23 de junio de 2023

Adriana Meyer

Eduardo Sarapura para Tiempo Argentino

Edición: María Eugenia Ludueña

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La situación en Jujuy sigue siendo alarmante, según la mirada de los organismos de derechos humanos que viajaron a esa provincia tras la brutal represión del martes 20. Las personas que permanecen detenidas están siendo presionadas para autoincriminarse. Pretenden obligarlas a firmar escritos que acercan abogados del gobierno de Gerardo Morales, dijo la abogada Mariana Katz, abogada del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), a Presentes. Según pudo saber esta agencia, les detenides no están recibiendo alimento y abrigo. 

A partir del testimonio de personas recién liberadas, se sabe que a algunas de ellas les dijeron “te vamos a desaparecer”. Al cierre de esta nota, el 23 de junio por la mañana, fueron liberadas 40 personas que estaban detenidas de las 56 que hubo en la cárcel, la misma que supo alojar a la referente de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala. Sin embargo, el número de arrestos habría ascendido a 70 y algunas de esas personas estuvieron alojadas en la Vieja Estación.

“Estoy recibiendo llamados de familiares de las personas detenidas. Dicen que los están presionando para que firmen la responsabilidad penal (daños y resistencia a la autoridad). A su vez el gobierno mandó abogados a la puerta del penal (de Alto Comedero) para intentar representar a quienes están privados de su libertad a condición de que se hagan responsables. Pero no quieren porque no han cometido ningún delito, sólo estaban marchando”, explicó a Presentes Mariana Katz, que iba en viaje desde San Salvador hacia Purmamarca.

 “A uno de los familiares tuve que aclararle que la provincia de Jujuy forma parte de la República Argentina. Y que ejercer el derecho a la libre manifestación no es un delito, aunque el gobierno provincial lo considera así pero más bien debería acatar la Constitución de la Nación”, agregó la letrada. Una de las formas de presión es privar a los detenidos de alimento y abrigo, al mismo tiempo que no permiten que las familias los asistan en estas necesidades básicas.

Seguimiento a familiares y persecución a comunidades indígenas

Además, efectivos de civil de la policía jujeña están haciendo seguimientos policiales a los familiares. Y en las últimas horas estuvieron ingresando a las comunidades indígenas a buscar a los referentes. Mientras, en San Salvador un jefe policial ordenó detener a todo aquel que ande en moto para pedir papeles y si consideran sospechosos arrestarlos. Al cierre de esta nota quedaba una mujer privada de su libertad, de las 18 que estuvieron arrestadas. 

Katz agregó: “La gente tiene mucho miedo. Están siguiendo a los familiares. Una de las familiares me dijo que para ir al penal se tuvo que camuflar porque hay mucha policía de civil. También nos llamaron gente de las comunidades indígenas diciendo que la policía empezó a entrar para ir a buscar a sus referentes”. 

Katz, integrante de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, relató que ayer circuló el audio de un jefe policial ordenando a los agentes de calle que detuvieran a toda persona que se desplazara en moto para pedir papeles, y a cualquiera que consideren sospechoso secuestrarle la moto y detenerlo. “¿Cuáles serían los parámetros de esa sospecha? No está explicado en esas órdenes”, apuntó.

Mujeres detenidas

Un equipo interdisciplinario del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad interviene desde el domingo en la provincia de Jujuy para relevar la situación, brindar asesoramiento y contención a mujeres y LGBTIQ+ que sufrieron la represión de las manifestaciones contra la reforma constitucional. La abogada Julia Albarracín, coordinadora de Prevención y Abordaje de la Violencia Institucional de la subsecretaría de Diversidad de ese ministerio, explicó a Presentes que ya desde el día 17 hubo muchas mujeres detenidas, menores, y algunas mayores, casi todes eran de pueblos originarios. 

“El turista que se llevaron detenido era del colectivo, pero sobre el resto es muy difícil saber porque los arrestos fueron masivos”, indicó. Albarracín, que es jujeña, presentó una nota al juez de control 2, Jorge Zureta que estaba de turno, y otra al fiscal actuante, Walter Rondón. Así, esta funcionaria viajó a Jujuy junto a Aymara Choque, coordinadora de Abordaje de Violencia de Género de Pueblos Originarios, para tomar contacto con las detenidas y sus familias. La asistencia psicológica, la asistencia legal y la comunicación con sus familiares fueron los pilares de una batalla contra el Servicio Penitenciario provincial, ante la ausencia total de funcionarios judiciales.

“Es una lógica diferente a la de las ciudades, que hablamos de mamá o papá, cuando se afecta a una persona de una comunidad es toda la comunidad la que está afectada en su sensibilidad y forma de vida”, precisó. En estos días, entre el 17 y el 20, hubo casi 100 personas arrestadas. “Fue un reclamo de la sociedad, de las comunidades originarias. Los pueblos necesitan ser escuchados y consultados sobre sus recursos naturales”, agregó. 

La funcionaria explicó que junto a la gente del programa Acercar Derechos pudieron tomar contacto con las familias e informar del acceso a las asistencias de psicólogos y abogados, tanto en la capital de la provincia como en Tilcara y Purmamarca.

Luego de la represión la situación se volvió desesperante, según dijo. Tuvieron que esperar siete horas para ver a las detenidas, que estaban solas. Pudieron verificar diferentes irregularidades en los procedimientos de detención, como lectura de actas y derechos sin la presencia de un representante legal e incomunicación con familiares. También observaron la «falta de atención médica, provisión de alimentos y medicamentos, incluso a personas con impactos de bala, golpes en la cabeza, con afecciones crónicas y situaciones críticas de afectación de su salud mental que requerían asistencia urgente», según detalló el Ministerio.

“Una mujer tenía una bolsa de colonoscopía. Había mujeres muy jóvenes muy alteradas, con brotes de depresión y ansiedad. En Jujuy la mayoría de las personas se autoperciben indígenas, afuera había también mujeres, que son las que siempre prestan la asistencia, junto a los abogados y abogadas de derechos humanos”, indicó Albarracín. Entre las 18 mujeres que estuvieron dos días privadas de su libertad, la hija de desaparecidos Eva Arroyo, militante histórica y referente de HIJOS Jujuy, se convirtió por esas horas en una contenedora de sus compañeras de encierro.

Mujeres apresadas al intentar ayudar 

“Cada situación en particular va a llegar con su voz cuando salgan, pero sí hubo golpes y violencia. Todas manifestaron que sólo querían ayudar, a otras mujeres o hombres, eran enfermeras o licenciadas en trabajo social y querían asistir a alguien a quien estaban golpeando, estaban haciendo trámites o en el supermercado y salieron ante la necesidad y las detuvieron en ese momento”, resumió a Presentes, mientras miraba su teléfono a la espera del anuncio de la liberación de todes les detenides.

En el pabellón de mujeres del Penal de Alto Comedero los médicos las veían pero, según la misma fuente, hubo que insistir y estar pendiente de que realmente las atendieran. Además, sin una situación procesal muy bien definida, esto les produjo una enorme incertidumbre. “Ellas pensaban que salían enseguida, por eso no expresaban sus necesidades”, apuntó la funcionaria. Albarracín evaluó que seguramente habrá denuncias por la violencia que sufrieron. En tal sentido, dijo que las víctimas se pueden acercar al programa Acercar Derecho en San Salvador, en Alvear 1243.

Por su parte, miembros del Comite Provincial para la Prevención de la Tortura se reunieron con el fiscal general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, quien les manifestó que ordenaría la “libertad inmediata de todas las personas que no tengan antecedentes”. Luego de 24 horas el Servicio Penitenciario es responsable y esas detenciones se convierten en ilegales.

Detenciones de jóvenes con discapacidad

Judith Domínguez  es la madre de Raúl Adrián, un joven con trastorno del espectro autista. Judith dice que a su hijo le “reventaron” la cabeza”. “Ningún médico de la policía lo asistió y cuando ya estaba desmayado inconsciente lo seguían pateando”. Agradeció “a la doctora de los derechos humanos” por la liberación de Raúl y de Marco Antonio, su otro hijo con discapacidad motriz en las piernas.

“Lo triste de todo esto es que a mi hijo, que salió con su muletita, lo soltaron con causa. Lo golpearon para que firmara un papel en el que lo hacían cargo de la causa penal. Si no firmaba, capaz que a esta hora no estaba con vida”, dijo Judith a Presentes. “La intención de los policías encapuchados y motorizados era matarlo, así lo dijeron, que lo iban a matar, que lo iban a desaparecer. Si no hubiese sido que cuando los arrestaron una señora iba filmando con el celular cómo los golpeaban, creo que estarían muertos”, agregó. 

@andreazambrano230

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A Judith le gusta coquear, y el martes pasado coincidió que los había mandado a comprarle una bolsita de hojas de coca. “Querían aprovechar la oportunidad para ir a mirar. Y mientras compraban coca se venía la policía golpeando a los manifestantes. Había una señora con un carrito con las verduras y mis hijos se pusieron a ayudarla”, describió. 

Marco se asustó e intentó meterse en la casa de una parienta, la consuegra de su mamá, que estaba a pocos metros, pero no pudo seguir y se tiró al suelo. Pensó que lo iban a ayudar, pero los policías lo rodearon y lo empezaron a golpear sobre la calle de ripio. En la familia Domínguez son trabajadores independientes y los chicos estudian en la medida que pueden. Raúl tiene 21 años, está terminando la secundaria y hace deporte.

“Salieron de cacería. Iban festejando mientras pegaban a la gente. Mi hijo con autismo corrió a ayudar a su hermano, que tiene rotos los huesos, y recibió un culatazo que le rompió la cabeza”, dijo. Judith cuenta que Raúl empezó a perder sangre y, ya desmayado, policías motorizados lo atropellaron con sus vehículos. “Lo levantaron como un trapo sucio, le patearon la cara y el cuerpo. Mi consuegra gritó que no estaban haciendo nada, pero la alejaron apuntándole. Raúl me dijo que pensó que lo iban a matar porque lo amenazaron con hacerlo desaparecer”, agregó. 

Recién cuando vieron que los estaban filmando pararon la golpiza y los llevaron a los espacios de la Vieja Terminal. Varias vecinos y vecinas de Alto Gorriti fueron testigos de lo sucedido, intentaron frenarlos al grito de “estúpidos, qué vienen a reprimir acá”.  Horrorizados por la brutalidad contra los hermanos Domínguez, se alejaban insultándolos. “Estoy con mi bebé, no pueden entrar en propiedad privada, están disparando, les voy a meter una denuncia penal”, gritaba otra vecina. 

Judith supo qué había sucedido con sus dos hijos por la difusión en redes sociales y luego en los medios. Cuando finalmente fue liberado, Marco contó que dentro permanecían cuatro menores y una mujer embarazada en silla de ruedas. También dijo que les advirtieron que no hicieran declaraciones a la prensa. “Me tuvieron de rodillas durante seis horas”, recordó, y se le quebró la voz. Quienes habían ido a buscarlo lo abrazaron y lo aplaudieron.