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La Justicia jujeña imputó a 16 personas de la comunidad indígena de Caspalá
Desde 2022, la comunidad de Caspalá sufre violenicas por defender su territorio. El rol de Gerardo Morales y la justicia de Jujuy.
Con una población de 350 habitantes, enclavado en los valles de altura que se extienden al noreste de la capital jujeña, el pequeño pueblo de Caspalá, calificado como uno de los diez más bellos del planeta, vivió hasta finales de 2022 en la tranquilidad que otorga la lejanía de los principales centros urbanos.
Eso cambió en noviembre de 2022. Un contratista Urbania SRL llegó con sus trabajadores y sus maquinarias a instalar un obrador en la cancha comunitaria, que el mismo pueblo limpió de piedras y mantiene desde hace años. El gobierno de Jujuy eligió ese lugar para construir una escuela secundaria, para la que la comunidad caspalense ya había destinado otro terreno.
El pueblo se opuso a la destrucción de la cancha comunitaria y se entabló una confrontación en la que les comuneres fueron reprimidos y perseguidos. La última es la acusación por robo agravado, daños agravados y usurpación. Por esa acusación 11 de enero fueron indagades 16 comuneres de Caspalá. Entre elles, la presidenta de la Comunidad Indígena Pueblo Kolla Caspalá, Lucía Apaza, y la comisionada municipal Rosa Apaza.
Se trata, afirmaron la Comunidad y sus abogadas defensoras, de una “hostil persecución” que “data ya de hace más de un año”.
El conflicto
El 11 de enero la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria N°1 de Humahuaca, a cargo de Leila Rodríguez, imputó a les 16 integrantes de la Comunidad. Además de la presidenta comunitaria y la comisionada municipal, fueron formalmente informades de la acusación en su contra Francisca Coronel, Paola Coronel, Saturnina Batallanos, Aurora Tito, Eulalia Tito, Ubaldo Luere, Mirian Coronel, Jorge Tito y Verónica Coronel. También la vocal de la Comisión Municipal Irma Balcarce, el delegado sindical Cipriano Quipildor y el abogado Alberto Apaza. El secretario de Gobierno municipal, Rodolfo Coronel, y la jueza de Paz de la localidad de Santa Ana (cercana a Caspalá), Rosario Benítez.
La causa se inició con la denuncia de un tridente compuesto por el ex comisionado municipal, Natividad Apaza; la Fiscalía de Estado de Jujuy y la empresa contratista. Sobre el ex comisionado, la Comunidad y sus abogadas informaron que es “allegado al ex Gobernador (Gerardo) Morales y opositor político a la actual gestión municipal”.
Natividad Apaza, que fue padrino de boda de Morales, “carga con múltiples denuncias, de las cuales, sorpresivamente ninguna ha tenido avances en la fiscalía”, afirmaron marcando el contraste con la rapidez que tuvo el trámite de la denuncia contra les comuneres.
Por otro lado, las defensas de les comuneres vienen planteando la incompetencia de la Justicia provincial para entender en estos hechos. En todo lo relativo a Caspalá viene interviniendo la Justicia Federal. Entre otras razones, porque está de por medio una comunidad indígena y está acusado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Además, está en juego un sitio arqueológico y se están afectando derechos reconocidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales de los que la Argentina es parte.
En efecto, en el Juzgado Federal N° 2 de Jujuy se tramita una causa contra el ex gobernador Gerardo Rubén Morales y otras personas que cumplieron funciones en su gestión por los delitos de “robo, usurpación, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, usurpación de aguas y otros”.
El 27 de agosto de 2023, la jueza federal Carina Gregoraschuk ya dictaminó que la competencia es federal. También que estas “tierras (que) se encuentran en posesión del pueblo Kolla de Caspalá” son “inembargables e inejecutables”. Afirmó que en el caso se encuentran afectadas “garantías constitucionales y convencionales”.
El territorio, en discusión
“El eje de la discusión es la defensa de las tierras y los territorios comunitarios, derechos preexistentes garantizados por la Constitución Nacional y Convenciones Internacionales. Puntualmente, la cancha de fútbol ancestral, perteneciente a la comunidad aborigen con personería jurídica”, insistieron la Comunidad y sus abogadas tras participar de la audiencia el pasado 11 de enero. En esa instancia la abogada Silvana Llanés planteó la incompetencia de la justicia provincial, pero previsiblemente, fue rechazada.
Desde el comienzo de este conflicto la Comunidad caspaleña viene señalando que no se opone a la construcción de una escuela. Pero rechaza la destrucción de la cancha comunitaria, que es parte de la historia del pueblo. Ahí se realiza desde hace más de veinte años el Campeonato Veraniego Confraternidad, un verdadero acontecimiento social que convoca a miles de familias de once localidades del departamento Valle Grande. En ese lugar juegan les niñes de la Comunidad y el espacio es también el punto de reunión cuando ocurren eventualidades, como el sismo que en 2020 sacudió al pueblo.
Ignorando estos sentires, el gobierno de Jujuy avanzó sobre la cancha comunitaria. Para suplirlo, dispuso construir una nueva cancha en otro predio, con lo que en lugar de calmar los ánimos logró el efecto contrario. Con este fin el gobierno expropió la propiedad del comunero Pablo Cruz Mojoya. Su familia se vio invadida de un momento a otro por las maquinarias de Vialidad y hasta se ejerció violencia sobre la compañera de Pablo, Ramona Chapor. Para mayor descontento, además de destruir sembrados, andenes y terrazas de cultivo, al remover el terreno las máquinas dejaron a la vista construcciones prehispánicas.
Silvana Llanés, apoderada de la Comunidad, recordó ante Presentes que el predio donde se encuentra la cancha comunitaria “pertenece a la comunidad Aborigen Pueblo Kolla de Caspalá y no al Estado Provincial”. Y, como dijo la Justicia Federal “esas tierras no pueden ser embargables ni enajenables, por lo tanto, el Estado Provincial no puede arrogarse derechos que no tiene, utilizando las instituciones públicas para adulterar información y hacerse de territorios de comunidades originarias”, aseguró. “No puede dañarse, robarse o usurparse lo que es propio”, afirmaron la Comunidad y sus abogadas respondiendo a la acusación.
“Esta causa es sólo una demostración más del persistente hostigamiento a la comunidad. Ahora se suma un elemento que aumenta su gravedad y es la persecución política a autoridades municipales de la localidad, elegidas por la voluntad popular y que llevan sólo un mes de gestión”, agregó la abogada Amelia de Dios. Ella asiste a les funcionaries de la Comisión Municipal.
En Jujuy no hay seguridad jurídica
“Esta situación demuestra que en Jujuy no existe seguridad jurídica ni se respetan las garantías constitucionales. Tampoco la división de poderes ya que el poder judicial no es independiente”, afirmaron la Comunidad y las defensoras. La abogada Alejandra Cejas acompaña a Llanés en la defensa de les comuneres.
Desde junio de 2023 pesa sobre la cancha comunitaria una medida cautelar de no innovar. Llanés denunció que el gobierno de Jujuy incumple esta decisión de la Justicia Federal. Dijo que la empresa Urbania SRL, “que es contratista y es de poderosos de acá de Jujuy, empezó a meter materiales en la cancha” y “siguieron con la obra”. Recordó que esto fue denunciado por la Comunidad en varias oportunidades, pero “la fiscalía federal nunca hizo nada”.
Para Llanés, la denuncia en la Justicia jujeña es una estrategia para plantear la competencia provincial y dirimir el conflicto en Caspalá. “Quieren traerlo al fuero provincial para quedarse con las tierras”, aseguró la abogada.
“Deberían haber denunciado esto en la causa principal” que se tramita en el fuero federal, pero “descaradamente” están buscando traer el caso al fuero provincial “para poder quedarse con las tierras de la gente”, lo que es grave porque en Jujuy “no tenemos seguridad jurídica, no hay división de poderes, se arrogan el poder judicial”, insistió.
El ex gobernador Morales fue sucedido por otro hombre de su partido, Carlos Sadir, también de la UCR. Pero las abogadas defensoras y la Comunidad caspaleña aseguran que no hay cambios en cuanto a la política represiva. “Siguen siendo los mismos”, “Sadir no existe, quien gobierna es la familia Morales. Hoy seguimos en la misma”, afirmó Llanés. E igual que comuneres que hablaron en una movilización que se hizo en Humahuaca tras la audiencia de imputación, advirtió que este ataque no es solamente contra la Comunidad de Caspalá, recordando las acusaciones penales a gremialistas y a activistas de otras organizaciones sociales.
“Están reeditando todas las acusaciones”. “Hay que difundir que en Jujuy no hay estado de derecho. Que Jujuy no tiene división de poderes y que acá el gobernador es un infame traidor a la patria porque se arroga todo el poder político. El poder ejecutivo, legislativo y judicial confluyen en una sola persona”. “Y eso es muy importante que lo digan, porque así no podemos defender a nadie”. “Las garantías constitucionales no existen”, ratificó Llanés.
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