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La Justicia ordena al gobierno de CABA facilitar acceso a la vivienda a personas trans
Una sentencia, calificada como "histórica", ordena presentar un programa y un relevamiento de la situación habitacional de la comunidad trans.
BUENOS AIRES, Argentina. En una decisión que el activismo consideró “histórica”, el Poder Judicial porteño ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que presente en el plazo de 90 días un programa habitacional para personas trans. Además, lo instó a realizar un relevamiento de esta población que reside en la ciudad. El material probatorio, un dictamen de 65 páginas del fiscal y la insistencia de las organizaciones LGBTIQ+ fueron claves en la decisión.
Se trata de un fallo de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo que tuvo lugar el 1° de febrero de 2024. Fue firmado por los jueces Horacio Guillermo Aníbal Corti y Hugo Ricardo Zuleta, con el voto disidente de la jueza Gabriela Seijas.
“Los programas habitacionales del GCBA no contemplan las dificultades del colectivo actor para acceder a ellos, lo que ocasiona que dichas políticas no resulten adecuadas y no brinden un umbral mínimo de garantías exigible al Estado local”, asegura el escrito.
Un logro del activismo
Desde la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y la Defensoría LGBT celebraron la sentencia.
“Luego de unos años de batalla judicial logramos esta sentencia de Cámara que ordena al Gobierno de la Ciudad a desarrollar un plan habitacional para las personas trans en la Ciudad de Buenos Aires”, expresó, en diálogo con Presentes, María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
“Ya hemos solicitado al GCBA ponernos a trabajar lo antes posible en este plan y esperamos que así sea. Ojalá la Ciudad no apele. En definitiva es lo que tiene que hacer un gobierno: trabajar para que todos sus habitantes accedan a sus derechos”, continuó Rachid.
La causa inició en 2018 a partir de un amparo presentado por el Defensor oficial de primera instancia y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) contra el GCBA para obtener un alojamiento adecuado.
El proceso se transformó en una demanda colectiva a partir de una decisión del juez Roberto Gallardo. Así se adhirieron la FALGBT y la Defensoría LGBT, mientras la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos fue admitida como amicus curiae.
En aquella ocasión el gobierno porteño rechazó la demanda y luego, en agosto del 2022 el doctor Martín Converset rechazó la acción de amparo. Frente a esto, el Ministerio Público de la Defensa, la FALGBT y la Defensoría LGBT apelaron.
El desamparo de una gran población
Los jueces llegaron a la actual decisión a partir del material probatorio adjuntado a la causa. Ésta ilustraba “la experiencia negativa de personas integrantes del colectivo trans al intentar obtener ayudas adecuadas en materia de acceso a la vivienda”. Además, se sumaron informes socio ambientales, relevamiento de hoteles y entrevistas producidos por el Ministerio Público de la Defensa.
Los jueces Corti y Zuleta coincidieron con lo planteado por el fiscal Juan Octavio Gauna, quien elaboró un dictamen de 65 páginas. Allí describió de forma detallada los problemas que obstruyen el derecho a la vivienda de la población trans en el distrito y la necesidad de modificar o crear políticas acordes. Además, pidió que se revocara la sentencia que rechazó al amparo y que se hiciera lugar parcialmente a la demanda.
“(Las personas trans) en situación de vulnerabilidad que residen en la Ciudad no consiguen créditos hipotecarios del Instituto de la Vivienda local (IVC), al no contar con los ingresos estables exigidos, sin calificar tampoco dentro del esquema de prioridades estipulado por dicha autoridad que promueve el beneficio para las familias con hijos y personas con discapacidad”, sostuvo el doctor Gauna.
También quedó demostrado, según el fiscal, que el subsidio habitacional que brinda el gobierno porteño “no soluciona eficazmente el déficit en materia habitacional que sufren las personas integrantes del colectivo, al existir barreras para el acceso a los hoteles y pensiones que habitualmente se utilizan en esta clase de programas”.
Además, advirtió que no hay datos oficiales sobre la población trans en el distrito. “Esta omisión de información es un factor que coadyuva a explicar por qué los programas sociales que lleva adelante la Ciudad en materia de vivienda no han dado una respuesta adecuada para los integrantes del colectivo trans”, aseveró.
Noventa días para presentar un plan
Los jueces hicieron lugar al recurso de apelación y revocaron la sentencia que había rechazado el amparo de las organizaciones. A su vez ordenaron al Ministerio de Desarrollo Social porteño a presentar un programa de acceso a los planes habitacionales para la población trans vulnerable que reside en la Ciudad en el plazo de 90 días. Este deberá “contemplar difusión, plazos de ejecución y organismo a cargo”, indicaron.
También ordenaron al GCBA a realizar un relevamiento del colectivo trans del distrito con relación a la vivienda y programas sociales en el mismo plazo.
La jueza Seijas votó en disidencia al considerar que no se probó que el Estado “haya dejado en situación de desamparo a personas en grado de extrema vulnerabilidad que no pueden procurarse necesidades vitales básicas y perentorias”.
Al ser consultada por esta agencia, Pamela Malewicz, subsecretaria de Cultura Ciudadana y Derechos Humanos del gobierno porteño, dijo que “somos conscientes del problema habitacional que en la actualidad sufren las personas que residen en la Ciudad de Buenos Aires”. También reconoció que “la población trans ha experimentado históricamente un perjuicio significativo en cuanto a la cuestión habitacional”.
En este sentido compartió que la Dirección de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría articula con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño para “dar una respuesta inmediata a la demanda espontánea de refugio” en los paradores para personas en situación de calle o situaciones de violencia.
Y señaló que este trabajo “no se centra únicamente en la respuesta inmediata a la emergencia”, sino “en el acceso a derechos de las personas trans para mejorar las perspectivas a largo plazo”.
Las políticas actuales son insuficientes
A lo largo de su dictamen, el fiscal Gauna había advertido sobre la política de hogares y paradores que ofrece el GCBA. “Incluso limitando el examen a aquellos donde se admiten con un cupo a personas trans y travestis, no es adecuada al no representar una solución sostenible. Son ámbitos donde la intimidad de las personas no está debidamente resguardada, prevén estadías temporarias y la permanencia durante el día es excepcional”, sostuvo.
Para el fiscal, “si bien el GCBA cuenta en la actualidad con diversas normas, programas y organismos que se ocupan del problema de la falta de acceso a la vivienda digna en su jurisdicción, con enfoque en las personas más vulnerables de la población, (…) en lo que atañe al colectivo trans en situación de vulnerabilidad que reside en la Ciudad, dichas políticas públicas, cuando pueden llegar a sus destinatarios, lo hacen en forma desarticulada y sin contemplar sus particularidades”.
“Ello provoca una situación de sistemática ineficacia de las apuntadas acciones, en tanto no logran brindar oportuna protección al grupo, en el umbral mínimo de garantías exigible al Estado local”, concluyó.
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