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Honduras: Más de 40 mujeres y personas LBTG murieron incineradas en una cárcel de Támara
Se trató de un conflicto entre pandillas. Denuncian un plan organizado con complicidad carcelaria.
21 de junio de 2023
Reportar sin Miedo y Reporteros de Investigación
Edición: Maby Sosa
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TEGUCIGALPA, Honduras. “No queremos ver a esas mierdosas en los pasillos”. Con esas palabras despectivas e insultos, algunas integrantes de la pandilla Barrio 18 se referían a las integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha MS-13 cuando hablaban con los guardias de seguridad del Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) en Támara.
Desde hace tres meses, las integrantes de la pandilla MS-13 se habían autoaislado porque sabían que existía un plan para asesinarlas. Esta información fue confirmada a Reporteros de Investigación y Reportar sin Miedo por varias fuentes en el recinto ubicado a unas cuadras de la cárcel de hombres en Támara. Ambos penales se hallan 30 kilómetros al noroeste de la capital Tegucigalpa.
La tensión entre los dos grupos desembocó ayer en el asesinato de al menos 46 mujeres privadas de libertad dentro del Cefas, confirmó el Ministerio Público. Todavía no hay una lista oficial de víctimas ni de las organizaciones a las que pertenecían.
“Se realizaron 46 levantamientos de cadáveres, 23 por arma de fuego y 23 calcinados” dijo una fuente del Ministerio Público en horas del martes por la noche a Proceso Digital.
La noticia causó de inmediato el repudio y la indignación de la población hondureña y de la cooperación internacional. Asimismo, precipitó el despido del secretario de Seguridad, Ramón Sabillón. Algunas personas se preguntan en las redes por qué han despedido a Sabillón mientras que Julissa Villanueva se mantiene en su cargo.
Para la periodista Telma Mejía, el exministro Ramón Sabillón “será recordado por la extradición de los Valle (generó incomodidades); la aprehensión y extradición de Juan Orlando Hernández (fue altamente aplaudido, casi héroe) y la captura y extradición de Midence Oquelí (ya no tan aplaudido)”.
No ataque, no pelea
La información de lo sucedido en el penal insistió en hablar de «peleas», sin embargo, todo indica que se trató de algo armado y que se conocía que podía suceder.
“Ya había indicios de que querían prenderle fuego al penal. Hicimos las recomendaciones y no nos escucharon”, dijo Rihanna Ferrera de Cozumel Trans. La defensora de derechos humanos ha documentado desde hace años las situaciones que viven las privadas de libertad. “Lo sucedido ayer en Cefas nos deja sin palabras. Esto no fue una reyerta, esto fue un ataque”.
También Ferrera confirmó que hay mujeres lesbianas que fueron asesinadas y algunas personas trans también fueron heridas.
“Hacemos un llamado al Estado de Honduras sobre su responsabilidad en brindar la seguridad y protección de la integridad física, la dignidad y la vida de todas las personas privadas de libertad y que un estado de excepción no es excusa para las violaciones de derechos humanos”, enfatizó la organización Cozumel Trans en un comunicado.
¿Quién les dio las llaves?
Las privadas de la libertad de la MS-13 estaban en un último recinto de mayor seguridad dentro del penal dominado por su pandilla rival. Para llegar a ellas se necesitaba pasar por una serie de barrotes. Además, el acceso al módulo tenía doble llave.
“Para llegar a donde están ellas alguien tenía las llaves. ¿Quiénes las tenían o hubo complicidad por algunas personas del mismo penal?”, reflexionó una de las fuentes consultadas.
Por otra parte, la seguridad de las mujeres de la MS se había reforzado desde 2020. La razón de esta medida era que las autoridades temían que perdieran la vida en una masacre parecida a las ocurridas en los penales hondureños de Comayagua, El Porvenir y San Pedro Sula.
Algunas de las integrantes de las MS habían incluso prohibido que sus familiares las visitaran. Temían que la pandilla contraria, que controla algunos barrios y colonias alrededor y fuera del penal, pudieran silenciarlos.
Una masacre anunciada pero no anticipada
Las acciones que desembocaron en la masacre del martes comenzaron en marzo y abril de 2023. En este último mes, la viceministra de Seguridad Julissa Villanueva ordenó decomisar armas cuando el Gobierno decretó emergencia en el sistema penitenciario nacional.
También se delegó la responsabilidad de las cárceles a la Policía Nacional. Esa acción con duración de un año se llevó a cabo mediante su Directorio Estratégico en calidad de comisión interventora.
A raíz de los enfrentamientos entre reclusos de ambas pandillas, el pasado 10 de abril se anunció el nombramiento de una junta interventora. Según el PCM16-2023, una comisionada presidenta y dos adjuntos debían integrar la junta. Los tres estaban sujetos a la libre remoción y el nombramiento de la presidenta de la República, Xiomara Castro.
Los episodios de violencia en las cárceles de Honduras evidencian “la deficiencia estructural en materia de hacinamiento, gestión penitenciaria y garantía de seguridad integral de las personas privadas de libertad”, señaló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en un comunicado emitido en el mes de abril.
Entre las deficiencias apuntadas por la organización se hallan la sobrepoblación y el hacinamiento. Oacnudh también señaló la falta de instalaciones físicas adecuadas y seguras para el alojamiento de los reclusos, las deplorables condiciones de higiene y salubridad.
Aunque el sistema penitenciario de Honduras alberga a 19,658 presos, su capacidad máxima es de 8,000. Lo más grave es que menos de la mitad de los reclusos han sido sentenciados, según cifras oficiales.
Hacinadas y violentas
No van a tolerar actos vandálicos ni irregularidades dentro de las cárceles del país aseguró la viceministra de Seguridad Julissa Villanueva en declaraciones a medios televisivos.
Al mismo tiempo, Villanueva señaló que la violencia generada en los centros penales es producto de las acciones del crimen organizado en respuesta a la intervención anunciada por las autoridades en las cárceles de Ilama, en Santa Bárbara, occidente del país, y de La Ceiba, en el Caribe hondureño.
En el Cefas se reactivó ayer el vandalismo. Mujeres con armas y pasamontañas generaron las quemas, pero ya fueron controladas por el Cuerpo de Bomberos de Honduras, aseguró la viceministra.
Por su parte, la directora de la Asociación de Privados de Libertad, Delma Ordóñez, manifestó que las escenas en la cárcel de mujeres de Támara eran dantescas, nunca antes vistas en dicho centro penal. A la vez aclaró que no había menores dentro del reclusorio.
Masacres como la de ayer en el Cefas tienen como principal detonante el hacinamiento. La aglomeración de personas privadas de libertad en los centros de detención a nivel nacional es un problema histórico que desata el caos.
Sin embargo, hasta la fecha no hay gobierno ni autoridad que frene la violencia en esos recintos donde la vida se pierde en un segundo, pese a estar bajo tutela del Estado.
Se considera que los centros penales son bombas de tiempo porque las personas privadas de libertad no tienen ningún derecho garantizado, aunque por ley y como derecho humano sólo perdieron el derecho a la libertad.
Hechos violentos como el que ayer enlutó al país son, para algunas personas un sabotaje para desestabilizar el gobierno de Castro. Sin embargo, el abogado penalista Salomón Amador Barrios afirma que la comisión interventora de los centros penales fracasó porque no la integraron personas expertas en manejo de cárceles.
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una visita reciente conoció la situación de las personas privadas de libertad en Honduras. Su diagnóstico fue alarmante.
La Comisión recibió información preocupante de que las cárceles hondureñas se caracterizan por la corrupción. Eso ha facilitado el ingreso de armas de alto calibre, autogobierno y pérdida del control total por parte del Estado.
Esta situación se presenta especialmente en los centros de máxima seguridad debido principalmente al insuficiente número de custodios y el escaso equipamiento de seguridad.
“No más emisarios”
Ante la masacre en el Cefas, la mandataria Xiomara Castro mostró su solidaridad a las familias. En un tuit manifestó que está conmocionada por el monstruoso asesinato de mujeres.
La presidenta aseguró que es un hecho planificado por maras a vista y paciencia de autoridades de seguridad. “Mi solidaridad con familiares. Convoco a rendir cuentas al ministro de Seguridad y la presidenta de la Comisión Interventora. ¡Tomaré medidas drásticas!”, alertó.
Jessica Sánchez, del Grupo Sociedad Civil, le contestó en redes a Xiomara Castro. “Presidenta, nos alegra que su voz se comprometa con la investigación de los asesinatos en Cefas. Ahora, esperamos su convocatoria para hablar con las mujeres y feministas sobre ser el país con las altas tasas de femicidio a nivel latinoamericano. No más emisarios/as, demandamos diálogo directo con usted, porque lo que es con una, es con todas. Es tiempo de que la violencia contra las mujeres sea un asunto de prioridad estatal. Es tiempo de escucharnos”, tuiteó Sánchez.
La coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, también envió su mensaje de luto. “Mi solidaridad con las mujeres en el centro penitenciario en Támara y mi fuerte rechazo a la violencia. El 8 de marzo celebramos allá con algunas mujeres el día internacional de la mujer, escuchando sus historias y sueños. Mi corazón llora y comparto el luto con sus familias”.
Por su parte, la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, expresó sus condolencias a los seres queridos de las “mujeres asesinadas sin sentido” en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. “Esta tragedia agrava las serias preocupaciones sobre la seguridad y los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad”, aseguró.
También Jaume Segura, embajador de la Unión Europea en Honduras, señaló que se halla “impactado por lo acontecido en la penitenciaría femenina en Támara, la cual visité en el Día Internacional de la Mujer. Mi pésame para los familiares de las víctimas. Ninguna forma de violencia atentado contra la seguridad integral de las personas es justificable”.
Mientras tanto, Natalie Roque, secretaria de Derechos Humanos, dijo que ni el módulo de casa cuna ni el gimnasio ni el módulo seis, siete y ocho y el módulo de reflexión resultaron afectados por los hechos violentos de ayer en el Cefas.
Para el abogado Joaquín Mejía, es preciso investigar y deducir responsabilidades políticas a las autoridades responsables del sistema penitenciario. También exigió imponer responsabilidades penales a quienes tenían bajo su custodia directa a las mujeres privadas de libertad que perdieron la vida de forma violenta.
Por otra parte, la Oacnudh llamó al Estado a investigar los hechos, prevenir su repetición y proteger la vida de las personas privadas de libertad.
Finalmente, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, expuso que, por órdenes de la presidenta, Proasol y Sedesol se harán cargo de los gastos fúnebres de las mujeres asesinadas.
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