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Jujuy: Las mujeres en la primera línea de lucha contra la reforma constitucional
Se multiplican los episodios represivos donde las mujeres jujeñas son víctimas o denunciantes. Ya sea en los cortes de ruta comunitarios o en la ciudad capital provincial, ellas resisten y cuentan.
Sigue con intensidad la protesta en calles, rutas y escuelas de Jujuy contra la reforma constitucional que impuso el gobierno de Gerardo Morales y por aumentos salariales. Al mismo tiempo se multiplican los episodios represivos donde las mujeres jujeñas son víctimas o denunciantes. Ya sea en los cortes de ruta comunitarios o en la ciudad capital provincial, San Salvador de Jujuy, ellas resisten y cuentan.
“Es indiscutible que las mujeres están en la primera línea de la lucha, empezando porque son miles de maestras las que siguen con sus medidas de fuerza. Sostienen ya no sólo su reclamo salarial sino también ‘abajo la reforma’, dijo a Presentes Andrea D’Atri, de la agrupación Pan y Rosas. Ella viajó a Jujuy para trasladar solidaridad con la lucha del pueblo jujeño, con sus mujeres: maestras y representantes de los organismos de derechos humanos de San Salvador y de las comunidades originarias en el corte de ruta que mantienen en Purmamarca.
“En los cortes de ruta también la mayoría son mujeres de las comunidades originarias. Y también, por lo tanto, fueron blanco de la brutal represión, como nuestra compañera convencional constituyente Natalia Morales. Todo el país vio en televisión cómo la arrastraron más de 200 metros por la ruta y se la llevaron detenida con policías de civil el 17 de junio, junto con periodistas y muchas mujeres originarias”, agregó.
D’Atri recogió testimonios en ese piquete que todavía se sostiene. “Una mujer kolla me contó cómo aquel día decidieron armar una primera fila de mujeres creyendo que eso podría disuadir a la policía de no avanzar contra los manifestantes. Las mujeres no se inmutaron a pesar de las balas de goma y los gases. Organizaron la resistencia, especialmente con los jóvenes de la comunidad”.
Denfender el agua, la tierra, les hijes
Más allá de la brutal represión, en el día a día, las mujeres reciben las donaciones que llegan desde la ciudad y de otras comunidades. Ellas organizan la despensa con las provisiones que distribuyen a los distintos grupos que montan guardias rotativas y también preparan la comida para todos los que están en el corte.
“Los estudiantes universitarios, con médicas y enfermeras también, armaron postas sanitarias para atender a los heridos y otras emergencias. Es que para la inmensa mayoría de la población significa un ataque a sus derechos más elementales. En particular el agua y el ambiente por la explotación del litio en sus tierras. Las mujeres son conscientes de que tienen que defender el ambiente. Son sus vidas y las de sus hijos e hijas las que están en juego”, reflexionó esta activista feminista en diálogo con Presentes.
Represión en Humahuaca
Les habitantes de la localidad de Humahuaca exigieron al Concejo Deliberante una declaración en contra de la reforma constitucional. “Hubo reticencia por parte de los concejales que responden al gobernador. Eso desató la furia de la gente del pueblo. En gran cantidad se congregaron en la Plaza Central para exigir una sesión especial, o demandar la renuncia de los concejales que se opusieron a la solicitud popular”, dijo a Presentes Fabiola Suárez. Ella es referenta de organizaciones de derechos humanos jujeñas e integrante del Comité Local contra la Tortura.
Por la fuerte presión de las y los manifestantes que se instalaron frente al Municipio, el sábado 1de julio a la madrugada por unanimidad votaron la declaración de rechazo.
Seis heridos por la policía fueron internados en el hospital local. Entre ellos el músico Joel Paredes, de 28 años, con un disparo de bala de goma en un ojo. Este joven se sumaría a otros tres que ya perdieron un ojo, víctimas de la policía jujeña que dispara al rostro.
Docentes
En el inicio de la quinta semana del conflicto docente, así se expresan las maestras que están haciendo una huelga de hambre por aumento de salarios y contra la reforma constitucional. “Que vuelvan todas las colegas a acompañarnos en esta lucha, arriba los salarios, abajo la reforma, siempre firmes siempre fuertes”, dijeron las cinco mujeres de ADEP (Asociación de Educadores Provinciales), el gremio mayoritario del sector de nivel primario, quienes realizan un acampe frente al Ministerio.
“Estamos con ganas de volver a la escuela, pero ellos no ponen de su parte. El viernes (30 de junio) nos dejó plantadas el ministro Carlos Sadir. Fue muy triste. Recién cuando vienen los medios nos vuelven a llamar, pero fue apenas una ilusión, se siguen burlando y nos amenazan con hacernos descuentos. A los profesores que tienen presencia en las redes directamente los atacaron en sus casas. Seguimos por el apoyo de las familias”, dijo una maestra del Fuerte, Santa Bárbara.
En tanto, Edith, de Loma Larga manifestó al sitio Anred que “lo que nos ofrecen no llega a cubrir la canasta básica. Es falso que Morales acordó con nosotros. La reforma que impulsó nos quita derechos tanto a docentes como a las comunidades originarias. La reforma tiene que caer, el salario tiene que subir, por eso vamos a seguir con la huelga de hambre”.
Torturas y amenazas a Camila Müller
“Llegué a ver a un hombre con barbijo y capucha azul. Me sacaron la camiseta que tenía y me la pusieron en los ojos, en la boca un trapo con algún combustible, parecía aguarrás. Me puso algo como un cinturón en la garganta, sentí que no podía respirar”, describió la docente y bailarina Camila Müller. Ella había manifestado su repudio al accionar represivo desplegado por el gobierno provincial. Sus atacantes le dijeron que se dejara de “joder” con ese tipo de acciones.
Al día siguiente, Müller presentó la denuncia penal, acompañada por la abogada Lorena Mamani, del CEDEMS (sindicato de docentes secundarios), y por la secretaria general Mercedes Sosa. “Era necesario concretar esta acción para garantizar y exigir libertad y seguridad ambulatoria de la docente, fue un paso del hábeas corpus que ya presentamos”, dijo la letrada.
Entraderas policiales, detenciones ilegales
Un grupo de policías sin identificaciones y con ropa de civil ingresó a la casa de la familia Domínguez el martes 27 de junio a la madrugada. Se llevó a uno de los hermanos que había sido detenido durante el operativo represivo del 20 de junio. Sin orden judicial y en medio de la noche, se llevaron a Marco Antonio Domínguez y a su novia, Belén Ontiveros, y les abrieron una causa judicial. Él tiene una discapacidad motriz en las piernas, y su hermano Raúl padece trastorno del espectro autista. Presentes había dado cuenta de la tortura y los golpes que padecieron durante la primera detención.
Al estilo de las patotas que operaban durante la dictadura (1976-1983), los policías ingresaron al domicilio de la familia Domínguez, en el Alto Gorriti, de manera muy violenta y sin orden de allanamiento. Rompieron la puerta, hicieron que se tiraran todos al piso y preguntaron por los dos chicos. Con armas largas apuntaron a un niño de seis años. Esposaron a todos los mayores, menos al padre, que pedía sin éxito que le dieran explicaciones. Uno de los policías tenía un chaleco que decía Brigada de Investigaciones, los demás llevaban gorras y barbijos. Mientras gritaban “dónde están, dónde están” revolvieron y rompieron todo. Al rato, como no encontraron nada se dijeron entre ellos “negativo, negativo”.
En su retirada, además de llevarse a Marco y a Belén, que tiene 17 años, les robaron 200.000 pesos que habían ahorrado para una intervención quirúrgica, dos motos, un auto y todos los teléfonos celulares.
“Marcos apareció después de la presentación de su habeas corpus 12 horas más tarde, en una comisaría de Alto Comedero. A la niña la liberaron un rato antes, la tenían en Brigada de Investigaciones. También tenemos a un chico en la Brigada de Chijra, por haber filmado a policías. También está la chica Müller, que no estuvo presa, ella fue golpeada cuando entraron a su casa”, resumió a Presentes Fabiola Suárez. Agregó que Marco ya está en libertad pero a él y a su novia los acusaron de “narcomenudeo”, luego de haber plantado droga en su casa durante el operativo de detención. Nunca devolvieron nada de lo robado a su familia.
Siempre contra Milagro Sala
Pocas horas después, la policía de Jujuy allanó la vivienda de Milagro Sala, la dirigenta de la agrupación Tupac Amaru que está detenida, ahora con prisión domiciliaria, hace más de 2700 días. Ella es una perseguida política desde que Morales asumió su primera gobernación en 2015. La orden de allanamiento la dictó el juez federal Rodolfo Fernández, con intervención del fiscal Diego Funes. “En el marco de la causa que se investiga la comisión de delitos por las manifestaciones en Jujuy de los últimos días”. Es decir, la acusan de haber sido parte de una “organización” en la protesta del 20 frente a la Legislatura.
Se secuestraron dinero, computadoras personales y teléfonos móviles. El violento procedimiento tuvo lugar en todos los cuartos de la vivienda. Inclusive en el que debe guardar estricto reposo el marido de Sala, Raúl Noro, quien sufre un delicado estado de salud por una enfermedad terminal.
Según informó la ex ministra de Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, parte del equipo de abogados de Sala, la medida del juez fue dictada tras el testimonio de un supuesto imputado de identidad reservada. Esa persona habría mencionado a Sala como parte de alguna “vinculación con las protestas que muy dignamente lleva adelante el pueblo de Jujuy”.
Gómez Alcorta puntualizó que este hecho “es uno más en el marco del terrible hostigamiento y persecución contra Milagro, a siete años y medio de su detención”. También remarcó que el allanamiento es parte de “la campaña electoral que llevan adelante Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta”, como una de las fórmulas internas del PRO.
Todo esto sucede en medio de unos 18 cortes de ruta que se mantienen en 10 localidades jujeñas las comunidades originarias, al tiempo que punteros del gobernador Morales organizan una contra-marcha. En tanto, avanza la causa en la que fueron imputados los detenidos por las manifestaciones del 17 y el 20 de junio contra la reforma. Uno de los convocados fue Raúl Domínguez, el joven de 21 años con autismo.
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