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“La reparación de la violencia es una deuda de los Estados”
¿Cómo en El Salvador los grupos antiderechos han logrado retirar del sistema educativo todo lo relacionado con educación integral de la sexualidad? En esta entrevista, la respuesta de Vilma Vaquerano, responsable del Observatorio de violencia contra las mujeres de la organización ORMUSA.
Esta nota se publica como parte de una alianza de contenidos entre Pikara -donde fue publicada originalmente- y Presentes.
Violencia feminicida, física y psicológica, violencia sexual, intrafamiliar, social y patrimonial. Estos siete tipos de violencia machista son los que monitorea desde 2006 la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). Vilma Vaquerano, rostro serio, palabras medidas y voz serena, está al frente de un equipo de fijo de ocho personas que conforma el Observatorio de violencia contra las mujeres y que monitorea medios de comunicación, investiga, busca datos institucionales para dimensionar en sus diferentes manifestaciones la violencia contra las mujeres en El Salvador. “Es bien importante para que se haga una lectura integral de todas las manifestaciones de violencia y también para ver qué sucede con por el cumplimiento de la ley”, explica Vaquerano.
Licenciada en Comunicaciones y Periodismo, maestra en Gestión Estratégica de la Comunicación, estudios de postgrado en educación no sexista, entre otras muchas temáticas relacionadas con el género, Vilma Vaquerano suma 27 años de experiencia profesional en comunicación para el desarrollo, diseño de observatorios y elaboración de campañas informativas e investigaciones, 17 de ellos en ORMUSA. Ha estado recientemente en el País Vasco, invitada por Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), una de las organizaciones con las que trabaja ORMUSA en proyectos de fortalecimiento de liderazgo de las mujeres, prevención de la violencia y respuesta a las mujeres sobrevivientes.
Estáis haciendo una labor a la que el Estado no llega.
Somos una organización feminista, ORMUSA tiene 38 años de estar contribuyendo a la defensa de los derechos de las mujeres y nuestra razón de ser es el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres; también somos referencia para algunas sobrevivientes de violencia. Nuestra función es contribuir a que las políticas municipales que se hacen dentro de los gobiernos locales tengan enfoque de género, que respondan a la agenda de las mujeres.
Casi cuatro décadas de trabajo, ¿por qué sigue siendo necesaria vuestra labor?
Creo que es fundamental el trabajo de las organizaciones feministas para contribuir al reconocimiento de los diferentes hechos de violencia contra las mujeres, empoderar a las mujeres para que, desde un modelo ecológico de prevención de la violencia, ellas puedan identificar dónde están los servicios de atención a los que pueden tener acceso. Por otra parte, también somos una referencia para que otras mujeres puedan sentirse acompañadas, con asistencia psicológica o legal, durante un proceso judicial o durante un hecho de violencia. Y hacia el funcionariado del Estado, nosotras ofrecemos procesos de asistencia técnica para que haya esa lectura diferenciada de la violencia por razones de género y también para contribuir en la medida de nuestras capacidades al fortalecimiento de la institucionalidad pública y local.
¿Modelo ecológico?
Significa que deben tenerse en cuenta aquellos elementos que pueden ser un detonante de la violencia contra las mujeres: si hay o no servicio de salud; si hay instituciones especializadas y sensibilizadas; y aquellas medidas que no solamente están orientadas a la atención de las víctimas, sino a la prevención, a la sanción, a la investigación, a la reparación; y que esta reparación tenga un componente individual en cuanto a la víctima, pero también un componente colectivo para que los Estados tomen las medidas necesarias de antemano para que evitar que estos hechos se repitan. Es retomar conceptos como la debida diligencia en atención a las mujeres, que se derivan de la Convención de Belem do Pará y que te dicen cómo atender de manera individual al agresor, a la víctima, pero también a los elementos sociales. Desde las organizaciones hacemos énfasis en identificar esta cultura de la violación o esta cultura de la violencia, todos aquellos elementos que están en el entorno, que legitiman y justifican y que al final atrofian el encontrar soluciones para erradicar la violencia contra las mujeres.
Tu compañera de ORMUSA Silvia Juárez ha denunciado, en el medio salvadoreño Alharaca, “el cierre de programas de atención a la violencia desde el Gobierno y la disminución del presupuesto a programas como Ciudad Mujer”; según ella, eso provoca que las mujeres y la sociedad civil sean “las que están asumiendo ese rol que le corresponde al Estado para garantizar los derechos de las salvadoreñas”.
Es una demanda de las organizaciones que todas las políticas de Estado tengan enfoque de género, y eso significa adoptar presupuestos acordes a las necesidades y las especificidades, dar cumplimiento a la ley especial integral para una vida libre de violencia y fortalecer los servicios institucionales creados a partir de la ley, como las unidades especializadas o las municipales. Y también atender las demandas de las mujeres, desde la atención ante un hecho de violencia, medidas de prevención o medidas de reparación, que siempre han sido una deuda de los Estados. Lo más importante es que, ante un hecho de violencia, no solamente se castigue al agresor, sino que también se garanticen todos aquellos proyectos o acciones que están orientados a la reparación de los daños causados a las mujeres. Los Estados tienen que tomar las medidas necesarias para evitar que los hechos de violencia se repitan y que las mujeres puedan fortalecer su proyecto de vida o crear un proyecto de vida después de un hecho de violencia.
¿Pero ha habido con el Gobierno de Nayib Bukele una reducción de las políticas y del presupuesto destinado?
De presupuestos no sabría decir porque no hay mucha información pública para ir identificando algún tipo de programa o cuáles son los servicios que se brindan a las mujeres. Hay bastante limitantes en el acceso a la información. En cuanto a los programas también hay poca difusión, así que no tengo información. Es importante hacer recomendaciones constantes para garantizar todos los programas que, de acuerdo a la ley especial integral para una vida libre de violencia o la ley de igualdad, el Estado está obligado a brindar.
Dices que la reparación es un tema de los que más cuesta.
Es difícil porque no solamente tiene que ver con los recursos que se asignan, sino también con un elemento tradicional de cómo se ve el acceso a la justicia. Y usualmente se cree que acceso a la justicia es que a vos te han violado, capturo al violador, lo condeno y ahí pasó todo. Y no significa, por ejemplo, si hubo un daño, cómo te facilito los servicios para que vos te recuperes, también ver que esa situación de violencia te causó abandono escolar o que no tuvieras una oportunidad de empleo. Además de brindar servicios de asistencia psicológica y de atención legal, cómo te facilito las oportunidades o las condiciones en la que este daño causado sea reparado desde el enfoque de género y la perspectiva feminista, facilitar condiciones para que esta mujer reconstruya su proyecto de vida o si no ha tenido un proyecto de vida cómo se le facilitan las condiciones, ya sea a través de créditos, de becas educativas, de programas de vivienda u otro tipo de oportunidades.
¿Y se avanza en el camino de la reparación?
Es bien difícil por el tema presupuestario, por el tema de visión y porque no existe una tradición de acceso a la justicia reparadora, sino más bien sancionadora de los hechos de violencia.
También apuntaba Silvia Juárez que se ha retrocedido 60 años en la educación sexual en El Salvador, por la relación entre el Estado salvadoreño y las estructuras religiosas.
Desde las organizaciones hemos venido señalando la necesidad de institucionalizar la educación integral de la sexualidad. Integrada directamente en los programas de estudio nunca ha estado, pero se habían hecho esfuerzos sobre todo para capacitar al personal docente, para orientar la transversalización en algunos programas educativos; pero no ha habido un proceso de institucionalización de la educación integral de la sexualidad. Usualmente ha sido la vía de la cooperación internacional y de las organizaciones la que ha desarrollado acciones hacia la institucionalidad, hacía la Secretaría de Educación o de manera directa con población escolarizada y no escolarizada. Desde octubre de 2022 sí ha habido una intención de omitir o de sacar de los programas educativos todo lo que tiene que ver con educación integral de la sexualidad, lo cual podría resultar negativo. Si bien ha habido avances en torno a la reducción del embarazo en adolescentes, es una situación que perdura; lo más importante es cómo se logra retrasar los embarazos en niñas y adolescentes, y ver el papel que la educación juega dentro de estos modelos. Desde las organizaciones hemos enfatizado que los modelos integrales de prevención de atención de la violencia contra las mujeres no solo atienden a las víctimas, sino también cómo se previene modificando todos los patrones culturales que legitiman la violencia.
¿Y por qué dices octubre de 2022?, ¿qué pasó?
Hubo la difusión de unos programas educativos dentro de la televisión pública y se comenzaron a generar protestas de grupos antiderechos de que se estaba incluyendo la «ideología de género», voy a usar ese término, dentro de los programas educativos. Fue el detonante que se utilizó para retirar del sistema educativo todo lo que tenía que ver con educación integral de la sexualidad.
O sea, que estos grupos de presión tienen capacidad de modificar avances o lograr retrocesos.
Sí, hay un movimiento de reaccionario. Y lo más interesante es que todo el movimiento se origina en Sudamérica, cuando veíamos Twitter, cuando veíamos los mensajes de presión para que estos programas se suspendieran, venían de grupos de Sudamérica; eso nos da una idea de cómo estos grupos están organizados de forma internacional, y cómo de una manera articulada ejercen presión hacia los Estados para retirar estos contenidos tan elementales en nuestras sociedades.
¿Y tenéis identificado algún tipo de Iglesia?
No, por lo menos en esa ocasión concreta; fueron sobre todo grupos antiderechos. En el pasado hubo una fuerte presión de la Iglesia para que se eliminaran todos los programas de educación integral de la sexualidad que implementaba el Ministerio de Educación, ha sido casi una constante. Hay muchos opositores, desinformación y prejuicios en torno al movimiento feminista o a los temas que llevan a fortalecer la igualdad de género.
La lucha más conocida del movimiento feminista de El Salvador fuera de vuestras fronteras ha sido por la despenalización del aborto. ¿Cómo está este tema?
Ha habido propuestas para despenalizar la interrupción del embarazo desde cuatro causales, pero todas estas iniciativas fueron archivadas después de 10 años. Ha sido evidente cómo, independientemente de los gobiernos en turno, la despenalización del aborto es un tema que los partidos políticos creen que puede traer un costo electoral; creen que al identificarse con algunas demandas feministas pierden votos o temen perder imagen. En este momento no hay posibilidad de discutir ninguna interrupción del embarazo, todo aborto intencional es penalmente sancionado. No se ha modificado el Código Penal desde que eliminaron, en 1996 más o menos, algunas causales en las que sí era posible la interrupción del embarazo.
Y mientras, hay mujeres encarceladas.
Sí, continúa habiendo mujeres encarceladas. La Colectiva Feminista y algunas campañas específicas para liberar algunas mujeres y lograr el indulto tuvieron resultados bien favorables, pero sigue habiendo mujeres encarceladas. Hay una sentencia ahorita en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Beatriz, que fue como un hito dentro de toda esta lucha; la situación de Beatriz sirvió para poner dentro de la agenda, dentro del conocimiento de la ciudadanía en general, cómo la no interrupción del embarazo, la penalización absoluta del aborto, sí puede traer consecuencias graves para las mujeres, pero también para los sistemas de salud. Lo más importante es poder hacer una lectura del prejuicio o del estigma que hay sobre el tema del aborto, ya sea un aborto inducido o espontáneo, lograr analizarlo desde esta perspectiva de derechos, pero también desde los determinantes de la salud, porque hay situaciones concretas como desnutrición, falta del acceso a los servicios de salud, la misma edad o el desconocimiento que pueden provocar complicaciones en la salud de las mujeres.
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