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Desapariciones en México: “La impunidad es casi absoluta»
La crisis de desaparición forzada en México es un problema complejo y multidimensional que ha afectado gravemente los derechos humanos en el país.
En México nos faltan más de 115 mil personas de acuerdo a la cifra oficial del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). La crisis de desaparición forzada en México es un problema complejo y multidimensional que ha afectado gravemente los derechos humanos en el país. A pesar de los esfuerzos legislativos, los desafíos persisten para garantizar verdad, justicia y reparación. Y son las familias de las víctimas quienes continúan siendo un motor crucial en la lucha por mejoras reales en el sistema de justicia y forense con el fin de encontrar a sus seres queridos.
El 30 de agosto se conmemora el día internacional de las víctimas de desaparición. En México esta violación a los derechos humanos no es reciente pero ha cambiado y ha incrementado y se ha complejizado en las últimas dos décadas.
De 1960 en adelante las desapariciones fueron un método de represión política usado por funcionarios del gobierno y fuerzas armadas contra grupos sociales que se oponían al régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI). A partir de 2006 las desapariciones de personas tienen distintos perpetradores y las víctimas ahora pueden ser cualquier persona.
La crisis forense en México ha sido una consecuencia directa de la crisis de desaparición de personas. La investigación Crisis Forense elaborada por el medio A dónde van los desaparecidos reveló que el sistema forense en México está saturado y los recursos para la identificación de personas son insuficientes. La falta de infraestructura adecuada y protocolos estandarizados en el sistema forense también ha sido criticado tanto por organismos internacionales como por las propias familias de las víctimas.
Esto ha llevado a que miles de cuerpos permanezcan sin identificar en fosas clandestinas, en los servicios médicos forenses (SEMEFO), o donados a facultades de medicina y llevados a fosas comunes. Esta otra problemática se suma a la agonía e incertidumbre prolongada de miles de familias.
Hoy de acuerdo a datos oficiales 115 mil 572 personas están desaparecidas. Hay más de 5 mil 600 fosas clandestinas y más de 52 mil personas fallecidas sin identificar. *
*Éstos son los datos más recientes consultados el 29 de agosto de 2024.
La estrategia de seguridad y los ddhh
La crisis de derechos humanos en México lleva décadas, pero comenzó a ser más visible y profunda a partir del año 2007. Fue cuando el expresidente Felipe Calderón declaró la “guerra contra el narcotráfico” bajo una fallida estrategia de seguridad pública en donde el ejército y las fuerzas armadas salieron de sus cuarteles y comenzaron a hacer tareas de seguridad en las calles.
De a poco se empezó a popularizar una palabra que ayudaría a describir el horror de la desaparición: “levantón”. Le puede pasar a cualquiera. Saliendo de casa, yendo a una fiesta, de camino en la carretera. Mientras, las autoridades y medios de comunicación revictimizaban a toda persona que le pasaba. “Seguro en algo andaba”, decían.
De acuerdo a los datos públicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2007 a la fecha aumentan las quejas contra las fuerzas armadas. Incluida la Guardia Nacional (una policía militarizada creada por el gobierno de Andés Manuel Lopez Obrador que también hace parte de la estrategia de seguridad pública) por su involucramiento en violaciones graves a los derechos humanos como tortura, desapariciones, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
A pesar de estas evidencias el gobierno actual de Obrador mantiene la misma estrategia fallida de seguridad pública y también fortaleció a las fuerzas armadas con recursos económicos y recientemente con facultades en reformas constitucionales.
El nuevo gobierno que iniciará el 1 de diciembre a cargo de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no ha manifestado una postura distinta. sino todo lo contrario, ha dicho fortalecer al ejército, la Guardia Nacional y mantener la militarización del país.
“Impera una impunidad casi absoluta y la revictimización”
Organismos internacionales como el Comité contra la Desaparición Fornzada de Naciones Unidas (CED) en su primera visita en noviembre de 2021 documentó y condenó que la escalada de violencia entre cárteles de droga y la intervención militar contribuyen al aumento exponencial en el número de personas desaparecidas y violación a otros derechos humanos en México.
Además, ordenó al gobierno mexicano a crear una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones. En septiembre de 2023 el CED aseguró en un informe que el Estado mexicano, continúa sin crear acciones para acatar esas recomendaciones y lograr prevenir la desaparición de personas.
“El Comité reitera su profunda preocupación porque se mantiene una situación generalizada de desapariciones frente a la cual impera una impunidad casi absoluta y la revictimización (…) Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional para la erradicación de las desapariciones forzadas”, se lee en el informe del CED.
Un ejemplo de la historia reciente y la imperante impunidad es el caso emblemático de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, cometida el 26 de septiembre de 2014. En diez años no ha habido justicia.
Durante el gobierno de Peña Nieto las autoridades crearon una narrativa falsa para cerrar el caso conocida como “la verdad histórica” en la que ninguna persona integrante de las fuerzas armadas y funcionarios de los tres niveles de gobierno fueron investigados. El gobierno actual que retomó la investigación prometió verdad y justicia a las familias de los estudiantes pero no cumplió. Cuando las investigaciones tocaron al ejército, el diálogo y los avances de la investigación se obstaculizaron.
La intervención de organismos como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) fueron quienes develaron la incapacidad de los gobiernos (de Peña Nieto y López Obrador) para dar justicia y verdad a las familias, y para investigar a las fuerzas armadas, involucradas en la desaparición de los estudiantes. Y el rol de éstas al ocultar información, que hasta la fecha no han hecho pública.
El rol de las mujeres y las redes de familias
El día internacional de las víctimas de desaparición forzada no se puede entender sin el papel de las familias que les buscan y las madres buscadoras. Ellas son fundamentales en la lucha contra las desapariciones en este país. Y ante un Estado ausente, impune y que revictimiza a quienes buscan, ellas se han vuelto expertas en rascar los cerros, navegar aguas, llenar fichas de localización, identificar y encontrar huesos en fosas clandestinas.
Pero buscar en este país también ha implicado amenazas, atentados, desaparición y asesinato. Además, incidentes de inseguridad han forzado el desplazamiento de algunas personas buscadoras. De 2010 a la fecha, al menos 21 personas fueron asesinadas por buscar a sus seres queridos. Sus asesinatos siguen impunes. La mayoría de estas víctimas son mujeres. Quince de estos asesinatos sucedieron durante el gobierno actual de López Obrador (2018-2024).
El rol de las redes de familias buscadoras, principalmente mujeres, han sido importante para crear leyes y protocolos para la búsqueda de personas desaparecidas. Han impulsado la transformación de estructuras estatales a partir de exigencias concretas frente a estas violaciones a los derechos humanos y bajo el lema “sin las familias no”, se mantuvieron firmes ante la indiferencia de las autoridades. Lograron que esta violencia fuera nombrada y tipificada en el Código Penal Federal, y además crearon la Ley General en Materia de Desaparición aprobada en noviembre 2017 y el Sistema Nacional de Búsqueda.
Desde junio de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado reunirse con distintos colectivos y grupos de familias y madres buscadoras en México.
A poco más de una semana de conmemorarse el día internacional de las víctimas de desaparición, madres buscadoras se han instalado en el asta bandera del Zócalo de la Ciudad de México, frente a la residencia del presidente. Su protesta pacífica es para recordarle a este gobierno su deuda con las víctimas de desaparición y las familias que les buscan.
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