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Agredieron a mujeres y niñes durante un desalojo de una comunidad indígena en Paraguay
Comunidades del pueblo guaraní denunciaron que durante el desalojo, además de golpear a mujeres y niños, robaron y faenaron animales.
ASUNCIÓN, Paraguay. Un nuevo caso de desalojo violento se realizó el miércoles 18 de octubre contra la Comunidad 15 de enero, pueblo Guaraní, con orden de la fiscal Norma Salinas. Un despliegue de 250 policías y un helicóptero para 32 familias, exactamente una semana después de las movilizaciones por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y el acuerdo de una mesa de trabajo entre los pueblos y el Estado.
El miércoles 12 de octubre por las calles de Asunción recorrieron 18 pueblos indígenas exigiendo al Estado una mesa de trabajo sobre 35 puntos. Uno de ellos planteaba el cese de los desalojos forzosos violentos, la criminalización y de una respuesta real al acceso de tierras para las comunidades. Pero la mañana del 18 de octubre una vez más se pasó por encima de un compromiso asumido por el Estado paraguayo.
La fiscal Norma Salinas dio orden de desalojo. Las fuerzas policiales llegaron hasta la comunidad con 250 policías y un helicóptero que sobrevolaba el lugar con una ametralladora. La comunidad 15 de enero del pueblo guaraní se encuentra asentada hace 18 años, es decir casi dos décadas construyendo su tekoha (territorio), con alrededor de 45 familias.
Un ataque a mujeres y niñeces
Las imágenes que recorrieron las redes sociales de la Organización Nacional Indígena (ONAI), mostraban cómo las mujeres pusieron el cuerpo para defender su territorio. Entre ellas mujeres con sus bebés en brazos. Durante el desalojo el llanto de niños ante la situación de violencia fue otra de las imágenes.
La comunidad denuncia que la policía destruyó todas sus casas, golpeó tanto a mujeres, niños, hombres sin distinción. También robó celulares de líderes y faenó animales de la comunidad. Dejaron prácticamente sin nada a las familias, fueron las mujeres quienes quedaron al cuidado de todo porque los hombres fueron detenidos.
Desamparo total
La comunidad se encuentra apostada al costado de la ruta bajo carpas en medio de la lluvia. Piden a la ciudadanía solidaridad porque no tienen nada.
“Llevaron nuestras ropas, todo lo que teníamos, destruyeron nuestras casas. Es triste lo que se vive. Es necesario que se haga justicia, no es justo que nos jueguen de esta manera. Hace mucho tiempo estamos aquí”, relata una de las mujeres de la comunidad en un audio que recorrió redes sociales, pero no ha podido ser identificada.
Entre los detenidos estaban 2 indígenas de 14 años, quienes con la gestión de defensores de derechos humanos lograron volver a la comunidad. Además, había personas que no eran la comunidad y estaban curioseando. Todas estas personas serían imputadas porque se aplica la ley Zavala-Riera que eleva a crimen la ocupación de tierra. Sin embargo, el abogado Fulgencio Torres de la Red de Abogados y Abogadas de Derechos Humanos, dijo que no corresponde por tratarse de una ley aplicada desde el 2021, y en este caso se habla de una comunidad que se encuentra asentada hace 18 años.
Situación de la tierra
La comunidad estaba asentada hace 18 años en Nueva Toledo del departamento de Caaguazú. Señalaron que sus antepasados vivían en la zona desde 1.965 y posteriormente apareció un ciudadano alemán diciendo que era el supuesto propietario de alrededor de 660 hectáreas.
Así comenzó el conflicto de tierras. En 2009 los indígenas regresaron con el objetivo de recuperar parte de las tierras. Realizaron gestiones en el INDI y el INDERT, y se abrió un expediente 4937/10 en el que se reivindican 1000 hectáreas.
En 2013 debió iniciarse la medición del terreno, pero no se concretó por la inacción de las autoridades. Luego de casi 10 años se realiza el desalojo forzoso y violento. El abogado Torres, explicó que el procedimiento realizado por la fiscala Salinas no correspondía. Que debía ser una acción civil y ella aplicó la penalidad al caso. Eso le permitió un desalojo y el despliegue de fuerzas que costaría a la ciudadanía alrededor de 1000 dólares, ya que los gastos vienen de los impuestos.
“Nos golpearon de manera inmisericorde, ni siquiera respetaron a niños y embarazadas. Faenaron nuestros animales, nos robaron y llevaron nuestras herramientas de trabajo», puntualizó, Gustavo Sosa líder de la comunidad.
Solidaridad de organizaciones
Varias organizaciones e individualidades denunciaron la violencia desmedida con la que actuó el Estado. Exigieron la restitución de tierras a la comunidad indígena Mbya Guaraní y la liberación de los detenidos.
“Este hecho viola la Constitución Nacional, que en su Capítulo 5to reconoce la existencia previa de los Pueblos Indígenas y garantiza los derechos territoriales inviolables de los mismos. Así también esta práctica reiterativa por parte del Estado paraguayo representa una violación a varias normas y compromisos internacionales que el país se comprometió a respetar. Hacemos responsables de esta violación de nuestros derechos como Pueblos Indígenas, al presidente de la república, Mario Abdo Benítez, a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez y a los titulares del Instituto Paraguayo del Indígena y del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, entre otras autoridades que no cumplen con sus funciones y no respetan la ley”, señalaron desde la Articulación Nacional Indígena (ANIVID).
La ONAI también se pronunció enfatizando que no callarán porque un desalojo forzoso atenta contra los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. “Venimos resistiendo hace 530 años, aguantando despojos y desalojos de nuestras tierras ancestrales, como parte del genocidio, etnocidio y ecocidio que en los últimos dos años ha dejado a 5000 personas sin casa, sin alimentación. Niñas y niños sin escuelas, con la destrucción de nuestros lugares de rezo, desarrollo cultural, sin ninguna alternativa más que el hambre y la calle”.
«Instamos al Estado a buscar soluciones y medidas reales»
Por su parte CasaFem casa cultural feminista también se posicionó a través de un comunicado. “En el Paraguay en donde la tierra es el factor de desigualdad más grande de Latinoamérica; donde el Estado y la Justicia siempre favorece a los intereses de una minoría que controla las tierras y las regulaciones; queremos expresar nuestro repudio ante el accionar del gobierno que atenta contra los derechos de los pueblos indígenas expresados en la Constitución Nacional. Instamos al Estado a buscar soluciones y medidas reales que respondan a las necesidades de todos/as respetando los derechos humanos enmarcados en las leyes nacionales e internacionales”, manifestaron.
Hasta el momento el INDI, institución encargada de trabajar por garantizar los derechos de los pueblos indígenas no ha llegado a la comunidad, quienes se encuentran sin ropa, alimentos, agua. Mirando del otro lado de la calle su tekoha, mientras la lluvia no cesa.
Fotos: Organización Indígena
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