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Qué busca el gobierno paraguayo con su ley anti-ONG
La Ley anti-ONG obtuvo media sanción en Paraguay sumándose a países con iniciativas similares, como Rusia, Hungría, México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Venezuela.
La Cámara de Senadores de Paraguay, con votos del oficialismo cartista y sus aliados, aprobó el lunes 8 de julio un proyecto de ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”. Referentes de organizaciones sociales denunciaron que con el argumento de la “transparencia” esta ley busca restringir la libertad de asociación, los derechos humanos y poner en riesgo a las organizaciones.
Uno de los puntos más cuestionados a la “Ley garrote” o “Ley mordaza” es la ambigüedad en la definición y el alcance. En el artículo 2 del proyecto, que habla del alcance, incluye a “asociaciones que tengan por objeto el bien común” y a “cualquier persona física o jurídica o estructura jurídica que reciban o administren fondos públicos o privados de origen nacional e internacional a ser destinados a prestaciones o ámbitos de competencia del Estado”. “Básicamente, nadie está afuera”, advirtió la abogada Diana Vargas.
Además del impacto en las organizaciones de derechos humanos, la ley podría afectar también a comisiones de padres, a quienes brinden apoyo escolar o, incluso, a comedores solidarios. Con registros aún más burocráticos y multas de hasta G. 2.798 millones, unos USD 373.107, muchas organizaciones acabarían cerrando.
Vargas considera que la iniciativa legislativa parte de premisas falsas. Otro punto criticado es que ya existen controles que están estipulados en distintas legislaciones tanto para las que reciben fondos públicos como para las que reciben fondos privados. Esto también lo expresaron otros abogados a la prensa local, quienes hablaron de controles que realizan la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
Campañas de desinformación en el Congreso
La senadora cartista y proyectista Lizarella Valiente desinformó en la sesión extraordinaria del Congreso. Presentó videos con alegaciones falsas sobre la organización Familias por la Educación Integral en Paraguay (Feipar), la organización de derechos digitales, TEDIC y criminalizó a activistas que trabajan derechos humanos. “Ese es el problema, que FEIPAR se sienta en una mesa técnica del Ministerio de Educación y ellos plantean políticas públicas de educación para niños y niñas del Paraguay. Y no se puede promocional homosexualidad en el sistema educativo”, expresó.
Adriana Closs, presidenta de Feipar dijo a Presentes que no están en contra del control a las organizaciones, si no que esta Ley propone un control autoritario contra las ONGs y que busca acabar con organizaciones que disienten con el cartismo. “No se puede negar que es un escalamiento muy preocupante y que, además, aumenta la estigmatización hacia nosotres como personas y hacia nuestra organización. Pero el espíritu colectivo y la práctica en estas situaciones nos permitió reaccionar rápido e implementar estrategias para seguir organizados y no quedarnos callados. Entendemos que el objetivo final es disciplinarnos”, expresó Closs sobre la campaña de desinformación.
🚨 #ACTUALIDAD | Una senadora nos acusó irresponsable y falsamente en una sesión extraordinaria del Congreso paraguayo.
— TEDIC (@TEDICpy) July 10, 2024
¿Qué tenemos para decir al respecto? 🧵👇 pic.twitter.com/Tr9d27Sfuz
También organizaciones defensoras de derechos LGBTTIQ+ se posicionaron en redes sociales. En un comunicado de Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas, apuntó: “Las personas LGBTIQ+ molestamos tanto a este gobierno que busca dañarnos para desviar la atención de sus atroces robos. Esto queda claro cuando intentan burocratizar a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas que desean asociarse en libertad”.
“La Ley anti-ONG es parte de una agenda globalista”
El «globalismo» y la «ideología de género» son estrategias discursivas que el cartismo repite una y otra vez con el fin de llevar cualquier conversación del debate público hacia el relato del “enemigo interno”, una categoría en la que podría encajar desde una persona extranjera hasta una persona homosexual u opositora.
Durante el tratamiento de la Ley anti-ONG, legisladores cartistas como Gustavo Leite o Lizarella Valiente denunciaron la “injerencia en la gobernanza” y la “intromisión de las organizaciones en las políticas públicas”. Pero para Vargas, esta Ley, que parte de premisas falsas, es en sí una agenda global que tiene ese tinte autoritario y lo que busca es que las personas no se organicen para criticar al gobierno.
“Esto tiene un tufo de guerra fría”, expresó Vargas. Tras las sanciones comerciales contra el expresidente Horacio Cartes por parte de Estados Unidos y su designación como “significativamente corrupto”, fue necesario generar nuevas alianzas. “Por cuestiones geopolíticas nosotros tenemos que estar alineados con Rusia”, dijo.
La Ley de agentes extranjeros de 2012 en Rusia fue aprobada por Vladimir Putin. De acuerdo a un informe de Amnistía Internacional, publicado cuatro años después de supromulgación, fue concebida para estigmatizar y silenciar a las ONG que mostraban una actitud crítica ante el tribunal europeo de derechos humanos. En El Salvador, en 2021, se discutió una Ley con estas mismas características, una iniciativa de Bukele”, dijo y enumeró otros países con iniciativas legislativas similares como Hungría, México, Brasil, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Venezuela.
En mayo de este año, el parlamento de Georgia aprobó un proyecto de ley de «agentes extranjeros», sus detractores la llaman la “ley rusa” y consideran que puede utilizarse para reprimir las libertades civiles de los georgianos. Esto provocó protestas masivas en la capital, Tiflis.
“Lo que se hace en todos estos países son procesos de registro engorrosos. Buscan que estas organizaciones estén asfixiadas y tengan que terminar cerrando o pagando estas multas que son altísimas. Similar a lo que pasa en Rusia y en estos otros países donde por errores mínimos en el cumplimiento de estos registros terminan en sanciones”, agrega Vargas.
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