministerio de Salud (Minsa) comunicó a los servicios de salud el cambio en los esquemas de tratamiento para el VIH a causa del desabastecimiento de antirretrovirales. Más de 100 organizaciones LGBTIQNB+ PVV Y DD.HH. realizaron un pronunciamiento en conjunto para advertir que esta medida afecta a 101 mil personas que viven con VIH en el Perú. Según indicó el Comité de Expertos en VIH, los cambios de las terapias muchas veces generan efectos adversos y riesgo de resistencia al tratamiento.
A través de un plantón los pacientes con VIH y las organizaciones exigieron al Minsa garantizar la disponibilidad de antirretrovirales sin cambios en su esquema de tratamiento, así como el respeto a los derechos de los cuidadanxs viviendo con VIH. Tras la protesta, el Minsa anunció fechas para la llegada de millones de medicinas que se necesitan para garantizar el abastecimiento de antirretrovirales todo el 2024. Pero no ha sido así.
Diferentes ONG, entre ellas Givar (Grupo Impulsor de Vigilancia de Abastecimiento de Medicamentos Antirretrovirales), continúan denunciando en sus redes sociales el desabastecimiento de medicinas en los establecimientos de salud a nivel nacional. El medio La República publicó que se reportaron 304 denuncias relacionadas con la ausencia de medicinas retrovirales, lo que representa un incremento del 59% en comparación con el año 2023.
El 2 de diciembre las ONG Promsex, Givar y AIS (Acción Internacional para la Salud) presentaron una demanda de acción de cumplimiento ante el Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, exigiendo que el Minsa garantice la compra y distribución de medicinas vitales para atender a las personas con VIH, sobre todo a quienes están en pobreza extrema.
Proyecto de unión civil sabe a sobras
En noviembre la Comisión de Justicia del Congreso aprobó el proyecto de ley que propone la unión civil entre parejas del mismo sexo. La iniciativa -presentada por el congresista Alejandro Cavero, de la bancada Avanza País (de extrema derecha y conservadora)- pasará a debate en el Pleno del Congreso, y de obtener la mayoría de votos se convertirá en ley. Este proyecto no cambia el estado civil de las parejas porque, como si fuera un contrato cualquiera, se inscribe en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y no en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Si bien protege derechos entre la pareja como los patrimoniales y sucesorios, toma de decisiones médicas, inscripción en seguro de salud – importantes en un país donde no hay ningún tipo de reconocimiento legal para las parejas del mismo sexo – no protege a la familia.
“Lamentablemente este proyecto de ley retiró toda mención a la adopción del hijx de la pareja, o a temas de afiliación, o temas de reconocimiento de hijxs que ya existen en la pareja. Eso es un tema crítico para todas las parejas homoparentales que crían hijos y que tienen familia, y que son muchísimas en Perú”, dijo a Presentes Gabriela Zavaleta, activista de la ONG Más Igualdad y vocera de la campaña por el matrimonio igualitario Sí, acepto.
Para Luisa Morcos y Mabel Aguilar, representantes de la Asociación de Familias Homoparentales Perú, esto es muy preocupante. Ambas se casaron en Chile y tienen un pequeño llamado Noam. En el DNI del niño solo aparece Mabel como madre soltera, porque en el Perú no existe una ley que diga que dos mamás o dos papás puedan tener hijxs.
“Hay una facción conservadora del Congreso que dicen ser los defensores de la familia. Pero con estas medidas discriminan a familias como la mía, porque la unión civil no da derechos sucesorios. Es decir, si yo fallezco, las propiedades las hereda mi mamá y no mi hijo. Y la unión civil tampoco me permite ingresar a mi hijo a mi seguro. ¿De qué igualdad estamos hablando? Nos siguen tratando como cuidadanxs de segunda categoría.”, afirmó Luisa Morcos a Presentes.
“El discurso político tiende a confundir. Yo he escuchado el discurso de Alejandro Cavero al momento de explicar su proyecto de ley y parece que está explicando el matrimonio. Habla de igualdad. No es igualdad hasta que no tengamos los mismos derechos que tienen todas las demás personas”, señaló Mabel Aguilar a Presentes.
Las tres entrevistadas esperan que el proyecto de unión civil sea solo un paso hacia el matrimonio civil para todas las parejas del Perú.
En tanto, diversos congresistas se pronunciaron diciendo que este proyecto es un “matrimonio disfrazado” y que votarán en contra en el Pleno porque “el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer”. Además, el congresista Alejandro Muñante -de la bancada Renovación Popular (de extrema derecha y conservadora)- presentó una contrapropuesta, el proyecto de ley “Acuerdo Patrimonial Solidario”, que solo reconoce acceso a pensión y herencia entre dos personas, y cuyo fin principal es que no se apruebe la unión civil. El proyecto es abiertamente homofóbico.
La marcha homofóbica en Lima
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, convocó a través de las redes de la municipalidad a una marcha“Por la Vida y la Familia” que se hizo el 7 de diciembre. El objetivo: movilizar personas hacia el Congreso y exigir que no sea debatido en el Pleno el proyecto de unión civil. Documentos filtrados en las redes demostraron que el alcalde tenía la intención de gastar casi 10 mil soles de la municipalidad en artículos promocionales para la marcha, pero al ser descubierto anuló el servicio de compra.
Crímenes de odio y violencias 2024
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En febrero de 2023 la parlamentaria Susel Paredes, abiertamente lesbiana, presentó un proyecto de ley contra los crímenes de odio. Su objetivo es condenar con más dureza los crímenes motivados por la LGBTIQfobia. Pero en 2024 el Estado sigue sin reconocer los crímenes de odio en el país, a pesar de que en el 2023 fueron asesinadas con ensañamiento al menos 12 mujeres trans, siete de ellas por negarse a pagar cupos a las mafias dedicadas al proxenetismo.
Como era de esperarse, la iniciativa no ha sido debatida en la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, ni menos en el Pleno.
Algunas de las violencias reportadas en 2024:
-Una mujer trans y trabajadora sexual, Jazmín, de 32 años, fue asesinada el 15 de febrero con armas de fuego en el distrito de Independencia, en Lima. La mató la mafia de extorsiones y cobro de cupos, porque ella se negaba a pagarles 100 soles semanales por trabajar en el Bulevar de Independencia. Los homicidas están sospechados de pertenecer a la banda criminal “Los cafichos de Mega Plaza”. La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte obtuvo un año de prisión preventiva contra Miguel A. De la Cruz S. alias “Azul” o “Padre”, por los presuntos delitos de banda criminal y homicidio calificado, en agravio de Jazmín.
-Cris, una mujer trans de 54 años, fue hallada sin vida el 16 de octubre de 2024 con un profundo corte en el cuello y lesiones en el cuerpo, en su propio negocio, un salón de belleza, en el distrito de Ate Vitarte, Lima. Sus familiares y vecinos se encontraban preocupados porque hacía varios días que estaba desaparecida. Cuando entraron al local, encontraron su cadáver debajo de la cama y envuelto en una frazada. El autor del crimen fue su pareja, Christopher Mancilla Medina. El criminal dijo a la policía que estaba enfurecido porque la víctima lo había amenazado.
– En el distrito de San Juan Bautista, en Iquitos (selva peruana), un matrimonio de mujeres viene siendo agredido, acosado y amenazado de muerte desde el año 2021 por su vecino, Jesús Alexander Palacios Rodríguez, frente a la desidia de las autoridades a pesar de las múltiples denuncias que han hecho. El medio La Indómita visibilizó el caso. Luz y Almendra se casaron en Argentina hace cinco años y tienen un hijo de un año. El agresor, quien administra un bar ubicado en casa de sus padres, empezó a hostigarlas y perseguirlas con expresiones lesbofóbicas. Con el tiempo sus familiares, amigos y clientes también comenzaron a burlarse de ellas. La pareja de madres lesbianas teme por sus vidas y la de su pequeño hijo.
-Un caso resonante que tuvo novedades este año es el del joven Anthony Camizán, desaparecido en el departamento de Piura (norte de Perú), el 21 de agosto del 2022. El 4 de diciembre el Poder Judicial rechazó la solicitud de prisión preventiva contra el policía Edixon Rone Córdova, principal sospechoso de la desaparición nthony tenía una relación sentimental con el policía en la que era víctima de violencia y amenazas de muerte. A pesar de las contundentes pruebas(chats y video del día de la desaparición) la justicia peruana le falló a Anthony y a sus familiares, quienes llevan buscándolo más de dos años. Asimismo, la conducción de la investigación por parte de la Fiscalía “carece de una estrategia integral y no ha logrado avances significativos. La orientación sexual de Anthony y el contexto homofóbico siguen sin ser tomados en cuenta, dejando a su familia y a toda la comunidad LGBTIQ+ sin justicia”, afirmó a PresentesAlex Núñez, presidente de Generación Orgullo, ONG que representa a la familia de Anthony ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. El acusado sigue trabajando en la Policía Nacional del Perú.
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