16 de noviembre de 2023

Verónica Ferrari / Fondo de Mujeres del Sur

Edición: Maby Sosa

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Rute Zúñiga nos da un poco de su tiempo en medio de una feria en donde vende sus productos agrícolas para sostener su hogar.

Ella podría pasar como una mujer más entre tantas que hacen múltiples esfuerzos para subsistir junto a su familia. Pero Rute es la presidenta de la AMPAEF, la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas. Es decir, es una de las casi 300.000 mujeres que fueron ligadas en medio del enorme despliegue logístico de una política estatal genocida planificada, dirigida, celebrada y aún impune de la dictadura de Alberto Fujimori en la década de los 90. Exactamente entre los años 1996 y 2001 llamada Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.

Si no hubiera sido por las primeras denunciantes, mujeres de Anta (Cusco), de donde procede Rute; por la organización espontánea de muchas de ellas en todo el Perú para enfrentarse a la violación de sus derechos humanos. Y por las investigaciones feministas, sobre todo de Giulia Tamayo, abogada peruana que, en 1998, reveló lo que estaba pasando al presentar el informe “Nada personal. Reporte de Derechos Humanos sobre la Aplicación de la Anticoncepción de Emergencia en el Perú 1996-1998”; la vida y la salud de miles de mujeres indígenas, campesinas y quechuahablantes hubieran seguido siendo afectadas por políticos, funcionarios y operadores de salud que hasta hoy no son sancionados.

Tal es el caso de los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga. Incluso este último es ahora congresista del partido fujimorista, demostrando, una vez más, lo poco que importan algunas vidas.

Detrás del discurso político de Alberto Fujimori en Beijing, en el que señaló como su objetivo que “las mujeres serían dueñas de sus cuerpos” y que esto disminuiría la pobreza en el Perú, había un plan más ominoso: exterminar a los pobres. En este caso, a las más pobres.

Casi tres décadas después, el objetivo esgrimido nunca se cumplió: las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas no sólo no salieron de la pobreza, sino que se subsumieron más profundamente en ella. Tuvieron que soportar el dolor de una operación obligada, abusiva, descuidada y negligente; las presiones y humillaciones de un personal médico que apelaba a la banalidad del mal para completar sus cuotas diarias de intervenciones quirúrgicas; las secuelas torturantes y crónicas de salud física y mental hasta el final de sus días. Y, las que no murieron, el cambio radical de sus proyectos de vida, sumado muchas veces al desprecio familiar y social, el abandono de sus parejas en varios casos, el estrés postraumático y la continuidad hasta la actualidad de sus procesos legales, así como la falta de una reparación integral de parte de cada gobierno de turno.

En tiempos en los que lo audiovisual es vital para generar pruebas indubitables de violaciones a los derechos humanos, el documental “Nada personal” tuvo la oportunidad de registrar los testimonios de mujeres que habían sido esterilizadas unos días antes en Huancabamba (Piura) en una Campaña de Anticoncepción Quirúrgica desarrollada entre el 22 y 23 de noviembre de 1996. Las imágenes, espeluznantes, hablan por sí solas.

Fueron 18 las víctimas mortales que dejaron las esterilizaciones forzadas impulsadas por Alberto Fujimori, sus ministros y sus asesores. Dos de ellas se convirtieron en casos emblemáticos de la forma en que el gobierno fujimorista manipuló, engañó, forzó, abandonó y luego olvidó a las mujeres: Celia Ramos (Piura, 1996) y Mamérita Mestanza (Cajamarca, 1997). Ellas encarnaron los delitos cometidos por el Estado peruano: lesiones graves, lesiones seguidas de muerte, homicidio culposo, exposición al peligro, secuestro, coacción, peculado, encubrimiento real, omisión de denuncia y omisión de funciones.

En 2021, 19 años después de empezar las investigaciones preliminares, se logró que un juez convoque a la primera audiencia de sustentación de cargos en el caso de esterilizaciones forzadas contra 1307 agraviadas y agraviados. Hasta la actualidad, se han llevado a cabo más de cinco audiencias, en un proceso lento y revictimizante.

A fines de los años 90, fueron doce las mujeres de Anta que viajaron a Lima a denunciar la violación de sus derechos humanos mediante las esterilizaciones forzadas. Nace así un proceso organizativo de las víctimas. Se llamaron a sí mismas AMAEF (Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas), buscándose en diversos poblados y distritos. Actualmente son 14 organizaciones de varias regiones del Perú como Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima, Callao, Loreto, Piura, San Martín. En 2015, las reconocieron como mujeres víctimas y fueron registradas en el REVIESFO (Registro de Víctimas de Esterilización Forzada), un registro administrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creado con la finalidad de identificar el número de personas afectadas por esta nefasta política pública de salud y con más de 8000 inscritas.

Ellas se reúnen una vez al mes en una asamblea general, luego de sus propias reuniones locales. Juntas, las mujeres de Anta coordinan sus actividades futuras de lucha y acuerdan formas de colaboración para las compañeras que están enfermas. Han formado un grupo para poder hacerse escuchar frente a un Estado indolente, pero también para resistir juntas las vicisitudes que atraviesan.

Rute nos cuenta cómo van avanzando sus casos: “Estamos solicitando que se incluyan las esterilizaciones forzadas en las causales de extradición de Alberto Fujimori en la Corte Suprema de Chile. Tenemos seis casos ante la CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) y tres ante el Comité de No Discriminación de la ONU. Nosotras lo que queremos es que se pueda avanzar, queremos una reparación integral y que siquiera, por lo menos, nos den para nuestras enfermedades”.

Ellas saben bien por qué no avanzan sus casos en el Poder Judicial peruano: la corrupción, los cambios continuos de jueces y fiscales, y el fujimorismo instalado en las altas esferas del poder han logrado que la resolución de los casos demore, que el proceso judicial se archive varias veces y que continúe la impunidad luego de 27 años. Saben también del uso que hacen los políticos de sus denuncias, siempre cerca de las elecciones: “Cada autoridad, cada presidente que entra solamente nos promete. Nos utiliza para poder decir que va a lanzar nuestro caso, que voy a hacer esto, pero una vez que entran, ni se acuerdan de nosotras. Cuando pedimos cita no nos aceptan, y nos quedamos pensando que nos han hecho un maltrato antes y seguimos siendo maltratadas”, comenta Rute.

No ha sido fácil el trabajo de AMPAEF ni el de sus voceras. Desde hace décadas enfrentan el negacionismo de políticos fujimoristas, de derecha, e incluso publicaciones[4] que niegan que fue una política estatal con el fin de perjudicarlas. La brutalidad de una política de salud continúa en sus cómplices actuales que tienen poder político, económico y académico, y pertenecen a las élites sociales que buscan mantener el estado de colonialidad que permitió este tipo de crímenes.

A nosotras, mujeres campesinas indígenas quechuahablantes no nos escuchan las autoridades, pero vamos a seguir luchando”, señala Rute. Ellas esperan que el Estado peruano les pida perdón y las repare al más alto nivel.

Mientras tanto, el acceso a algunos recursos les ha permitido capacitarse, formar su Escuela de Líderes Warmikuna Sayaynin (Mujeres valientes en resistencia), elaborar materiales de difusión de sus casos y, sobre todo, movilizarse a los lugares en donde tienen que estar para exigir sus derechos. La historia de dignidad de las mujeres de AMPAEF continúa, ellas no están solas.

“Con el apoyo del Fondo hemos llevado a las compañeras de otros lugares a donde no podían trasladarse y hemos tenido para bastantes actividades. Es muy necesario el financiamiento, nos ha facilitado el poder organizarnos un poco más. Ahora estamos más unidas, más organizadas y vamos a seguir con nuestra lucha, antes de eso nosotras no podíamos movernos a cualquier lado, una no podía ir a las marchas a protestar, así por así nomás no podemos, de dónde sacamos el dinero. Porque lo que nosotros trabajamos en el campo no tiene precio, no tenemos estudios superiores. Con las capacitaciones nos estamos haciendo escuchar más”, cuenta Rute.

La lucha de las mujeres de AMPAEF es reconocida nacional e internacionalmente. En 2021, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables les otorgó el reconocimiento “Orden de Mérito de la Mujer” a 14 presidentas de la asociación. Y unas horas antes de cerrar este artículo nos enteramos que el Centro Internacional de Promoción de Derechos humanos CIPDH-UNESCO ha elegido para la entrega del Premio Anual a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos a Rute Zúñiga.

Que su historia y la de miles de mujeres que aún claman justicia sea escuchada, reparada y agradecida, porque sus vidas valen tanto como cualquier otra vida.

La nota fue publicada la web del Fondo de Mujeres del Sur. AMPAEF es una organización apoyada por este fondo, en el marco del consorcio Liderando desde el Sur (LDS).