Denuncian detenciones ilegales y criminalización del activismo en Yucatán
Un juez declaró ilegal dos de las detenciones en la Marcha del Agua en Yucatán. Organizaciones han denunciado que la criminalización del activismo es sistemática en el estado.
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MÉRIDA, México. Agentes vestidos de civil de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán detuvieron a cuatro personas que acudieron a una manifestación pacífica en Mérida, capital del estado, en solidaridad con el pueblo maya de Sitilpech este 22 de marzo. Tres días después fueron liberades. El juez de control Santos May Tinal determinó que la detención de Sofía Caballero y Sebastián Navarrete, dos jóvenes que habian acudido pacíficamente a la Marcha por el Día Mundial del Agua, fue ilegal. En cambio, Dafne A. y Andreu O., activistas de la comunidad LGBT, fueron imputades con los cargos de posesión de armas, desobediencia y lesiones.
En la audiencia de ayer, 30 de marzo, la jueza Diana Garrido determinó que se vincularía a Andreu O. por el delito de posesión de armas y objetos prohibidos. Los otros delitos fueron desestimados y a Dafne, mejor conocida como “Muñeca”, le retiraron todos los cargos.
La lucha contra las mega granjas porcinas
Desde 2019, el pueblo maya de Sitilpech, una comisaría de Izamal, Yucatán, mantiene una lucha social y legal contra una mega granja de la empresa Kekén que mantenía 48 mil cerdos a tres kilómetros de sus casas. Denuncian que los desechos de los cerdos han contaminado su agua y su aire, enfermado a sus hijes y fragmentado a la comunidad.
En los últimos meses la lucha se ha intensificado. El 18 de febrero, 70 agentes antimotines armados irrumpieron durante la madrugada en el campamento de protesta que mantenían en el pueblo y golpearon a las personas que estaban ahí: 15 mujeres con niñes y adultes mayores.
“Sitilpech Libre” y “Fuera Kekén” es una frase que se lee en las calles de Mérida y en las redes sociales en apoyo al colectivo de pobladores “La Esperanza de Sitilpech”. Además fueron criminalizadxs por la prensa y vinculadxs a proceso por el delito de “obstrucción de las vías de comunicación en pandilla”.
Detenciones en la marcha por el Agua
En el Día Mundial del Agua, 22 de marzo, varias organizaciones civiles convocaron a una marcha para apoyar a Sitilpech y defender el agua. Al final de la movilización, poco después de las 20 horas, comenzaron a circular videos en redes sociales informando de la detención de Sofía y Sebastián, dos jóvenes que acudieron a la marcha pacífica.
Horas después, la organización Igualdad Sustantiva Yucatán confirmó que Andreu O., activista no binarie, y Dafne Aguilar, conocida como Muñeca y vicepresidenta de la organización, también habían sido detenides.
Muñeca Aguilar es una mujer trans, activista y trabajadora sexual. Además de ser vicepresidenta de Igualdad Sustantiva Yucatán, dirige el Comando Trans Interseccional que defiende los derechos de las personas trans en el estado. También es promotora de la salud sexual a mujeres mayas, cis y trans, en comunidades del interior de Yucatán.
En entrevista, Kelly Ramírez, presidenta de Igualdad Sustantiva Yucatán, comentó que Muñeca no podrá seguir ejerciendo el trabajo sexual, su principal fuente de ingresos, por su seguridad.
“Los delitos que le imputaron han sido fabricados. Ahora ella se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica. Realizaremos algunas acciones concretas como donativos y aplicación a fondos internacionales de defensoras. Todo este proceso la vulnera emocional y económicamente”, comentó Kelly a Presentes.
Detenciones arbitrarias en Yucatán
Las organizaciones Elementa Derechos Humanos y el Centro de Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi) presentaron en febrero pasado un informe sobre casos de tortura, abuso sexual, allanamientos, detenciones arbitrarias e incluso asesinatos por parte de la policía estatal de Yucatán y municipal de Mérida hacia personas racializadas, de la diversidad sexual y defensores de derechos humanos. Cejudi estuvo como institución observadora durante la marcha y tras la criminalización de les manifestantes dio seguimiento legal.
“Esta situación es una muestra de lo que presentamos. Nos recuerda que las detenciones arbitrarias en Yucatán no son aisladas sino sistemáticas. Y que hay un perfil: las personas jóvenes, racializadas, activistas. Las dinámicas de estas detenciones son un problema profundo en Yucatán”, declaró María Paula Balam, directora de Cejudi.
Yucatán es conocido a nivel internacional por ser “un estado seguro” en México. Activistas y organizaciones han dejado claro que no lo es para las personas mayas, la comunidad LGBT y les defensores de derechos humanos.
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