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Perú: Grupos extremistas «anticomunistas y antigénero» multiplican ataques y siguen impunes
La Resistencia es uno de los grupos de ultraderecha que ataca a organizaciones de derechos humanos, feministas y periodistas. Por qué continuan impunes.
Memoriales; eventos y sedes de organizaciones de derechos humanos; manifestaciones feministas; bibliotecas e incluso escuelas: los blancos para los grupos extremistas peruanos no tienen límites. Desde 2017 en Perú se han multiplicados los ataques e intervenciones violentas de agrupaciones de ultraderecha que saltaron de las redes sociales a las calles. Una de ellas, “La Resistencia”, realizó su última manifestación el 16 de abril de este año, esta vez en la puerta de una escuela: el Colegio Atusparia, en Lima. Allí se presentó un grupo de personas con banderolas y megáfonos diciendo que esa escuela es una fachada del grupo terrorista Sendero Luminoso. Las autoridades policiales estaban avisadas pero decidieron no intervenir.
«La Resistencia, Dios, Patria y Familia» es un colectivo que se fundó como Asociación Civil en 2018 por Juan José Muñico González. Fue ganando protagonismo con las diversas crisis políticas, sobre todo a partir de 2021. La organización defiende las ideas del fujimorismo, se declara anticomunista y está en contra de lo que llaman “ideología de género”. Se alinea así con otro movimiento nacido en el país en 2016: “Con Mis Hijos No te Metas”, que recorrió el país haciendo una campaña en contra de los derechos de las infancias trans y la educación con perspectiva de género en las currículas escolares gracias al apoyo de distintos sectores del Congreso.
¿Libertad de expresión?
Junto a “Los Combatientes” y “La Insurgencia”, la Resistencia formó el autodenominado “Frente Popular Democrático”, una agrupación de corte fascista (algunos de sus integrantes han adoptado incluso el saludo fascista) para oponerse al gobierno de Pedro Castillo (2021-2022). Estos grupos fueron quienes intentaron llegar al Palacio de Gobierno el 6 de junio de 2021, antes la asunción de Castillo. Alineados con el Fujimorismo, a pesar que la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori negó tener vinculación con ellos, realizan acciones aún impunes.
“Este grupo se encubre en un uso indebido de la libertad de expresión”, explica a Presentes la abogada de derechos humanos María Ysabel Cedano. “La Policía, el Ministerio Público, los Juzgados Penales de turno deberían accionar porque hay delito de acoso, difamación, alteración de la tranquilidad pública. Estos son delitos contra la integridad, la libertad, la vida, el cuerpo y la salud. Pero para el Estado, la ley y sus instituciones ellos son una organización que ejerce su derecho a la libertad de expresión”.
Antecedentes
Según una investigación del portal Ojo Público, el antecedente más antiguo fue el protagonizado por el exmilitar Pedro Rejas Tataje, cercano al expresidente Alberto Fujimori. En 2007 Rejas Tajate ingresó por la fuerza a Palacio de Justicia con un grupo de Carapintadas.
En 2012, la exsecretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, sufrió un ataque televisado en donde la escupieron. Ella es una de los tantos políticos, líderes, periodistas y activistas que han sido acosados por La Resistencia y sus ramificaciones. Autoridades como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones Jorge Salas Arena han sido blanco de sus ataques, con contínuos plantones en la puerta de su casa. También han vandalizado eventos de organizaciones de derechos humanos, como la irrupción en un evento de Amnistía Internacional, en mayo del año pasado. Allí se iba a presentar un informe sobre las violencias en el marco de las protestas contra la asunción del gobierno de Dina Boluarte. Boluarte reemplazó a Castillo tras los intentos destituyentes del Congreso y el intento de autogolpe.
Tampoco han dudado en atacar espacios infantiles, como la feria para recaudar fondos que realizó la Biblioteca Miguelina Acosta, el primer antecedente de ataque a menores de edad, en mayo de 2022. También atacaron a periodistas como Gustavo Gorriti o Rosa María Palacios, yendo a sus casas y a sus lugares de trabajo.
Contra la memoria
La escultura El ojo que llora, situado en La Alameda de la Memoria, ha sido uno de sus puntos predilectos de ataque. Actualmente, y con el apoyo del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, buscan demoler la efigie que simboliza a todas las víctimas del conflicto armado interno y que es Patrimonio Cultural de la Nación.
Gisela Ortiz, vocera de los familiares de víctimas de la Masacre de la Cantuta (1992) presenció varios de estos ataques al Ojo que Llora. Señala que agrupaciones como La Resistencia tienen detrás personas y organizaciones poderosas que los protegen. Por eso no tienen temor por las denuncias.
“Hay una ‘incapacidad’ para identificar quiénes son los que operan por detrás de los que hacen el trabajo sucio. No sabemos quiénes los financian, a quiénes obedecen. Detrás de ellos hay partidos políticos pero también jefes policiales que los están protegiendo. Por eso es que en flagrancia no detienen a nadie”, dijo a Presntes.
Otro blanco de ataques fue la exposición “De qué color son tus muertos”, una muestra fotográfica sobre la masacre a 49 manifestantes por parte de la las Fuerzas Armadas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. que las Fuerzas Armadas asesinaron a 49 manifestantes que protestaban contra el régimen de Dina Boluarte. Las dos veces que se realizó la muestra, fueron atacados por La Resistencia.
“Había como ocho personas de La Resistencia dentro de la casa que habíamos alquilado para el evento. Las empezamos a arrear hacia afuera. Pero esta gente comenzó a invadir el estacionamiento golpeando los vidrios de la puerta, nos pusieron un parlante, estuvieron una hora y media así”, cuenta a Presentes Mario Colán, fotógrafo de la muestra.
Sus banderas son antidemocráticas, pues no permiten el disenso ni el diálogo. Atacan a todo aquel que piense diferente a ellos. Defienden los crímenes cometidos en tiempos de Alberto Fujimori. Y son antigénero, ya que se oponen al enfoque de género en el currículo acompañando campañas de desinformación como “Con mis hijos no te metas”.
Las denuncias judiciales
María Ysabel Cedano representa a las víctimas de esterilizaciones forzadas (miles de mujeres andinas durante el régimen de Fujimori) y fue testigo de varios ataques. El 28 de septiembre de 2021 la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas realizó un plantón pacífico frente al Poder Judicial e integrantes de la Resistencia las atacaron.
«Ellas estaban ejerciendo sus libertades políticas de expresión. Hicieron la denuncia, la congresista Ruth Luque las acompañó, el Ministerio de la Mujer también, incluso identificaron al agresor, pero no lograron que la investigación prospere”, dijo a Presentes.
El agresor de estas mujeres fue Ricardo Alvarado Arias, miembro de una de las ramas de La Resistencia denominada Los Insurgentes, y quien cuenta con múltiples denuncias de agresión. A pesar de ello, sigue libre.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) presentaron en 2023 una denuncia contra La Resistencia y sus derivados ante la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía de Crimen Organizado. Definieron a La Resistencia como «una organización criminal constituida por multiplicidad de personas, con carácter estable, permanente y organizada en el tiempo, donde sus miembros tienen tareas repartidas y cuyas actividades se orientan a cometer diversos ilícitos como el marcaje con la finalidad de dañar, lesionar, obstaculizar su libertad de accionar de algunas autoridades, personas o colectivos civiles”.El Ministerio Públicoinvestigó al colectivo pero esas 11 denuncias de acoso fueron archivadas.
«Por más que uno los denuncie ante la comisaría no hay una investigación que avance, que te identifique a los responsables cuyos nombres son públicos, cuyas caras ya se conocen, porque es gente identificada no solo por medios de comunicación, sino por diversas denuncias públicas que salen”, dijo Gisela Ortiz.
En febrero de 2024, Juan José Muñico Gonzales, alias Jota Maelo, líder de La Resistencia, fue condenado a un año y seis meses de prisión efectiva por el delito de difamación en agravio del Instituto de Defensa Legal. Luego, la jueza dispuso que la pena se transforme en 70 jornadas de servicio comunitario.
Complicidad del Estado
La abogada Cedano señala que hay varios factores que permiten el accionar impune de La Resistencia: su vínculo con el Fujimorismo; con el partido político Renovación Popular, con altos mandos de la PNP y del Gobierno:
“Actúan así porque la ley y las instituciones no se les aplica. A pesar de que son una organización criminal que anuncia la comisión de sus delitos. La Fiscalía de Prevención del Delito, las Fiscalías Penales y la PNP no actúan. No son casos de desidia o negligencia, sino que son una organización protegida. Son una versión propia para este contexto del Grupo Colina o del Comando Rodrigo Franco (grupos paramilitares de los gobiernos de Fujimori en los 90 y García en los 80). Básicamente atentan contra la integridad, la salud emocional y mental e instalan el miedo y el terror», dice Cedano a Presentes.
A pesar de saber de su accionar, instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Cultura se han reunido con estos grupos señalando que “todos deben ser escuchados en democracia”.
«Sirven a los objetivos de partidos políticos y al Estado, atacando a instituciones y personas que les son incómodas y que ponen en riesgo la corrupción y la violación de derechos humanos que obran en este país”, agregó Cedano.
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