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Torturas, desinformación y campañas de terror: así funciona el poder militar en Honduras
Personas LGBT fueron víctimas de torturas y otras violaciones cometidas por militares en la cárcel masculina de Támara. Periodistas y defensores de derechos recibieron ataques en las redes sociales a través de bots.
TEGUCIGALPA, Honduras. Los toletazos y golpes “llovieron” desde el 26 de junio sobre las personas hacinadas en el penal de Támara, a 30 kilómetros de Tegucigalpa. Las golpizas en el penal del centro de Honduras son una de las violaciones de derechos humanos que la Policía Militar del Orden Público (PMOP) está cometiendo, tras haber tomado el control de las cárceles en la última semana de junio.
El decreto de militarización emitido por la presidenta Xiomara Castro el 22 de junio de 2023 expuso a las personas privadas de libertad a la humillación pública.
El decreto convirtió a la población penitenciaria en víctima de torturas. Los abusos físicos en su contra replican los implementados por el mandatario Nayib Bukele en El Salvador. Así lo denuncian familiares y defensores documentadas por Reporteros de Investigación y Reportar sin Miedo.
Golpes a personas trans, bisexuales y gays en Támara
De las golpizas del 26 de junio se salvaron muy pocos. La PMOP, creada por decreto del expresidente Juan Orlando Hernández en 2013, maltrató a partir de ese día tanto a tres mujeres trans como a gays, bisexuales y heterosexuales.
Las fotografías mostraron el resultado de los abusos físicos y psicológicos en el penal. Las personas privadas de libertad tenían la piel cruzada de moretones, así como heridas profundas y graves en brazos y espalda.
“Así quedaron los cuerpos de privados de libertad”, publicó Hugo Maldonado, del Comité de Defensa de Derechos Humanos. “Tampoco se puede callar y volverse cómplices (de) estas acciones irregulares”, escribió Maldonado en su Twitter. Mostró imágenes tomadas a privados de libertad en el penal de Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán.
“Ya salieron unas fotos donde supuestamente nuestros efectivos abusaron de ciertos delincuentes. Habría que ver si no son ellos mismos que se están haciendo estas violaciones”, dijo José Jorge Fortín, jefe del Estado Mayor Conjunto, al programa Frente a Frente.
Castigadxs por denunciar
Ante las denuncias de defensores por torturas y violaciones de derechos humanos, jueces ejecutores del Poder Judicial anunciaron que realizaron inspecciones en centros penales del país. Buscan implementar el hábeas corpus correctivo impulsado por Sala Constitucional. En el centro penal de Siria se aplicaron encuestas a privados de libertad a fin de verificar condiciones de atención.
Las personas defensoras de derechos humanos no permanecieron en silencio debido a las torturas y actos inhumanos en Támara, en especial contra la población LGBTIQ+.
“No es delito ser trans, gay, bisexual. Si los militares no nos aceptan, que se vayan a los carteles”, exigió una defensora de derechos de las personas privadas de la libertad.
Sin embargo, las campañas de terror en Honduras perjudican no sólo a las y los privados de libertad, sino también a quienes los defienden.
Mientras los maltratos denunciados por Hugo Maldonado se multiplican tras los muros de las cárceles, personas defensoras de derechos humanos son el blanco de campañas de calumnia y desinformación.
Defensoras en la mira de los ataques
La destrucción de reputaciones y el desprestigio se han ensañado en los últimos días contra quienes exigen respetar los derechos humanos de las personas privadas de libertad. La violencia abarca a reconocidas periodistas que alzaron la bandera de defensa de los derechos humanos.
Uno de los intentos de manchar la imagen de los defensores de derechos humanos circuló en días pasados en las redes.
La publicación atribuida al sitio web Infobae afirmó el 3 de julio que un supuesto reporte del centro de investigación internacional InSight Crime vincula a defensores y periodistas con la pandilla MS 13.
Bajo el encabezado “Mara MS13 y vínculos con organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras”, la publicación menciona un “informe de inteligencia de la reconocida revista InSight Crime”.
El supuesto documento revela, según el post, “cómo la temible mara MS13 de Honduras tiene entre sus filas a diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras”.
Además, la publicación señala que los defensores “presionan al gobierno” para que les den “privilegios a los privados de libertad”.
“Esto es falso”, aseguró InSight Crime. “InSight Crime no ha publicado tal información ni tiene evidencia al respecto. Condenamos estos falsos ataques”, agregó el centro de investigación criminalística.
Calumnias y desprestigio
Unas de las defensoras calumniadas por la publicación atribuida a Infobae es la directora ejecutiva de ACI Participa, Hedme Castro. Su fotografía, junto a la de Wendy Funes de Reporteros de Investigación, Rihanna Ferrera de Cozumel Trans, Hugo Maldonado y Blanca Izaguirre de Conadeh, así como Delma Ordóñez de Asocide PP aparecieron bajo el encabezado de la publicación.
La organización defensora de derechos humanos no tardó en pronunciarse el 4 de julio en un comunicado. Llamó al post “infundios” y lo rechazó “rotunda y categóricamente”.
A continuación, ACI Participa acusó a los autores de la publicación de actuar “desde la sombra, como lo hacen los cobardes, con el afán de difamar y desprestigiar”.
Según la organización defensora, la intención del post es “promover ataques contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos o justificar acciones represivas desde los órganos del Estado”.
Agregó: “Nadie en Honduras y fuera de ella desconoce cuáles son las vinculaciones del crimen organizado en Honduras. Si alguien tiene dudas, que pregunte en la Corte del Distrito Sur de Nueva York”.
“A mi que me investiguen”, dijo Rihanna Ferrera la defensora de derechos humanos ante las declaraciones de las cúpulas militares que varias organizaciones tienen supuestos vínculos con el crimen organizado y pandillas.
Ante los ataques a comunicadoras y defensoras, el medio digital Pasos de Animal Grande reprodujo hoy un comunicado de la Mesa de Derechos Humanos.
En el documento, la Mesa consideró que el post atribuido a Infobae es una “noticia falsa”. Y que con eso “se pretende colocar los rostros de las personas afectadas al frente de posibles atentados contra sus vidas”.
Además, el comunicado denunció el silencio presidencial respecto a la publicación, considerada calumniosa por varias organizaciones.
“Nos preocupa sobremanera el silencio de la presidenta Xiomara Castro en un tema tan delicado como es la vida de las personas contra quienes se ha entronizado esta campaña de desprestigio”, indicó el comunicado de la Mesa.
También la mesa pidió investigar las declaraciones del comandante Ramiro Muñoz, quien esta al frente de la PMOP. Hace unos días manifestó que “a los defensores les pagan y que deben sacar un resultado”. Son frases estigmatizantes contra la labor de los derechos humanos. Sospechosamente estas declaraciones fueron públicas antes de que se lanzara esta campaña por redes sociales.
“Hay voces que al silenciarlas harán cambios para siempre”
A los discursos de la indignación se unió la voz de Wendy Funes. La premiada periodista señaló en varias publicaciones cómo las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público “se apoderan de la seguridad y garantizan la impunidad”.
“Criminales de las FF. AA. y la PMOP con una segunda etapa de complot para apoderarse de la seguridad y garantizarse la impunidad que han tenido y que utilizan maras y pandillas para callarnos”, publicó Funes. “Deberían repensar que hay voces que al silenciarlas harán cambios por siempre”.
La directora del medio digital independiente Reporteros de Investigación lamentó que “sicarios de élite” sigan silenciando a quienes defienden los derechos humanos en el país.
“Los criminales como ustedes que quisieron silenciar a Manuel Buendía, a Guillermo Cano, a Berta… sólo lograron potenciar su voz… sus balas son rápidas… las voces más lentas… ¡asesinos!… Berta se multiplicó y le contó al mundo que ustedes son sicarios de élite”, escribió Funes.
Los reclamos de Funes se presentan en un ambiente de violencia que no sólo atenta contra los derechos de privados de libertad y comunicadores. Con el estado de excepción y los toques de queda decretados por el gobierno, ni la ciudadanía ha escapado de que violenten sus derechos elementales.
Además de Funes, otros periodistas de los medios digitales independientes Reporteros de Investigación y Reportar sin Miedo han sufrido una serie de amenazas directas con ataques de bots por medio de las redes sociales.
Los colaboradores de ambos medios también han recibido llamadas telefónicas de números desconocidos. Asimismo han sufrido persecución e intento de hackeo de sus redes sociales y sus páginas web.
Es necesario señalar que Reporteros de Investigación y Reportar sin Miedo han realizado una serie de denuncias por la situación de las cárceles y las redes de poder que están detrás de ellas.
Gobierno tomó “medidas desproporcionadas”
A pesar de las denuncias constantes de torturas en las cárceles y de persecución de defensores y periodistas, el Estado no ha actuado como se esperaba para contrarrestarlas. Al contrario, no ha hecho más que ampliar las acciones contra el derecho a la libertad ciudadana.
Respecto a la situación en las cárceles, Isabel Albaladejo, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU (Oacnudh), pidió reformar el sistema penitenciario. Para Albaladejo, es necesario pasar del modelo punitivo al de rehabilitación y garantizar la integridad de las personas privadas de libertad.
Para Oacnudh, dos de los grandes retos del sistema penitenciario de Honduras son el hacinamiento y la mora judicial. En diciembre de 2022, señaló que el sistema tiene un índice de hacinamiento de 34.2%. Entretanto, al menos 51.6% de la población penitenciaria no cuenta con sentencia firme.
La militarización no es la respuesta
Amnistía Internacional (AI) comparó en un comunicado las medidas estatales en Honduras contra las personas privadas de libertad y la ciudadanía en general con las “políticas violatorias de derechos humanos del gobierno (del presidente salvadoreño Nayib) Bukele”.
La militarización del país como respuesta a la violencia reciente es una actitud preocupante para la organización global. Además de otorgar más poder a la Policía Militar, la mandataria Xiomara Castro impuso el estado de excepción y luego el toque de queda.
Castro decretó estado de excepción el 3 de diciembre de 2022 para contrarrestar, supuestamente, la extorsión y otros delitos en el país. Sin embargo, la medida no ha sido eficaz, según los críticos del gobierno.
“El uso de fuerzas de seguridad militarizadas y la suspensión de derechos ha derivado en violaciones a los derechos humanos”, afirmó AI.
Entre las violaciones señaladas por AI se hallan detenciones arbitrarias, maltratos, discriminación, restricciones de la libertad de expresión, tortura y desapariciones forzadas.
El toque de queda decretado por Castro entró en vigor el 4 de julio de 2023 en San Pedro Sula y Choloma desde las 11:00 p.m. hasta las 4 a.m.
Supuestamente, la medida tiene como objetivo controlar el acelerado aumento de hechos criminales en las últimas semanas.
Por medio de estas iniciativas, el gobierno no sólo buscaba reducir hechos violentos como el motín en la cárcel de mujeres de Támara del 2 de junio que dejó 46 muertas.
Además, Castro impulsó el toque de queda en un supuesto intento de frenar los asesinatos múltiples registrados en varias ciudades de Honduras durante la segunda mitad de junio.
Violencia con más violencia
Los asesinatos múltiples culminaron con el que acabó con la vida de 13 personas en un billar de la ciudad de Choloma, a 16 kilómetros de San Pedro Sula, norte de Honduras.
Amnistía Internacional señaló que en su intento de detener “la grave violencia del crimen organizado”, el gobierno de Honduras he tomado “medidas desproporcionadas que suspenden las garantías constitucionales”.
Las iniciativas del gobierno de Castro para detener la violencia han culminado hasta el 31 de mayo en unas 193 denuncias relacionadas con el estado de excepción, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh).
Las acciones violentas denunciadas incluyen uso desproporcionado de la fuerza, intimidación y amenazas, incluyendo disparos para atemorizar a la población.
Controversias y oración
Por falta de autonomía, integridad y ética durante la emergencia en el sistema penitenciario, el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) ha sido duramente criticado en un comunicado de organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Entre las OSC firmantes se hallaban el Centro de Estudio para la Mujer, la Asociación de Familiares de Privados, el Centro de Desarrollo Humano, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares, la Asociación Civil de Personas Privadas de Libertad, ACI Participa, la Asociación para Una Vida Mejor y Cozumel Trans.
Días después, el 3 de julio, el Conaprev lamentó en otro comunicado que las OSC criticaran su gestión. “Lamentamos que hayan consignado que el MNP Conaprev no goza de integridad y ética en sus actuaciones”, señaló la institución.
El Conaprev pidió a las autoridades militares asegurar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
La imagen de Fernando Muñoz, comandante de la Policía Militar del Orden Público, hincado y orando en la portada del periódico gubernamental Poder Popular, causó controversias. Muchas personas critican al funcionario por su cercanía al expresidente Juan Orlando Hernández, detenido en Nueva York en espera de un juicio en enero de 2024.
“Padre, para el bien de esta Honduras que tanto tú amas y que tú creaste y nos diste como país, hoy hacemos un pacto contigo. Ayúdanos a no corrompernos nunca más. Ayúdanos a no tocar dinero maldito de organizaciones criminales, que con la sangre de nuestro pueblo compran autoridades”, dijo Muñoz.
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