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Una red exige acciones para proteger los derechos de las personas LGBT migrantes de Latinoamérica
Más de 30 organizaciones debatieron sobre la vulneración de los derechos de personas LGBT migrantes. Por qué es necesario visibilizar una migración cis-no heterosexual.
El incremento de la xenofobia, vulneraciones a los derechos de las personas LGBTIQ+ y la urgencia de que los Estados intervengan con acciones claras, son algunos de los puntos que se debatió en el IV encuentro de la Red Regional de Protección a Personas LGBTIQ+ Migrantes, Refugiadas y Solicitantes de Asilo en las Américas.
Más de 30 organizaciones en Cartagena de Indias intercambiaron saberes, buenas prácticas, la situación de vulneración de derechos humanos para estas poblaciones en sus territorios, las deudas de los Estados y las oportunidades que desde la Red construyen para que las personas LGBTIQ+ en movilidad estén informadas y reciban apoyo comunitario, institucional y protección internacional con enfoque diferenciado.
La Red Regional de Protección a Personas LGBTIQ+ Migrantes, Refugiadas y Solicitantes de Asilo en las Américas nació en 2019. Su origen está vinculado a los desafíos que las personas LGBTIQ+ migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo enfrentan en la región. Sobre todo, en consecuencia, a la discriminación, violencia generalizada, y falta de enfoques y perspectivas por parte de actores clave sobre las necesidades específicas de las personas LGBTIQ+ en su derecho a recibir asilo debido a la violencia y persecución por su orientación sexual, expresión e identidad de género.
Este cuarto encuentro de la Red tiene vigencia por tres aspectos, según lo explicó a Presentes, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo. La organización colombiana que da acompañamiento jurídico y psicosocial a personas LGBT en situación de movilidad humana.
“Las crisis humanitarias en la región ha aumentado el nivel de personas LGBTIQ+ en movilidad humana que están transitando buscando mejor calidad de vida. Las organizaciones sociales tenemos que transformar nuestras estrategias para dar una respuesta. El incremento de la xenofobia que, unido a prácticas de prejuicio por orientación sexual, identidad y expresión de género está agudizando la vida de las personas LGBTIQ+ y debemos exigirle a los Estados acciones contundentes para que en la atención humanitaria y la atención migratoria existan enfoques diferenciales que garanticen una atención adecuada a las personas LGBTIQ+ en procesos de movilidad humana”.
Los desafíos que enfrentan las personas LGBTI+ en situación de movilidad
Durante los tres días del encuentro (23 al 25 de octubre) las distintas organizaciones compartieron la situación que enfrentan las personas LGBTI+ migrantes y refugiadas en distintos territorios de la región. Las rutas que toman, las formas cómo se informan sobre cómo migrar y solicitar refugio y las vulneraciones a sus derechos humanos que enfrentan en sus países y el de tránsito.
De manera generalizada durante las discusiones se pudieron identificar algunos elementos compartidos por la mayoría de las organizaciones. Ellos son la falta de acceso a servicios de salud incluyendo atención a personas que viven con VIH; falta de políticas públicas y acciones afirmativas que validen certificados educativos y así garantizar el derecho a la educación y el trabajo y su integración social. Además de la dificultad para acceder a documentación en los procesos de regularización, sobre todo a personas trans, en la que se respete su nombre elegido, su expresión e identidad de género.
Otro factor es que algunos países de la región siguen sin reconocer los derechos y las vulneraciones de las personas LGBTI+. Ello es motivo de persecución y salida de sus países, tampoco hay protección a la discriminación como en Guatemala, El Salvador y Honduras.
“No se reconoce la vulneración a su orientación sexual o identidad de género, lo cual es motivo de persecución. Son, por lo tanto, víctimas de discriminación, de redes de trata y violencia estructural de las instituciones de su Estado. No hay seguimiento al acceso a la justicia, salud y otras garantías de derechos humanos. En Guatemala tampoco son reconocidas como vulneración todas esas violaciones en su ruta o en el país como tal. Y hay abuso de las autoridades que hacen cobros no permitidos y con eso les limitan el acceso o el tránsito”, explicó a este medio Ale Morales, integrante de la Asociación Lambda.
Falta de enfoques diferenciados
Esta misma falta de reconocimiento de esas vulnerabilidades es ejercida por las autoridades migratorias. La falta de capacitación y sensibilización limita la garantía al derecho al asilo y refugio de las personas LGBTI+.
“La violencia generalizada, los crímenes de odio, procesos de discriminación de manera más acotada en entornos familiares y comunitarios son otros factores que podrían elevar los riesgos y necesidades de desplazarse a otros países en búsqueda de protección internacional. De ahí la importancia de tener atenciones diferenciadas a través del tránsito, en las casas de acogida. Pero también en los procesos de asilo identificando estas necesidades y contextos sobre los que estas poblaciones podrían verse afectadas. Al mismo tiempo identificando que no es un grupo homogéneo, y que, por ejemplo, las personas trans podrían estar en mayor riesgo”, comentó en entrevista Cristina Sousa. Ella trabaja como asociada de protección comunitaria en la oficina regional de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Las políticas migratorias con sesgos racistas y xenófobas. La militarización y el control de las fronteras por parte del crimen organizado son otros obstáculos que compartieron las organizaciones. Incluso la repartición de la ayuda humanitaria y los espacios de alojamiento que en su gran mayoría no trabajan con un enfoque de diversidad sexual y de géneros, y han documentado que son espacios en donde aumenta el riesgo de las personas LGBTI+ a vivir discriminación y violencias.
“Las pocas ayudas que hay no tienen perspectiva de diversidad. Las personas son alojadas en lugares donde hay agresores hacia la orientación sexual e identidad de género. Las ayudas que entrega ACNUR son en lugares religiosos donde son revictimizadas y en Argentina en particular, en este contexto político, sabemos que ya está habiendo y va a haber más retrocesos en materia de reconocimiento de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Así que estamos alertas”, dijo a Presentes, María Rachid, integrante de la Federación Argentina LGBT.
“Visibilizar una migración no cis-heterosexual”
Las organizaciones dedicadas a acompañar personas LGBTI+ migrantes y refugiadas insistieron en que trabajar en red ayuda también a fortalecerse de manera interna. Mejorar y adoptar buenas prácticas, crear y mantener albergues para personas LGBTI+, migrantes y refugiadas. Y, además, crear acciones locales y regionales para dar respuesta a las necesidades de estas poblaciones y en la incidencia política con organizaciones humanitarias y los Estados.
“Es muy importante reconocer la importancia de esta red para visibilizar que hay una migración no cis-heterosexual. Estamos construyendo acciones poco a poco y en ese sentido estamos ganando un territorio que garantiza derechos y permite que las personas LGBTIQ+ que salen de sus países tengan espacios de cuidado a los países donde llegan. Y principalmente, reconocer la participación política y la agencia política que tienen las personas migrantes y refugiadas LGBTIQ+. Hacemos una acción política, tenemos trayectorias de vida y una agencia que tenemos que seguir fortaleciendo comunitariamente en términos de derechos”, dijo a Presentes, María Botero, parte de la Rede Milbi y de la secretaría técnica de la Red.
Al finalizar el encuentro se rescató el valor de estos espacios para la generación de conocimiento, información, datos y producción de informes, que ayuden a conocer estas realidades. Y, en consecuencia, incidir en las instituciones migratorias de los Estados que tienen por responsabilidad brindar apoyo y asegurar la protección de los derechos de las personas LGBTI+ en movilidad.
Las organizaciones participantes son de México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Paraguay. También se juntaron con un objetivo: llevar acciones comunitarias que incorporen enfoques de diversidad sexual y de géneros para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas LGBTI+ hacia la próxima revisión de la Declaración de Cartagena 1984 que sucederá este diciembre en Santiago de Chile.
La Declaración de Cartagena 1984 es un documento amplio de cooperación y responsabilidad entre países de la región que abarca la protección y tratamiento que ha de brindarse a las personas migrantes y refugiadas.
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