SALTA, Argentina. En los días cercanos al 12 de octubre organizaciones de pueblos indígenas de Jujuy y Salta realizaron caminatas por causas conexas. Fue en defensa del agua y la vida en un caso; en reclamo de agua segura, acceso a salud, educación y vivienda en el otro.

La Caminata por el Agua y la Vida inició el 3 de octubre en La Quiaca, en el límite con el Estado Plurinacional de Bolivia, y concluyó el 12 de octubre en la plaza principal de la ciudad de San Salvador, capital de Jujuy. Se realiza hace diez años y es una manifestación que busca llamar la atención sobre la afectación al ambiente que provoca la megaminería, de incidencia directa en el agua, un bien escaso en la Puna.

También denunciaron la falta de consulta previa, libre e informada de parte del gobierno de Jujuy. Y se solidarizaron con las mujeres mapuches detenidas en el sur.

Nada para festejar

En Salta, organizaciones indígenas del extremo noreste que limita con Bolivia y Paraguay, en la región chaqueña, y de las zonas más secas de la provincia, realizaron la llamada “segunda marcha histórica”. Reclamaron que el gobierno provincial cumpla las promesas realizadas en 2020. Esa movilización concluyó el 14 de octubre, en la localidad de Urundel, a más 217 kilómetros de la ciudad de Salta, luego de una reunión con un equipo del gobierno donde denunciaron el avance de un ordenamiento territorial de bosques nativos sin consultar a las comunidades.

“Es una caminata por el agua, por la vida, en defensa de los territorios de las comunidades indígenas de Jujuy. A más de cinco siglos, este 12 de octubre, que decimos no hay nada que festejar, hoy los pueblos indígenas todavía continuamos bajo una violación sistemática de los derechos de nuestros pueblos”, aseguró Emilia Liquín, integrante de la Comunidad Indígena de Chalala, de Purmamarca, distante 66 kilómetros de San Salvador.

Sin consulta previa, libre e informada

La Caminata por el Agua y la Vida se realiza desde 2015, pero sus orígenes se encuentran un poco antes, cuando miembres de la comunidad Rodeo, cercana al área protegida de la Laguna de los Pozuelos, notaron ciertos fenómenos que asociaron a la explotación mineral.

De ahí, a más de 280 kilómetros de la capital provincial jujeña, es Florencia Solís, una de “las abuelas” que participa de estas marchas. “Tenemos que cuidar nuestro planeta”, dijo en la plaza de San Salvador. No le preocupa tanto el tratamiento de la basura, porque si bien contamina, para ella, “lo que más contamina es la megaminería”.

“En el lugar donde yo vivo hay mineras a cielo abierto”, contó refiriéndose al proyecto Chinchillas que está en el departamento Rinconada, en el norte de la provincia, y pertenece a la empresa SSR Mining Inc. Su sede central está en Vancouver, Canadá. “Es una minera que está sacando oro, plomo, zinc de ahí de Santo Domingo”, detalló.

Al lado está la Laguna de los Pozuelos, que fue declarada reserva de biosfera. Sin embargo, “están contaminándose todas las aves playeras. Ahí hay flamencos, gaviotas, gallaretas, teros”, entre otras tantas. “Muchos animalitos están desapareciendo por la causa de la contaminación de la mina Pan de Azúcar, que tampoco hizo ningún saneamiento. Esos ríos van a la Laguna a desembocar y ahí va a esa contaminación por el suelo, por el aire, por la tierra”.

Las palabras de Solís fueron grabadas por Elisa Barrientos, miembra del Pueblo Chicha, que es de la zona del altiplano. El lugar quedó parte en el actual estado de Bolivia y parte en el estado argentino, en Yavi, cerca de La Quiaca.

Barrientos, que actualmente reside en San Salvador, también identifica el surgimiento de la necesidad de movilizarse en defensa del agua en las muestras de afectación al ambiente que empezaron a notar les habitantes de esta zona. Comenzó a faltar agua en los “ojitos de agua” y vertientes, donde la solían obtener ancestralmente, y aparecían animales muertos, entre otras señales. Entonces un grupo de mujeres mayores, poquitas, hizo una primera protesta. Esas son “las abuelas”, las que articulan la Caminata.

Un diálogo de mentira

De la última, la séptima marcha, participaron comunidades de La Quiaca Vieja, Chaupiuno, Pozuelos, Rodeo, Abra Pampa, Azul Pampa, Hornaditas, Cangrejillos, Huacalera, Chalala, Rodero, Querusiyal, El Molino, y otras. Pero no están todas las afectadas por los emprendimientos mineros.

“Muchos hermanos, por su falta de conocimiento se dejaron avasallar y aceptaron. Una vez que se pone la minería ya es difícil sacarlos”, lamentó Solís. Recordó que algunas personas firmaron consentimientos para el ingreso de la minería “y el gobierno miente”, diciendo que todas lo hicieron.  

Aseguró que la gestión de Gerardo Morales “violenta la ley 24071 y también el artículo 75, inciso 17 (de la Constitución Nacional), donde dice que tiene que hacer la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios. Sin embargo, pasó todo por alto. Solamente habló con los comisionados rurales o algunos comuneros del lugar” y después dijo que “habló con toda la comunidad”.

Barrientos destacó ante Presentes la desigualdad de la confrontación. “Pareciera una lucha contra gigantes porque no hay ningún derecho a réplica, por ejemplo, en los medios de comunicación; el Estado cambia la matriz productiva y no se consulta a las comunidades”.

Las voces que no se escuchan

Elisa Barrientos coincidió con Solís en que no hubo consulta. Y si la hubo, no fue previa, libre e informada, sostuvo. La ley, recordó, establece que los pueblos indígenas deben participar “y saber de qué se trata, qué van a hacer con su territorio, qué van a hacer con el agua, cómo van a hacer. Y eso no se ha hecho. De un día para otro, como siempre pasa acá en Jujuy, aparecen las máquinas abriendo caminos, aparecen los camiones, y a los años ya aparecen los funcionarios a inaugurar. Cuando uno ni siquiera sabe lo que ha pasado, en qué momento, quién lo ha firmado y todo lo demás”.

Por otro lado, Liquín denunció “la infiltración por parte del gobierno municipal de turno (en Purmamarca) en complicidad con el gobernador de Jujuy”. Contó que policías se infiltraron en las comunidades “para seguir avasallando y quitando nuestro territorio”. También contó que entran a las casas e intiman a mujeres y niñes a desalojar.

Durante la Caminata la organización denunció que en el camino fueron acosados por el aparato policial. «Desde el inicio de la caminata nos fotografían y filman en todo momento. En Humahuaca interrogaron a una niña de un modo inquisitivo, la niña se asustó mucho. Y en Purmamarca intentaron interrogar a unos niños”.

En defensa de la Pachamama

Florencia Solís promete “seguir luchando hasta las últimas consecuencias con estos gobiernos de turno”, que no se diferencian en cuanto a la minería. “Son gobiernos cómplices de las trasnacionales”, parte del “capitalismo asesino que sigue avanzando sobre nuestra Abya Yala. Sobre todo, aquí en nuestra provincia de Jujuy”, describe. Como “en aquel tiempo del colonialismo, cuando vinieron a saquear nuestros recursos naturales ahora están haciendo lo mismo: despojando a la gente del pago, del lugar, del pueblo. La mayoría de nosotros vivimos del ganado, de la hacienda, de la llama, de la cabra. Ese es nuestro trabajo”, además del hilado y el tejido.

Solís aseguró que el gobierno de Jujuy quiere engañar a los pueblos originarios, que los amenaza para se callen. “Pero no me voy a callar nunca. Ya dije que hasta las últimas consecuencias voy a seguir luchando, aunque mande la Gendarmería, aunque mande la Policía, aunque mande el Ejército. Yo no tengo miedo a nada. Mi objetivo es luchar por la Pachamama, porque nosotros tenemos un compromiso grande frente a ella. Sabemos que la tierra, el planeta, es una casa grande que la limpiamos”.

A propósito, dijo que la Caminata es un llamado de atención para Morales. “Parece que él a su casa no la limpia. Desconoce que a la casa grande la tenemos que tener tan limpita como a nuestra casa donde vivimos”. En cambio, “él lo desconoce totalmente, habla de la Pachamama, pero hace todo lo contrario. Traiciona a la Pachamama, es un gobernador que realmente violenta de una u otra manera a las comunidades originarias que vivimos en el lugar defendiendo a nuestra tierra”.

Una causa de todos

Florencia invitó a defender la tierra, “esta causa es de todos”. Especialmente a las generaciones que vienen les dejó el mensaje de que deben “defender el agua” porque sin ella no hay vida.

Barrientos recordó que en la zona de Salinas Grandes se da también otra lucha por el agua con la instalación de las empresas litieras. Aseguró que tampoco en este caso hubo consulta previa.

Liquín dijo que la Caminata fue también para “denunciar como sigue el avance del extractivismo de litio, de los pedimentos de las empresas mineras, que hace poco el señor gobernador viajó a Europa y viajó a Estados Unidos para entregarnos. Para entregar nuestros recursos naturales. Nosotros somos defensores ancestrales de estos recursos porque entendemos que si no hay agua no hay vida. Entendemos que no podemos desarrollarnos en nuestras propias comunidades si nos quitan nuestros territorios, todavía, más de 500 años, nos siguen quitando nuestros territorios”.

Y Barrientos llamó la atención sobre el “colonialismo criollo”. Detrás están las grandes potencias, advirtió, “siempre han estado, el colonialismo es la base. Lo que hay que deconstruir hoy, además del patriarcado, además del capitalismo, es el colonialismo. Y ese colonialismo hace que las empresas lleguen al territorio como perro por su casa y hagan lo que quieran sin consulta previa y libre”.

Agua para beber

En la vecina provincia de Salta, el 11 de octubre integrantes de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), que tiene su territorio en el extenso departamento Rivadavia, a más de 500 kilómetros de la capital provincial, llegaron hasta “el cruce de Pichanal”, a medio camino, para llevar adelante una protesta recordando el incumplimiento de promesas gubernamentales.

En ese punto, donde se sumaron otras comunidades de los departamentos General San Marín y Orán, que también son parte de la UACOP, comenzaron un corte del tránsito en la ruta nacional 34 pidiendo que el gobernador Gustavo Sáenz fuera a explicarles por qué no se cumplieron los 21 puntos acordados en la primera marcha, realizada en diciembre de 2020.

Esos puntos son referidos a acceso a agua segura, salud, educación, territorio, viviendas y respeto a su cultura. De todos, el que más les urge es el del agua, ahora que se acerca la temporada estival, y en zonas de altas temperaturas.

Tras tres días de protesta, sin respuestas, las comunidades iniciaron una marcha hacia el sur, que anunciaron que podría ser hasta la Casa Rosada. Solo 38 kilómetros bajaron, hasta el pueblo de Urundel. Ahí les avisaron que un equipo del gobierno viajaba a reunirse con elles. El encuentro se llevó a cabo al costado de la ruta, en un día ventoso.

Que los funcionarios escuchen

Se improvisó una mesa detrás de la que se sentaron funcionarios y funcionarias, entre elles el ministro de Salud, Juan José Esteban, y la ministra de Desarrollo Social, Silvina Vargas. Les referentes comunitaries recordaron sus viejos reclamos: no tienen agua o si la tienen, “no es buena” para el consumo humano, en algunos casos deben buscarla en bidones a kilómetros de distancia; muchas familias viven en construcciones precarias, de palos y nylon; no llegan agentes sanitarios; en las escuelas (algunas distantes) no hay educación bilingüe.

Las respuestas dejaron sabor a poco. Les funcionaries reconocieron que hubo problemas con algunos pozos que estaban perforando porque no dieron con agua potable. En otros casos el ministro Esteban se comprometió a realizar un monitoreo de los pozos existentes, dado que se informó que con el agua “salieron gusanos”, como aseguró Abel Mendoza, titular de la UACOP.

Estas comunidades se encuentran repartidas en un amplio territorio, donde el agua segura proviene de pozos que deben ser excavados a grandes profundidades y cuyo costo excede la capacidad económica de les habitantes originaries. Por otro lado, en el caso de las comunidades urbanizadas, generalmente están en las afueras de los pueblos, donde tampoco llegan los servicios.

Julia Gómez, coordinadora de la Comunidad Honhat Le Les, ubicada en la localidad de Embarcación, contó a Presentes que en su caso están pidiendo “un pozo de agua”. La comunidad está ubicada a tres kilómetros del pueblo, y el servicio de agua en red no llega hasta ahí. El pedido en este caso lleva ya diez años. Por ahora la municipalidad les acerca agua con un tanque y un tractor, pero no alcanza “para sembrar. Para sembrar no hay nada”. 

En cuanto a las viviendas, otro punto central en el reclamo, las noticias no fueron buenas tampoco. En 2020 el gobierno había comprometido avanzar con mil viviendas. Ahora solo se comprometieron a hacer 150 casas de madera prefabricadas, en lo que queda de este año y hasta los primeros meses de 2023 y luego se harían otras 150.

Una instancia de diálogo

Según se informó al término del encuentro, el equipo gubernamental no fue a dialogar, sino a acercar una propuesta. Por eso, tras escuchar a les funcionaries, les manifestantes realizaron una asamblea, en la que, si bien resaltaron que no respondía a sus requerimientos, optaron por aceptarla y levantar la protesta.

Al final, las expresiones de unes y otres dieron cuenta de las diferentes percepciones del encuentro. “Es una mesa de trabajo donde hemos escuchado los planteos y donde también hemos iniciado el trabajo de respuestas concretas”, casi celebró el secretario de Relaciones Institucionales de la provincia, Antonio Hucena, quien aclaró que fueron llevando “decisiones del gobernador para trabajar con los hermanos y con las comunidades”.  

“Acá estamos, no muy satisfechos por supuesto”, dijo desde el otro lado Abel Mendoza. Sostuvo que con lo que pasó con las promesas de 2020 “hay un temor a que pase otro engaño más”. Dijo que por eso esta vez van a seguir de cerca lo que se vaya haciendo y cuando haya incumplimientos reaccionarán, “no vamos a estar mucho tiempo en la espera”.

Quizás más conocedor de las leyes que su par de Relaciones Institucionales, el secretario de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almaraz, destacó las instancias de diálogo: “para que desde el estado podamos aplicar políticas públicas eficientes es importante la participación y la consulta de ellos. Va a ser la única manera de que podamos ser eficientes y poder avanzar en el cumplimiento de los compromisos”, sostuvo.

Salud y educación

Muchas de las comunidades de la UACOP están comprendidas en el fallo dictado en febrero de 2020 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó la entrega del título comunitario sobre 400 mil hectáreas de los ex lotes fiscales 55 y 14 y que se hagan obras para mejorar la calidad de vida y de reparación de la afectación que la inacción estatal provocó en los pueblos originarios que habitan ancestralmente este territorio. Y ordena expresamente que todo esto se haga con la consulta previa, libre e informada.

Julia Gómez, participante de la primera Marcha Histórica, que llegó hasta la ciudad de Salta, recordó que “nunca” tuvieron respuesta a sus pedidos de hace dos años. “Es muy triste, nosotros rogándoles que nos den algo”, lamentó.

Contó que en su comunidad no tienen agentes sanitarios. Otra comunera, Mabel Gutiérrez, relató a Presentes que el sábado por la mañana, el día después de la protesta, habían recibido la visita de agentes sanitarios.

En cuanto a la educación, les niñes de Honhat Le Les (Hijos de la Tierra) van a la escuela Fray Francisco Victoria, del barrio cercano, en la que no cuentan con docente bilingüe, aunque les prometieron que para el año próximo lo tendrán. En general les chiques hacen el nivel secundario, pero ahí terminan sus estudios, contó la coordinadora. Es que no hay recursos para sostener una formación terciaria o universitaria por lo que la mayoría se queda ahí y va a trabajar haciendo changas en las fincas de la zona, porque “otra cosa no hay”.