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Denuncian graves vulneraciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador
Crece la preocupación por la falta de información sobre los detenidos, en su mayoría en forma ilegítima. La población LGBT es la más afectada.
MEJICANOS, El Salvador. Cientos de mujeres esperan en una extensa fila afuera de un centro penal de El Salvador. Aguardan su turno para suplicar información acerca de sus familiares detenidos durante el polémico régimen de excepción.
Algunas, con sus ojos llorosos, buscan respuestas para la incertidumbre que viven desde que el Congreso aprobó una emergencia de seguridad que suspende derechos constitucionales.
Las personas duermen sobre cartones, bajo improvisados toldos de plástico colgados en espacios de la calle. Se alimentan con comida que varias iglesias preparan para regalar a las familias que esperan afuera de la prisión La Esperanza, al norte de la capital. Su denominador común es la pobreza y la estigmatización de vivir en zonas populosas con presencia de pandillas.
Esperan días enteros bajo el sol y la lluvia. Denuncian que una noche fueron despertados por chorros de agua que les lanzaban desde un camión cisterna, mientras estaban acostados en la calle. Lamentan que los soldados y policías les han amenazado para que se vayan de la zona.
“Nos dijo un policía: ‘ahora nosotros tenemos la ley que los podemos agarrar y los podemos hasta matar a cualquiera. Tenemos la autoridad que el gobierno nos ha dado’. Eso no es justo, yo tengo mucho miedo”, relató a Presentes, María Méndez, mientras esperaba su turno en la fila.
Cuenta que su hijo de 24 años fue detenido en una zona rural mientras realizaba labores agrícolas. Los policías le pidieron que los acompañara a la delegación para una investigación y lo dejaron detenido desde el cinco de mayo.
Desde que inició el régimen de excepción, el 27 de marzo, detuvieron a 32.529 personas. Todas están acusadas de colaborar o pertenecer a las violentas pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y su rival Barrio 18 en sus facciones.
Registro: Paula Rosales.
Edición: Estefanía Cajeao.
Población LGBTI
Keiry Mena, una mujer trans de 44 años. Fue detenida por cuatro policías la tarde del domingo 8 de mayo cuando salió a comprar esmaltes de uñas para su trabajo. La mujer atiende a domicilio debido a que no cuenta con local para sus clientas.
Keiry se formó como estilista en la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans. También en la extinta Dirección de Diversidad Sexual de la clausurada Secretaría de Inclusión Social por orden del populista presidente Nayib Bukele.
De acuerdo al testimonio de Esmeralda Molina, sobrina de Keiry, esa tarde los policías le dijeron que fue detenida porque tenía cuatro denuncias anónimas. La acusan de extorsión. Ese día le quitaron el teléfono celular como “prueba”. Keiry vive junto a su mamá y hermana en un mesón ubicado en “el callejón de los niños”, en la ciudad industrial de Soyapango, 11 kilómetros al oeste de la capital.
En la Procuraduría General notificaron que cambiaron el delito de extorsión por agrupaciones ilícitas, sin notificar previamente a la familia. Keiry ayuda económicamente a su mamá y hermana quienes ahora están con incertidumbre para pagar el alquiler de la habitación que comparten.
Foto: Paula Rosales.
Ninguna respuesta
Desde que inició el régimen de excepción en marzo, la Procuraduría General de la República atiende miles de familias que peregrinan afuera del edificio en busca de ayuda y respuestas que nadie les da. Han escuchado cuando los servidores públicos dicen que “no iban a apelar por las personas que se han detenido”.
“Lo que hacen es una injusticia. Se la llevaron injustamente y sin pruebas, porque no traían ningún documento ni las denuncias de las personas que hicieran constar. Tampoco pruebas de las personas que la misma policía me indicó que tenían”, dijo a Presentes Esmeralda Molina.
Las clientas habituales de Keiry apoyaron a su familia con dinero para colaborar con los gastos de movilización. Es interminable cantidad de trámites que deben hacer para tramitar la liberación de Keiry.
El centro Diké de personas transgénero y LGBTI registró la detención de cinco personas de la población durante los casi dos meses que lleva la medida. Un hombre gay, dos mujeres trans y dos hombres trans han sido detenidos, informó a Presentes Gabriel Fernández, director de protección y antiviolencia.
Esteban M (nombre de la víctima modificado para resguardar su integridad) es un hombre transexual de 27 años que denuncia que la tarde del jueves 21 de abril la policía lo obligó a descender del autobús para una revisión rutinaria. Los cuerpos de seguridad lo golpearon y ordenaron a que se desnudara para comprobar que no tuviera tatuajes alusivos a las pandillas. Fue liberado horas después.
La madrugada del martes 26 de abril, Alessandra Sandoval, de 24 años, se despertó por los golpes de la policía en la puerta de la vivienda que comparte con su madre, en un populoso barrio de las periferias de la capital. La detuvieron por no presentar su documento de identidad personal y fue trasladada a un centro penal de hombres.
Foto Paula Rosales.
Estigmatización y violencia
Entre las principales vulneraciones registradas por Diké está el irrespeto a la identidad de género. Las personas detenidas han sido expuestas desnudas y obligadas a guardar prisión en celdas que no corresponden a su expresión.
Fuentes consultadas por Presentes comentaron que el hacinamiento dentro de las prisiones durante régimen especial es insostenible. En cada celda hay entre 130 y 140 personas que deben sortear los espacios para dormir, los baños también son utilizados como dormitorios.
“Muchas veces se piensa que son pandilleros que se han ‘disfrazado’ para eludir la justicia. Han sido ridiculizados tanto para mujeres como hombres trans”, expresó a Presentes Gabriel Fernández de Diké.
Cuentas vinculadas a policías y soldados difundieron imágenes de mujeres trans con su torso desnudo a quienes acusan de ser colaboradoras de la pandilla Barrio 18.
“Hay agravio a su integridad física ya que se les asigna en el caso de las mujeres trans junto con hombres que pueden agredirlas ya sea física o verbalmente. Esto las pone en un eminente peligro”, señaló Gabriel.
Al momento de ingresar a los centros penales, los detenidos son expuestos a tratos denigrantes. Su cabello es cortado y son expuestos ante las cámaras gubernamentales en ropa interior para difundirlos por las redes sociales, y medios de propaganda oficial. Las mujeres trans son tratadas como el resto de la población masculina.
La organización CRISTOSAL ha documentado del 27 de marzo al 19 de mayo 555 casos de violaciones a derechos humanos durante detenciones en el régimen de excepción. El 77.7 por ciento de los victimarios fueron agentes de la policía.
Consideran que al menos 16 personas detenidas han muerto en este periodo. Se presume que algunos fueron golpeados al interior de los centros de detención provocándoles la muerte. Otros casos fueron por negarles el acceso a tratamientos médicos prescritos.
“Se ha documentado que mueren por golpizas algunos o porque las propias autoridades penitenciarias no les permiten acceso a sus documentos. En ambas situaciones hay una responsabilidad de violación a la vida de las autoridades por muerte”, expresó a la prensa David Morales, director de derechos humanos de CRISTOSAL.
Familias sin recursos ni información
Las familias de Alessandra y Keiry viven cada día con la preocupación de garantizar los gastos generados por sus detenciones. Desde que fueron retenidas utilizaron los pocos ahorros o pedir dinero prestado para cumplir con las exigencias de los centros penales.
“Mi hermana sacó de un ahorro que tenía para comprar un teléfono, yo puse todo el dinero que tenía de la venta de ropa”, expresó Juan Carlos que pidió omitir su apellido por seguridad.
Los niveles del azúcar en la sangre de la mamá de Alessandra se elevaron. Con la precaria economía familiar han tenido que cubrir los gastos médicos provocados por la detención de su hija.
La falta de información clara sobre las condiciones de las personas detenidas aumenta la incertidumbre de sus familias que deben peregrinar por las instituciones en busca de datos fiables sobre sus procesos.
“La información que se encuentra respecto a cómo están estas personas es casi nula. La limitan mucho casi siempre solo a familiares. Ha habido ocasiones que hemos hecho el acompañamiento con familiares ya sea a bartolinas o procuraduría y no se les ha dado la información necesaria”, señaló Gabriel de Diké.
Presentes solicitó en tres ocasiones comentarios del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos sin tener respuesta al cierre de la nota.
Foto: Paula Rosales.
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