Este Informe Especial se realizó en alianza investigativa entre los equipos de Telúrica, Agencia Indígena de Noticias, y Presentes.

ESQUEL, Chubut. La ciudad de Esquel lleva varios días envuelta en humo. Pésima señal: el incendio forestal que azota al Parque Nacional Los Alerces, a 35 kilómetros de esta ciudad en la Patagonia, sigue fuera de control. Ayer las ráfagas de viento avivaron el fuego y cuatro familias debieron dejar sus casas de manera preventiva.  Ya son más de 3500 las hectáreas arrasadas según el último comunicado del comando unificado que intenta combatirlo. 

Los incendios no son nuevos en este territorio de árboles milenarios y lagos de agua prístina. Detrás de las llamas y de las acusaciones públicas que circularon hacia el pueblo mapuche tehuelche que habita en la zona, hay fuertes intereses económicos y una historia con varias capas -política, económica, judicial y de lucha contra el terricidio-, que lleva años. 

¿Cómo se originó el fuego?

Los bosques ya venían secos cuando se inició el fuego. Hace mucho que no llueve en la zona. Del otro lado de la cordillera también Chile afronta incendios forestales devastadores, con más de cien víctimas humanas. 

En Los Alerces los focos arrancaron el jueves 25 de enero. Se iniciaron en la zona del arroyo Centinela, a la altura del Lago Futalafquen en lo que hoy es el Parque Nacional los Alerces (Chubut), territorio Mapuche Tehuelche. Y luego el incendio se extendió a otros terrenos que están en jurisdicción de la provincia de Chubut. Lo combate desde hace 10 días un comando unificado donde conviven dependencias y organismos nacionales y provinciales. 

“Comenzó con dos focos en simultáneo, lo que habla de que se trató de algo premeditado, para que sea difícil el control inicial rápido”, explicó a los medios el intendente del Parque Nacional Los Alerces, Danilo Hernández Otaño, y dijo que fueron intencionales. Según sus declaraciones, “fue encendido al anochecer, sabiendo que el combate de incendios, por protocolos de seguridad, debe realizarse de día”. Ambos focos se unieron y rápidamente se salieron de control. Otras personas dicen que el incendio arrancó a la tarde: “Se perdieron 24 horas cruciales para combatirlo”, dice, entre ellas, Moira MIllán, weychafe mapuche.

Una semana después, llegaron los peritos de la División de Investigación de Siniestros de la Policía Federal para realizar los peritajes. Buscan determinar el origen del fuego, parte de la investigación de la Justicia Federal donde el gobierno de Chubut es querellante. 

Un crimen de lesa naturaleza

A su paso el fuego arrasa bosques nativos milenarios: ñires, lengas, cañas coihue y lahuan, ese árbol sudamericano milenario que puede vivir más de 4000 años, y da nombre al parque -suelen llamarlo alerce patagónico-. Se estima que la recuperación de estas especies requiere entre 120 y 250 años para volver a desarrollarse. El pueblo mapuche habla de terricidio y de crimen de lesa naturaleza. Exige investigar y sancionar a los culpables con una categoría penal nueva.  

Cuando los medios le preguntaron al guardaparques si creía que el origen podía estar en el área del lof Paillako (ver debajo) – a sabiendas de que Hernández Otaño tiene una visión poco amigable del pueblo mapuche- , respondió: “No hay un nexo causal demostrable e identificable, más allá de los pareceres que uno pueda tener”.  

Qué dijo el gobernador de Chubut

El pueblo mapuche habla de recuperaciones territoriales. Pero el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cuando se refiere al lof Paillako habla de una “toma”. Tampoco el gobernador anterior, Mariano Arcioni (2019-2023) reconocía la preexistencia del pueblo Mapuche Tehuelche. 

El domingo 28 de enero el gobernador Torres recorrió la zona de los incendios y antes de irse, en declaraciones a radio Rivadavia amplificadas por Infobae, acusó a la RAM -organización de existencia muy dudosa- y responsabilizó al pueblo mapuche del fuego en Los Alerces. También dio pistas de lo que puede pasar: ​​“Tiene que haber una medida ejemplificadora”, expresó y dijo que “ese parque se tiene que desalojar cuanto antes”. Ensayó una explicación en sintonía con los lineamientos del nuevo gobierno que cada vez que puede equipara delitos con derechos y transforman en enemigxs a quienes reclaman o protestan. “Son delincuentes que tienen un negocio inmobiliario y que hacen estas cosas. Entonces el problema no son los pueblos originarios sino estos delincuentes que bajo falsas banderas toman tierras. Lo hacen en Neuquén, lo hacen en Río Negro, lo hacen en Chubut y creo que es momento de ponerle un parate definitivo”, dijo Torres, que desde 2014 milita en el PRO y estuvo al frente de la Fundación Pensar, el think tank del expresidente Macri

El diario La Nación fue más lejos y acusó, a través de una fuente anónima, a la weychafe Moira Millán de liderar una organización considerada terrorista: la RAM. 

“El gobernador suele tener ese tipo de afirmaciones racistas, radicalizadas hacia la derecha. No me sorprende que aproveche la oportunidad, el fuego en el Parque, donde todos los años hay incendios y luego las tierras son apropiadas”, dice el abogado ambientalista e indigenista Gustavo Macayo, de No a la mina. 

La historia la conocen bien quienes viven en Esquel, Trevelin o Corcovado, y han visto que con los años cada vez más sectores del Parque se privatizaron. Para acceder a ellos ahora tienen que pagar. “Está difícil disfrutar del Parque, porque los gringos pueden pagarlo pero a nosotros nos sale cada vez más caro”, -dice Macayo-. “Todos los años hay incendios intencionales. Pero después esto no se investiga. Llaman a algún perejil a declarar y listo”. 

El pueblo mapuche y una lucha histórica

Las comunidades Mapuche Tehuelche de la zona respondieron a estas acusaciones primero desde un comunicado difundido el mismo domingo. “Queremos dejar en claro que el pueblo mapuche lleva una lucha histórica en defensa de la ñuke mapu, los bosques son una parte esencial de nuestro itrofil mongen y nunca le haríamos daño”, expresaron. Además denuncian que una de las personas interesadas en desarrollar negocios en el Parque Nacional los Alerces es Joseph Lewis, magnate de Tavistock Group. 

El empresario de origen inglés radicado en Las Bahamas es objeto de múltiples demandas en distintos países, incluido Estados Unidos. En Argentina se lo acusa por bloquear el camino al Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, y usurpar terrenos con una propiedad  de 12 mil hectáreas y cuya venta está cuestionada por irregularidades.  Amigo de políticos como Mauricio Macri, de funcionarios judiciales y del Grupo Clarín, el año pasado estalló un escándalo al conocerse una visita a su mansión en Lago Escondido de la que participaron jueces, funcionarios porteños, un ex agente de inteligencia y un operador del Grupo Clarín.  El encuentro en la fastuosa estancia cuyo acceso al lago Lewis mantiene ilegalmente cerrado se produjo una semana después de un violento operativo de desalojo en el que, según denuncias de organismos de derechos humanos, fueron vulnerados los derechos de las mujeres y niños mapuche. 

En el comunicado, las comunidades Mapuche Tehuelche refieren el anuncio de un proyecto del grupo de Lewis: “la construcción de una represa hidroeléctrica, entre otros intereses inmobiliarios que existen justo por la zona en donde comenzó el incendio”. También cuestionaron la idea de “mapuches buenos y malos” del gobernador. y enfatizaron: el pueblo mapuche-tehuelche no quema los bosques, los protege y vive en armonia con ellos”. 

¿Quién se beneficia con los incendios?

El miércoles 30 de enero  desde una conferencia de prensa que se realizó en Esquel en la que participaron integrantes del Lof Pillañ Mawiza, Lof Catriman Colihueque, Lof Nahuelpan, Lof Inan Kume Rupu, Pu Lof Resistencia Cushamen y Lof Emilio Prane, las comunidades mencionaron que tres días antes de que se iniciaran los incendios el gobernador Torres se había reunido con inversores de Emiratos Árabes.

“El señor gobernador es un terricida. Mientras acusa al pueblo mapuche permite a las grandes transnacionales que maten los acuíferos. Si se hace cargo de luchar contra el ecocidio (palabra que Torres utilizó ) tiene que tirar abajo los acuerdos con las corporaciones transnacionales terricidas”, dijo en la conferencia la weychafe mapuche Moira Millán. Y anticipó:  “Vamos a iniciarle una querella por sus acusaciones, por generar violencia racista. También al Diario La Nación. Ahora parece que hay mapuches buenos y malos, ¿el señor Ignacio Torres tiene el mapuchómetro?”. 

Entre las preguntas que dejó picando la conferencia está otra planeada por Millán: ¿Quién se beneficia con los incendios? “Es obvio que el pueblo mapuche no”. “Los pueblos originarios no tenemos antecedentes de terrorismo. Nuestros antecedentes son cuidar la vida y la naturaleza”, agregó en la misma Gloria Colihueque Catriman, de la comunidad mapuche tehuelche Lof Catriman Colihueque, ubicada en cercanías al lago Futalaufquen.  

Otros Incendios en Pu Lof, territorio mapuche

Los incendios forestales en este territorio de belleza natural y descomunal en la Patagonia tienen antecedentes muy cercanos y recurrentes. 

–En marzo de 2022 hubo otro en el Parque Nacional los Alerces, en la zona de  Laguna Larga, cerca del Lof Catriman Colihueque, que  arrasó 1500 hectáreas. En ese contexto, pu lamngen (hermanes) Mapuche, se acercaron a solidarizarse y llevaron herramientas para realizar cortafuegos. En esos momentos la policía de Chubut interceptó en el camino a dos lamngen (hermanas) que iban subiendo la montaña hacia el territorio. Según contaron ellas después, las hostigaron, las filmaron, y luego se encargaron de difundir en las redes sociales contenidos que las injuriaban y hacían responsable a otra persona del pueblo mapuche del incendio. Ante esa violencia institucional y racista, las dos lamngen -acompañadas por pu lamngen, hermanxs y gente solidaria-  realizaron una denuncia en fiscalía. Pero una vez más la Justicia desoyó la demanda y quedó en la nada.

-Hace poco, en diciembre del 2023, en el Lof Paillako (también ubicado dentro del parque) se divisó una columna de humo. Fue un principio de incendio que se pudo controlar gracias a los brigadistas y pu lamngen (hermanxs) del Lof que se acercaron para ayudarles. En este mismo Lof, hace unos meses, testigos registraron tala de bosque nativo por parte de empleados de Parque Nacionales, sin la consulta previa e informada que exige el Convenio 169 de la OIT. El Lof Paillako documentó y compartió esta situación para visibilizar cómo Parques Nacionales provoca y amedrenta al territorio recuperado y a quienes lo habitan.

-El verano pasado, el Lof Paillako sufrió al menos tres incendios que afectaron una hectárea de bosque, una colmena de abejas y un retamal.

-También se han incendiado viviendas en otras oportunidades. “En 2015 se quemó una casa en Costa de Ñorquinco, en una comunidad mapuche en conflicto. En 2017 una casa en otra comunidad mapuche cerca de Leleque. También en el Alto Chubut, en un incendio confuso murieron dos ancianos”, compartió el antropólogo Hernán Schiaffini. También contó que en Esquel, en 2018 se quemó una confitería en el centro de esquí La Hoya (y luego se privatizó el cerro). En este caso se acreditó la intencionalidad del incendio, pero quedó impune. 

Profundizar las investigaciones sobre los incendios

“Estos incendios son menos difundidos y de menores proporciones, pero dan la pauta de que suele haber intereses. O de que el fuego puede ser un medio para lograr determinado fin”, dijo Schiaffini, quien coincide con la frase “Todo fuego es polìtico”.

Sin embargo, advirtió que en el Parque Nacional Los Alerces “no están claros cuáles serían los intereses que se han puesto en juego a través del fuego”. Y remarcó que es necesario “profundizar las investigaciones sobre los incendios esta dimensión: ¿qué expresan? ¿disputas de tierras? ¿locales o globales? ¿negocios transnacionales? ¿cuáles? ¿se incendia para expulsar pobladores? ¿por qué? ¿qué tensiones se esconden tras el fuego?”.

“¿Alguien en su sana lógica puede creer que los mapuche incendian el lugar donde viven y en donde vivieron sus ancestros?”, se preguntan desde la Asociación Gremial de Abogados. Desde esta entidad llevan adelante la defensa de la lof Paillako en una causa por “usurpación”, la cual “fue elevada a juicio” y se espera que “se designe la fecha de inicio”, explicaron. 

“Los incendios en el sur tienen muchas causas: a veces tiene que ver con el turismo que desprecia el cuidado de la naturaleza. A esto se suma la nada de infraestructura para poder apagarlos. A veces son provocados por las propias empresas para hacerse del lugar para sus fines económicos. Pero lo que no puede caber duda es que nunca son los pueblos originarios los que los provocan, por el contrario, son los que los sufren, porque llevan en su ADN marcado en la piel la defensa de la naturaleza”, resaltaron.

Intereses en el territorio

Los proyectos energéticos funcionan como un imán para las inversiones millonarias que se busca generar en la provincia de Chubut.   

Uno de los actores que desde hace por lo menos cinco años genera interés y alerta en la zona es la del plan  IIRSA. Son las siglas de Iniciativa de “Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana” es un megaproyecto con muchos frentes en distintos territorios de indoamerica. En la zona de Lago Puelo en Chubut, pretende construir un paso internacional, este mismo

 Surgió en el año 2000 como un acuerdo  entre doce países de América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Financiero de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y el Banco de Desarrollo de – 64 – América Latina (CAF). Detrás de la idea de “ejes de Integración y Desarrollo (EIDs) a lo largo y ancho del continente -según el propio sitio web de IIRSA¨como “franjas multinacionales de territorio en donde se concentran espacios naturales, asentamientos humanos, zonas productivas y flujos comerciales”. Investigadores consideran que en rigor, “cada una de estas franjas sería modificada a fin de interconectar los territorios extractivos, y configurar corredores comerciales con salidas en las costas del Atlántico y del Pacífico: los que se han denominado Corredores Bioceánicos. En otras palabras, es la construcción de gran infraestructura para conectar los centros de producción con los de consumo, abaratando y acelerando traslados, facilitando aún más la explotación de yacimientos hidrocarburíferos, minerales, recursos energéticos, acuáticos, agropecuarios y el transporte de los mismos, y reforzar al mismo tiempo el control social”, según explican en la publicación Contra-IIRSA. 

¿Qué tienen que ver los incendios con la Ley Ómnibus?

A la pretendida derogación de la Ley de Tierras y las leyes de Minería incluidas en el DNU de Milei, se sumaron en el proyecto de Ley Omnibus que aun debate el Congreso la modificación de la Ley de Bosques; de la Ley de Glaciares y de la Ley de Manejo del Fuego.

La situación alarma a los locales y no solamente a las comunidades indígenas. Con el nuevo artículo 517 propuesto en la Ley Ómnibus se busca legalizar la venta y el cambio de uso en tierras incendiadas derogando la ley 27.604 de manejo de fuego, sancionada en 2020. Se trata de una normativa crucial para evitar los incendios intencionales con fines especulativos inmobiliarios, ya que prohíbe el uso de tierras y su venta después de un incendio forestal.   Esta modificación puede generar incendios intencionales en zonas de interés inmobiliario, como ya ocurrió. Y este contexto afecta fundamentalmente a los pueblos preexistentes que resguardan la vida en los territorios. 

“Las tierras arrasadas por los incendios, que se repiten cada año, luego son apropiadas por gente que quiere hacer negocios. Y más ahora que la Ley de Bosques está en riesgo de extinción. Es un riesgo muy grande. Parques nacionales es una máquina de absorber dinero y van a aprovechar pero además no hay políticas serias de preservación”, dice Macayo. 

«Solo banderas argentinas» 

En este contexto, llamó la atención la convocatoria a una caravana en Esquel: “Querés que lxs responsables de los incendios sean detenidos por el delito ambiental? Basta de inaccion, silencio y complicidad”. Fue el sábado 3 de febrero y el flyer advertía “solo banderas argentinas”. 

Integrantes de Agencia Telúrica explican: “Nos parece que esta no es una aclaración inocente, ya que las banderas Mapuche Tehuelche se han hecho siempre presentes en contextos de lucha. Es así como esta convocatoria “pacífica” (así la nombran) también se suma a ser parte de esta violencia racista hacia el pueblo Mapuche Tehuelche”. 

Detrás de la convocatoria hay personas que integran la Sociedad Rural y muchas “antimapuche”. “Aunque también son parte aquellas personas dormidas que aún no despiertan de esta manipulación que les hace creer que un pueblo milenario, preexistente al estado Argentino, es capaz de atentar contra su propia vida”. 

Más de 150 comunidades indígenas en Chubut

“La reacción del gobernador apuntando al pueblo mapuche como autor material o intelectual no solo fue poco atinada, injuriosa, calumniosa y busca construir ese enemigo interno. Además elude otras circunstancias que debe resolver en lo judicial”, dice Sonia Ivanoff, abogada de la AADI (Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena de Argentina). Se refiere a dos sentencias. “Se ha intimado al gobernador de la provincia de Chubut a garantizar el derecho a la consulta y participación de las comunidades indígenas. Son más de 150 comunidades mapuche a lo largo de la provincia” recuerda. “El gobernador prefiere incumplir con la intimación, a regularizar este tema. Hace años que Chubut tiene desidia con el tratamiento de la tierra pública. Debe cumplir con garantizar la propiedad comunitaria indigena. Y por otro lado, reconocer la educación intercultural bilingüe dentro del estado provincial”. 

Ivanoff señala además que Torres “está designando personas de origen mapuche o apellido mapuche en ámbitos de la política donde las comunidades ya le dijeron que no designe a nadie. No hay representantes elegidos por las comunidades en el gobierno de Chubut y así y todo continúa renuente a acatar las decisiones judiciales”. 

La RAM: ¿un invento de los servicios de inteligencia?

No existen pruebas verificables de la existencia de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) en Argentina. Y en general las personas que la mencionan son todas del PRO (Patricia Bullrich, el gobernador Torres) o fuentes anónimas citadas por los medios. 

“Nadie sabe dónde funciona ni qué clase de organización es”, explica Gustavo Macayo. Recuerda que en Argentina nadie había oído hablar de ella hasta alrededor de 2015, cuando Jones Huala, que antes había estado en Temuco (Chile) se hizo conocido por el Lof Cushamen en Resistencia, que reivindica territorio en manos de Luciano Benetton. “Se construyó a la RAM como enemigo interno en la época de Macri para crear el enemigo indígena, le queda cómodo al Estado porque los trata como terroristas. Esto se hizo utilizando los servicios de inteligencia del Estado para investigar esa ocupación de tierras”, dice Macayo. Hay en la actualidad una causa abierta por espionaje de la AFI. Los medios casi no hablan de esto. 

En cambio, “la causa de Jones Huala está cerrada y el está detenido allá.  Pero siempre que hay algo le echan la culpa al RAM o a los mapuches”, dice Macayo. Asegura que en la zona de la Comarca -Esquel Trevelin, Corcovado, Cholila, Puelo- muchas personas fueron objeto de inteligencia ilegal de la AFI. Tanto él como Moira MIllán están entre las personas espiadas en 2015. La causa llega a juicio este año. 

Son varias las fuentes que aseguran que la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) es un invento de los servicios de inteligencia para justificar la criminalización del pueblo Mapuche. En palabras de una integrante de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos HUmanos) en Esquel, Claudia Ermili: “A la RAM se le acusa a cada rato de cualquier cosa. Estamos muy acostumbrados a que tiren papeles diciendo que la RAM se adjudica tal cosa tal otra, y la verdad que eso nunca se prueba, nunca se probó”. 

Los dichos antimapuche de los funcionarios, como en este caso el señor gobernador Torres, no son ni nuevos ni únicos, recuerda Ermili. “Ya lo vivimos con otros gobernadores, como el gobernador Das Neves, ya fallecido, donde siempre se indica a alguien del pueblo mapuche como el malo, el que hace daño”. 

“A través de esta creación de la figura del enemigo interno, se profundiza la demonización para justificar la militarización de los territorios considerando a este pueblo ancestral como un grupo de terroristas. El que actúa como terrorista es el Estado, a través de este, los distintos gobiernos de turno ejercen violencia, despojo y muerte. Bajo esta representación hacia el pueblo Mapuche, se ha justificado los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en el año 2017”, expresaron voces del pueblo mapuche tehuelche que viven en la zona. 

En esos años, Patricia Bullrich realizó un informe de 180 páginas llamado “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche” acusando de manera impune a integrantes del pueblo Mapuche, organizaciones sociales y medios de comunicación que se habían solidarizado en aquellos momentos se suma violencia institucional en Chubut y Río Negro.  

“Este informe basado en desinformación viene sembrando odio, configurando un escenario de terrorismo para culpar a les mapuche. En base a información falsa, parte de la población justifica los despliegues de las fuerzas especiales de seguridad. Este invento forma parte de una estrategia que busca judicializar, encarcelar y debilitar al pueblo Mapuche, que defiende la vida de los territorios. En cambio, estos políticos de turno negocian los territorios con las corporaciones. Atentan contra la vida de los ríos, bosques, animales y humanes que la habitan”, dijeron las mismas fuentes. 

La configuracion del enemigo externo para la instalacion e intromision de las fuerzas estadounidenses en el territorio, qe se pretende instalar en la Patagonia y contra la que el pueblo mapuche viene luchando.

La fiscalía que investiga los incendios

Al día siguiente de su recorrida por Los Alerces, el gobernador se entrevistó con Guido Otranto, el único fiscal federal de Esquel. Otranto fue duramente criticado cuando tuvo a su cargo la causa por la desaparición de Santiago Maldonado en 2016, en medio de un operativo de Bullrich bajo el gobierno de Macri. 

El gobernador le manifestó “la decisión de constituirnos como querellantes para seguir de cerca esta causa, que se hagan los peritajes cuanto antes y que haya una medida ejemplificadora, que no tiene que ser sugerir que el Parque mejore su infraestructura, que coincidimos, pero tiene que haber un responsable y tiene que estar preso”, dijo a los medios. Y le pidió a la Justicia rápida actuación con la causa de la toma “porque no se puede tener en vilo a los pobladores del Parque Nacional que viven con miedo de que le prendan fuego sus viviendas y con un usurpador dentro del Parque”, remató.

En septiembre del 2017, Otranto ordenó un allanamiento violento hacia la comunidad Vuelta del Río para buscar a Santiago Maldonado. Ordenó ese megaoperativo de madrugada, con 400 efectivos, perros, helicóptero, y alrededor de 30 vehículos. En aquel momento varias comunidades se presentaron en el Juzgado Federal de Esquel ocupándolo pacíficamente para exigir la renuncia del juez, que fueran desafectados los efectivos y la investigación de este avasallamiento donde apresaron con precintos a integrantes de la comunidad, dejándolos tirados en el piso por horas en plena madrugada, provocaron un incendio en sus rukas (casas) y otras irregularidades. Pero este reclamo fue desoído. 

Brigadistas precarizados

Son alrededor de 300 brigadistas, con la colaboración de instituciones municipales, provincials y nacionales, tratando de apagar el incendio, entre cenizas, humo, viento, y en un contexto de denuncias y protestas por precarización laboral. Se suma así otra arista que tiene que ver con el conflicto por paritarias que vienen pidiendo hace tiempo los brigadistas, trabajadores del Estado provincial. 

El 18 de enero Brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego hicieron una protesta en Esquel, frente a la Secretaría de Bosques. En sus declaraciones el gobernador no mencionó y tampoco la mayoría de los medios lo hicieron, las condiciones en que luchan contra las llamas. 

Según Ivanoff: “Hoy médicos sanitaristas y enfermeros asisten a estos brigadistas, muchos son puro corazón y voluntariado. Están precarizados. Hay personas que hace 20 años realizan este tipo de trabajo. Y hace 20 años que el manejo de la tierra pública, la corrupción, los incendios -en una provincia en donde se tenía un bosque nativo y una protección- hacen que cada vez se deforeste más. Se han escuchado distintas voces no solamente el pueblo mapuche, sino de otros sectores y organizaciones contra la fragilidad con que la clase gobernante protege estos bienes comunes”, 

“Los trabajadores que trabajan apagando incendios, en especial los provinciales, están muy mal, desatendidos y con problemas salariales”, dice Macayo. Para él, parte crucial del problema es la falta de políticas de prevención y de inversión a lo largo de todo el año.