25 de abril de 2022

Patricio Oliver

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CIUDAD DE MÉXICO, México. La noche del 22 de abril una mujer trans trabajadora sexual sufrió un intento de transfeminicidio en un hotel ubicado en el centro de la Ciudad de México. Un cliente la agredió e hirió con un arma punzocortante. Trabajadoras sexuales de la zona y defensoras de derechos humanos respondieron al llamado de apoyo y denuncian que la policía intimidó a la joven para inhibir su derecho a la seguridad y justicia, y dejaron en libertad a su agresor. Por su seguridad, Presentes reserva el nombre de la mujer atacada. La noticia fue confirmada por las dos organizaciones que acompañaron a la víctima.

“La compañera comentó que sintió que en algún momento él la iba a matar. Nos contó que empezaron a discutir, el tipo la empezó a golpear y atacar. Le puso la almohada en la cara, ella volteó la cabeza para poder respirar, se defendió y lo aventó con sus piernas. Escapó, gritó y la auxiliaron”, narró a Presentes Victoria Sámano, fundadora de LLECA. Se trata de una colectiva que trabaja con poblaciones callejeras LGBT+. Victoria fue una de las personas que acompañó a la joven esa noche. 

Rocío Suárez es coordinadora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT). Contó en entrevista con esta agencia que la joven fue herida en su cuello y abdomen con un arma punzocortante “sin llegar a causar daño en órganos”. Además, señaló que policías de la patrulla MX-132-D2 del sector Buenavista de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intimidaron a la mujer para que no denunciara a su atacante.

Intimidación a trabajadoras sexuales

“La actuación policial, sobre todo con trabajadoras sexuales, tiene un patrón de intimidación. La policía empezó a limitar la denuncia al señalar que ella iba en calidad de “detenida” intentando justificar que el agresor fue un adulto mayor que también traía lesiones”, señaló Suárez.

También aclara: tener más de 60 años no justifica su agresión. “Además, como sucedió en un hotel donde trabajadoras sexuales viven y trabajan (incluída la joven que sobrevivió esa violencia), la policía la intimidó diciendo que eso podría traerle problemas en el sentido de que pudieran clausurar el hotel para investigarlo”. 

En México la intimidación por parte de la policía contra mujeres trabajadoras sexuales no es un hecho aislado. Tan solo en la Ciudad de México el 64.9% de las mujeres trabajadoras sexuales han sido violentadas por alguna autoridad y solo el 22% han levantado una denuncia, de acuerdo a la encuesta Trabajo Sexual, derechos y no discriminación, elaborada en 2019 por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED).

Otro dato: las mujeres trans son el grupo que más desconfía en las autoridades de justicia. Así lo indican datos del Diagnóstico nacional sobre discriminación hacia personas LGBTI, elaborado por Fundación Arcoíris y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Allí afirman que las razones más comunes por las que las personas LGBTI en México no denuncian son desconfianza; impunidad, miedo. Por temor a ser culpadas por el hecho e incluso porque les han recomendado no hacerlo. El documento señala que al momento de denunciar se enfrentan a violencias, discriminación e invisibilización de su identidad como personas LGBTI+.

“La intimidaron para no denunciar”

Victoria Sámano cuenta que cuando llegó al lugar, el atacante estaba dentro de la patrulla MX-132-D2, mientras los paramédicos atendían las heridas de la joven. 

Sámano notó que la víctima estaba “muy angustiada” porque “los policías la amedrentaron con llevarla en calidad de detenida y la intimidaron para no denunciar (…) Decía que ‘y mis cosas quién las va a cuidar, si no tengo un lugar dónde trabajar cómo voy a comer, voy a perderlo todo’. De verdad estaba muy preocupada”. Y es que, la joven también vive en el hotel donde fue atacada. 

Sámano y Esther (defensora de derechos humanos y trabajadora sexual que también acompañó a la joven), intentaron que no se la llevaran detenida. No lo lograron. Los policías les indicaron que la presentarían ante la Agencia 50 del Ministerio Público de la Fiscalía de la Ciudad de México, a tres kilómetros del hotel donde sucedieron los hechos. 

“Los policías no siguieron los protocolos”

Cuando Victoria y Esther llegaron a la Agencia del Ministerio Público para brindar el acompañamiento, el policía de la puerta les dijo a secas: “ya se fue, otorgó el perdón”. 

Rocío Suárez destaca: es importante señalar que el perdón debe ir entrecomillado debido al contexto de intimidación policial. “Creemos que nuevamente antes de llegar al MP (Ministerio Público) pudo ser intimidada en la patrulla para no denunciar. Sabemos que nunca entró al MP, sabemos que los policías liberaron al agresor y que a ella ni siquiera la regresaron al hotel, tuvo que volver por sus medios”.

De acuerdo al Código Penal de la Ciudad de México el perdón debe otorgarse ante el Ministerio Público. Así lo indica: “se extingue la pretensión punitiva respecto a los delitos que se persiguen por querella (como algunos tipos de lesiones), siempre que el perdón del ofendido se conceda ante el Ministerio Público si éste no ha ejercitado la acción penal, o ante el órgano jurisdiccional antes de que cause ejecutoria la sentencia”.

También señala, en su artículo 138, que las lesiones calificadas son aquellas que se cometan con: “ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en estado de alteración voluntaria u odio”. En ésta última agravante se toma en cuenta la identidad de género, ocupación o actividad de la víctima, entre otras. 

“Los policías incumplieron los protocolos. Es grave porque son los primeros respondientes ante cualquier situación. Valoran, trasladan, hacen el primer reporte, resguardan las evidencias (…) Su actuar va en contra de los protocolos de atención a casos que involucran a personas de la diversidad sexual, tan solo por decir uno de los protocolos que incumplen. Y sin mencionar el protocolo ante una denuncia porque es el MP quien en función de cómo clasifique el delito que se hace lo correspondiente, ya sea por querella —que aplica para algunos tipos de lesiones— o por intento de homicidio”.

De acuerdo a la explicación de Rocío Suárez, la policía inhibió los derechos de seguridad y acceso a la justicia de esta mujer. 

Advierte: “esta situación tiene conexión con otros hechos que se han dado, por mencionar el propio intento de feminicidio que vivió Natalia (Natalia Lane, defensora de los derechos humanos y trabajadora sexual); el asesinato de una trabajadora sexual cis hace apenas ochos días. Son hechos que fomentan la impunidad. Dan también un mensaje de que es fácil agredir a una persona trans, a una persona trabajadora sexual y que esto no va a tener ninguna consecuencia”.

“El Estado es el responsable del actuar de la policía”

Ante el actuar de los policías, el Centro de Apoyo a las Identidades Trans solicitará una reunión con la Secretaría de Ciudadana de la Ciudad de México, con el fin de evidenciar que «no son hechos aislados». Y que hay una actuación de la policía «que va en contra del acceso a la seguridad y la justicia”. 

Además, buscarán a la compañera que vivió el ataque con el fin de reiterar su acompañamiento y apoyo. Rocío compartió que la Fiscalía de Feminicidios de la ciudad la contactó para hacerle saber que la mujer sobreviviente del intento de transfeminicidio puede realizar ahí la denuncia por la agresión que sufrió. También levantar una queja por las acciones de los policías ante la Comisión local de Derechos Humanos. 

“En función de la reunión con la Secretaría queremos reiterar que el Estado es el responsable del actuar de la policía. No es la falta de un policía, es la falta de la institución que sus elementos no cumplen los protocolos que existen”, puntualizó la activista.

Rocío Suárez reiteró que más allá de las capacitaciones, para mejorar los protocolos es necesario el trabajo conjunto entre instituciones. Desde el CAIT han propuesto la reactivación de Abogadas de las Mujeres, una estrategia adscrita a la Secretaría de las Mujeres àra asesorar y acompañar a mujeres a iniciar una carpeta de investigación, comparecer ante el Ministerio Público y tramitar medidas de protección. Considera que la creación de una área específica dentro de la Fiscalía que atienda a las trabajadoras sexuales “podría redundar en que las poblaciones puedan denunciar. Y convertirse en un factor decisivo para inhibir actos de discriminación”.