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Por qué mujeres trans y travestis demandan al Estado por violencia institucional y exigen derecho a seguridad social
Trece mujeres travestis y trans denuncian el Estado argentino por violencia institucional. Y exigen a la Justicia su derecho a seguridad social para que trans mayores de 50 años tengan una vida digna.
BUENOS AIRES, Argentina. El Archivo de la Memoria Trans junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron una acción de amparo en la que denuncian la violencia institucional. Y exigen ante la Justicia su derecho a una seguridad social para que las personas trans mayores de 50 años tengan vida digna.
“Realizamos esta acción legal con trece personas firmantes entregando nuestros propios legajos policiales luego de una investigación de cuatro años”, dijo a Agencia Presentes, María Belén Correa, fundadora y directora del Archivo de la Memoria Trans. “Estamos presentando las pruebas necesarias de la violencia que sufrimos. Memoria y verdad siempre tuvimos, pero nunca llegamos a la justicia”, agregó.
El amparo lleva la firma de María Belén Correa, Lara María Bertolini (Diversidad y Justicia), Marcela Ángela Saibek, Andrea Soledad Vargas, Candela Nicolosi, Nicole Valentina Chavez, Paula Ezkerra Rodríguez (T.A.E. Trans Argentinas Exiliadas), Wanda Eliana Galeano (Biblioteca Claudia Pia Baudracco), Ivana Tintilay (Puta Orgullosa), Alma Rosacintia Agüero, Patricia Alexandra Rivas, (Históricas Argentinas Sobrevivientes), Dalia Silvana Álvarez Valverde y Romina Campo.
Una violencia entre todas las violencias
Rodeadas del legajo policial que empapelaba las paredes de la sala del CELS, María Belén Correa, Lara Bertolini, Ivana Tintilay, tres de las denunciantes, junto a Lucía de la Vega y Quimey Ramos en representación del organismo, encabezaron la conferencia de prensa el viernes 1 de noviembre, en la previa de la 33 Marcha del Orgullo en Buenos Aires, que se realizó al día siguiente.
“Ese legajo es sólo una parte del de una compañera”, dijeron al comenzar la conferencia, para dimensionar el tamaño del hostigamiento y persecución policial. En las intervenciones dieron cuenta de la violencia institucional que sufrieron no sólo por parte de esa institución. Esa violencia estructural también les impidió acceder a una jubilación o pensión, y al derecho a la salud.
“Estamos aquí representando aquello que ha pasado al olvido y no ha podido ser discutido dentro de la comunidad LGBTIQ con nuestra propia voz y en primera persona. Pero no podemos dejar de olvidar ni de rescatar la historia de nuestra persecución y resistencia. Ése es el pilar fundamental de esta acción de amparo y la medida cautelar correspondiente. Desde 1950 con la creación de los edictos policiales, aplicables en las provincias y municipios con su correspondiente codificación específica, se pudo establecer la persecución de las trans, hasta el año 2012”, dijo Correa.
La acción de amparo consiste en un pedido para que el Estado argentino reconozca esta violencia estructural y extienda los alcances de la Ley 24.241 de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones para brindarles una prestación básica universal.
Hacia el futuro
“Queremos dar un mensaje a toda la sociedad para que las nuevas generaciones trans no pasen por la persecución policial, para que no vivan todos los atropellos que hemos vivido nosotras. Es una manera de concientizar” expresó a Presentes, Ivana Tintilay.
Ivana fue la primera de las trece que se ocupó de buscar su legajo. Y debió recorrió esos mismos pasillos por donde caminaba cuando era detenida durante su adolescencia. A diferencia de otras compañeras, para ella no fue dificultoso acceder a su documentación.
“Llegué con mi documento en 2018 y pedí hacer el trámite. Cuando empezamos no sabíamos que había una ley por la que era nuestro derecho ir a buscar nuestro legajo”, contó durante la conferencia de prensa. “Cuando tuve el expediente, mi abogada me dijo que lo leyera, pero para mí no había nuevo que no supiera. Tenía en la memoria todas las comisarías por las que pasé detenida y todo lo que me había pasado. Me insistió a que lo leyera una y otra vez, hasta que me di cuenta que todo el legajo me llamaba como ‘Jorge Eduardo’.
Además, recordó, “mientras en 1983 la Argentina festejaba la democracia, en nuestras vidas eso no nos afectaba. Las detenciones policiales arbitrarias, los vejámenes en calabozos, las brutales golpizas y los trans feminicidios y travesticidios que se producían a diario, no se detuvieron. Esta situación jamás nos permitió acceder a la salud, a un trabajo digno o cualquier acción referida a la seguridad social, como principio universal de derecho humano. La democracia para las trans llegó en el 2012, mientras entrábamos a nuestras hermanas y compañeras que no resistieron tantas décadas de agonía, persecución y muerte”, finalizó.
Un motivo más de orgullo
Quimey Ramos es activista travesti y trabajadora del CELS. Su tarea en estos cuatro años fue redactar los hechos que vivieron estas primeras 13 denunciantes. “Quiero contarles que a ellas se les preguntó hasta el hartazgo por qué eran así. Por qué son quiénes son. Ellas no dieron una misma respuesta. Gobiernos, médicos, docentes y padres se empeñaron entonces en encontrar una razón. Ellas no sabían la razón, pero sabían que nada de malo hay en la verdad”, expresó con emoción.
Luego de la conferencia, en diálogo con Presentes, Quimey afirmó: “La importancia política en este momento más que nunca tiene que ver con un sentido de memoria y de justicia hacia el pasado como la posibilidad de futuro. Y hacia el futuro efectivo de las 13 travestis y trans que están animándose a impulsar esta denuncia por todos los crímenes que han tenido que padecer en manos del Estado argentino”.
“Hay memoria que construimos”, destacó. “Hoy abundan los relatos que apuntan a decir que las personas trans y travestis somos un fenómeno de moda pasajera. De esa manera (entre muchas otras) ponen en cuestionamiento nuestros derechos, nuestra igualdad ante la vida. Es muy importante poder explicar que el rechazo social que muchísima gente sin pensarlo siente hacia nosotras, no ha nacido de un repollo. Es producto de la persecución policial y todas sus consecuencias, en primer término«, explicó Quimet.
Un grupo reducido que sobrevivió
Quimey recuerda que la persecución terminó en Capital Federal a mediados de los 90 pero que en Provincia de Buenos Aires los edictos policiales que criminalizaban a las personas trans se derogaron recién en 2010. Y que, tanto en Mendoza como en Formosa, rse derogaron en 2012 con la sanción de la Ley de Identidad de Género. “Es importante recordarlo para mirar hacia adelante con criterio. Y entender por qué somos entonces una minoría expulsada y sistemáticamente marginalizada”, agregó.
Acerca de las víctimas, destacó que son “un número muy reducido de la población”. Destacó los datos publicados por el Registro Nacional de las Personas en 2022. “Da cuenta de que la mitad de la población travesti que cambió su documento y falleció para el 2022 tenía 44 años en promedio. Hay un 25% que tenía 35 años aproximadamente, y el 75% total ha muerto antes de los 53 años. Entonces hablamos de un grupo muy reducido que si están vivas no es gracias a las garantías que el Estado argentino les debiera haber dado. Es gracias a otros factores absolutamente vinculados a su propia capacidad de subsistencia y de supervivencia”.
“Estamos aquí para que nuestros propios archivos hablen”
A su lado, Lara Bertolini destacó. “Esta presentación nos da la posibilidad de poder incorporarnos en forma preventiva de acceso a la seguridad social, con las características extraordinarias para no repetición y el olvido de parte del Estado argentino”.
Entre lágrimas, agregó: “Las 13 sobrevivientes aquí presentes y aquellas que se encuentran exiliadas en diferentes lugares del mundo, les dejamos nuestros archivos policiales, nuestra historia y nuestra unión, para poder establecer que las mujeres y femineidades trans seguimos construyendo jurisprudencia, legislación, democracia y justicia a pesar de todo”.
“Estamos aquí para que nuestros propios archivos hablen. Para que nuestras propias existencias hablen y para que nuestra venganza sea que estamos tratando de llegar a viejas y que lo hagamos con dignidad”. Bertolini expresó que su generación “la pasó un poquitito mejor porque transicioné en los 90. Pero esta violencia empezó en la década de 1950 y tenemos que hacernos cargo que hoy lo seguimos viviendo”.
También desde el CELS, Lucía de la Vega destacó: “En un año en el que nos ha tocado hacer acciones de defensa, esta es nuestra primera acción legal ofensiva. Tiene como novedoso el pedido de que el Estado garantice la seguridad social a mujeres trans mayores de 50 años. Es algo transformador, que la sociedad y la democracia argentina les debe”.
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