12 de septiembre de 2022

Ixchel Cisneros Soltero

Milena Pafundi

Edición: Maby Sosa

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El congreso mexicano aprobó una ley enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que perpetúa la estrategia de seguridad militarizada en el país, y viola nuestra Constitución.

Para entender un poco más del poder que tienen las fuerzas armadas, hace falta entender nuestra historia con ellas. La cual puede remontarse a los años sesenta y setenta en la llamada Guerra Sucia.

Durante ese periodo, integrantes del Ejército eran utilizados para disolver movimientos sociales opositores al gobierno. Conocemos historias de encarcelamiento, desaparición, violaciones, tortura y asesinato de la voz de las víctimas o de sus familias. Incluso hoy, en 2022 se desconoce el paradero de muchas personas desaparecidas y los culpables siguen impunes.

Los gobiernos y las fuerzas armadas

En los últimos 26 años, paulatinamente el Estado mexicano ha entregado la seguridad pública a las fuerzas armadas. Todo empezó con el expresidente Ernesto Zedillo y los retenes militares (ilegales, por cierto) para evitar el trasiego de droga hacia Estados Unidos.

Después vinieron las quemas masivas de sembradíos de marihuana en las montañas de varios estados de la república como Guerrero y Sinaloa; más tarde el acompañamiento en algunas tareas de seguridad durante el sexenio de Vicente Fox, y en 2006, la alianza se formalizó con el Operativo Conjunto Michoacán.

Con éste, el expresidente Felipe Calderón dio el banderazo a la Guerra contra el Narcotráfico, donde las fuerzas armadas serían utilizadas para combatir frontalmente, y con todo el “poder del Estado”, al crimen organizado.

Cifras que no se modifican

Aun así, las cifras de violencia no disminuyeron, al contrario, aumentaron. Como también lo hicieron las denuncias por violaciones a derechos humanos en manos de la marina y el ejército. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el promedio de los asesinatos por mes en el sexenio de Vicente Fox era de 973; mientras que en el de Calderón fueron mil 689.

El gobierno les empezó a llamar “daños colaterales” pero en cada cifra había una persona, una historia. Además, varios de esos homicidios fueron responsabilidad de las fuerzas de seguridad. Ahí está el asesinato de los estudiantes del Tec de Monterrey a manos de militares; el de dos infantes y tres adultos en Sinaloa, también por militares, o la familia asesinada en Nuevo Laredo por integrantes de la Marina.

Al pasar de los años, la escalada de violencia continuó y también la alianza y el poder territorial y presupuestario de las fuerzas armadas.

También, según una investigación de las organizaciones Intersecta, Equis Justicia para las Mujeres, el Centro de Estudios Ecuménicos y Data Cívica, la militarización ha afectado a disidencias sexuales y mujeres. Por ejemplo: a principios de la década del 2000 tres de cada 10 mujeres eran asesinadas con armas de fuego. Para 2021, eran seis de cada 10. 

La violencia contra la comunidad LGBT+

En el caso de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+, son las mujeres trans en situación de vulnerabilidad y trabajadoras sexuales, quienes encabezan las cifras de violencia letal con armas de fuego.

Como el caso de Naomi Nicole “La Soñare”, mujer trans de 23 años que fue asesinada por dos militares en la Ciudad de México. O el de Paola Buenrostro, cuyo homicidio fue perpetrado por un exmilitar.

Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, dos de cada 10 mujeres detenidas por la marina son violadas. La misma suerte corren una de cada 10 mujeres que arresta el ejército.

Así les ocurrió a las indígenas me’phaa, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú víctimas de violencia sexual por parte de miembros del ejército en el estado de Guerrero.

La ley que querían las fuerzas armadas

Con Enrique Peña Nieto en el gobierno, los homicidios dolosos también aumentaron a 2.182 por mes. Durante su sexenio, militares y marinos cabildearon con legisladores para que aprobaran la Ley de Seguridad Interior (LSI). La legislación les daba a las fuerzas armadas atribuciones para realizar labores de seguridad. Esto va en contra de nuestra Constitución que claramente dice que dichas labores solo pueden ser realizadas por elementos civiles.

¿Qué quería decir esto? Que ahora podrían investigar, espiar y detener a la ciudadanía. Además, no tenía mecanismos de control, era opaca y les quitaba a los gobernadores la responsabilidad de limpiar y mejorar sus policías civiles. A pesar de ello, integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) la aprobaron en diciembre de 2017.

Aquí me detengo un momento. Me parece importante que no olvidemos que quienes hoy son la oposición en el Congreso y se desgarran las vestiduras contra el plan de militarización del presidente Andrés Manuel López Obrador, en una época apoyaron y utilizaron esta misma estrategia.

Inconstitucional

Debido a la presión y organización de la sociedad, la LSI fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018. Pero el fantasma de la militarización seguía ahí. Y seamos honestas, el ejército y la marina seguían siendo utilizados para labores de seguridad, aunque violaran la ley. 

Tras el triunfo del presidente López Obrador, el Congreso mexicano aprobó una reforma a la Constitución sobre el tema, que incluía la creación de una Guardia Nacional con mando civil y el retiro paulatino de las Fuerzas armadas a los cuarteles en 2024. Esto con el objetivo de que la institución civil se fortaleciera.

Pero eso no pareció ser suficiente para los militares y marinos, ni para el presidente, ya que le dio cada vez más y más funciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); los puso a construir aeropuertos, vigilar y administrar las fronteras y puertos o sirviendo como muro de contención ante las caravanas migrantes que entraban por Centroamérica.

Además, cada año les asignan mayor presupuesto; según la información recabada por el analista Carlo Brown y la organización Intersecta, en los últimos tres años, el presupuesto de la SEDENA ha crecido más que en los cuatro sexenios anteriores. Pasó de recibir 96,045 en 2017 a 147, 037 en 2021.

La lucha por las víctimas

El presidente dice que son la única institución de seguridad confiable. Por ello, le pidió a la bancada de su partido, Morena, que aprobara una iniciativa de ley con la que se busca que la Guardia Nacional dependa 100% de la SEDENA, encargándose de la organización, operación, distribución territorial, ingreso, formación, capacitación, especialización y profesionalización.

Como buenos soldados, la mayoría de las y los diputados y senadores votaron por la propuesta del presidente, sin importarles que vaya contra la Constitución, sin tomar en cuenta que sea una estrategia fallida y sin escuchar a las víctimas.

Ahora solo nos queda volver a empujar en la Corte Suprema, por Heidi, Ángel Yael, Naomi Nicole, Jorge, Javier y las miles de víctimas pues la violencia en México tiene nombre y apellido.