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¿Qué es el negacionismo?
Los discursos negacionistas siempre existieron pero el avance de sectores ultraconservadores intensifican su expansión.
El negacionismo es un comportamiento humano y un discurso que elige negar hechos científica o históricamente comprobados, como el cambio climático o los genocidios. En los últimos años ha habido una avanzada de los discursos negacionistas, que buscan desacreditar las investigaciones empíricas así como las construcciones de memoria histórica. Esto se ha visto en distintas partes del mundo, desde Estados Unidos, pasando por España, Brasil y ahora Argentina.
Los discursos negacionistas como tales existen desde la segunda Guerra Mundial. Pero el avance de sectores ultraconservadores o pretendidamente apolíticos intensifican su expansión en un momento de bombardeo de desinformación y cuestionamientos de los consensos democráticos.
«Los discursos negacionistas son fases inherentes a los procesos genocidas, que buscan garantizar su impunidad, y perpetuar sus consecuencias simbólicas y materiales», define la abogada argentina Verónica Torras, del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS)
El negacionismo alcanza desde la teoría de la evolución, la tierra redonda, las pandemias de VIH-sida; el ecocidio, el COVID-19 hasta el reconocimiento de distintos genocidios, como el armenio o el judío.
A nivel político, el primer negacionista fue el francés Paul Rassinier. A fines de la Segunda Guerra Mundial negó los crímenes del nazismo, sobre todo la muerte de millones de judíos en las cámaras de gas.
Negacionismo político en Argentina
A nivel político, los discursos negacionistas del genocidio durante la dictadura cívico-militar (1976-1983) han convivido con la democracia. Se habla de «guerra sucia», de «enfrentamientos», de «guerra contra el terrorismo» y de la teoría de los dos demonios para evitar hablar de terrorismo de Estado. A pesar del Juicio a la Juntas, donde se probaron las violaciones de derechos humanos y el informe de la CONADEP, sectores conservadores siguen negando el genocidio. La forma de hacerlo es decir que «no son 30.000» las personas desaparecidas sino una cifra menor. La cifra 30.000 surge de un acuerdo de organizaciones de derechos humanos a partir de la imposibilidad de seguir registrando y encontrando a quienes desaparecieron y asesinaron los militares.
Durante el gobierno de Carlos Menem se indultó a los militares, y durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) este discurso tomó fuerza con los dichos de Darío Lopérfido (Secretario de Medios y Cultura) y del propio presidente de la Nación al poner en duda la cifra de desaparecidos y hablar del «curro de los derechos humanos». Estas declaraciones y posturas tuvieron repercusiones políticas concretas con el desmantelamiento de organismos estatales vinculados a la memoria y los derechos humanos.
2023, negacionismo recargado
Durante este año electoral, con el protagonismo del partido de ultraderecha La Libertad Avanza (LLA) los discursos negacionistas tomaron la delantera.
El candidato a presidente Javier Milei ha negado varias veces el cambio climático, también el coronavirus, pero sobre todo su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, niega sistemáticamente el genocidio durante la dictadura.
Villarruel creó y preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV). Además, la actual diputada y candidata a la vicepresidencia proviene de familia militar. Ella defiende la doctrina de los dos demonios y visita regularmente a militares en la cárcel.
Un proyecto de ley para penar los discursos negacionistas
La primera semana de noviembre, la Secretaría de Derechos Humanos y organismos de derechos humanos presentaron dos proyectos de ley que buscan frenar la circulación de discursos negacionistas sobre la última dictadura y otros crímenes de lesa humanidad.
Las iniciativas se sumaron a otras propuestas similares que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados comenzó a debatir a fines de octubre.
Las dos propuestas buscan modificar el Código Penal para sancionar a funcionarios públicos y candidatos con penas administrativas y no de prisión. Además, establecen capacitaciones obligatorias.
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