Mónica Linares es una de las fundadoras y representantes de la Asociación Salvadoreña para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH) Arcoíris Trans. Desde pequeña supo que era una niña, que esa era su verdadera identidad.  

Nacida en 1979, en San Antonio Pajonal, un distrito ahora parte del nuevo municipio de Santa Ana Oeste, un pequeño pueblo en la frontera entre El Salvador y Guatemala, es defensora de los derechos de la población LGBTI, desde los 18 años. En 1997, cinco años después de la firma de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a más de una década de conflicto armado, fundó, en colectivo, ASPIDH para hacer frente a las violencias perpetradas por agentes de los cuerpos de seguridad.

En esta entrevista, Mónica hace un breve recuento de 27 años de lucha porque se reconozcan los derechos de las disidencias sexuales, entre estos el derecho a la identidad, y porque se elimine, prevenga y reconozca el crimen de odio, entendido como las distintas formas de violencia que experimentan las trans durante su ciclo de vida.  

Asimismo, destaca la falta de respaldo gubernamental durante casi tres décadas de lucha por sus derechos, especialmente bajo la administración de Nayib Bukele que eliminó la Dirección de Diversidad Sexual, prohibió el acrónimo LGBTI+ en documentos y programas de los 16 ministerios, y ordenó cambios en el formulario de VIH, en el que ahora sustituyen términos como «homosexual» por «hombres en alto riesgo», lo que revictimiza y estigmatiza a las personas de las disidencias sexuales. Así como las recientes declaraciones en las que el presidente oficializó su postura antiderechos al asegurar que en El Salvador está prohibida la «ideología de género» debido a su promoción de ideas «antinaturales, antidios y antifamilia» en la educación. 

También lamenta que los diputados del oficialismo hayan archivado el anteproyecto de Ley de Identidad de Género y que, a pesar de la orden de la Sala de lo Constitucional hace más de dos años, la Asamblea Legislativa aún no haya cumplido con la resolución de reformar la Ley del Nombre de la Persona Natural para reconocer la identidad de género. El 22 de febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la exclusión del cambio de nombre por razones de identidad de género en el artículo 23, inciso 2 de la Ley del Nombre de la Persona Natural.  

– ¿Quién es Mónica Linares y a qué se dedica?  

---

– Soy una mujer transgénero de 44 años. Este año, cumplo 45. Vengo de una familia cristiana. Soy la mayor de cinco hermanos, aunque uno ya falleció, lo mataron por cuestiones de pandillas. Me considero una persona generosa, con un instinto maternal muy arraigado hacia las comunidades.  

Represento a una organización de personas LGBTI, ASPIDH Arcoíris Trans, que surgió en 1997 y obtuvo su legalización en 2008. A pesar de los desafíos políticos, estatales y financieros, la organización ha crecido y se ha fortalecido con el tiempo. Estamos trabajando en la problemática de la vejez en personas de la diversidad, dado que históricamente la expectativa de vida para mujeres trans en Latinoamérica era de solo 33 años, y no se contemplaba la vejez. Sin embargo, hemos ampliado esta visión, reconociendo que la adultez mayor comienza a partir de los 45 años para personas trans; y, los 50 para los gais y las lesbianas. 

Hemos trabajado en la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH. Lamentablemente, después de las declaraciones del presidente[Nayib Bukele oficializó su postura antiderechos el 22 de febrero en una entrevista realizada por la directora nacional de Moms for Liberty], hemos experimentado retrocesos, especialmente en el ámbito de la salud. Se han modificado los protocolos de atención, lo que dificulta el acceso a servicios adecuados. Por ejemplo, las categorías en los formularios para pruebas de VIH han cambiado, etiquetando a las personas de manera errónea, los hombres gais son “hombres en alto riesgo”, al igual que las mujeres trans. Esto representa un retroceso significativo para nosotros. Además, la atención integral de salud aún es insuficiente, ya que se limita al tratamiento de ITS y VIH, sin considerar otras necesidades médicas, como la feminización adecuada para personas trans. La deserción del tratamiento del VIH también podría aumentar debido a estos cambios. 

A pesar del trabajo realizado por nuestra organización para promover el respeto a los derechos humanos de las personas LGBTI, los retrocesos por parte del Estado salvadoreño están fuera de nuestro control. 

¿Cómo fue su viaje de autodescrubimiento y de reconocer su identidad? 

---

– Me puedo remontar a mi infancia. Estudié hasta noveno grado en mi pueblo, luego me vine para la capital e hice mi transición a los 14 años. Antes de eso no había tenido más referencia que una persona, ahora entiendo que era una mujer trans, en todo el pueblo. Para todos en el pueblo, esta persona era vista como «un maricón vestido de mujer» y era objeto de burla. Se me advertía que no hiciera ciertas cosas porque me parecería a él. Incluso en mi caso, mi mamá me regañaba si sabía que jugaba sóftbol, considerado un deporte «de mujeres». 

Yo sí me consentía una niña desde chiquita, no sabía que era una mujer trans, solo sentía que yo era una niña. Yo regresé al pueblo ya con mi transición como 15 años después y, obviamente, para mucha gente del pueblo fue un choque.  

Cuando nos vinimos para la capital, a una colonia en Soyapango, viví con mi mamá y mis dos hermanos lo que causó conflictos familiares debido a que inicié mi transición. Allí conocí a quien fue mi mejor amiga, la primera trans que conocí. Fuimos las mejores amigas hasta el día que la mataron, hace unos 12 años. Nunca más regresé a esa colonia por el tema de las pandillas. De hecho, a mi amiga la mataron pandilleros, pero no esos pandilleros que estaban cuando crecimos. Regresé con la policía a buscar el cuerpo por toda la colonia y la encontramos ocho días después en unos barrancos horribles. Eso fue un crimen de odio, ese y todos los cuerpos que he ido a reconocer.  

---

– En ese proceso de autodescubrimiento, ¿su familia reconoció también su identidad?  

– Tuve un accidente en el que casi muero, y la actitud de mi familia hacia mí cambió drásticamente, fue un giro de 180 grados conmigo. La aceptación fue como por arte de magia. El accidente me dejó muchas secuelas, cicatrices, traumas.  

No recuerdo en qué año ocurrió, pero fue un accidente automovilístico que tuve cuando ejercía trabajo sexual. Iba en el carro con un hombre que estaba bajo la influencia de sustancias, estaba manejando a alta velocidad y chocó. Él tenía el cinturón de seguridad, pero yo no por lo que me llevé la peor parte. Casi no tengo recuerdos, pero fui la más afectada. Tengo una cicatriz con 17 puntadas en la cabeza y cicatrices por todo el cuerpo. Antes de esto, mi mamá y yo peleábamos bastante, pero después todo cambió, me imagino que por el miedo a que yo muriera. También yo era parte del sostén de la familia y si yo no estoy se termina eso. A partir de eso el cambió fue radical y comenzamos a tener un mejor lazo. Con mis hermanos, siempre he tenido una relación muy cercana, en especial con mi hermano que mataron, siempre seguimos siendo unidos.  

Al inicio, quería ser doctora y después del accidente que me atendieron de la peor manera en el Hospital [Nacional] Rosales, nunca más quise volver. Luego, por nuestro trabajo, me tocaba entrar, reconocer cuerpos e ir al área de VIH, ver pacientes en estado terminal. A veces una quiere hacer muchas cosas, pero la sociedad te lo impide, simplemente te rechazan. 

---

– ¿Cuáles fueron sus redes de apoyo? 

---

Definitivamente mis amigas, mis amigas mujeres cis, que dentro de estas también hay una chica les[biana] y que somos súper amigas, somos como una familia. Y este círculo de amigas trans [de ASPIDH] es parte de mi vida.  

---

– ¿Qué le llevó a la lucha por los derechos de la población trans y la motivó a emprender su camino como activista? 

---

– En principio, éramos trabajadoras sexuales porque era lo único que podíamos hacer. No podíamos conseguir empleo ni continuar con nuestros estudios. Estábamos limitadas en todas las áreas. Alrededor de 1996 o 1997, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) tenía, y al día de hoy tiene una ordenanza contravencional que habla sobre el trabajo sexual, que no es prohibido, pero tampoco es legal. El señor [Eduardo] Linares, que estaba a cargo en ese entonces, era transfóbico y hostil hacia nuestra comunidad. Nos enfrentábamos a redadas, detenciones y multas, aunque estas últimas eran la única sanción legal.  Éramos objeto de abuso de poder por parte de estas autoridades.  

Frente a esto, nosotras, las trabajadoras sexuales trans, decidimos organizarnos para luchar contra esta injusticia. Inicialmente, pensamos que esta era la única violación de nuestros derechos, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que había muchas otras áreas en las que se nos negaba el acceso como la educación, el empleo y derecho a una identidad legal. 

Así fue como comenzó el movimiento trans en El Salvador. En ese entonces, solo existía una organización LGBTI, Entre Amigos, y nosotras luego construimos nuestro movimiento. Fuimos la primera organización trans en El Salvador y la primera en obtener personería jurídica. Nuestra organización comenzó con programas de salud sexual, promoviendo el uso de condones y facilitando pruebas de VIH, con el tiempo, ampliamos nuestra agenda para abordar derechos fundamentales. 

---

– ¿Qué desafíos encuentra en su trabajo como activista? 

El mayor desafío es la resistencia del Estado, que no proporciona las herramientas ni el espacio necesario para llevar a cabo nuestro trabajo. Además, la sociedad carece de una educación que fomente el respeto hacia todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género. Esta falta de educación está influenciada por las declaraciones y acciones del presidente [Nayib Bukele] porque él dice algo y se cumple. Si él promoviera el respeto hacia todas las identidades y orientaciones sexuales, podríamos ver un cambio significativo.  

---

¿Cuáles considera que son los pasos más importantes que deben tomar los gobiernos y las organizaciones internacionales para garantizar los derechos humanos de la población trans? 

---

Garantizar el cumplimiento de las leyes que existen. En El Salvador, la Constitución establece en el artículo 3 la igualdad de derechos para todas las personas, sin distinción de raza, credo o sexo. Aunque no se menciona explícitamente la orientación sexual o la identidad de género, si se respetara plenamente este principio, la situación sería diferente. Los tratados internacionales, como la Opinión Consultiva OC24/17, que abordan la ley de identidad, también deben ser respetados. A pesar de que El Salvador es signatario de estos tratados, no cumple con sus disposiciones. Además, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre temas como el aborto, los crímenes de odio y la ley de identidad no se están implementando.  

---

– Usted ha visto el tránsito de varios gobiernos, ¿qué cambios ha notado en materia de derechos humanos a lo largo de los años? 

---

Para nosotras hubo cambios que eran significativos porque antes no había nada. Hemos pasado por el gobierno de derecha, de izquierda y actualmente de un supuesto gobierno neutro. Quizás durante con el gobierno de izquierda, debido a la presión ejercida por la sociedad civil, se lograron algunos avances, aunque no necesariamente por voluntad política. A pesar de tener diez años de Gobierno, la Ley de Identidad, por ejemplo, no fue ratificada como ley, lo que demuestra la falta de voluntad política real. Los cambios logrados en materia de derechos humanos han sido impulsados, principalmente, por la sociedad civil, ya que los gobiernos no han mostrado una verdadera voluntad política. 

En 2009, iniciamos con todo ese tema de la ley de identidad de género, de hecho, a mí me decían que era una loca, que eso no iba a pasar aquí. Cuando comenzó a haber financiamiento, otras organizaciones se sumaron. El proyecto entró a la Asamblea Legislativa (en 2012), lo archivaron (con la llegada de Nuevas Ideas a la Asamblea Legislativa). La Sala de lo Constitucional mandó a la Asamblea a reformar a la ley del nombre [en 2022]. Han pasado más de dos y no ha pasado nada. La Asamblea Legislativa que impuso esta Sala tampoco le hace caso a la Sala. No hay voluntad política.  

---

– ¿Qué implica, en términos de derechos humanos, que el actual gobierno eliminará la dirección de inclusión, prohibiera el uso del acrónimo LGBTI y ordenara cambiar los formularios de VIH?  

---

– Lo más preocupante de esta situación es la falta de claridad y oficialidad en las acciones tomadas por el gobierno actual. Hasta el momento, no se ha emitido ningún documento oficial que haga mandar estas acciones, el uso del acrónimo o los cambios en los formularios. Todo comenzó con un comentario en una entrevista, que luego fue difundido en Twitter [red social X], fue retuiteado por el ministro de Educación, quien anunció que retirarían todo lo relacionado con la «ideología de género». Sin embargo, el concepto de «ideología de género» es ambiguo, utilizado por diversas personas y grupos, incluyendo a la Iglesia y a sectores conservadores. Luego el Ministerio de Salud continuó con estas acciones.  

---

–¿Qué significa para usted que los diputados del oficialismo estén manteniendo reuniones con grupos como iglesias o sectores conservadores?  

---

– Excepto con nosotros, excepto con la sociedad civil, y es porque las iglesias están ganando terreno. Pero si usted se fija, por ejemplo, hubo una reunión y no había ni una mujer en la reunión con los pastores, ni una. Eso quiere decir que el machismo sigue reinando porque había puros funcionarios, hombres, la Iglesia, puros hombres. ¿A dónde está la equidad? No hay. 

---

– Han pasado dos años desde que la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa que se aprobara una ley de identidad ¿qué lectura hace de esto? 

---

Existe una falta de voluntad política por parte de los funcionarios encargados de tomar decisiones en la Asamblea Legislativa. Es posible que exista un sesgo transfóbico, pero no creo que no tengan familia LGBTI. Es importante reconocer que la experiencia de ser LGBTI es muy diferente para quienes tienen recursos económicos y para quienes no los tienen. Si son LGBTI con dinero les importa un pepino si hay leyes o no, ellos siguen teniendo derechos.  

Además, creo que esto es un berrinche de poderes políticos. Todo lo que se hizo por administraciones anteriores se desmanteló. Y en los últimos cinco años no hemos visto avances y queda por ver qué pasará ahora, que puede ocurrir cualquier cosa.  

---

– ¿Considera que la educación es un factor importante para erradicar las agresiones a la población diversa? 

---

Es el inicio, porque así, con una educación, vamos a tener acceso a un empleo, a una vivienda digna, una vejez digna. Las poblaciones LGBTI y las poblaciones hetero cis van a tener información real de lo que somos las poblaciones LGBTI y no van a tener una información errónea, que es lo que han tenido hasta el día de hoy.  

---

– ¿Qué es lo que queda por hacer para garantizar los derechos de la población trans? 

---

Más lobby y nosotras estamos por iniciar un diplomado sobre Gobierno en políticas públicas para que las personas LGBTI también se involucren, porque ha habido personas LGBTI adentro (de los espacios de toma de decisión), pero han estado de adorno. A todas las organizaciones de sociedad civil nos tocará cuesta arriba en adelante. 

Esta entrevista fue publicada originalmente en el medio salvadoreño Alharaca.