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Tomas de Lima: las marchas contra el racismo y el clasismo en Perú
El gobierno de Dina Boluarte se mantiene en una trama de violencias y represión contra los pueblos indigenistas de Perú.
LIMA, Perú. Algo de lo que se sentían orgullosos las y los peruanos era de que podían sacar a sus presidentes cuando éstos perdían la confianza de la población. Podía costar caro, podían perderse vidas, podían quedar heridos y detenidos, podían pasar varios días de disturbios y enfrentamientos, pero lo lograban.
Así cayeron Alberto Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Manuel Merino, en medio de masivas protestas. Por eso no era difícil suponer que una presidenta considerada ilegítima podía irse de la misma forma. Pero se toparon con una de las represiones más brutales que haya ordenado un gobierno en el Perú desde el retorno de la democracia.
Con 49 asesinados a cuestas, 47 por impactos de balas al cuerpo y dos por bombas lacrimógenas, varios de ellos menores de edad como Christopher Ramos (15), David Atequipa (15) y Jonathan Tello (17), estudiantes, jóvenes que transitaban, personas que ayudaban a los heridos o manifestantes pacíficos. Todos fueron atacados por el régimen de Dina Boluarte y su mano derecha Alberto Otárola. Ambos se mantienen hasta el momento, defendiendo a las fuerzas policiales y militares que dispararon y culparon a las víctimas de su muerte.
El racismo que mantiene al régimen de Boluarte y al Perú
Pedro Castillo fue considerado por una gran parte de la población – que no votó por él- prácticamente un presidente analfabeto, a pesar de tener una larga carrera como profesor rural y luego como sindicalista. Ni como candidato ni como presidente se le consideró una persona adecuada para el cargo. Incluso quienes perdieron pretendieron fraudulentamente que no se convirtiera en presidente acusándolo de haber tramado un fraude para ganar. El desprecio hacia su procedencia y la falta de respeto hacia el cargo que ocupaba era visible, efectivo y sistemático cada día.
Entre burlas, humillaciones y acusaciones constantes, Castillo desarrolló un gobierno en el que no pudo cumplir la mayoría de sus promesas. Y en la que fue subsumido por diversas acusaciones de corrupción y mediocridad de cada funcionario que nombraba, luego de su rompimiento con el partido que lo llevó al poder y la izquierda que lo apoyó.
Su gobierno era representativo para personas que, como Castillo, habían sufrido las mismas vejaciones racistas en sus vidas. Personas de regiones rurales, campesinas, indígenas, marginadas y precarizadas desde que nacieron y que sentían que ningún otro gobierno los había representado. Cuando ocurre su intento de golpe de Estado y falla, y toma el lugar su vicepresidenta Dina Boluarte, millones de peruanos sienten esto como una traición a su voto, a la decisión popular, al propio Castillo y a ellos.
Centralismo y clasismo
Señala Irma Pflucker, de la organización política En Movimiento, “las manifestaciones que comenzaron en diciembre reflejan la frustración y el rechazo de la población a una clase política percibida como distante de las necesidades de la mayoría. También plantean la necesidad de cambiar un sistema de juego que se considera discriminatorio, excluyente, clasista, centralista y corrupto”.
Así empezaron las primeras protestas en Puno, Apurímac y Ayacucho, con los resultados fatales que ya conocemos y que hasta el momento continúan en la impunidad. El poco apoyo a estas protestas que brindó Lima fue una confirmación de un estado de centralismo, racismo y clasismo que se perpetúa. Muchos consideraron que, si las muertes hubieran ocurrido en Lima, el régimen de Boluarte ya estaría terminado. Pero ocurrieron al sur del Perú, en donde, al parecer, el Estado puede matar sin consecuencias.
Carlos García, vocalista de la banda punk rock, Diazepunk, comenta que “hubo silencios que difícilmente se van a olvidar. Sobre todo, de gente que desde Lima ha hecho música con la cultura que heredamos de las regiones que fueron masacradas por el régimen Boluarte».
«¿Qué más se necesita para entender el racismo estructural sobre el que se sostiene este país? Se instrumentalizan las culturas andinas, se hace dinero con eso, pero cuando son masacrados por el Estado se calla y ni se les mueve la sonrisa con la que siguen la fiesta como si nada. Por eso, celebro la valentía de lxs trabajadorxs del arte y la cultura que no han dudado en levantar la voz en sus shows, sumándose a actividades o poniendo su creatividad al servicio de la protesta”, expresa.
Mujeres e indígenas al frente
Para la abogada y activista lesbiana María Ysabel Cedano, el proceso constituyente “tiene rostro de mujeres y hombres campesinos, indígenas andinos y aymaras del Sur. También lleva la cara de los jóvenes, comuneros, artistas, universitarios y universitarias, colectivas feministas y LGBITQ+.
“La dictadura sólo ha podido detener la protesta con bala, terrorismo de Estado, ejecución extrajudicial, tortura, desnudamientos forzados, detenciones arbitrarias, entre otros crímenes de lesa humanidad”, dice María Ysabel.
Con respecto a la participación feminista y LGTBIQ+, cuenta que desde el 7 de diciembre se gestó una participación que después de un tiempo confluyó. “En el rechazo a la dictadura en forma unánime exigiendo el adelanto de elecciones y una nueva Constitución”, agrega.
“Esta participación es descentralizada, plural y diversa”, cuenta la activista. “Desde la primera línea y a través de las redes, en las regiones del norte, centro y sur, en todas las movilizaciones y todas han estado presentes y también hay víctimas anónimas”.
Con respecto a si alcanzaron los objetivos que tenían como movimiento, expresó que no los lograron pero que están a tiempo. “Distamos de lograrlos, pero nadie se cansa. El bloque Marika por una nueva Constitución, los diálogos constituyentes y los encuentros feministas descentralizados que vienen preparándose se vienen con todo”.
A tomar una Lima racista y clasista
Más de 500 manifestaciones se realizaron en todo el Perú desde diciembre hasta julio. Cada cual, con más represión militar, estados de emergencia y acusaciones de terrorismo para controlar a los manifestantes. Y con el apoyo en el Congreso de las fuerzas políticas de derecha y los medios de comunicación concentrados en Lima. No dudaron en acusar de terrorismo a todo aquel que denunciara el gobierno de Boluarte-Otárola.
“Acá en Lima, una ciudad influenciada por los medios de comunicación concentrados, no respondieron con la misma contundencia en las calles. Eso dejó un vacío que debía llenarse desde las regiones. De ahí la necesidad de converger en Lima para exigir la renuncia”, comenta Pflucker a Agencia Presentes.
Esta insania contra personas de regiones originó una ola de rabia y dolor que los llevó a movilizarse hacia Lima. Pero no hubo una respuesta mayoritaria de la población.
Tres tomas por la igualdad
La primera “Toma de Lima” se realizó el 19 de enero de 2023 y duró tres días. El 21 de enero las fuerzas militares rompieron los muros de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y detuvieron ilegalmente a decenas de estudiantes y manifestantes que habían llegado de regiones.
La segunda “Toma de Lima” se realizó el 1 de marzo de 2023 con un gran despliegue de manifestantes a Lima que tuvieron su paso obstaculizado por la policía, a pesar de que la protesta es un derecho constitucional. La tercera toma de Lima se realizó el 19 de julio, y participaron organizaciones sindicales, redes feministas y LGBTIQ, trabajadorxs de la cultura, estudiantes y representantes de partidos políticos progresistas. Pero no tuvo la misma fuerza que las anteriores.
Sobre estas movilizaciones, Pflucker manifiesta: “las marchas de diciembre y febrero lograron convocar a una gran cantidad de personas y propuestas. Pero la legitimidad necesaria no se cristalizó. Surgieron espacios de disputas y cuoteos sobre quienes tomarían las riendas. Estas disputas se trasladaron a las regiones dejando a muchos con la frustración de no alcanzar el objetivo”.
La deriva autoritaria
Cada “Toma de Lima” fue recibida con grandes repliegues de policías y militares en las calles. Se sumaron interrogatorios y detención de buses que venían hacia Lima en las carreteras. Además de amedrentamientos a las personas que apoyaban económicamente para gastos de traslado y alimentación, detenciones preliminares y algunas prisiones preventivas.
Los incentivos económicos que el gobierno le ofrecía a la policía aumentaron, así como el trato violento y discriminatorio contra los manifestantes. Fueron las mujeres de Puno, quienes encabezaron varias marchas, las más violentadas.
En palabras de García, “más allá de no haber logrado todavía sacar a Dina del poder, el éxito de estas movilizaciones está en esa forma en que nos interpela. Y en la oportunidad de construir de manera distinta en la que las organizaciones limeñas no son más las protagonistas”.
El gobierno de Boluarte-Otárola se mantiene en alianza con las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y el Congreso, que, por su parte, busca tomar la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones. El primero para que no investigue a jueces y fiscales a su favor. El segundo para que, cuando pierdan una vez más, los proclamen ganadores en 2026. Van preparando su camino para ese año a costa de sangre y muerte.
Fotos: Wayra.pe
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