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Femicidio de una joven wichi: la encontraron en una zanja y la comunidad exige justicia
Edith Román era una joven wichí de 17 años, de la comunidad Betania, en Salta.
En el amanecer del viernes 13 de diciembre unos pescadores que iban en busca de carnada encontraron el cuerpo de la adolescente Edith Antonia Román. La chica asesinada de 17 años estaba en una zanja del río Pilcomayo, territorio indígena en el extremo noreste de la provincia de Salta, en el límite con Paraguay y Bolivia. Hay cuatro detenidos.
Edith era de la Comunidad Betania, pero residía a unos siete kilómetros, en San Anselmo, junto a su hermana, para ir a la escuela. Su cuerpo fue encontrado en la Comunidad Misión La Gracia, muy cerca de la Comunidad La Estrella, en el extenso departamento Rivadavia, a más de 500 kilómetros de la capital provincial.
La noticia le llegó al padre de Edith, el cacique Reinaldo Román, recién al mediodía. En medio de una tormenta, llegó a las 14 a la zanja, y reconoció a su hija. “Encontramos su cuerpito tirado en un canal ahí, cerca de la comunidad, con agua, desnuda, con golpes. La habían arrastrado y la han tirado en ese lugar, en ese pozo lleno de agua”, relató.
El domingo, después de enterrar a su hija, conversó con Presentes y dio más detalles del estado en que quedó el cuerpo de su hija, con las huellas visibles de la violencia que había sufrido.
Cuatro detenidos
La autopsia determinó que murió por asfixia por inmersión y que sufrió abuso sexual. “Presentaba traumatismo encéfalo-craneano, politraumatistmos en distintas partes del cuerpo y heridas compatibles con abuso sexual. La causa del deceso fue asfixia por sumersión”, informó el Ministerio Público Fiscal de Salta.
También informó que hay cuatro detenidos. Tes hombres mayores de edad y un chico de 15 años, todos integrantes de comunidades indígenas de la zona. Uno de ellos tenía “lesiones en distintas partes del cuerpo, compatibles con rasguños”, precisó la fiscalía. En declaraciones a Radio Nacional el fiscal penal Gonzalo Vega dijo que dos de los imputados son hermanos.
Reinaldo Román no tiene duda sobre la responsabilidad de los detenidos. Señala que hay un quinto involucrado. La única testiga, la prima con la que Edith había salido la noche del 12 de diciembre, no pudo identificarlo porque no lo conocía previamente.
Román contó a Presentes que sabe por los dichos de la prima, Mabel Segundo, de 20 años, salieron a las 20 del 12 de diciembre. Se encontraron con un grupo de jóvenes, entre los que estaban los ahora detenidos, el quinto no reconocido y el novio de la prima. Estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas y escuchando música. A las 4 de la madrugada la prima y su novio se retiraron. La joven regresó a eso de las 5 pero ya no encontró a nadie y se retiró a su domicilio.
Asentamientos rurales
Las comunidades mencionadas en este relato se ubican en la ribera del río Pilcomayo y al costado de la ruta provincial 54. En el tramo comprendido entre Santa Victoria Este y Misión La Paz, el último pueblito argentino antes del puente internacional que comunica con Pozo Hondo, en Paraguay. Es una zona rural, con asentamientos poblacionales desperdigados en todo el recorrido.
Reinaldo Román explicó que su hija, su prima, los jóvenes y el adolescente que estuvieron con ellas se reunieron a un kilómetro de la ruta. “Todo lo previo (a la muerte) se hizo ahí”, aseguró. Lo sabe, dijo, porque quienes llegaron a ese punto antes de la tormenta pudieron ver las marcas en la tierra. “Desde ahí la arrastraron hasta la zanja donde la tiraron”. Para cuando llegó el equipo de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, ya a la medianoche del 13 para el 14 de diciembre, estas huellas habían sido borradas por la lluvia.
Alcohol, drogas y violencia
Román, como otros caciques de la zona, responsabilizan al consumo de drogas y alcohol por este hecho de violencia y otros que vienen sufriendo en las comunidades, permeadas por el constante contrabando de sustancias prohibidas.
El diagnóstico es compartido por el fiscal Gonzalo Vega. “Es una situación que se está dando en todas las comunidades últimamente, y no solamente en las comunidades, sino también en las ciudades”, afirmó. Detalló que en “todos los últimos delitos” de gravedad “siempre ha estado de por medio el alcohol y el consumo de estupefacientes”. “Cada vez está escalando más la violencia y fruto del consumo de estas sustancias. Efectivamente, esto está haciendo que los casos sean más graves y con más violencia”, ratificó.
Reinaldo Román dijo que su hija ya venía sufriendo episodios de violencia, que a veces llegaba a la casa llorando. En declaraciones a otros medios afirmó que había sido amenazada para que no denunciara esta violencia.
En la conversación con Presentes indicó que junto a la coordinadora de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, Cristina Pérez, están organizando una reunión de caciques en Santa Victoria Este para “hablar del tema de la bebida, el acohol, de la droga. Todas esas cosas. Ya no pueden pasar esas cosas como pasó con mi hija. Voy a pedir justicia”, sostuvo.
Román destacó en este sentido los hechos de violencia que hubo en noviembre último en Alto La Sierra, población ubicada más de 70 kilómetros al sudeste de Santa Victoria Este, donde habitantes originaries quemaron una casa que era usada para la venta de estupefacientes y donde se habrían cometido abusos sexuales a menores de edad.
También el presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcfomayo (UACOP), Abel Mendoza, dijo a Presentes que están organizando una protesta para reclamar políticas de prevención. Y también él vinculó la muerte de Edith con los consumos de drogas.
Violencias estructurales y criollos
Los caciques apuntan a la venta a toda hora de alcohol etílico y drogas al menudeo, actividad por la que en general señalan a personas no indígenas, los llamados “criollos”.
“Como caciques estamos muy preocupados por esta venta de sustancias prohibidas”, dijo Mendoza. Contó a Presentes que mantuvo encuentros con referentes comunitarios de Tartagal, la ciudad más cercana al territorio del Chaco salteño, y que mañana regresará a esa zona para otra reunión con comunidades de la ruta nacional 86. La semana pasada hubo otra reunión en La Puntana, la comunidad más cercana a Bolivia.
Santa Victoria Este está en el límite tripartito que Argentina comparte con el Estado Plurinacional de Bolivia y Paraguay. Desde hace ya un tiempo las comunidades indígenas viene alertando sobre el crecimiento del contrabando de drogas por los múltiples pasos que existen entre ambas fronteras, y el consiguiente aumento del consumo en jóvenes y hasta niñes de las comunidades.
En Santa Victoria Este “hay gran cantidad de drogas”, al punto tal que toda esa zona es “tierra de nadie”, aseguró el referente. Dijo que la droga es pasada en canoas y a nada por el río Pilcomayo. “Pasa la gente como si nada”, “no hay control de nada”, insistió.
En el mismo sentido, señaló que en Santa Victoria Este el único destacamento policial no tiene movilidad propia, que pidieron que sea elevado a comisaría y se los provea de mayores recursos. De hecho, en el caso de Edith Román, la policía recién llegó al lugar a las 15. Y el equipo de criminalística, que tuvo que viajar desde la ciudad de Orán, a casi 300 kilómetros, llegó pasada la medianoche.
“Nosotros estamos a la intemperie, sufriendo estos atropellos del narcotráfico”, aseguró Mendoza. Reseñó hechos de violencia sexual que atribuyó al consumo de pasta base, marihuana, cocaína y alcohol etílico. Frente eso, “lo único que nos dicen es que no hay fondos”, cuestionó al Estado provincial y al gobierno nacional.
También reprochó al Poder Judicial de Salta, del que dijo que no les acompaña cuando denuncian a quienes venden drogas y alcohol. “Nos sentimos abandonados por el Estado. Te da impotencia, bronca”, afirmó antes de recordar, en esta suma de malas noticias, la derogación de la ley 26160, que protegía de desalojos a las comunidades.
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