Apoyanos
El Salvador 2022: el régimen de excepción recrudeció vulneración a derechos LGBT+
En 2022 se reconoció el derecho al cambio de nombre de las personas trans pero se profundizó la política contra la población LGBT.
SAN SALVADOR, El Salvador. A pesar de que en 2022 en El Salvador se reconoció –en un inédito fallo constitucional- el derecho al cambio del nombre para las personas trans, los retrocesos también fueron evidentes. Sobre todo en materia de represión y vulneración de derechos humanos, que llegaron de la mano con una polémica estrategia de seguridad y combate a las pandillas.
En los últimos doce meses, el gobierno del presidente, Nayib Bukele, recrudeció el acecho a periodistas y organizaciones sociales defensoras de derechos humanos. Además aumentó la criminalización de la pobreza al militarizar barrios enteros en búsqueda de supuestos pandilleros.
El Congreso salvadoreño, por solicitud de Bukele, aprobó el 27 de marzo un Estado de excepción para todo el país. Fue para declararle la guerra a las llamadas Maras, después del asesinato de 62 personas en un solo día. La cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos.
En 72 horas, 87 personas perdieron la vida por supuestos ataques de pandillas.
En qué consiste este régimen
El régimen de excepción facultó a la policía y soldados a detener a personas sin orden judicial, suspendió el derecho a la defensa y se ampliaron los plazos de detención en el periodo de investigación. Así pasan de tres días a seis meses mientras se realiza la primera audiencia ante un juez.
Desde entonces, el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados han aprobado en nueve ocasiones la ampliación del régimen.
Desde su inicio, las prisiones del país sobrepasaron su capacidad con las personas detenidas. En su mayoría están acusadas de colaborar o pertenecer a las violentas Mara Salvatrucha (MS-13) su rival, el Barrio 18 y otras más pequeñas.
Para los defensores de derechos humanos, los policías y soldados iniciaron una cacería en las barriadas y zonas rurales de la nación centroamericana para perseguir a sospechosos y arrestar a inocentes, ya que debían cumplir cuotas de detención.
Lo que pasó con la comunidad LGBT
Ester Flores, especialista de atención a población LGBTI de la organización social Amate, señala que han documentado al menos 41 casos de detenciones arbitrarias y ataques de las fuerzas de seguridad pública en contra de población sexodiversa.
Entre las denuncias atendidas por Amate se han documentado tratos crueles e inhumanos, humillación degradante a personas trans, persecución y desplazamiento forzado. Las identidades y orientaciones de detenciones registradas por la organización identificaron a 4 mujeres trans, 1 hombre trans, 8 personas gays, 9 bisexuales y 7 mujeres lesbianas.
Del total de denuncias, solamente cinco fueron presentadas ante la Fiscalía General. El resto de las personas vulneradas tuvo miedo de exponerse a persecuciones del Estado.
Desde abril, Amate acompaña los casos de 27 detenciones arbitrarias. De esas, 26 fueron acusadas por asociación ilícita y una por agrupación ilícita.
Un aval del código penal
En marzo se aprobó una serie de reformas al código penal que aumentó las penas a delitos relacionados a pandillas. Las personas acusadas de agrupación ilícita podrían ser condenadas a entre 20 y 30 años de prisión. Por asociación ilícita la pena sería entre 15 y 20 años.
De todos los casos registrados por Amate solamente una persona recuperó su libertad. El resto se encuentra en prisión a la espera de audiencias sumarias, donde los jueces deben atender hasta 500 detenidos diarios, propiciando graves violaciones a derechos humanos, según WOLA, organización que documenta casos durante el régimen de excepción.
“La estigmatización, persecución y represión no son acciones aisladas. Forman parte de un objetivo mayor contra un sector de la población de manera sistemática. Es alarmante que se esté creando una cultura judicial del abuso del poder y normalizado del uso de la fuerza como método de orden social por parte de la Policía Nacional Civil, las Fuerzas Armadas y el poder judicial”, informó WOLA en un informe divulgado en septiembre.
Fuentes consultadas por Presentes comentaron que el hacinamiento dentro de las prisiones “es insostenible”. En cada celda hay entre 130 y 140 personas que deben sortear los espacios para dormir, los baños también se utilizan como dormitorios. De marzo a diciembre detuvieron a más de 60.000 personas. De estas solamente 2000 fueron liberadas por no tener relación con pandillas.
“El estado de cumplimiento de los derechos humanos de la población LGBTI en lugar de avanzar estamos teniendo retrocesos. Todo tiene una conexión sin duda con el sistema político. No estamos en el mejor momento del cumplimiento de los derechos”, señaló a Presentes, Ester Flores de Amate.
Los casos
Entre las detenciones que Presentes ha registrado se encuentran dos mujeres trans y un hombre gay, quienes aún se encuentran en prisión. Un hombre trans, activista de Cultura Trans fue detenido y expuesto desnudo en la prisión. Lo liberaron a las horas tras las denuncias publicadas en redes sociales.
Alessandra Sandoval de 24 años fue detenida en su casa por no tener documentos de identidad. Su hermano, Carlos Sandoval hizo la denuncia pública, semanas después fue amenazado por la policía y detenido sin orden judicial. Su madre murió esperando que fueran liberados.
“Las personas no denuncian porque tienen miedo a ser perseguidas. Todos conocen a alguien que denunció y que después se lo llevaron detenido arbitrariamente. Por las condiciones de régimen que estamos ahorita no hay acceso a la justicia”, expresó Ester Flores.
Keiry Mena, una mujer trans de 44 años, fue detenida por cuatro policías la tarde del domingo 8 de mayo cuando salió a comprar esmaltes de uñas para su trabajo. La mujer atendía a domicilio debido a que no cuenta con local para sus clientas.
Keiry se formó como estilista en la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans. También en la extinta Dirección de Diversidad Sexual de la clausurada Secretaría de Inclusión Social por orden del populista presidente Nayib Bukele.
Las organizaciones Human Rights Watch y Cristosal concluyeron que policías y soldados han cometido abusos similares de forma reiterada durante los nueve meses de vigencia.
La falta de denuncias
La Asociación para Impulsar el Desarrollo Humano ASPIDH – Arcoiris Trans, presenta cada año la sistematización del centro de documentación y situación trans. Allí registran denuncias de vulneración de derechos humanos e identifican en cada uno a la policía y Fuerza Armada como los mayores violadores de derechos humanos.
En 2020 de 51 encuestas a mujeres trans, el 46% expresó que sufrieron algún tipo de discriminación y acoso por agentes de la policía nacional civil y un 6% por la fuerza armada. El informe de 2021 indica que el 14.3% mencionó sufrir abusos por personal penitenciario, mientras que el 21.4% se refirió a “otros” sin identificar.
En contraste con el informe correspondiente al año 2022 las denuncias de vulneraciones provocadas por agentes estatales se han reducido en relación a años anteriores. ASPIDH considera que una de las razones se debe a la autocensura de las víctimas al identificar y denunciar a sus agresores en el marco del régimen de excepción.
“Ya no confiamos en las instituciones de seguridad pública de nuestro país porque nos criminalizan. Muchas deciden no poner la denuncia. Vivimos tan fuerte la violencia y violación de derechos humanos que ya la normalizamos. Ya no creemos en el Estado porque no se le da la misma eficiencia que al resto de la población”, dijo a Presentes Britanie Castillo, asistente técnica de ASPIDH.
Otra de las razones del descenso de las denuncias es por la impunidad en los crímenes cometidos en contra de personas LGBTI. En 2015 el congreso salvadoreño aprobó una reforma a los artículos 129 y 155 del código penal para reconocer los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género.
La mayoría de casos fueron desestimados en las cortes del país. Únicamente cinco de 600 asesinatos en contra de mujeres trans ocurridos desde 1992 a la fecha han sido judicializados: Camila Díaz, Anahy Miranda, Tita Andrade, Sayuri Orellana y Daniela Rodríguez.
Las fuerzas policiales, el peor enemigo
El fallo a favor de Camila Díaz fue el primero con una condena en el país centroamericano. En febrero de 2021 tres pandilleros de la Mara Salvatrucha MS-13 fueron condenados hasta 66 años de prisión por el asesinato de Sayuri Orellana y Daniela Rodríguez. Ningún fallo tomó en cuenta el agravante de crimen por odio.
“Si vamos a poner una denuncia siempre terminamos criminalizadas porque tenemos que justificar qué hacíamos en la clandestinidad de la noche. Todo esto viene a marginar nuestras identidades y decir que porque somos mujeres trans somos delincuentes”, señaló Britanie.
Personas usuarias de la organización Amate expresaron su temor a denunciar los ataques recibidos por la policía y fuerza armada durante el régimen de excepción.
“Con la implementación del régimen de excepción damos cuenta de la persecución que ha existido con estas fases del Plan Control Territorial como el acoso policial y de la fuerza armada a personas LGBTI y algunas de ellas se las han llevado detenidas arbitrariamente”, expresó Ester Flores de Amate.
Amate conoció sobre un caso de una persona LGBTI que fue acosada, humillada y detenida por la policía por su identidad de género. Consideran que en el marco del régimen de excepción los cuerpos de seguridad materializaron las amenazas en contra de la población por el rechazo estatal a la diversidad.
“Muchas de las razones por las que llevan detenidas a las personas es por el odio que tenemos como sociedad hacia la diversidad sexual y genérica. Es bastante evidente en los casos que la razón es simplemente por ser parte de la población LGBTI”, puntualizó Ester Flores.
Congreso sin legislar ley de identidad
Para las organizaciones que impulsan desde el 22 de marzo de 2018 la aprobación de la Ley de Identidad de Género, el fallo de la Corte Suprema de Justicia fue una pequeña luz en el marginado anteproyecto.
Sin embargo, el máximo tribunal constitucional dio un plazo de un año para que el órgano legislativo adecue el artículo 23 de la Ley del Nombre de la Persona Natural.
“La Asamblea Legislativa deberá emitir la reforma que sea necesaria para prever las condiciones que debe reunir toda persona que desee cambiar su nombre para que sea compatible con su identidad de género”, ordenó el tribunal en el fallo.
Pero desde la sentencia emitida el 22 de febrero de 2022, han pasado diez meses sin que la Comisión de la mujer y género de la Asamblea incluya en su agenda la discusión del proyecto. O en su defecto, el debate sobre la reforma ordenada. Pese a que las organizaciones sociales que elaboraron la propuesta han solicitado en reiteradas oportunidades reuniones con la comisión, estas han sido ignoradas.
Identidad y derechos
De acuerdo a Britanie Castillo, defensora transfeminista e integrante de ASPIDH Arcoíris Trans, desde 2020 solicitan que la comisión de género les conceda un espacio para exponer la importancia de la aprobación de la Ley de identidad de género. No obtuvieron respuesta todavía. .
“La violencia, la discriminación, la pobreza es un circulo de vida que vivimos las mujeres trans por no acceder a una ley de identidad de genero que pueda reconocer mi nombre, mi identidad jurídica y pueda acceder a todos mis derechos humanos”, señaló Britanie Castillo.
Durante 2022, a través de la Corte Suprema de Justicia con diferentes fallos, tres personas realizaron su cambio registral. Bianka Rodríguez fue una primeras mujeres transgénero en lograr que su Documento Único de Identidad (DUI), en septiembre lo logró Karla Guevara. También en ese mes, Aldo Peña se convirtió en el primer hombre trans que obtuvo su cambio de nombre en El Salvador. El Juzgado de Familia de San Salvador fue quien emitió la autorización.
El panorama en el Congreso
La mayoría parlamentaria está conformada por partidos conservadores que se niegan a legislar sobre el reconocimiento a las identidades diversas, matrimonio igualitario y la interrupción del embarazo.
El Salvador no cuenta aún con una ley de identidad de género. En mayo de 2021 legisladoras del partido oficial Nuevas Ideas enviaron al archivo el anteproyecto que se estudiaba en la comisión de la mujer y género del Congreso. Marcela Pineda, diputada oficialista consideró que la ley, junto a otros 30 expedientes que estaban en estudio, eran “obsoletos y no acordes a la realidad”.
El anteproyecto presentado en 2018 fue retomado tres meses después del archivo por la Mesa Permanente por la Ley de Identidad de Género al Congreso. Hasta el momento no se inició su estudio en la comisión correspondiente.
Avance del conservadurismo
Britanie Castillo abandonó sus estudios por el acoso que sufría por su identidad de género. Este año logró graduarse gracias a un programa educativo de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el ministerio de educación del país centroamericano. Sin embargo, la decisión del gobierno de prohibir la difusión de material educativo sobre orientación sexual la desconcertó.
En septiembre pasado Bukele ordenó anular el contrato con el instituto de formación docente que transmitía un programa educativo en la televisora estatal. Fue luego de recibir presiones ciudadanas de que estaban ideologizando a los estudiantes con contenido de identidad sexual.
En redes sociales se viralizó un video, elaborado con animaciones digitales donde se explicaba que, a partir de la pubertad, los adolescentes podrían tener atracción hacia otras personas, inclusive del mismo género. Luego, el material hacia una definición de las palabras heterosexual, homosexual y bisexual, pero algunos usuarios cuestionaron el contenido.
“Cerraron un módulo y no les importó. Pero vemos cómo la sociedad no dijo nada porque no quieren que sus hijos conozcan de diversidad sexual”, lamentó Britanie Castillo.
El episodio transmitido formaba parte de la guía de aprendizaje vigente desde el año 2013 sobre la construcción de la sexualidad. Estaba dirigida a estudiantes de octavo curso cuyas edades oscilan entre 14 y 15 años, donde se reconoce las identidades y orientaciones diversas. Para las organizaciones LGBTI esto es un claro avance de políticas conservadoras en el gobierno.
“Muchas de nosotras quisiéramos ser abogadas, psicólogas y no quisiéramos estar ejerciendo el trabajo sexual en las calles. Pero no contamos con las herramientas suficientes para terminar nuestros estudios. En muchos casos a muy temprana edad tenemos deserción escolar, no tenemos acceso a un empleo que nos dignifique, que nos haga pensar en nuestra vejez para poder tener todas las prestaciones de ley”, lamentó Britanie Castillo.
Una funcionaria para avalar vulneraciones a derechos
En octubre el Congreso eligió para el periodo 2022 – 2025 a la procuradora para la defensa de los derechos humanos. Nombró a Raquel Caballero, abogada conservadora y cristiana que en el pasado fue cuestionada por violentar los derechos de la población LGBTI.
No es la primera vez que la abogada – también se presenta como «coach personal» en su cuenta de Twitter- es elegida en la institución estatal. Su primer nombramiento fue entre 2016 y 2019, y fue promovido por el partido ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
En 2012 se constituyó la mesa permanente de la Procuraduría sobre los derechos humanos de la población LGBTI. De acuerdo a dos organizaciones consultadas por Presentes, Caballero se negó a recibirles y continuar con el espacio que sirvió para el diálogo y debate.
En septiembre de 2017, Caballero presentó la memoria de labores de su primer año de gestión. Pero en su discurso se atribuyó los resultados de su antecesor. Además mintió sobre los resultados de la defensa de la población de diversidad sexual.
Raquel Caballero fue designada por 67 votos de los 84 posibles en el Congreso. Los opositores al oficialismo consideran que su designación servirá para avalar y encubrir las violaciones a derecho humanos durante el régimen de excepción con la que buscan terminar con las pandillas.
Somos Presentes
Apostamos a un periodismo capaz de adentrarse en los territorios y la investigación exhaustiva, aliado a nuevas tecnologías y formatos narrativos. Queremos que lxs protagonistas, sus historias y sus luchas, estén presentes.
APOYANOS
SEGUINOS
Notas relacionadas
Estamos Presentes
Esta y otras historias no suelen estar en la agenda mediática. Entre todes podemos hacerlas presentes.