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Prepagas niegan tratamientos a personas travestis y trans, y las desafilian
En Argentina, al menos tres personas fueron rechazadas por sus prepagas al momento de solicitar cirugías en el marco de la ley de identidad de género, vigente desde 2012.
BUENOS AIRES, Argentina. Quimey Ramos, Nina Pizzi y NM son personas travestis y trans. En 2022, solicitaron intervenciones quirúrgicas amparadas en la Ley de Identidad de Género, pero sus prepagas les presentaron obstáculos: aumentar la cuota mensual y, en caso de que no se acepte el incremento, desafiliar. O rechazar a ciertos prestadores son prácticas recurrentes de estas empresas ante la solicitud para las intervenciones.
Frente a esto, activistas LGBTIQ+ reclamarán hoy en una de las sedes de Osde, la prepaga más grande de la Argentina, que “la salud no es un negocio”.
“A las personas trans y travestis nos discriminan sistemáticamente. No sólo Osde, sino la gran mayoría de las obras sociales y prepagas. A pesar de que tenemos una ley nacional hace 11 años que establece que la identidad de género es un derecho humano”, dijo Quimey Ramos a Presentes.
La salud no es un negocio
La docente y activista de 28 años solicitó una intervención en la Organización de Servicios Directos Empresarios (Osde), la prepaga más grande del país, -con más de 2 millones de socies-, a la cual se encontraba afiliada. Como respuesta, recibió una carta documento en marzo del año pasado. Le informaron que su cuota iba a adquirir un “valor diferencial”. Osde fundamentó que se debía a una “preexistencia” que presentaría Quimey, la cual no habría sido comunicada en la declaración jurada antes de solicitar su alta en la prepaga. Sin embargo, no aclararon a qué preexistencia se referían. Esta palabra habitualmente se utiliza para hablar de “enfermedades preexistentes”.
“Me dijo (Osde) que yo no había declarado mi ‘verdadero estado de salud’. Y que para mantenerme afiliada tenía que pagar un aumento de un 800%”, explicó Ramos. Como se negó a pagar el nuevo valor, la desafiliaron. Ante esta situación, interpuso una acción de amparo contra Osde. Pidió que se respete “el plan que por su edad y condición de salud le corresponden, evitando el cobro de una tarifa diferencial discriminatoria por su identidad de género”.
“Hay una violación de un montón de derechos”, aseguró la abogada Verónica Fuente Kleiner, en diálogo con Presentes. La letrada acompañó distintas causas contra prepagas de salud por supuestas “preexistencias”.
Derechos vulnerados
Fuentes Kleiner afirma que en el accionar de Osde se viola la Ley de derechos del paciente (trato digno y respetuoso), la Ley de Defensa del Consumidor (trato digno: “deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”) y la Ley de identidad de género en sus artículos 1, 2, 11 (libre desarrollo personal) y 12 (trato digno).
Además, en junio de 2018, la Organización Mundial de la Salud actualizó su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). En ella excluyó de la lista de “trastornos mentales” a la transexualidad, por lo que dejó de ser considerada una enfermedad por parte del organismo cuando entró en vigor la nueva CIE. La exclusión tuvo fundamento en el reclamo persistente del colectivo LGBTIQ+. Como la identidad de género no es una enfermedad, Quimey se pregunta a qué se refiere Osde con “preexistencia”.
“Niego que el cobro de un valor diferencial esté fundado en discriminación por identidad de género, en tanto el mismo encuentra su fundamento en la situación preexistente que presenta la afiliada desde antes de solicitar su alta en OSDE”, argumentó la abogada María Cecilia Florio, representante legal de Osde.
Lo hizo al presentar un “Informe circunstanciado” en el marco de la causa “Ramos Quimey Sol c/OSDE s/Amparo de salud” (Expte N° 9903/2022), la cual tramita en el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 7.
El rol del Poder Judicial
También sostuvo que Quimey “no informó la cirugía que pretendía realizarse, siendo ello su verdadero motivo de afiliación”, sin pruebas para constatarlo y pese a que la solicitud de la intervención se realizó luego de seis meses de afiliada.
Además, exigió que se le realice a Quimey una pericia endocrinológica para determinar si al momento de la afiliación estaba haciendo un tratamiento hormonal. Esta solicitud fue avalada por el juez a cargo de la causa.
“Esto demuestra el rol moral ideológico que tiene el Poder Judicial. Demuestra que están sosteniendo una perspectiva sobre la salud y sobre la vida que es medieval”, afirmó Quimey. También consideró que “no es casual en esta época este retroceso: está en sintonía con cómo las dirigencias políticas y las élites argentinas se están radicalizando hacia la derecha”, dijo.
Otra persona, misma obra social
Una situación similar a la de Quimey vivió NM, quien prefiere no revelar su identidad. “Hace casi un año, Osde me desafilió y canceló mi operación días antes de hacerla. Recibí una carta de documento, la muy temida carta de documento que a muchos de nosotros nos llegó. Esta representa uno de los tantos ataques cancelatorios que recibimos. Es un accionar cobarde, sistemático, vergonzante, ventajoso e intimidante”, expresó el joven trans.
También a él le exigieron un aumento en un 800% de su cuota mensual. “Me negué a pagar el incremento injusto, alevoso y fui desafiliado, pero mis aportes siguieron. Es decir, me dejaron sin cobertura de salud, pero cobrando”, detalló.
En tanto, Nina Rizzi, una mujer trans de 29 años, tuvo otros inconvenientes, en su caso con la prepaga Sancor Salud, a la que se encuentra afiliada desde marzo del 2022. Nina solicitó una intervención de feminización facial, pero fue rechazada en dos oportunidades.
“Me dijeron que el cirujano especialista en esto no es prestador, entonces no se puede. Esa fue la excusa que me pusieron en ese momento. Busqué una prestadora que pudiese poner la firma en esta operación en regla. Y ahora me rechazan porque esta cirugía no está dentro de la ley de identidad de género”, contó, en referencia a la respuesta que recibió de la prepaga.
Sin embargo, la Ley N° 27.743 de Identidad de Género afirma en su artículo 11 que todas las personas mayores de 18 años podrán “acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida”.
Además, enfatiza en que “los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce”. También establece que “todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio”.
Actualmente, Rizzi lleva su caso a través de la Superintendencia de Salud y la Defensoría del Pueblo.
Un reclamo para todes
Como respuesta ante el accionar de las prepagas, las personas travestis y trans que pasan por estas situaciones pueden recurrir a una acción de amparo de salud. Pero también a otras herramientas.
“En casos como este debería intervenir, además de la Superintendencia de Salud y la Defensoría del Pueblo (como organismo de derechos humanos), Defensa del Consumidor e incluso el INADI. Es un caso de discriminación”, explicó a esta agencia Gerardo Gullelmotti, coordinador operativo de Consumidores y Administrados de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad De Buenos Aires.
NM llevó adelante su proceso a través de una denuncia en la Defensoría del Consumidor de la Nación. “No se sabe que tenemos esta herramienta. Como nosotres contratamos un servicio a través de la obra social o pagando a la prepaga somos consumidores. Tenemos derecho a una defensa civil”, compartió NM. Estuvo acompañado por la red AboSex y también por una abogada a la que contactó a través del activismo LGBTIQ+, Natalia Echegoyemberry.
“Desde el lado del derecho del consumidor, claramente (en estos casos) habría un trato indigno. Además de que estaríamos hablando de consumidores hipervulnerables según la Resolución 139/20”, indicó Gullelmotti.
La Secretaría de Comercio Interior estableció a partir de esta resolución sancionada en mayo de 2020 que se consideran consumidores hipervulnerables a aquelles que se encuentren “en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores”.
Así, aquellas personas mayores, con discapacidades, migrantes, ex combatientes, en situación de vulnerabilidad socioeconómica, turistas, indígenas, LGBT+ o de barrios populares o zonas rurales que inicien un reclamo tienen a disposición una tutela de acompañamiento para tratar su reclamo de parte de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.
Discriminación por género
Desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) informaron a Presentes que “en los ámbitos de salud es en donde más se vive la discriminación por identidad de género”, según sus registros.
En caso de iniciarse una denuncia ante este organismo, el Inadi en principio realiza “una gestión de buenos oficios para que se solucione el tema”. Si no existe una solución por esta vía acompañan “legalmente a la persona para iniciar acciones”, informaron a esta agencia.
Activistas LGBTIQ+ se reunieron el viernes pasado frente a la sede de Osde ubicada en la avenida Corrientes 420. Lo volverán a hacer hoy en ese lugar desde las 15 y a las 17 habrá una asamblea.
Esta problemática no afecta solamente al colectivo travesti trans. “Afecta a otras partes de la población como son les enfermes cróniques, las personas seropositivas, las personas gordas. Y por supuesto también a les trabajadores de la salud. En general estas empresas pagan con demora, pagan mal”, dijo Quimey en la concentración de la semana pasada. En este sentido, consideró necesario que la “lucha sea intersectorial”.
“No es admisible que este sistema les cobra más a las personas que más lo están necesitando. (…) Nuestras vidas valen más que sus negocios. No vamos a permitir que ellos sigan sometiendo a la vida a la lógica del mercado”, arremetió.
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