SALTA, Argentina. Felipe Juárez y su compañera permanecen obligades desde viernes pasado en el Hospital Público Juan Domingo Perón, de la ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Allí fueron llevados por policías. Elles son el padre y la madre de Clarisa, la nena de 14 meses de edad que falleció el pasado 29 de junio. Según la autopsia, la causa de muerte fue una falla multiorgánica provocada por una infección generalizada. Esta infección la provocó un cuadro de desnutrición severa. La mamá de Clarisa está embarazada de seis meses y es madre de tres hijes más. Pertenecen a la Comunidad La Quebradita a 350 kilómetros al norte de la ciudad de Salta, la capital provincial. 

Padre y madre están en el ojo de les ejecutores de la salud pública en la provincia de Salta porque la madre huyó del hospital donde estaban atendiendo a su hijita. Desde entonces, la familia vive momentos de gran tensión. Se mezclan el dolor por la pérdida de su hija, el temor por la presencia policial en la comunidad y la confusión por el desconocimiento sobre las medidas de las que vienen siendo objeto. De repente, el Estado está más presentes que nunca. 

Maltrato hospitalario

La nena fallecida había estado  internada en el Hospital de General Mosconi y fue dada de alta, “diciendo que estaba bien”, dijo su padre. Pero a las dos semanas, el 7 de junio, según la información aportada por el Ministerio de Salud de Salta, debieron internarla de nuevo. Transitaba esta segunda internación cuando la madre la retiró, sin autorización médica. 

Según contaron su marido y el vocero de las comunidades, la mujer huyó del hospital harta del maltrato de una enfermera. El Ministerio de Salud hace recaer la responsabilidad en la madre.  

Felipe Juárez dice que su compañera se fue del Hospital de Mosconi porque recibió maltratos de una enfermera. “Maltrato. Malas palabras (… dirigidas) a los chicos, hasta a ella misma”. En ese momento la mujer había quedado sola con les hijes en el hospital, porque el padre había ido a trabajar en una ladrillera de la zona. La madre no habla castellano. «Por ese motivo es que ha salido del Hospital”, dice su compañero. El hospital no cuenta con traductor ni facilitador bilingüe. 

“Por causa de eso ya la andan siguiendo como criminal y ella ha quedado con ese susto, ahora no puedo estar retirado de ella”, dijo a Presentes desde el hospital de Tartagal. Juárez contó que el miedo que siente su compañera es tal que cuando escucha el motor de una moto o un camión ya se quiere ir. Teme particularmente a les policías, con el agravante de que “la policía viene detrás de los médicos”. 

Miedo de hablar

Luego de que huyera del hospital, la madre regresó con sus hijes a su casa en La Quebradita. Ahí fue a buscarla la policía y la mujer se fue con la nena a la comunidad Misión El Corralito, de General Ballivián, a 40 kilómetros de Mosconi. Ambos pueblos están ubicados sobre la ruta nacional 34, en el norte salteño. Allí fue donde Clarisa nena falleció, el 29 de junio.

La novedad le fue notificada al Hospital por una familiar. Un equipo sanitario fue a retirar el cuerpo y lo llevó a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, a más de 80 kilómetros, para hacer la autopsia. Juárez asegura que no le informaron por qué debía realizarse este examen, y que tampoco le informaron la razón de la demora en la devolución del cuerpo.

El vocero de las comunidades de Mosconi confirmó el relato del padre. El vocero pidió no ser identificado con su nombre. Al igual que colaboradora del comunitario en La Quebradita, temen las represalias del gobierno. Es que hace poco otra mujer de la zona perdió un beneficio social después de que informara sobre otra muerte por desnutrición. 

La versión oficial 

Luego del sepelio, la familia recibió otra vez la visita de agentes del sistema de salud de la provincia, acompañades por la Policía. Juárez dijo que querían llevarse al nene de cinco años pero se negó a entregarlo porque teme que se lo devuelvan como a la otra niña. 

Finalmente, el 9 de julio madre y padre, y este niño, fueron llevades al Hospital de Tartagal, donde siguen. El padre dijo que no sabe exactamente cuál es la razón de esta internación. 

En la única información oficial que brindó sobre el caso, el Ministerio de Salud de Salta aseguró que la niña “recibió atención mensual de agentes sanitarios del área operativa Mosconi”.

Añadió que como la niña tenía bajo peso y “frecuentemente presentaba infecciones respiratorias, diarrea y, en ocasiones, vómitos, se planifico la atención en el Centro de Recuperación Nutricional (CRN) del hospital Juan Domingo Perón”. Por eso fue internada el 7 de junio en el Hospital de General Mosconi para ser próximamente derivada al CRN, “pero sus padres la fugan”. 

La pobreza de General Mosconi 

El vocero destacó la pobreza reinante en las comunidades de la periferia de General Mosconi, pueblo nacido al calor de la explotación petrolera y gasífera pero que entró en franco declive en la década del 90, con la privatización de las empresas estatales que explotaban estas materias. 

Cuando tienen una emergencia de salud, las personas de las comunidades llegan al hospital en remises particulares, “si tienen para pagar”, y si no, “llegan como pueden”, dijo el vocero. 

“Reclamo lo que es justo. Muchas veces llegan al Hospital, con mis propios ojos lo he visto, y tratan mal a los aborígenes en el Hospital. Nos maltratan. Al aborigen lo tienen distanciado”. Les hacen esperar más que a las otras personas para la atención en el Hospital. Además subrayó que hay “muchas madres que entienden el castellano, pero no lo hablan”. No disponen de una persona bilingüe que las ayude en las consulta, les informe fehacientemente y les facilite los trámites que deben realizar en el sistema de salud.

El vocero estaba en el Hospital, con su propia hijita internada, cuando estuvo también  internada la nena que falleció. “La madre se escapó por maltrato en el Hospital”, ratificó. 

Felipe Juárez dice que no sabe la razón por la que están en el Hospital de Tartagal. “Nos metieron aquí dentro del Hospital sin darnos medicamentos, (su compañera) no está con suero, nada. Aquí que nos tienen como a unos criminales”. El “changuito” de 5 años está con elles en el Hospital. Les otres dos hijes quedaron en la comunidad. 

Juárez contó que en esta situación recibió una notificación de una orden de restricción. Le prohibieron acercarse a menos de 200 metros del lugar de trabajo de una agente sanitaria. El padre dice que se le acusa de haber incurrido en un hecho de violencia de género. Él asegura que solo le hizo un reclamo “que es justo”. Le recriminó a la agente que fuera una sola vez cada dos meses.

Autopsia y cosmovisión indígena

También el vocero cuestionó la falta de información sobre la realización de la autopsia. “No sé por qué la abren”. Además lamentó las condiciones en las que entregaron el cuerpo de la nena, con grandes costuras a la vista. Esto puede ser una práctica común en el mundo de la medicina forense pero que es particularmente chocante para la familia. En este caso se suma la falta de información accesible, en idioma propio, sobre la necesidad de llevar a cabo esta práctica. El vocero añadió que para la cultura wichí el cuerpo debe ser enterrado completo, sin ningún faltante. 

La colaboradora del merendero comunitario aseguró a Presentes que la realización del examen pos mortem generó gran temor en las comunidades de Mosconi, que ahora se muestran más reacias a llevar sus niñes a la atención médica por miedo a que mueran en el centro sanitario y les hagan autopsias. 

Salud intercultural y una ley que no cumple 

El vocero recordó que vienen insistiendo para que se ponga en práctica la denominada salud intercultural, pero “hacen oídos sordos”, lamentó. Dijo que es necesario que en el Hospital de Mosconi haya traductores o auxiliares sanitaries que hablen ambos idiomas y que conozcan la cultura del Pueblo Wichí. 

“Viene gente de los parajes. Sufren porque no hay una persona que pueda ir al Hospital y les ayude, con información sobre la atención sanitaria y los trámites que deben realizar”. 

La figura del “Facilitador Intercultural Bilingüe” ya existe en Salta, creada por la ley 7856, que la Legislatura provincial aprobó en diciembre de 2014. Pero no se aplica porque hasta el día de hoy el gobierno no la reglamentó. 

Esa ley crea una “Red de Apoyo Sanitario Intercultural e Interinstitucional para los Pueblos Originarios”. Entre otros objetivos, dispone que esa Red debe “Garantizar una adecuada y equitativa atención médica y accesibilidad a la alta complejidad médica” para la población indígena”. Y en casos de que las personas enfermas deban ser trasladadas a centros de mayor complejidad “se facilitará la asistencia de familiares “con la correspondiente contención social” en el “marco de un ambiente de respeto a sus valores culturales y ancestrales”. 

Y sobre la figura del/a Facilitador/a Intercultural Bilingüe, la ley establece que la Red debe proveerlos en la cantidad necesaria para cubrir todos los hospitales de la provincia.

En enero 2020, después de la visibilización de la muerte de al menos nueve niñes indígenas de la zona del Chaco salteño por desnutrición o causas vinculadas, el gobierno de Salta declaró la emergencia sociosanitaria en los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia. General Mosconi está en el departamento San Martín. 

Sin embargo, las condiciones de la atención sanitaria no han variado sustancialmente, y la cantidad de niñes fallecides sigue creciendo.

En el comunicado del Ministerio de Salud sobre la muerte de Clarisa no hay una sola línea que hable del avance en la reglamentación de la ley de salud intercultural, que podría ser un camino para mejorar la atención.  

La provincia apela amparos en favor de la población indígena

También es demostrativa, pero en sentido contrario, la actitud que asumió el gobierno de Salta en un amparo que en diciembre de 2021 presentó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) pidiendo que la Justicia ordene al gobierno provincial que reglamente la ley de salud intercultural. La organización acompañó el amparo con el pedido de una medida cautelar para que inmediatamente se imponga la presencia de facilitadores bilingües y se brinde ayuda a las personas de lugares alejados que son derivadas a centros urbanos para la atención de la salud. 

En enero último el juez Eduardo Barrionuevo, del Tribunal de Impugnación de Salta ordenó a la provincia designar facilitadores interculturales en los hospitales públicos y habilitar albergues para las personas que necesiten atención sanitaria lejos de sus lugares de residencia. La respuesta de la provincia fue apelar esta decisión. 

Después de hacer lugar a la medida cautelar el juez se declaró incompetente para resolver la cuestión de fondo planteada en el amparo y el planteo fue a la Corte de Justicia de Salta, donde espera una resolución. En mayo último la Corte salteña le recordó al gobierno que, sin embargo, la medida cautelar debe ser cumplida, incluso con la apelación en trámite, y le ordenó que entregue un informe de avance del cumplimiento. Hasta ahora no fue entregado.

En marzo pasado, unas 80 comunidades del departamento San Martín que participaron de Encuentro de Salud Intercultural realizado en Tartagal, advirtieron que “a dos años de la declaración de emergencia socio-sanitaria, la situación que le dio origen en San Martín, Orán y Rivadavia no ha logrado ser revertida”. 

«Si sos pobre y te enfermás, te morís»

“Aquí en el departamento San Martín hay hambre, en la parte de los pueblos originarios hay mucha hambre”, aseguró el vocero de las comunidades de Mosconi. “Como 70 muertos van”.  En las comunidades llevan la cuenta de 12 niñes fallecides desde el año pasado, sin especificar si fue por causas vinculadas a la desnutrición.

El vocero agregó que en el hospital de Mosconi no hay oxígeno ni “enfermero práctico para poner suero”, algo que dijo que experimenta con su hijita, cuyos brazos están lastimados por la falta de pericia al momento de inocularle suero. Esta niña padece una discapacidad y recurrentemente debe ser atendida en el sistema de salud pública, en el Hospital local y en el Hospital Materno Infantil, ubicado en la ciudad de Salta, a más de 350 kilómetros de Mosconi. 

Esto representa otro problema para las personas que deben viajar para atender su salud: sus acompañantes no tienen generalmente donde alojarse, con el agravante de que generalmente no cuentan con dinero para afrontar los gastos de manutención. 

La colaboradora del mederendero comunitario fue contundente: así como están las cosas, «Si sos pobre y te enfermás, te morís», aseguró. 

El vocero dijo que en los alrededores del pueblo en Mosconi, hay unas 19 comunidades, todas del Pueblo Wichí, con un pequeño grupo de familias del Pueblo Chorote. Algunas madres cobran la Asignación  Universal por Hijo, pero hay un número importante que no accede a este beneficio porque están indocumentadas. También en este punto añadió quejas, dijo que hace tiempo vienen pidiendo que se vaya a documentar a estas personas.

500 comunidades en Salta

En junio de 2021, la ACIJ hizo público un informe explicando la necesidad de que se reglamente la ley de salud intercultural. Bajo el subtítulo “Pobreza estructural y emergencia sociosanitaria”, detalló que en la provincia de Salta “residen 500 comunidades indígenas que pertenecen a más de 14 pueblos originarios que viven en condiciones de pobreza estructural y discriminación, con fuertes restricciones en el acceso al sistema de salud y a servicios básicos como el agua potable”. 

E incluyó información entregada por el Ministerio de Salud Pública de Salta. “En Salta viven 137.012 niños y niñas menores de 5 años. En 2018 se detectaron 1.640 niñas y niños (de 0 a 5 años) con desnutrición, de los cuales el 47% (768) vivían en la zona sanitaria Norte de la provincia”. De ese total, “1.462 tenían bajo peso y 178 tenían muy bajo peso”.

El vocero también lamentó que se haya suspendido la entrega de leche. El Ministerio de Salud de la Nación explicó que se decidió reemplazar la entrega del alimento por su equivalente en dinero y que se suma al monto ya dispuesto en la Tarjeta Alimentar. Pero el vocero sostiene que hay discriminación. Les agentes sanitaries dejaron de entregar la leche a las madres indígenas pero lo siguen haciendo con las madres criollas.