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40 días de paro nacional liderado por los pueblos indígenas en Guatemala
Los pueblos han bajado de las montañas a recuperar lo que les pertenece y le ha sido robado.
Dar contexto sobre lo que pasa en el país que conocemos hoy como Guatemala, siempre es algo muy complejo. Creo que no darán crédito a lo que tengo por contarles, es una mezcla entre una comedia y una realidad distópica o paralela en pleno siglo XXI y en medio de un auge del fascismo y de un incremento del cierre de espacios democráticos a escala mundial.
Desde el punto de vista de juristas y especialistas, Guatemala es una dictadura judicial desde 2017, por haber roto el orden constitucional y mantener de forma arbitraria e ilegal a un Corte Suprema de Justicia por más del periodo correspondiente, violentando de esta manera la Constitución, las leyes internas y los tratados internacionales ratificados. Además de la situación de dictadura, Guatemala sigue funcionando bajo el sistema de finca colonial.
En los países que se supone son democracias, tras las elecciones se encamina una transición para dar puerta al nuevo gobierno y que tome posesión. Y aquí es donde se comienza a poner interesante, si podemos llamarlo de esta manera. El pacto de impunidad tiene todos los poderes alineados para funcionar de la forma que les plazca.
En Guatemala el Parlamento está cooptado por las mafias, que decretan leyes que se encargan de proteger a los actores corruptos e impunes. La presidencia del país, encabezada por Alejandro Giammattei, es quien dirige el saqueo. La Corte Suprema de Justicia no ha sido electa desde hace más de cinco años y es por esto la dictadura es de carácter judicial que rompiendo con esto los pesos y contra pesos de las llamadas democracias.
En el otro lado de la moneda, están las élites económicas que desde la colonia han acumulado su riqueza a costa del despojo, la esclavitud y la servidumbre. Empresas extractivas, mineras, hidroeléctricas y plantaciones de monocultivo son la nueva forma económica de continuar con ese despojo que asegura que la elite se siga lucrando y que, de esta forma, Guatemala siga siendo una “república bananera”, con venia del gobierno de los Estados Unidos.
Esta dictadura tiene a más de 50 personas en el exilio, entre ellas fiscales y funcionariado del sistema de justicia del más alto nivel, periodistas, activistas y defensores del territorio. Personas incómodas para el poder. Hay además varias personas en prisión por la creación de casos espurios y falsos para justificar impunidad e ilegalidad; entre las presas se encuentra la abogada Virginia Laparra, quien fue nombrada presa de conciencia por Amnistía Internacional este año.
Guatemala tuvo un proceso electoral en junio pasado, que en primera vuelta eligió a diputados, alcaldes y al binomio presidencial. Pero el pacto de impunidad, como le han denominado, tenía sus planes para que al menos alguien de sus más de 25 candidatos y partidos pudiera fungir como cabeza de la presidencia para que la clase política y las elites continuaran con el saqueo. No contaban con que la juventud rebelde votara para que en la segunda vuelta una opción socialdemócrata avanzara al balotaje.
Después de casi 70 años de gobierno de extrema y rancia derecha, llegó a segunda vuelta la opción de elección del binomio presencial entre el partido socialdemócrata Movimiento Semilla, liderado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, y el partido de centro derecha Unidad Nacional de la Esperanza UNE, liderado por Sandra Torres y Romeo Estuardo Guerra.
Surgió una llama de esperanza y la población se decantó por el Movimiento Semilla, que ganó de forma contundente con más de 30 por ciento de diferencia. Lloramos, reímos y esto abrió una posibilidad de retorno las exiliadas.
Sin disimular mucho, las elites empresariales y dirigentes de la dictadura tuvieron que reconocer los resultados, al menos públicamente. El proceso electoral fue cuestionado desde sus inicios y el país entero no daba crédito de lo que estábamos viendo, incluso quienes estamos fuera como diáspora migrante o exiliada. La emoción duró cinco minutos. Recuerden, que somos una república bananera y el alfil de la impunidad y responsable de la criminalización, cárcel y exilio de mucha gente es la Fiscalía General, quien, desde el Ministerio Público, liderado por Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, ha emprendido lo que ahora los expertos llaman “golpe de Estado técnico electoral”. Comenzaron a inventarse y a diseminar el relato de que Semilla había falsificado firmas en la constitución del partido, y se inició la criminalización y persecución de gente del partido; algunas tuvieron que salir al exilio.
La gota que derramó el vaso fue el secuestro literal por parte del Ministerio Público de las urnas que contenían los sufragios emitidos por la ciudadanía el pasado 20 de agosto. Nunca en la historia democrática del país se había visto tal situación, por lo que la población en general y de las organizaciones indígenas, lideradas por los 48 Cantones de Totonicapán, la Alcaldía Indígena de Sololá, el Parlamento Xinka, el Consejo Departamental de Autoridades Indígenas de Totonicapán, convocaron a salir a las calles a defender la frágil y casi inexistente democracia guatemalteca.
Guatemala está en crisis y en un golpe de Estado. La dictadura se niega a perder el poder y sus privilegios, se niega a reconocer los resultados de decisión popular, que está harta del empobrecimiento. Y está haciendo todo lo posible para no dejar tomar posesión a quienes ganaron de manera pacífica y democrática las elecciones. La justicia acaba de suspender al Movimiento Semilla.
Por más de 40 días de movilización, están paralizadas casi por completo las principales rutas del país. Esto me hace pensar que de pronto la finca colonial o la república bananera comienza al menos tener grietas en estas estructuras. Los pueblos han bajado de las montañas a recuperar lo que les pertenece y le ha sido robado.
Las calles en Guatemala se han desbordado de dignidad indígena y las organizaciones más legítimas y antiguas de mundo indígena del país han hecho valer la vara de autoridad y mando que siempre han ostentado. Un liderazgo indígena que sobrevivió al genocidio, a la dictadura colonial y que siguen sobreviviendo al despojo actual.
La resistencia indígena no es por un partido político, han dicho nuestras autoridades indígenas desde el primer día del paro; estas manifestaciones pacíficas son para que se respete la democracia y la decisión popular.
Una parte de Iximulew está despertando y se empieza a reconocer por lo que es, un país originario, un país indígena; una parte del país está dejando de sentir vergüenza de ser quien es. Por primera vez en más de 500 años se empieza a desmontar el pensamiento colonial respecto a la población indígena.
Otra parte del país no ha dejado de luchar nunca, siempre han estado en las calles con las venas abiertas, sobreviviendo al genocidio, pariendo la vida y la dignidad, el mundo originario que siempre ha estado despierto, esperando la aurora, en movilización y resistencia.
*Este artículo fue publicado originalmente en Pikara. Para saber más sobre nuestra alianza con este medio, clic acá.
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