1 de diciembre de 2023

Agustina Ramos

Archivo Agencia PresentesAriel Gutraich

Edición: María Eugenia Ludueña

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Al filo del año 2024, 63 Estados miembros de la ONU siguen criminalizando los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. Desde 2021, sólo cinco países los despenalizaron: Antigua y Barbuda, Barbados, San Cristóbal y Nieves, Singapur y Mauricio. Así lo reporta el Informe Nuestras identidades bajo arresto, elaborado por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA). Esta edición recopila más de 1.300 casos de aplicación de la ley penal contra la diversidad sexual en 72 países de todo el mundo. Y toma nota de más de 600 nuevos casos de detenciones y procesamientos judiciales contra LGBTIQ+ en países donde las leyes criminalizan a estas identidades. Principalmente, en Asia y África. 

Lo recopilado, mucho menos que lo real

Se trata de la segunda edición del reporte. Y en comparación con el primero, publicado en 2021, este estudio “presenta una expansión sustancial en la recopilación de casos”. Por ejemplo, con la inclusión de 600 nuevas detenciones y procesamientos judiciales.

“Lo recopilado representa apenas una mínima fracción de los casos reales”, subrayó Lucas Mendos, gerente de investigación de ILGA Mundo. Y agregó: “Es imperativo que los Estados dejen de aplicar estas normas de manera inmediata”.

“Es crucial destacar que la dificultad para obtener y documentar esta información es enorme. Lo recopilado representa apenas una mínima fracción de los casos reales. Muchos nunca se denuncian, no se registran o se pierden en registros incompletos”, advirtió Mendos.

Cambios regresivos

En 2023, Uganda adoptó una nueva y agresiva legislación, con un impacto negativo para toda la región. Kenia, Tanzania, Nigeria, Ghana y Senegal también intentaron agravar su legislación vigente; al tiempo que Níger, Malí, Irak e Indonesia experimentaron un aumento de los esfuerzos para criminalizar formalmente a personas LGBTIQ+.

“Además, llama la atención el cambio significativo en países que en los últimos cinco años no existían registros de detenciones y procesamientos y ahora sí existen instancias documentadas. Son los casos de Burkina Faso, Burundi, Comoras, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Jordania, Libia, Maldivas y Papúa Nueva Guinea”, detalló Mendos.

De los 72 países incluidos en este informe, sólo 53 mantienen leyes explícitas que penalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo. Sin embargo, hay países -como Egipto e Irak- donde existe una criminalización de facto debido al uso sistemático e institucionalizado de normas aparentemente no relacionadas o ambiguas para perseguir a las personas LGBTIQ+.

La diversidad como chivo expiatorio

Para entender mejor cómo impactan estas leyes y estos datos a nivel político global y para nuestra región, planteamos algunas preguntas a Mendos. 

-¿Qué análisis hacés sobre la situación política de los países que analizaron y las violencias que se desplegaron?

Lucas Mendos: Un patrón que se repite es la combinación de referentes políticos, líderes religiosos y medios de comunicación alineados en discursos anti-diversidad que muchas veces generan escalofríos. Desde los liderazgos políticos, religiosos y comunitarios, hay una instrumentalización sistemática de la diversidad como chivo expiatorio casi constante. Se utiliza para movilizar y escandalizar la opinión pública y muchas veces como estrategia de distracción de otros temas de la agenda política. En muchos de estos países, la diversidad sexual y de género termina siendo víctima de una manipulación que genera un caldo de cultivo para la proliferación de niveles altísimos de hostilidad, magnificados en el debate público, en las redes sociales, en las iglesias —que poseen un enorme poder de influencia— y en las calles. Si bien no forma parte del objeto principal del informe, el fenómeno de la desinformación y su potencial impacto en la percepción pública y las dinámicas políticas se deja ver en varios países.

-¿Cómo puede influir la recopilación de estos datos?

Es necesaria para demostrar que las leyes que criminalizan están muy lejos de ser leyes inactivas que “duermen” en los códigos penales, lo que muchos Estados aún sostienen cuando en la ONU se les pide que rindan cuentas al respecto. Y, por otro lado, en los países de recepción de personas refugiadas, los tribunales suelen tener estándares muy altos para reconocer que una persona LGBT está en peligro de sufrir persecución. El solo hecho de que haya una ley que criminalice no es considerado como una razón suficiente para dar asilo. Suelen demandar información sobre cómo se aplican en la práctica. Y es tan difícil conseguir esa información que muchas veces las solicitudes terminan siendo rechazadas. Porque las personas refugiadas no pueden demostrar que corren peligro de ser detenidas, procesadas y condenadas por su identidad. Con este informe ILGA pretende contribuir para que estos faltantes de información sean cada vez menos.

Cómo pueden contribuir los medios

-¿Qué recomendaciones hacen desde ILGA hacia los Estados, las sociedades y los medios de comunicación frente a las persecuciones a LGBTIQ+?

-Es imperativo que los Estados dejen de aplicar estas normas de manera inmediata. La urgencia radica en proteger los derechos fundamentales de la comunidad LGBTIQ+ y poner fin a prácticas persecutorias. Como consecuencia necesaria, los ciento (si acaso no miles) de personas que hoy en día están privadas de libertad por estos “delitos” deben ser liberadas. Estas recomendaciones se han hecho a nivel del Examen Periódico Universal de la ONU, pero los países que criminalizan, hasta la fecha, las vienen rechazando sin excepción. 

Como medida intermedia, hay quienes sostienen que los países podrían considerar la implementación de moratorias hasta que se logre la derogación efectiva de estas normativas. Esto proporcionaría un espacio temporal para la revisión y eliminación de leyes discriminatorias.

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la aplicación de estas normativas en muchos países. Es esencial redefinir su rol para evitar contribuir a prácticas represivas, dejando de identificar posibles víctimas de persecución y desistiendo de la divulgación de información que pueda estigmatizar o desenmascarar a individuos por su orientación sexual. Al mismo tiempo, los medios pueden contribuir con narrativas inclusivas y respetuosas hacia la diversidad sexual y de género. 

Violencia institucional en América Latina 

–Si bien no está presente en el informe, ¿tienen conocimiento de cómo es la situación en otros países de América Latina?

-Lo que concurre en América Latina es que existen altos niveles documentados de violencia institucional que se siguen dando en países con leyes que ya no criminalizan, al menos de forma explícita. El informe se concentra en los países donde sí existen estas leyes opresivas que criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo y las expresiones de género diversas, y esa es la primordial razón por la cual no hay países de América Latina en el informe. Si contáramos con más recursos nos gustaría en un futuro ampliar el ámbito del informe para cubrir todos los países. 

La situación de Argentina

-¿Qué pensás sobre el avance de la ultraderecha en distintos países como en la Argentina y cómo puede impactar esto en la población LGBTIQ+?

-Viéndolo desde una perspectiva a nivel global, una de las preocupaciones más inmediatas es la legitimación del discurso de odio. Esto lo hemos observado en muchos países del mundo donde estos espacios políticos han ganado poder. Podría ser muy nocivo que personas que promueven mensajes discriminatorios ocupen posiciones de liderazgo porque esto tiene el potencial de normalizar y legitimar este tipo de discursos. En lo concreto, un punto crítico está en cómo esto puede permear a las fuerzas de seguridad donde ya cunde fuertemente el prejuicio contra la diversidad, y esto puede fácil y rápidamente traducirse en niveles aún mayores de violencia y discriminación institucional contra nuestras comunidades.

El poder ejecutivo define la política exterior del país. Esto puede tener un impacto palpable en la posición de Argentina como actor clave en temas de derechos humanos y diversidad a nivel internacional, tanto a nivel de la ONU como a nivel de la OEA, dos foros clave donde los temas de diversidad necesitan más que nunca de apoyo constante dada la enorme oposición cada vez más fuerte a estos temas. Argentina hoy en día no solo acompaña sino que muchas veces lidera estas iniciativas a nivel internacional y que deje de hacerlo sería sumamente preocupante.