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Honduras 2022: desinformación, crímenes de odio y un pedido de perdón
El pedido de perdón por el crimen de Vicky Hernández no frenó el crecimiento de la violencia contra la población LGBT. Un año sin avances en derechos.
San Pedro Sula, Honduras. “Xiomara nos puso un machete en el cuello”, dijeron a Presentes dos mujeres trans desplazadas hondureñas que hacían el tránsito migratorio en México. Ellas habían participado el 9 de mayo de 2022 en la ceremonia donde la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pidió perdón por el asesinato de la activista trans Vicky Hernández.
A pesar de que Castro pidió perdón por los crímenes contra las disidencias sexuales de Honduras, los antiderechos y líderes religiosos desencadenaron una ola de odio y desinformación. Eso culminó con el asesinato de 41 personas LGBTIQ+ en 2022.
Para estas dos mujeres trans desplazadas, que en Honduras eran estudiantes universitarias de la carrera de Administración y Trabajo Social, el acto de la mandataria hondureña es simbólico. No solo pidió perdón por el crimen contra Hernández, sino también por los asesinatos de más de 400 personas LGBTIQ+ cometidos desde 2009 hasta la fecha.
Pedido de perdón: logro y reparación
La petición de perdón es un logro sin precedentes en Honduras. Sirve como una de las reparaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió por la muerte violenta de Hernández, ocurrida en pleno golpe de Estado de 2009 que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya.
A pesar del pedido de perdón del Estado hondureño, 2022, fue uno de los peores años para la población LGBTIQ+. Así lo afirmó la Red Lésbica Cattrachas en su informe de muertes violentas. El Observatorio de Cattrachas documentó 41 muertes violentas de personas LGBTI y dos personas desaparecidas. Las cifras ya superaron con creces los 29 asesinatos cometidos en 2021 contra la población diversa de Honduras.
“La mayoría de los casos de violencia contra personas LGBTI siguen en la impunidad. Hace falta tomar medidas para investigar y sancionar a los responsables de la violencia hacia personas LGBTIQ+”, expresó Indyra Mendoza, de Cattrachas.
Para la Red Lésbica, el prejuicio hace que la población LGBTIQ+ en Honduras siga arrastrando la “prohibición ridícula” de donar sangre, aunque en el resto de América es una práctica común.
Por una ley de identidad
Si bien la presidenta Castro pidió perdón el 9 de mayo, el Estado hondureño no avanzó en permitir el cambio de nombre en los documentos de identidad de las personas trans. Las autoridades siguen discriminando, especialmente en el Registro Nacional de las Personas, donde todavía no ha habido voluntad política para cumplir con la sentencia.
Natalie Roque, secretaria de Derechos Humanos, dijo que desde que se visibilizó la situación de la población disidente sexual y el gobierno de Xiomara Castro asumió el cumplimiento de demandas internacionales, se incrementó el discurso de odio. Esto tiene un efecto directo en los asesinatos de personas LGBTIQ+.
“Hay campañas de odio que se han fortalecido para evitar el avance de los derechos humanos”, dijo Roque a Presentes. También hizo un llamado público al comisionado del Registro Nacional de las Personas para cumplir la sentencia de Vicky Hernández. Ello se traduciría en que las personas trans puedan cambiar el nombre en su tarjeta de identidad.
Por su parte, Néstor Hernández, director de Honduras Diversa, expresó que uno de los problemas mayores en las muertes violentas es el Estado. «Saca el tema de los derechos LGBTIQ+ y después cobardemente baja la cabeza, cuando los líderes cristianos y católicos vienen con sus discursos de odio».
Para Hernández, la juventud disidente sexual está desanimada. “Votaron pensando que las cosas iban a ser diferentes, pero seguimos viendo que únicamente es un discurso y no hay papeles y decretos”.
¿Cuál es el siguiente paso que nos acercará al goce integral de nuestros derechos? Esa es la pregunta que continúan haciéndose las personas trans en Honduras. «Hemos tocado varias puertas. Así vemos la poca voluntad política de cada una de las personas que llevan este proceso», puntualizó la activista Angie Pérez.
Funcionarios anti LGBT
Un ejemplo de falta de voluntad política se presentó el 17 de mayo, Día contra el LGBTIQ+ Odio, cuando varias organizaciones se manifestaron para exigir sus derechos. Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, en la costa norte del país, se negó a izar la bandera del orgullo.
Argumentó que «no quería enemigos como la Iglesia o cualquier otro sector que pudiera pronunciarse en contra de su gobierno», relató el presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, Osman Lara.
No solamente la clase política hondureña comete actos de prejuicio contra la población diversa. A ellxs se suma la mayoría de los medios de comunicación tradicionales, que se convierten en fuentes de desinformación. De ese modo perpetúan el odio y el prejuicio contra las disidencias sexuales.
Los medios de comunicación
Radio Nacional de Honduras difundió en junio de 2022 dos audios que impulsaban el respeto de los derechos LGBTIQ+. En una de las grabaciones, una joven le dice a su mamá que es lesbiana. En el otro, una mujer mayor opina que solo habrá normalidad cuando se respeten los derechos de todas las personas.
Estas emisiones radiales fueron un hecho histórico en Honduras, ya que ningún medio estatal había emitido opiniones al respecto. Como consecuencia, la radioemisora sufrió reacciones negativas cuando grupos antiderechos argumentaron que se trataba de un atentado contra la institución de la familia. También dijeron que la campaña era inmoral e incorrecta para la niñez.
La campaña radial levantó tantas olas que el gobierno de Castro ordenó sacar del aire los audios y despedir al productor. El secretario de Prensa de Castro, Ivis Alvarado, expresó que la mandataria «no lo avaló nunca y no se ordenó la campaña. Los responsables de la misma, que actuaron de forma arbitraria, aislada y sin el consentimiento de las autoridades de la Secretaría de Prensa y de la presidenta, han sido separados de su cargo».
Por otra parte, la Asociación de Pastores de Tegucigalpa publicó el 29 de agosto de 2022 un comunicado por “ataques a los principios y valores cívicos”. Declaró que estaban en desacuerdo con que la comunidad LGBTIQ+ desfilara junto con la niñez y juventud en los actos de Independencia. Esa declaración fue un acto de desinformación para desacreditar a las disidencias sexuales porque no habían hecho ninguna solicitud de participar.
El acto de las iglesias desembocó en ataques de odio contra las personas LGBTIQ+ en los medios de comunicación y las redes sociales. Un grupo de la ciudadanía perteneciente a los grupos antiderechos, encolerizado, reafirmó la idea de que las disidencias sexuales atacaban “la moral y las buenas costumbres del país”.
Un desfile con violencia
Los ataques desataron una reacción de la asociación LGBTIQ+ Kukulcán. El 8 de septiembre envió una solicitud a la Secretaría de Educación para participar en los desfiles principales. Adicionalmente presentó una denuncia por discriminación ante el Ministerio Público.
En consecuencia, las personas trans salieron a marchar el 15 de septiembre. Pero un grupo antiderechos las recibieron lanzándoles botellas llenas de orines y pañales sucios en el Estadio Nacional Francisco Morazán de Tegucigalpa, capital de Honduras. Los medios se enfocaron en una persona trans porque mostraba la parte trasera de su cuerpo durante el desfile.
Sin embargo, el odio no terminó allí. El 31 de octubre, el secretario de Salud del gobierno de Castro, José Manuel Matheu, dijo que sólo aprobarían las pastillas de anticoncepción de emergencia (PAE) en casos de violación. La declaración de Matheu desencadenó la ira de los colectivos feministas y de las diversidencias sexuales, Matheu no tomó en cuenta a toda la población femenina. Además excluyó a las personas lesbianas, bisexuales, queer, hombres trans y no binarias, entre otras poblaciones.
“Las mujeres deben aprender a exigirle al hombre que use preservativos”, dijo el ministro Matheu. Fue después de aprobar en diciembre de 2022 el protocolo de atención para víctimas de violencia sexual, donde por primera vez se incluyeron las PAE como una medida de protección para las víctimas.
Ante estas palabras, Cattrachas difundió un video para exigirle a la presidenta Xiomara Castro que cumpla su promesa de aprobar las PAE para todas y todes. Y que despida al ministro. Sin embargo, los grupos cercanos al gobierno iniciaron una campaña de odio contra la organización, diciendo que no tiene derecho a grabar a la presidenta en reuniones privadas.
Embestida contra las organizaciones
Días después de lo sucedido a la Red Lésbica Cattrachas, la organización Somos CDC denunció haber sido víctima de un ciberataque. Personas ajenas a la organización publicaron contenido sexual en su cuenta de Facebook, por lo cual se la cancelaron. Somos CDC presentó la denuncia ante el Ministerio Público (MP) para que investigue y dé con el responsable del ataque en redes.
“Durante el año hemos recibido comentarios de odio en diferentes publicaciones en redes sociales, pero nunca había habido un ataque de esta magnitud. Hemos visto cómo funcionarios públicos están atacando a Cattrachas. Es bastante preocupante que se esté atacando a las organizaciones de sociedad civil. Sobre todo a aquellas que exigimos derechos”, dijo Kevhin Ramos, gerente de programas de Somos CDC.
A pesar del odio y la desinformación, este año se logró la condena a uno de los asesinos de Thalía Rodríguez, mujer trans que dedicó su vida al activismo y a la lucha por la igualdad. Aunque dos responsables más siguen sueltos, se trata de un avance judicial importante.
Otro caso importante que llegó a la CIDH es el de una mujer trans que es discriminada por el sistema penitenciario desde 2017, pues le niegan la visita íntima a su pareja y la tratan con mucha violencia.
Mientras el gobierno de Xiomara Castro decide el futuro de las poblaciones trans, estas no se quedan calladas. Denuncian que no las han incorporado en los procesos de negociación del gobierno por la sentencia de Vicky Hernández.
«Con estos gobiernos apenas hemos logrado que en la identidad vaya la imagen de nuestra expresión de género. Queremos el cambio de nombre, ya que eso nos facilita muchas cosas. Y más que todo, respeta nuestra expresión de género en cualquier ámbito de nuestro país», afirmó Ruby, de 33 años, técnica de la colectiva de Muñecas de Arcoíris.
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